nombre reservado con SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A Y OTRA

C.A. de Concepción rtp Concepción, diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece nombre reservado, ingeniera en administración, e interpone recurso de protección por si y en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Merari Del nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos residentes de la Población Padre Hurtado de la comuna de Hualpén; en contra de empresa SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A. cuyo nombre de fantasía es PISA, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; y también en contra de empresa FCC CONSTRUCCIÓN S.A., persona jurídica del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, Gerente de Construcción Puente Industrial, o quien la represente o lo reemplace en sus funciones en conformidad al artículo 4º del Código del Trabajo, ambos domiciliados en domicilio reservado, región Metropolitana, a fin que esta Corte adopte las medidas que sean necesarias para impedir que sean conculcados los derechos garantidos en la Constitución, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, del artículo 19 N°1; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del art. 19 N° 8, y el derecho de propiedad, garantido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que la recurrente como todas las otras personas en cuyo favor se interpone este recurso, son propietarios y residentes en domicilio reservado, la que se ubica al costado de la autopista Costanera Bío Bío y data de una antigüedad de unos catorce años a la fecha, lugar donde está siendo intervenida por la construcción del Puente Industrial Bío Bío.

Señala que en el primer tramo de la construcción, se encuentra el EJE 5 del Proyecto que viene desde Concepción y corresponde al paso superior ENAP, muro entrada de ENAP y muro de salida paso superior ENAP. Este EJE 5 se encuentra a unos 10 o 15 metros de las casas de los recurrentes ubicadas en la Población Padre Alberto Hurtado. Para preparar el terreno para la construcción, las recurridas emplearon martillos neumáticos de gran poder para romper y levantar la carpeta de hormigón de la carretera que hubo que sacar, cuyo ruido tuvieron que primeramente soportar los vecinos, juntamente con ello, este ruido fue aumentado por el carguío de los camiones tolvas con estos moles de escombros de hormigón que se dejaban caer por las palas mecánicas sobre las carrocerías metálicas con todo el estruendo que ello significa.

Agrega que en el EJE 5, como en todo el resto de la obra en el Primer Tramo, se ha debido ejecutar los trabajos en un suelo que originalmente corresponde a humedales que existían en el sector, suelo que por su naturaleza es licuoso y que no cuenta con la compactación necesaria para soportar las obras que se están ejecutando y menos para soportar el tráfico de vehículos pesados a los cuales está destinado a servir el Puente Industrial. Por lo anterior, ha sido necesario efectuar trabajos de vaciamiento del suelo para llenarlo con material compactado que le otorgue la densificación necesaria para que haga apta la obra para el fin el que está destinada. De esta forma, todo el material de relleno con el cual ha sido necesario densificar el suelo, debe ser compactado a fin de otorgarle la resistencia necesaria para construir la obra. Esta compactación se hace con la técnica de “Compactación Dinámica”, que consiste en el levantamiento a unos quince metros de altura de una bola de fierro de unas 10 o 15 toneladas, la que se deja caer a cuerpo muerto sobre el suelo para obtener la compactación que se requiere. Este ejercicio se ha debido hacer sobre todo el terreno que soportará la carpeta de rodado, en un tramo de unos seiscientos metros de extensión, lo que significa golpes sobre el suelo, en forma continua con cinco minutos de intervalos.

Refiere que el ruido que genera cada golpe, está por sobre el máximo permitido por las normas que regulan esta materia, por lo demás, la vibración que genera cada golpe de la bola de fierro de diez o quince toneladas sobre el suelo, sólo puede ser equiparado a un temblor grado V o VI de la escala Mercalli. Por lo demás, las obras que se desarrollan a escasos metros de la Población Padre Alberto Hurtado, también consulta los viaductos o pasos superiores que contempla el EJE 5 de entrada y salida a ENAP. En este caso se ha empleado la técnica de ir levantando el terreno hasta alcanzar los diez metros de altura aproximadamente, con sucesivas capas de relleno cuyos laterales son contenidos por Muros TEM, que son escamas de hormigón micro vibrado, que se van superponiendo como celdillas de panal de abejas. Esto obliga a compactar constantemente las capas de relleno por medio de un tractor de rodillo compactador, cuyo ruido y vibración aunque es menor que la compactación dinámica, es en extremo molesto y continuo, lo que también ha actuado sobre los inmuebles afectando éstos y la salud psíquica de las personas.

Sostiene que todos los trabajos llevan ya casi diez meses y según la programación de los mismos, deberían extenderse por un año más, han alterado de tal manera la integridad física y psíquica de los residentes del sector, que llevó a una de sus residentes a interponerse al paso del tractor rodillo compactador, con evidente riesgo de su vida, pero también es evidencia de cómo ha influido en el estado de salud mental de los pobladores a raíz de los ruidos y vibraciones constante.

Concluye que el actuar de los recurridos, es abiertamente arbitrario e ilegal, por cuanto no fue considerado al momento de establecer las bases de Licitación por el mandante de la obra, ni por la empresa que se adjudicó la concesión, el hecho que las soluciones y técnicas constructivas iban necesariamente afectar los derechos constitucionales de los habitantes del lugar y no se exigieron ni tomaron medidas que impidan o mitiguen estos efectos sobre las personas y que perturban la salud e integridad psíquica de las personas en cuyo favor se interpone este recurso. El solo hecho de no haber tomado las medidas preventivas necesarias, respecto del ruido y vibraciones que los recurridos tenían perfecto conocimiento que se iban a generar, y el impacto negativo que tendría en los residentes vecinos a la obra no es una situación desconocida, sino que son problemas que siempre tienen que prever en el rubro de la construcción.

Solicita ordenar el cese de los actos perturbatorios a los derechos garantidos por la constitución ya enunciados, ordenando que los recurridos deberán cesar en la emisión de ruidos que superen la tolerancia máxima permitida durante el día; que los recurridos deberán utilizar técnicas o soluciones constructivas, que no supongan vibración del suelo donde están edificadas las casas de los pobladores recurrentes, o que lo hagan en medidas que no afecten la salud de la personas ni los inmuebles; que los recurridos se abstengan de emplear soluciones o técnicas constructivas invasivas que afecten la salud , integridad psíquica y física de los recurrentes; que dicha técnica constructiva sea compatible con un medio ambiente libre de contaminación de cualquier naturaleza. Todo ello con expresa condenación en costas a cada uno de los recurridos.

Informa el abogado Andrés Vodanovic E., en representación de SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica que su representada se adjudicó la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Concesión Vial Puente Industrial” por medio del Decreto Supremo N° 346, de 8 de julio de 2014, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), publicado en el Diario Oficial del 2 de diciembre de 2024, que resolvió la licitación pública convocada al efecto por dicho ministerio en diciembre de 2012. La obra contempla la realización de vialidad en doble calzada expresa, con dos vías por sentido, entre el Nuevo Enlace Costanera, ubicado en Avda. Costanera, comuna de Hualpén, por el norte, y el Nuevo Enlace Los Batros, ubicado en la Ruta 160 en la comuna de San Pedro de la Paz por el sur.

La ejecución de la construcción comenzó el día 1 de julio de 2021, encontrándose actualmente con un avance de más de un 60%. La construcción de las obras fue encomendada por la Concesionaria a la empresa FCC Construcción S.A., Agencia en Chile, especialista y de reconocido prestigio en la construcción de obras públicas y se rige por un estricto estatuto de derecho público, conformado, en lo que aquí interesa, tanto por la referida Ley de Concesiones, su Reglamento (Decreto Supremo N° 957 de 1996, del MOP) como por lo dispuesto en las BALI, que somete a su representada a un exigente régimen de aprobación previa, fiscalización y control en el cumplimiento de sus obligaciones, encomendando a un órgano especializado la realización de funciones permanentes de inspección y verificación del avance de las obras constructivas. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 18 y 29 de la Ley de Concesiones y 39, letra k) y 47 del Reglamento, el artículo 1.8.10 de las BALI contiene un amplio −pero estricto− catálogo de sanciones, previsto para el caso de “incumplimiento o infracción por parte del Concesionario, de cualquiera de las obligaciones del Contrato de Concesión”.

Refiere otros recursos anteriores donde solicitan medidas respecto de la construcción de esta obra púbica fiscal, resultando todos rechazados, precisamente por constatarse el pleno cumplimiento de la normativa aplicable. (Rol N° 6918-2016, confirmada por la Excma. Corte Suprema en sentencia rol N° 83.342-2016, de 27 de diciembre de 2016; Rol N° 12.597-2021, de 6 de diciembre de 2021; Rol N° 48.897-2022). También se interpuso una reclamación administrativa en contra de la Resolución Exenta N° 12, de 14 de enero de 2019, de la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de nombre reservado del Proyecto. Dicha reclamación fue rechazada por el Comité de Ministros (Resolución Exenta N° 202199101608, de 20 de octubre de 2021), descartando específicamente la existencia de vicios o errores en la evaluación de ruidos y vibraciones (sección 9). Adicionalmente, en 2020, se presentó una solicitud de invalidación administrativa de la misma resolución que aprobó el EIA. Dicha solicitud fue rechazada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío (Resolución Exenta N° 214, de 4 de agosto de 2021), confirmándose nuevamente la legalidad de la autorización ambiental del Proyecto. Con todo, ambas resoluciones administrativas anteriormente singularizadas fueron impugnadas ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, a saber: (i) Resolución Exenta N° 202199101608, de 20 de octubre de 2021 en Rol R-35-2021; y (ii) Resolución Exenta N° 214, de 4 de agosto de 2021 en Rol R-36-2021. Con fecha 28 de diciembre de 2023, en ambos procedimientos, el tribunal dictó sentencia definitiva rechazando las reclamaciones. Lo anterior reafirma, ahora en sede judicial, la legalidad del Proyecto. Actualmente ambas resoluciones fueron impugnadas por los actores mediante recurso de casación en el fondo, los que se encuentran aún en tramitación ante la Excelentísima Corte Suprema.

Sostiene que el recurso debe ser rechazado porque el proyecto opera dentro la legalidad, en el marco de una institucionalidad altamente regulada; opera íntegramente dentro de la legalidad, ajustándose incluso a estándares que no existen en nuestra legislación, provenientes de legislaciones extranjeras aún más estrictas, como Estados Unidos y Suiza; la evaluación ambiental en el SEIA sobre ruidos y vibraciones fue específica y detallada, considerando medidas específicamente respecto de la recurrente. La normativa aplicable a un proyecto de esta naturaleza —consistente en una obra de infraestructura de gran envergadura, estratégica para la región, ejecutada sobre la base de una colaboración público-privada, con una inversión estimada de USD 180 millones, entre otras características—, como es dable prever, supone altos estándares y detalles precisos sobre el cumplimiento de la legislación vigente, incluyendo ruido y vibración.

Relata que la evaluación ambiental en el presente caso consideró expresamente ruidos y vibraciones, los que fueron analizados en detalle, en un proceso ante la autoridad ambiental que duró un año y medio, proponiéndose medidas adecuadas de mitigación al respecto, asegurando con ello el cumplimiento normativo. Tanto la evaluación ambiental como las medidas propuestas consideraron, específicamente, el sector donde residen los recurrentes.

Sostiene que el Proyecto opera legalmente, en el marco de una institucionalidad altamente regulada, donde los ruidos y vibraciones han sido considerados en una evaluación de nombre reservado rigurosa, la que fue debidamente aprobada por la autoridad competente y especialista. En dicho procedimiento, se analizaron y establecieron medidas específicamente para el denominado receptor R1, que es donde residen los recurrentes. El Proyecto, por tanto, opera dentro de un marco normativo, que considera específicamente ruidos y vibraciones, y las aborda adecuadamente, bajo la fiscalización permanente del MOP y de la SMA. Es decir, la construcción del Proyecto, con sus maquinarias y métodos constructivos, es legal y está expresamente validada por las autoridades ambientales. A mayor abundamiento, el Proyecto ha cumplido íntegramente sus obligaciones de seguimiento ambiental ante la SMA. Al día 20 de marzo de 2024, se han enviado 245 reportes de seguimiento, los que se encuentran disponibles para consulta pública, en la plataforma del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).

Agrega que la materia propuesta en el recurso además constituye un asunto de lato conocimiento, los supuestos incumplimientos han sido fiscalizados y se encuentran actualmente bajo el escrutinio de la autoridad competente, no siendo el recurso de protección la vía idónea para ventilar este asunto.

Añade que el recurso ha perdido oportunidad ya que los supuestos actos vulneratorios han cesado definitivamente en la zona donde se encuentran ubicadas las viviendas de la Recurrente. En efecto, la Compactación Dinámica cesó definitivamente con fecha 14 de junio de 202233. Por su parte, la utilización del Rodillo Compactador terminó con fecha 15 de marzo de 202434. Sin perjuicio de lo anterior, resulta posible que en el futuro el desarrollo de la obra requiera la utilización de otras maquinarias de compactación, las que en todo caso cumplen con las exigencias plasmadas en el EIA35.

También alega la extemporaneidad del recurso de protección ya que los recurrentes tenían pleno y total conocimiento de la utilización de las técnicas constructivas que objetan en autos mucho antes del 15 de febrero de 2024, fecha que antojadizamente determinan para iniciar el cómputo del plazo, lo que reconoce la propia recurrente.

Finalmente, sostiene que no existe actuación ilegal ni arbitraria por parte de la concesionaria: técnicas de compactación empleadas se ajustan plenamente a la normativa aplicable. En efecto, la utilización de las técnicas de compactación objetadas por la recurrente no puede estimarse como una actuación ilegal o arbitraria en tanto consisten en medidas de tratamiento de suelos conocidas y aprobadas por la autoridad competente, y que se han utilizado con respeto y sujeción a la normativa aplicable en materia de ruidos y vibraciones, por ello, no existe afectación de garantías constitucionales.

En idénticos términos informa la recurrida FCC CONSTRUCCIÓN S.A. AGENCIA EN CHILE.

Esta Corte solicitó informe a la Superintendencia del Medio Ambiente quien indicó que el proyecto consultado se encuentra con calificación ambiental favorable mediante la Resolución Exenta N° 203 de 1 de agosto de 2017. Agrega que desde el año 2022 hasta el 2024 se han recibido una serie de denuncias por emisión de material particulado, vibraciones, ruidos molestos, lo que ha motivado una serie de fiscalizaciones cuyo informe acompaña.

Informó el Ministerio de Obras Públicas a través de su Fiscal Nacional doña Cristina Manterola Capo, quien señala que en la actualidad ya no se realizan las obras constructivas esbozadas por los reclamantes, a saber, la “compactación dinámica” y el empleo de un “rodillo compactador”, pues los trabajos respectivos de una y otra no se encuentran en operación en el sector involucrado. En concreto, la compactación dinámica se utilizó entre los meses de marzo y junio del año 2022 para mejorar los terrenos de la obra según da cuenta el Acta de Inspección Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente, de 29 de junio de 2022. Por su parte, el denominado rodillo compactador, fue utilizado en la construcción del terraplén hasta el 15 de marzo de 2024, periodo en que se detuvieron las labores a él asociados.

Finalmente, expresa que la inspección fiscal del contrato insta al concesionario constantemente a la observancia expresa de las medidas dispuestas en la Resolución de Calificación Ambiental N° 12/2019, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, instrumento que, en lo que interesa, contiene una serie de medidas destinadas a hacer cumplir los niveles de ruido permitidos por la Norma de Emisión de Ruidos (contenida en el D.S. MMA N° 38, de 2011), y llevar a cabo el seguimiento y control de las mismas, acciones que se advierte ser materias de conocimiento y fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Se ordenaron traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, a la sazón, son dos circunstancias que la recurrente califica de ilegales y arbitrarios en el proceder de las recurridas SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A. y empresa FCC CONSTRUCCIÓN S.A., todos ellos en el marco de la construcción del Proyecto Puente Industrial del Biobio y que consisten en:

a) La vibración y el ruido que genera la utilización de la técnica de “compactación dinámica” utilizado para densificar el suelo, que consiste en el levantamiento a unos quince metros de altura de una bola de fierro de unas 10 o 15 toneladas, la que se deja caer a cuerpo muerto sobre el suelo para obtener la compactación que se requiere.

b) La vibración y el ruido que genera la utilización del rodillo compactador, que se está empleando para ir levantando el terreno hasta alcanzar los diez metros de altura aproximadamente, con sucesivas capas de relleno cuyos laterales son contenidos por Muros TEM.

La postrera alusión a las molestias que genera la ubicación de las pantallas acústicas y paneles (realizada a Folio 40) no formó parte de los hechos denunciados, al punto que sobre tales actos no se solicitó ampliación del recurso y tampoco se dispuso informes sobre el particular, por lo que no podrán formar parte del análisis y decisión de este recurso de protección.

TERCERO: Que en primer lugar se debe desechar la alegación de extemporaneidad del recurso por cuanto, si bien, todos los intervinientes coinciden en que los trabajos se iniciaron hace un año y mas; también concuerdan que la utilización del denominado rodillo compactador fue utilizado hasta marzo de 2024 y, como lo refiere la Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, no se descarta su utilización en el futuro.

De esta manera el recurso se ha deducido dentro del plazo de treinta días que contempla el Auto Acordado que regula su tramitación, por cuanto, al menos uno de los actos denunciados, se encontraba en pleno ejecución a la fecha de su interposición.

CUARTO: Que, por otra parte, cabe señalar que los informes agregados por la Superintendencia del Medio Ambiente y del Ministerio de Obras Públicas, ratifican la afirmación de los recurridos en cuanto que la utilización de la técnica de compactación dinámica concluyó en Junio de 2022, mientras que el rodillo compactador se utilizó hasta el mes de marzo pasado. De esta manera, no existen los dos actos denunciados en el recurso, calificados como arbitrarios o ilegales, habiendo entonces el recurso perdido oportunidad, puesto que ninguna medida de las solicitadas por los recurrentes, podría disponer esta Corte.

QUINTO: Que, aun cuando lo anterior es suficiente fundamento para desechar el recurso, cabe agregar que, en relación a las circunstancias que rodean la construcción del Puente Industrial se ha deducido los siguientes recursos:

a) Recurso de Protección Rol 6918-2016 deducido por la Asociación Gremial de Horticultores de la regional del Bio Bio en contra del Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Puente Industrial S.A. donde se reclamaba la omisión de una evaluación de nombre reservado para todo el proyecto. En síntesis, el recurso fue rechazado por cuanto la recurrida optó por solicitar una Declaración de nombre reservado, y fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dando cumplimiento a la normativa ambiental, al contrato y a las Bases de Licitación. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema.

b) Recurso de Protección Rol 12597-2021 donde recurre el Alcalde de la Municipalidad de Hualpén en contra de la Sociedad Concesionaria Puente Industrial por el hallazgo de restos óseos presuntamente humanos en las obras, solicitando su paralización hasta establecer el origen y data de los hallazgos para permitir la eventual tramitación de la declaración de monumento nacional. El recurso fue rechazado por cuanto se habían adoptado las medidas pertinentes para resguardar el sitio en que las osamentas fueron halladas, así como su integridad, encontrándose actualmente a disposición de las autoridades correspondientes y a cubierto de daños o menoscabos, gracias a las medidas adoptadas y a aquellas que fueran oportunamente dispuestas en coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales.

c) Recurso de Protección Rol 48897-2022 presentado a favor de una residente domicilio reservado y en contra de la Sociedad Concesionaria Puente Industrial y el Ministerio de Obras Públicas, donde se reclamaba que, en la aplicación de su sistema constructivo dejaron de considerar su obligación de velar por mantener la seguridad y condiciones de los inmuebles aledaños, puesto que al momento de realizar actos de compactación de suelos, se han visto afectados gravemente los suelos y muros del inmueble de la recurrente. Por sentencia de 11 de enero de 2023 se rechaza el recurso considerando, en síntesis, que las actividades de “compactación dinámica” en el sector finalizaron el 14 de junio de 2022, verificándose por la Superintendencia de Medio Ambiente que no existen faenas que produzcan emisiones de vibraciones, por lo que han cesado los actos que se estimaban perturbadores del derecho de la recurrente.

d) Reclamo administrativo en contra de la Resolución Exenta N° 12, de 14 de enero de 2019, de la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de nombre reservado del Proyecto. Dicha reclamación fue rechazada por el Comité de Ministros a través de la Resolución Exenta N° 202199101608, de 20 de octubre de 2021, descartando específicamente la existencia de vicios o errores en la evaluación de ruidos y vibraciones. A su vez, por Resolución Exenta N° 214, de 4 de agosto de 2021, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío confirmó la legalidad de la autorización ambiental del Proyecto. Ambas resoluciones administrativas fueron impugnadas ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que rechazó las reclamaciones. Se encuentra pendiente el recurso de casación en el fondo ante Excelentísima Corte Suprema.

SEXTO: Que, como se aprecia, la construcción de la obra pública ha sido objeto de varias acciones judiciales y recursos administrativos por eventuales vulneraciones a derechos fundamentales de pobladores aledaños a la obra, reclamándose en todos los casos la ausencia de medidas de mitigación respecto de ruidos y vibraciones, ratificándose en todos ellos la legalidad del proyecto y el apego a las normas contenidas en las Bases de Licitación, como también a los rangos y parámetros establecidos en los Estudios de nombre reservado, cuestiones por lo demás controladas y verificadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, tal como lo confirma el informe acompañado a estos autos, en carácter de reservado.

Por lo demás, el mismo informe de la autoridad competente y lo resuelto en sentencia contenida en el Recurso de Protección Rol N° 48897-2022, revela que efectivamente la utilización de la técnica de compactación dinámica concluyó en Junio de 2022.

SEPTIMO: Que, asimismo, el reclamo relativo a las vibraciones y ruidos producto de las actividades de compactación de los suelos, es uno de los motivos que se ha llevado al conocimiento del Tribunal Ambiental de Valdivia, órgano técnico competente para resolver una materia como la propuesta en autos, bajo un procedimiento que considera las posibilidades de rendir prueba, acopiar antecedentes y apreciarlos con conocimientos específicos técnicos y ambientales; lo que revela que no es ésta acción constitucional el procedimiento idóneo para resolver el reclamo de los actores.

En efecto, la naturaleza propia de esta acción constitucional y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y resolver materias que la propia legislación atribuye a un tribunal especializado, bajo un procedimiento con amplias posibilidades de discusión y prueba, de las que carece esta especialísima acción constitucional.

Lo señalado, por cierto, motiva un segundo argumento de rechazo de la acción constitucional deducida.

OCTAVO: Que, como tercer argumento, también se impone el rechazo de la acción deducida, desde que los antecedentes técnicos agregados por las recurridas, y ratificados por la Superintendencia del Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, que han sido elaborados conforme a los contratos suscritos con la autoridad y a las Bases de la Licitación, dan cuenta del cumplimiento de los parámetros y rangos permitidos en cuanto vibraciones, ruidos y material particulado.

Cabe destacar que los mismos hechos que motivan el recurso han sido denunciados a la Superintendencia del Medio Ambiente quien ha realizado las investigaciones correspondientes, como también ha procedido en terreno a realizar las fiscalizaciones necesarias, sin que haya podido establecer algún incumplimiento a las normas técnicas que regulan las vibraciones y ruidos; sin embargo, también ha dispuesto nuevas medidas que eviten alterar la vida de la población aledaña a la obra, más allá de los inconvenientes que son propios a un proyecto de la magnitud del que involucra la construcción del Puente Industrial, como sus vías de acceso, carreteras y pasos elevados.

NOVENO: Que, en este sentido, es preciso destacar los 17 informes de monitoreo reportados a la SMA, que dan cuenta que el Proyecto cumple con la Norma de Emisión de Ruidos y, especialmente, lo que consta expresamente en los cinco informes vibroacústicos de inspección ambiental emitidos por la empresa ACUSTEC, los cuales exponen que no se constatan superaciones ni incumplimientos de la normativa de vibraciones y ruidos en las inspecciones realizadas con fecha 6, 13, 20 y 27 de marzo, y 3 de abril de 2024.

DECIMO: Que, finalmente, es preciso consignar que la actividad de la construcción es, desde luego, una actividad generadora de ruidos y de polución; sin embargo, la cuestión esencial, es que ella debe enmarcarse dentro de los límites establecidos por la autoridad respectiva y al efecto existen estrictas normas constructivas y también ambientales que se han dispuesto en los contratos públicos de concesión de la obra, los cuales se rigen por el DFL N° 850 de 1996, Ley Orgánica del MOP, por lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 900 de 1996, del MOP, también por el Reglamento de Concesiones establecido en el Decreto Supremo N° 957 de 1996, del MOP y lo dispuesto en las Bases Administrativas de la Licitación.

Todos estos instrumentos contemplan un riguroso régimen de aprobación previa, fiscalización y control en el cumplimiento de sus obligaciones, encomendando a un órgano especializado la realización de funciones permanentes de inspección y verificación del avance de las obras constructivas, todos los cuales aparecen efectivamente realizados por las autoridades dispuestas en dicho estatuto, como también se observa que han actuado frente a las denuncias, reclamos o requerimientos tanto de los habitantes del sector como de las autoridades que los representan.

En este sentido, los antecedentes aportados no permiten a estos sentenciadores concluir la efectividad de que exista en tal actividad una ilegalidad o arbitrariedad en el obrar de los recurridos.

UNDECIMO: Que en cuanto a los eventuales daños en las propiedades de los recurrentes, para lo cual acompañaron un set de fotografías, cabe señalar que su discusión y resolución es una materia propia de un procedimiento declarativo, como lo es la existencia de los daños, la titularidad de quien los reclama, el origen de los mismos, la relación causal con la actividad de los recurridos y el valor de reparación.

En efecto, sobre esta materia, los recurrentes deben hacer uso de las herramientas o acciones legales y recursos procesales, ordinarios o extraordinarios, que sean procedentes para tratar de revertir la situación que se pretende impugnar u obtener la reparación que se pretende; siendo improcedente que ello se quiera llevar a cabo por medio de la presente acción cautelar, destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto.

DUODECIMO: Que en atención a las precedentes consideraciones y a lo informado por los organismos técnicos encargados de fiscalizar cada uno de los actos reclamados, no se vislumbra ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria que resulte jurídicamente susceptible de ser subsanada por la vía de la protección constitucional, y en consecuencia, el recurso de protección deberá ser desestimado.

Y, de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección de las garantías constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el deducido por doña nombre reservado, por sí y en favor de las personas que individualiza en su recurso.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Carola Rivas Vargas.

No firma el ministro señor Juan Ángel Muñoz López, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

N°Protección-1596-2024.