nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DE ADUANA

C.A. de Concepción xsr Concepción, nueve de octubre de dos mil veinte.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 16010-2020 comparece deduciendo recurso de protección la abogada Carol Nicole Palma Quintana, con domicilio en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, RUN RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Dirige el recurso en contra de la Dirección Regional de Aduana de Talcahuano, representada por nombre reservado, su Director Regional, ambos domiciliados en domicilio reservado, en Talcahuano.

El acto que sirve de fundamento al recurso son las actuaciones del Servicio de Aduanas de Talcahuano que en un procedimiento de fiscalización del vehículo del recurrente, adecuado para su condición de lisiado, culminaron con la incautación de las mercancías habidas en su interior.

Explica que don nombre reservado es una persona lisiada a causa de un accidente vascular, padece de anomia, apraxia y afasia que lo priva del control total de su lado derecho, y hoy por hoy, en medio de la crisis del COVID-19, pertenece al grupo de mayor riesgo de rango etario por su condición de salud.

Añade que el viernes 3 de julio de 2020, dos fiscalizadores del Servicio recurrido se presentaron en el domicilio del recurrente, sin mascarillas, guantes o algún elemento protector en esta época de pandemia, señalando que la visita correspondía a la revisión del vehículo Color Gris Plata Patente KSDF.84 Modelo Station Wagón Año 2007 de la Marca BMW obtenido por su condición de discapacidad. El recurrente, con todas sus complicaciones médicas, sumado a la nula protección de los fiscalizadores, debió atenderlos desde el pórtico de la casa. En la oportunidad quisieron obtener que el recurrente les firmara un acta que no logró entender, y cuando éste les pidió que se la leyeran, los funcionarios se negaron. Después se contactaron con un hijo del recurrente, nombre reservado, y le dijeron que regresarían al día siguiente a revisar el vehículo que pidieron tuviera dispuesto en el domicilio domicilio reservado. El vehículo se encontraba con desperfectos y en Los Ángeles, pues allí trabaja su hijo. Cuando regresaron al día siguiente, lo cuestionaron sin oír a los involucrados. En tanto, nombre reservado. con el fin de ayudar a su padre sin perturbar el ejercicio de su profesión, dejó el vehículo en un taller mecánico cercano a su trabajo y acorde a las facultades económicas del recurrente. Los fiscalizadores retiraron el vehículo, aún con desperfectos, pendiente el cambio de manguera del líquido hidráulico, las varillas por donde circula el líquido de freno y el sensor del airbag del copiloto, sin permitir siquiera que el recurrente pudiera extraer sus pertenencias personales y sin informar sobre algún procedimiento o gestión que debiese realizar.

Añade que el recurrente se ha visto afectado en su movilización por la pérdida de su vehículo a consecuencia de esta fiscalización inescrupulosa. Que el 30 de julio del 2020 apareció la Resolución Exenta N°31 de la Dirección Regional de Aduanas Talcahuano, haciendo una especie de aclaración respecto a los funcionarios que participaron en la fiscalización, haciendo hincapié en que éstos cuentan con las facultades para las acciones que se llevaron a cabo; que eran un “grupo”, cuando en la realidad fueron dos fiscalizadores y solo uno de ellos se presentó; aclarando también el documento ilegible que se había expedido antes, cuyo título es “Acta de Verificación”.

A la fecha, no han tenido noticias sobre el proceso en el que encuentra la incautación del vehículo.

Denuncia conculcada la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y también infringido lo dispuesto en los artículos 8 bis números 2 y 4 del Código Tributario, que aseguran la atención de los administrados en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración, y la motivación de las actuaciones del Servicio, las que deberán ser fundadas, expresar los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión, sea que la respectiva norma legal así lo disponga expresamente o no; asimismo, deberán indicar expresamente el plazo dentro del cual debe ser concluida, en cuyo caso se aplicarán las reglas legales cuando existieran, y en ausencia de un plazo dispuesto por la ley, el Director mediante resolución dispondrá los plazos dentro de los cuales las actuaciones deberán ser finalizadas, todo lo cual no se cumplió en la especie.

Pide que se acoja este recurso de protección, con costas, y se adopten de inmediato todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho que perturba y priva al recurrente del ejercicio de su derecho de propiedad respecto al vehículo de su dominio.

Acompañó al recurso 1.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo Color Gris Plata Patente KSDF.84 Modelo Station Wagón Año 2007 de la Marca BMW; 2.- Fotografía de comprobante de venta Automotriz Farco SPA., correspondiente a la boleta del taller mecánico en que se encontraba en mantención el vehículo en cuestión; 3.- Fotografía de credencial del registro nacional de la discapacidad; 4.- Fotografía del Acta de Verificación del 03 de Julio del presente año, emitida por funcionarios de Aduana; 5.- Fotografía de Resolución Exenta N°31 emitida por el servicio Regional de Aduanas Talcahuano.

Informó el recurso la Dirección Regional de Aduanas Talcahuano, por medio del abogado Baldo Gatica Valdebenito, y pidió el rechazo, con costas, esencialmente porque la supuesta infracción referida por el recurrente no ha sido probada en esta presentación y porque esta acción constitucional no es la vía para resolver un conflicto que está actualmente sometido a la justicia penal.

Previo al fondo del recurso, se refiere a algunas materias que amparan y justifican las actuaciones del Servicio de Aduanas de Talcahuano, tales como funciones y potestades que el legislador entregó al Servicio de Aduanas para el cumplimiento de sus funciones públicas, prohibición establecida en el estatuto automotriz en relación al ingreso de vehículos usados al país y referencia a las infracciones aduaneras.

Respecto de sus funciones y potestades del Servicio, explica que conforme a la Ordenanza de Aduanas, entre sus funciones están las de vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías por costas, fronteras y aeropuertos de la República, labor que cumple apoyado en una estructura organizacional de inteligencia aduanera. La potestad aduanera radica en el conjunto de atribuciones que tiene el Servicio para controlar el ingreso y salida de mercancía hacia y desde el territorio nacional y para dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las actuaciones aduaneras. El ejercicio de la potestad aduanera se concreta en todo el territorio de nacional, a través de sus Direcciones Regionales y Administraciones de Aduana, a las que les corresponde una determinada zona de competencia, conocida también como zona de jurisdicción, donde cada una de ellas ejerce sus facultades y cumple sus obligaciones.

Explica también que según el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, las infracciones a sus disposiciones o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al Servicio de Aduanas, pueden ser de carácter reglamentario o constitutivas de delito. Incurrirá en el delito de contrabando el que introduzca al territorio nacional, o extraiga de él, mercancías cuya importación o exportación, respectivamente, se encuentren prohibidas. A esto se le llama contrabando propio. Por su parte, el artículo 84 inciso cuarto de la Ordenanza de Aduanas señala que el acto de aforo constituye una operación única que consiste en practicar en una misma actuación el examen físico y la revisión documental, de tal manera que se compruebe la clasificación de las mercancías, su avaluación, la determinación de su origen cuando proceda, y los demás datos necesarios para fines de tributación y fiscalización aduanera.

Añade que la ley N°20.422, del 10 de febrero de 2010, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, dispone en su artículo 48 inciso primero, que los vehículos importados por personas naturales con discapacidad, sea que actúen por sí o por medio de sus guardadores, cuidadores o representantes legales o contractuales, accederán al beneficio para la importación de vehículos establecido en el artículo 6 de la Ley N°17.238. Beneficio que en la práctica se traduce en: a) tributación aduanera única equivalente al 50% del derecho ad- valorem del Arancel Aduanero que les afectaría de acuerdo al régimen general, esto es, debiendo pagar un derecho ad- valorem del 6%, de acuerdo al régimen general, conforme al beneficio sólo queda afecto a un pago del 3% del derecho ad-valorem, y b) además si el vehículo es usado (como en caso de autos) queda también exento del denominado recargo por uso, equivalente al 3% del derecho ad-valorem. Por otra parte, el beneficiario de la Ley 20.422, se le autoriza para importar un vehículo usado, acto que se encuentra prohibido por el inciso primero del artículo 21 de ley 18.483, denominada Estatuto Automotriz.

En resumen, el beneficiario de la Ley 20.422 accede a un doble beneficio: por una parte, se le autoriza para importar un vehículo usado, acto que se encuentra prohibido por el inciso primero del artículo 21 de ley 18.483, denominada Estatuto Automotriz, y por otra parte, goza de una menor tributación (Exenciones arancelarias). Se trata de una franquicia de carácter personal, por cuanto se requiere cumplir ciertas condiciones que son inherentes a la persona que está solicitando el beneficio, y que sólo ella puede reunir, distinguiéndose de otros tipos de franquicias, que están destinadas a favorecer una zona geográfica o fomentar una actividad económica, sin considera las condiciones personales de quien en definitiva resultarán beneficiados, denominadas exenciones o franquicias reales. La contrapartida de este beneficio o franquicia personal está establecida en la misma ley 20.422, Decreto 1253, del Ministerio de Hacienda, de fecha 03.11.2010, que reglamenta los procedimientos y competencias para la obtención de beneficios arancelarios y tributarios, y la Resolución N°56, de fecha 13.04.2017, del Director Nacional de Aduanas que establece procedimientos e instrucciones para la concesión de la franquicia establecida en los artículos 48 y 49 de la ley 20.422 y para la desafectación de las mercancías importadas a sus amparado, y que dicen relación con la prohibición de enajenar y celebrar cualquier tipo de acto jurídico entre vivos que signifique la transferencia del dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas distintas del beneficiario bien importado (vehículo), en un plazo inferior a tres años o que conste que ya no prestan utilidad a dicho beneficiario, en este último caso, sólo podrá efectuarse la enajenación a otra persona con discapacidad o bien a personas jurídicas sin fines de lucro que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo a personas con discapacidad (artículo 51 Ley 20.422). Otras limitaciones que se imponen son que los vehículos sólo pueden ser conducidos exclusivamente por las personas con discapacidad o por otra persona, para facilitar el traslado de la persona con discapacidad (artículo 20 del Decreto 1253 y N°5, letra a), Resolución N°56, del Director Nacional de Aduanas), en concordancia con lo anterior, se establece que los vehículos y mercancías que se importen con los beneficios que establece la ley 20.422 deberán permanecer por un lapso no inferior a tres años desde su importación, afectos al transporte y uso de las personas con discapacidad, indicándose que para estos efectos se entiende que los vehículos y mercancías dejan de estar afectos al transporte y uso de las personas con discapacidad, cuando sean objeto de enajenación, o negociación de cualquier especie, tal como compraventa, permuta, arrendamiento, comodato o cualquier otro acto jurídico entre vivos que signifique la trasferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso (artículo 21 del decreto 1253 y N°5, letra b), Resolución N°56, del Director Nacional de Aduanas), estableciendo como sanción, para el que obtenga indebidamente los beneficios arancelarios de que trata este Párrafo, proporcionando antecedentes falsos, las penas asignadas al delito de contrabando contenidas en el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas, las que deberán imponerse de acuerdo al monto del beneficio indebidamente obtenido (artículos 54 de la ley 20.422, 23 del Decreto 1253 y N°6 de la Resolución N°56 del Director nacional de Aduanas).

Relativamente al fondo del recurso, el informante dice que para rechazarlo basta considerar el propio reconocimiento del recurrente en su libelo de protección. Cuando los fiscalizadores del Servicio concurren al domicilio del recurrente para verificar que tenga en su poder el vehículo de autos, marca BMW, modelo 11.81 2.0 AUT., año 2007, usado, chasis N°WBAUF32040PR79895, motor N°N46B20BYA021H866, PPU KSDF.84, amparada en la DIPS normal N°70246957-0, fecha de aceptación 03.08.2013, de la Aduana de Iquique, bajo los beneficios de exención arancelaria que establece la Ley 20.422, nombre reservado reconoce que es utilizado por su hijo nombre reservado, también querellado de autos, quien vive y trabaja en la ciudad de Los Ángeles. Además, al momento de incautar el vehículo, los funcionarios del Servicio fueron amenazados e insultados por el beneficiario y el poseedor del vehículo, debiendo llamar a Carabineros para escoltarlos a una salida segura desde el condominio. Se entrega acta de incautación y resolución para la firma de los querellados, quienes se niegan a firmar.

Agrega que al momento de realizar la revisión de automóvil, se verifican pagos de peajes, estacionamiento y boletas de gastos realizadas por el Sr. nombre reservado en la comuna de Los Ángeles, comprobándose entonces el uso personal que éste le daba al automóvil en cuestión.

Conforme a Resolución N°14 de 3 de julio de 2020, se procedió entonces a incautar al vehículo, que no permanecía en poder del beneficiario de la franquicia don nombre reservado, quien sería el dueño según DIPS normal N° 70246957-0 de 3 de agosto de 2013; sino en poder de su hijo don nombre reservado, ya individualizado. En consecuencia, se constató el incumplimiento de las exigencias que permiten impetrar la exención arancelaria de la Ley 20.422, pues se internó por el querellado don nombre reservado en forma lícita un vehículo usado, exento del recargo por uso, entregando posteriormente su posesión uso y goce a un tercero, que no tiene derecho a impetrar la franquicia, incurriendo en delito de contrabando en relación a receptación aduanera, conforme lo dispone el artículo 168 y 182 de la Ordenanza de Aduanas, en relación artículo 21 del Estatuto automotriz.

Es de parecer el informante que el recurso también debe rechazarse por no ser la vía para resolver el conflicto, al carecer el recurrente de un derecho indubitado, pues no es posible otorgar protección cuando su derecho es producto de un ilícito actualmente en investigación, ya que dio origen a la interposición de una querella penal presentada por la Dirección Regional de Aduanas en contra del recurrente como autor del delito consumado previsto y sancionado en el artículo 168, 181 y 182 de la Ordenanza de Aduanas, artículo 21 de ley 18.483, fundado en los artículos 1, 7, 14, 15, 22, 24, 30, 31, 50, 67, 69 del Código Penal y demás pertinentes, el 15 de septiembre de 2020 en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, asignándole el Rit N°0- 5292-2020, Ruc N°2010048741-2, que será remitida a la Fiscalía Local de Talcahuano para su posterior inicio de investigación, la cual se encuentra en pleno desarrollo y donde la mantención de la incautación de las mercancías incautadas es absolutamente necesaria para el éxito de la investigación, en la que mi representada tiene un interés prevalente que se traducirá en el ejercicio de las acciones penales en relación a los ilícitos aduaneros, ello sin perjuicio, de los otros ilícitos cuya persecución corresponden a otras instituciones.

Finalmente, en relación al trato descortés y poco cauto que denuncia el recurrente por parte de los fiscalizadores, dice el abogado de Aduanas que en este extremo el recurrente trata de aplicar normativa restringida y que dice relación con casos específicos que se regulan para casos relacionados con la consagración de los Derechos de los Contribuyentes, materia incorporada recientemente en nuestro Código Tributario, en cuanto a “Los derechos fundamentales garantizados por la Constitución que deben reflejarse necesariamente en el campo tributario”, enunciándose explícitamente a través de una ley particular, que en términos simples incorporan derechos enumerados en favor de los contribuyentes, lo que junto con generar certeza para quienes colaboran con las arcas fiscales, establece límites temporales en los procesos de revisión que desarrolla el ente fiscalizador y que claramente tienen que ver con el papel ejercido por el Servicio de Impuestos Internos, órgano fiscalizador distinto al Servicio Nacional de Aduanas y que a mayor abundamiento la supuesta infracción referida por el recurrente, no ha sido probada en esta presentación. Razón por la que también el recurso debe ser rechazado.

En consecuencia, el recurso es improcedente, porque la actividad desplegada por Aduana de Talcahuano en modo alguno ha atentado contra el derecho de propiedad, sino, por el contrario, la actuación se ha ceñido estrictamente a las funciones que el legislador entregó al Servicio de Aduanas, esto es, fiscalizar que el ingreso y salida de las mercancías se realicen de acuerdo a Derecho, y proceder a su incautación en caso contrario.

Acompañó al recurso 1.- Aforo del vehículo practicado por funcionario fiscalizador Aduana de Talcahuano; 2.- Declaración de importación (DIPS) N°70246957-0; 3.- Certificado de Inscripción y anotaciones vigentes en el R. V. M., del vehículo; 4.- Resoluciones Exentas N° 14 de fecha 03 de julio de 2020 y N°31, de fecha 30.07.202; 5.- Acta de verificación de fecha 14.07.202 y acta de incautación de fecha 15.07.2020.

También informó el recurso el Ministerio Público, Fiscalía Local de Talcahuano, por medio de su fiscal jefe Julián Muñoz Riveros. Dijo que el 21 de septiembre de 2020 el Servicio Nacional de Aduanas dedujo querella en contra de don nombre reservado para la investigación del delito de contrabando, dando origen a la causa RUC 2010048741-2, seguida ante la Fiscalía Local de Talcahuano. Según la querella, el Sr. nombre reservado ingresó al territorio nacional el vehículo marca BMW, modelo 1181 2.0 automático, año 2007, usado, patente KSDF-84-6, mediante declaración de importación simplificada - DIPS- presentada en la aduana de Iquique, el 3 de agosto de 2018, y bajo los beneficios de exención arancelaria de la ley 20.422. Luego lo inscribió a su nombre en el Servicio de Registro Civil con la misma fecha, y también la limitación al dominio relativa al uso restringido sólo a lisiados conforme a la Ley 20.422.

Añade que el articulo 51 de la Ley 20.422 establece que los bienes importados bajo alguna de las franquicias reguladas por este Párrafo no podrán ser objeto de enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos que signifique la transferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 o más años desde su importación o que conste que ya no prestan utilidad a dicho destinatario.

Los hechos investigados nacen en la fiscalización dispuesta mediante Resolución N°14 de 3 de julio de 2020, de la Dirección Regional de Talcahuano, del Servicio de Aduanas en uso de sus facultades fiscalizadoras. Dicha Resolución tiene como antecedente la Resolución 913 del 25 de noviembre de 2019 del Director Regional de Aduanas de Tarapacá, por la que pidió a su homólogo de Talcahuano hacer una verificación de domicilio, domicilio reservado. Por ese motivo se practicó la fiscalización solicitada el 14 de julio de 2020 a las 15:00 horas, en el inmueble de Callejón 120 N°39, departamento 22, Hualpén, domicilio de don nombre reservado, en el que debía estar el vehículo.

Durante la fiscalización, los fiscalizadores del Servicio de Aduanas constataron que el vehículo no estaba en lugar, y que era usado por nombre reservado, hijo del imputado, querellado por receptación aduanera, persona que vivía y trabajaba en Los Ángeles, Octava Región, y que dicho vehículo estaba en su poder desde hacía un año antes.

En base a esta información, se coordinó la revisión del vehículo para el día 15 de julio de 2020 a las 12:00 horas, y ese día a la hora indicada, los fiscalizadores verificaron previamente que se tratara del vehículo materia de la fiscalización auxiliándose para ello con la inscripción del Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil, y con el registro de pagos de peajes, estacionamiento, y boletas de gastos realizados asociados al vehículo, confirmando que el vehículo que estaba en poder de nombre reservado era el de propiedad del Sr. nombre reservado y, por tanto, que estaba afecto a la limitación del dominio de uso restringido para lisiados según Ley 20 422. Por eso, en uso de las facultades concedidas mediante la Resolución ND14 ya indicada, lo incautaron con el auxilio de personal de Carabineros de Chile ante la oposición los querellados.

Actualmente la causa está en investigación, y a ella se allegaron la Declaración de Ingreso del vehículo Formulario 17, folio 70246957-0, operación DIPS normal; las Resoluciones ND913 del Director Regional de Tarapacá. N°14 del Director Regional de Talcahuano, ambas del Servicio Nacional de Aduanas; Inscripción del Vehículo KSDF-84-6 del Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil; y el informe N°21 de 17 de julio de 2020 que da cuenta de la fiscalización practicada, y sus resultados.

Por último, informó la jueza Antonia Flores Rubilar, titular del Juzgado de Garantía de Talcahuano. Dijo que revisado el sistema informático de apoyo a la gestión judicial aparece ingresada querella con fecha 15 de septiembre de 2020, en causa RIT 5292-2020 interpuesta por Baldo Gatica Valdebenito, en representación del Director Nacional de Aduanas, en contra de nombre reservado y nombre reservado, por la presunta comisión del delito de contrabando, previsto y sancionado en el artículo 181 e) y receptación aduanera del artículo 182, todos de la Ordenanza de Aduanas; exponiendo generalidades, antecedentes de hecho, de derecho, configuración de la hipótesis normativa a los hechos descritos, perjuicio fiscal, sanción requerida, solicitando tener por presentada la querella criminal en contra de las personas ya individualizadas y todos quienes resulten responsables por los delitos referidos, darle curso, remitirla a la fiscalía local y en definitiva se sancione a los autores con las penas de multa o presidio, más el comiso y las costas de la causa. El 16 de septiembre de 2016 se resolvió la admisibilidad de la querella.

A su informe adjunta copia de la querella y de su proveído.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- El recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la acción cautelar, que se cumplan copulativamente los siguientes requisitos: a) que se invoque un derecho o libertad de aquellos específicamente garantizados; b) que exista una perturbación, privación o a lo menos amenaza al legítimo ejercicio de dichos derechos; c) la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal; d) que tal acción u omisión, sea capaz de privar, perturbar o amenazar los derechos indicados; y e) que exista un derecho indubitado –es decir, que no admite duda- trasgredido, de manera tal que ante su falta, o, lo que sería igual, cuando no aparece como evidente la infracción denunciada, no es posible su reparación al menos por esta vía.

2.- A partir de las afirmaciones realizadas por el recurrente y la recurrida, unido a los antecedentes informativos acompañados, es factible sostener la ocurrencia de los siguientes hechos:

a) El recurrente, nombre reservado, es propietario del vehículo de autos, marca BMW, modelo 11.81 2.0 AUT., año 2007, usado, chasis N°WBAUF32040PR79895, motor N°N46B20BYA021H866, PPU KSDF.84, bajo los beneficios de exención arancelaria que establece la Ley 20.422, en razón de su discapacidad.

b) El día 3 de julio de 2020 fiscalizadores del Servicio de Aduanas concurrieron al domicilio del recurrente, ubicado en la comuna de Hualpén, para verificar si mantenía en su poder dicho vehículo, con resultado negativo. El propietario señaló que estaba en poder de su hijo nombre reservado, en la ciudad de Los Ángeles.

c) Posteriormente, con fecha 15 de julio de 2020, en Los Ángeles se procedió al registro del vehículo, encontrando en su interior comprobantes de pagos de peajes, estacionamiento, y boletas de gastos realizados asociados al vehículo, determinando los fiscalizadores que estaba en poder de nombre reservado, por lo que fue incautado.

d) Con fecha 15 de septiembre de 2020, el Servicio de Aduanas presentó querella criminal en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, generando la causa RIT 5292-2020, en contra de nombre reservado y nombre reservado, por la presunta comisión del delito de contrabando, previsto y sancionado en el artículo 181 e) y receptación aduanera del artículo 182, todos de la Ordenanza de Aduanas.

3.- Ese contexto fáctico nos permite concluir que la actuación de los fiscalizadores del Servicio de Aduanas no es ilegal ni arbitraria, toda vez que se ejecutó en el contexto de una investigación por el supuesto ilícito de contrabando, vale decir, en el ámbito de sus competencias específicas y previa verificaciones de indicios que permiten inferir de un modo plausible la comisión de ese tipo penal.

4.- En razón de lo anterior, aquellas actuaciones reclamadas por el recurrente que resultaron acreditadas carecen de potencialidad para amenazar, perturbar o vulnerar el derecho constitucional que se denunció amagado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA con costas la acción de protección presentada por la abogada Carol Nicole Palma Quintana, en representación de nombre reservado en contra de la Dirección Regional de Aduana de Talcahuano.

Acordada la decisión de la condena en costas, contra el voto de la ministra Matilde Esquerré Pavón, quien estuvo por exonerar al recurrente de su pago, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro Sr. Rodrigo Cerda San Martín.

N°Protección-16010-2020.