nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Concepción Concepción, diecinueve de junio de dos mil veinticinco.

VISTO:

En estos antecedentes rol ingreso 1590-2025 Protección, comparece Jorge Luna Troncoso, abogado, en favor de nombre reservado, nutricionista, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por nombre reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado licencias médicas, por lo que solicita se reestablezca el imperio del derecho y se ordene aprobar y pagar las licencias médicas anteriormente aludidas, con costas.

Funda el recurso indicando que, aproximadamente a mediados del mes de mayo de 2024 la recurrente comenzó a sufrir crisis de angustia y de pánico qué no la dejaban dormir por la noche, y durante el día no le permitían desarrollar sus actividades laborales con normalidad. Por lo anterior, decidió atender su problema por telemedicina con la médico nombre reservado, quién le diagnosticó preliminarmente un “trastorno adaptativo con síntomas ansiosos”, por tanto, le recetó medicamentos y comenzó a extenderle licencias médicas consecutivas desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio de 2024. Producto de lo anterior, la facultativa emitió una orden médica para que la recurrente se practicara diversos exámenes de laboratorio, con el objeto de medir el efecto de aquellos en su salud física y que estos no fueran nocivos en sus cantidades.

Sostiene que, sumado a la enfermedad diagnosticada a la recurrente, en el mes de junio de 2024, a la madre de la recurrente le fue diagnosticado “cáncer en ganglios linfáticos”, lo cual, atendida la gran cercanía y complicidad que tiene la actora con su madre, significó un duro golpe emocional que vino a desestabilizar aún más su ya débil e inestable estado de ánimo.

Agrega que, a fines de julio de 2024, la recurrente decidió cambiar de médico tratante, comenzando a ser atendida por el psiquiatra nombre reservado, quien le extendió licencias médicas y emitió un informe de fecha 25 de julio de 2024, diagnosticándole a la recurrente “trastorno adaptativo mixto severo ansioso depresivo y trastorno de pánico”. Junto a lo anterior, dicho facultativo le hizo indicaciones generales de medicamentos aplicables a su trastorno.

Con la misma fecha, el médico tratante emitió un informe, en donde indica que el cuadro diagnosticado “es recuperable”, pero sin fecha de reintegro laboral aun, atendido que la actora había a comenzado su tratamiento en el mes de junio, y su recuperación debía tomar algunos meses más. Con fecha 22 de agosto de 2024, el facultativo le efectúa un primer ajusté en la farmacoterapia.

El 01 de octubre de 2024 la recurrente comienza su psicoterapia, con la psicóloga nombre reservado quién en certificado de fecha 15 de noviembre de 2024 señala que “nombre reservado se encuentra en proceso de psicoterapia por encontrarse con síntomas que generan disfuncionalidad en ámbito familiar social y laboral…”. Con fecha 19 de noviembre de 2024, el psiquiatra le realiza un nuevo ajuste da farmacoterapia, aumentándole la venlafaxina a 150 mg. al día, producto que la licencia de octubre no le había sido pagada a la actora, lo cual le ocasionó un aumento en los síntomas ansiosos y depresivos.

Señala que con fecha 17 de diciembre de 2024 el facultativo en un informe complementario, indica que la patología es recuperable y que preveía un alta laboral para el 22 de enero de 2025. El 17 de enero de 2025 la Psicóloga nombre reservado emite un certificado, señalando que “se informa que actualmente continúa con su proceso de psicoterapia siendo muy responsable con su salud mental, asistiendo semanalmente a sus sesiones”.

Afirma que en un informe posterior, de fecha 4 de marzo de 2025 el psiquiatra Zapata, describiendo el historial clínico de la recurrente, señala: “Paciente inicia control en julio de 2024, por cuadro caracterizado por baja de ánimo, inestabilidad y labilidad emocional, sentimientos de desesperanza, minusvalía, menoscabo, frustración, melancolía y tristeza vital, con altos niveles de angustia y ansiedad flotante con crisis de pánico a diario…], […Se mantendrá con medicación en descenso por 2 meses y se dará su alta definitiva de su cuadro]”, agregando “con lenta pero positiva evolución… se cumple cabalmente la programación de su alta laboral y total de su cuadro”, y “que su “patología es recuperable”, es más, menciona que “retornó a su trabajo el 22 de enero de 2025”.

Agrega que las licencias médicas emitidas a la recurrente fueron pagadas por la Caja de Compensación los Andes -por orden de CÓMPIN- desde el 27 de mayo hasta el 23 de octubre de 2024, no continuando el pago de las posteriores licencias de folio 109150375-8 y de folio 110422951-0 que en su conjunto comprendieron el período que va desde el 24 de octubre hasta el 22 de diciembre del año 2024. 2. Lo anterior derivó en una incertidumbre constante para la actora, quién durante ésos 2 meses en que no le estaban siendo pagadas dichas licencias, no sabía a cómo financiar sus gastos básicos para subsistir y sus evidentes gastos médicos para continuar con el tratamiento.

Precisa que se recurre en contra de la Resolución Exenta N° R-01-S-42676-2025, dictada por SUSESO, con fecha 31 de marzo de 2023, en la cual se resuelve rechazar las licencia médica N°109150375-8, que otorgaba 30 días de reposo, desde el 24 de octubre de 2024 al 22 de noviembre de 2024; y, la licencia N°110422951-0, que otorgaba 30 días de reposo desde el 23 de noviembre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2024, extendidas por un total de 60 días. Dicha resolución exenta, señala textual en lo pertinente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 109150375-8, 110422951-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 150 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo.”.

Afirma que lo anterior no es efectivo, ya que, si se compara la indicación general entregada por el facultativo de fecha 25 de julio de 2024 en que se le recetó venlafaxina 75 mg 1 al día, y la de 19 de noviembre de 2024 en que se le recetó venlafaxina 150 mg 2 al día, hubo un ajuste en la farmacoterapia, por lo cual no es efectivo el argumento de la recurrida para confirmar el rechazo de las licencias médicas objeto de la presente acción, porque el ajuste de farmacoterapia va acorde con el período de extensión, atendido que hubo un aumento en la dosis del medicamento ya mencionado. Con fecha 17 de diciembre de 2024 el propio informé suscrito por él médico especialista señala expresamente qué hay una alta estimativa en 1 mes, es decir, si había un ajusté progresivo con la farmacoterapia, y si había una planificación terapéutica en donde existía una fecha estimativa de recuperación y alta probable de la recurrente.

Sostiene que, a pesar de todos los antecedentes médicos presentados ante COMPIN y SUSESO, las licencias médicas referidas fueron rechazadas, desestimándose la documentación clínica de la patología que aqueja a la recurrente, y que respaldaba la necesidad de reposo laboral para su recuperación, pues nunca verificaron que el “trastorno adaptativo mixto severo ansioso depresivo y trastorno de pánico” qué padecía la recurrente era efectivo en esa época, que existía un ajuste de farmacoterapia y alta laboral probable y, que al día a de hoy, se encuentra en un estado de recuperación, con medicación en descenso desde enero hasta su alta definitiva según consta en informe psiquiátrico de fecha 04 de marzo de 2025.

Argumenta que la recurrida con su conducta ilegal y arbitraria ha infringido las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1° y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física, y el derecho de propiedad.

Termina solicitando que se acoja el recurso, y se declare que la recurrida ha cometido un acto arbitrario e ilegal al dictar la Resolución Exenta N° R-01-S-42676-2025 de 31 de marzo del 2025, que vulnera las garantías constitucionales de la recurrente, y se ordene a la recurrida aprobar las Licencias Médica N°s 109150375-8 y 110422951-0, disponiendo el pago del subsidio correspondientes a las licencias médicas rechazadas, con costas del recurso.

Informa la COMPIN Región del Biobío, mediante su Presidenta doña nombre reservado, señalando que la recurrente inicia reposo médico por patología psiquiátrica con diagnósticos de reacción al estrés grave y trastornos de adaptación. La recurrente registra reposo a contar del 27 de mayo 2024 al 22 de diciembre 2024, acumulando un total de 210 días, de los cuales 150 han sido autorizados en conformidad a los antecedentes presentados.

Agrega que, en relación con las licencias médicas folios N° 109150375-8, y 110422951-0, se rechazaron en primera instancia por la no justificación del reposo médico prolongado, pues no se respalda la extensión del reposo médico psiquiátrico más allá del periodo previamente autorizado por esa COMPIN, considerando, conjuntamente, guía referencial de reposo médico y reintegración laboral en personas con problemas y/o enfermedad mental MINSAL 2010 y D.S 7/2013 guías clínicas, relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas.

Agrega que la recurrente presentó recurso de reposición en oficina presencial de COMPIN Concepción por rechazo de licencia médicas recurridas folio Nº109150375-8, y 110422951-0, el cual en virtud de los antecedentes clínicos aportados correspondientes a informes complementarios emitidos por el especialista nombre reservado no permiten ver el ajuste en tratamientos, no se pronuncia en detalle de la evolución de funcionalidad, ni esquema farmacológico, no certifica derivación o ingreso a GES, considerando el excesivo reposo médico, por lo que se resuelve mantener el rechazo.

Informa la Superintendencia de Seguridad Social, a través del abogado Sebastián de la Puente Hervé, señalando previamente la improcedencia de la acción de protección, ya que la materia sobre la que realmente versa la presente acción dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, informa sobre el fondo, indicando que consta en el expediente administrativo PAE código R-2077892024, la actora recurrió a esa entidad el día 17 de diciembre de 2024, reclamando por cuanto el COMPIN Región del Biobío, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 109150375-8 y 110422951-0, extendidas por un total de 60 días a contar del 24 de octubre de 2024, por reposo no justificado. Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-10557-2025, de 26 de enero de 2025, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, mi representada concluyó que: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° 109150375-8, no se encontraba justificado”.

Señala que esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 150 días de reposo ya autorizados por la misma patología., agregando “Que, el informe emitido con fecha 13/11/2024 por el tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y tampoco describe detalladamente los ajustes farmacológicos realizados ni su temporalidad durante el periodo reclamado. Sumado a lo anterior, la reclamante no acredita haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo. “Que, respecto a la licencia médica N° 110422951-0, esta Superintendencia no emite pronunciamiento ya que, examinado el sistema de licencias médicas de FONASA, la COMPIN respectiva no ha emitido un dictamen respecto del Recurso de Reposición interpuesto por la parte reclamante, en relación a dicha licencia médica”. Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° 109150375-8, y no emite pronunciamiento respecto a la licencia médica N° 110422951-0, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Agrega que, posteriormente, la actora recurrió a ese organismo el día 30 de enero de 2025, solicitando la reconsideración del dictamen N° R-01-UME-10557-2025, de 26 de enero de 2025, mediante el cual se confirmó lo resuelto por COMPIN Región del Biobío, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 109150375-8 y 110422951-0, extendidas por un total de 60 días a contar del 24 de octubre de 2024, por reposo no justificado. Conforme a ello, por medio de la Resolución Exenta Nº R-01-S-426762025, de 31 de marzo de 2025, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, se concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 109150375-8, 110422951-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 150 días de reposo ya autorizados por la misma patología. “Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo”, por lo que se confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 109150375-8 y 110422951-0.

Agrega que, el día 25 de enero de 2025, el profesional de esa repartición nombre reservado, informó lo siguiente en relación a la situación de la recurrente: “Fundamentos de la resolución: R-207789-2024 / RUT reservado-K31 años, Administrativa en NUTRISERV , afiliada a FONASA los andes. Con 150 días 6 autorizados y 90 rechazados por patología psiquiátrica. IMC de psiquiatra extrasistema del 13/11/2024, GAF 50 discordante con elementos descritos, sin psicoterapia, sin elementos clínicos de gravedad, sin derivación a sistema público para atención integral, sin derivación a especialista en psiquiatría del servicio público, Tto: venlafaxina 300g, clotiazepam 10mg, quetiapina 25mg, otro ilegible, sin cambio ni potenciación de antidepresivos a dosis máximas pese a mantención de elementos supuestamente invalidantes por más de 240 días. Aparenta reposo extenso sin rol curativo, se sugiere no acoger”. Finalmente, el día 11 de marzo de 2025, el profesional de mi representada, Dr. nombre reservado, concluyó que “se sugiere rechazarse trata de paciente con reposo ya autorizado de 120 días, ahora reclama por 60 dado por psiquiatra presenta mismo IMT ya revisado por SUSESO, no correspondiendo cambio de conducta previa”.

De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo. Con ello, sostiene que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones, no existiendo ilegalidad y arbitrariedad en su resolución.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la improcedencia de la acción de protección constitucional.

1°.- Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente un procedimiento de urgencia, de naturaleza autónoma, destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Asimismo, es necesario consignar, que corresponde a estos sentenciadores, conociendo del recurso, examinar cuáles son las garantías constitucionales que pudieren resultar afectadas, perturbadas o amagadas por el acto u omisión que se tilda de ilegal o arbitrario, naturalmente que sean de aquellas respecto de las cuales se autoriza el presente recurso, por lo que, en su oportunidad, de ser necesario, se analizará su pertinencia.

II.- En cuanto al fondo:

2º) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de carácter extraordinario y naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esta misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario y/o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

3º) Que, como se ha señalado, el acto que la actora tilda de ilegal y arbitrario es la Resolución Exenta N°s 01-S-42676-2025 de 31 de marzo del 2025, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el rechazo de las licencias médicas 109150375-8 y 110422951-0 pronunciado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Biobío, por carecer dicha resolución, a juicio de la recurrente, de fundamentos que la hagan inteligible.

4°) Que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud del año 1984, señala que “…en caso de rechazo de una licencia…, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por el los artículos 40 inciso final y 41 inciso 4º de la misma ley, las que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad (en este sentido, sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Concepción de 19 de marzo de 2014, rol 953-2014).

5°) Que en mérito de lo expuesto, es dable concluir -en la especie- que el acto recurrido carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento, toda vez que las razones que llevan a desechar las licencias médicas extendidas a favor de la recurrente no resultan concordantes con los antecedentes allegados al proceso, fundamentalmente con los informes del psiquiatra tratante, que le diagnosticaron a la recurrente un “trastorno adaptativo mixto severo ansioso depresivo y trastorno de pánico”, y que indican que la recurrente mantendría una medicación en descenso por 2 meses, y que se daría el alta definitiva de su cuadro, agregando que la actora presentó una “lenta pero positiva evolución”, y que se cumple cabalmente la programación de su alta laboral, concluyendo que su “patología es recuperable”, es más, menciona que “retornó a su trabajo el 22 de enero de 2025”.

6°) Que, de esta forma, la falta de fundamentación del acto impugnado se hace evidente, pues se desprende de las pruebas reunidas en este proceso que efectivamente la actora padecía un “trastorno adaptativo mixto severo ansioso depresivo y trastorno de pánico”, y que no resultan efectivos los argumentos de la recurrida para confirmar el rechazo de las licencias médicas objeto de la presente acción, en cuanto a que – en primer lugar- no existe un ajuste en la farmacoterapia, pues de acuerdo a la indicación entregada por el facultativo el 25 de julio de 2024 consta que se le recetó a la actora venlafaxina 75 mg 1 al día, y el 19 de noviembre de 2024 se le prescribió venlafaxina 150 mg 2 al día, lo que evidencia un ajuste de farmacoterapia, atendido que hubo un aumento en la dosis del medicamento ya mencionado.

En segundo lugar, tal como se estableció en la parte expositiva de esta sentencia, el 17 de diciembre de 2024, el médico especialista que trató a la actora informó expresamente que había una alta estimativa planificada para un mes más, es decir, si había una planificación terapéutica en donde existía una fecha estimativa de recuperación y alta probable de la recurrente, por lo que resulta acreditado que el tratamiento requería de un reposo de carácter temporal.

7°) Que, lo consignado en el fundamento anterior permite concluir que la decisión que en estos autos se impugna carece de la razonabilidad exigible a toda actuación administrativa, pues se encuentra sustentada en motivos aparentes, los que no se condicen con las reales y objetivas condiciones en las que se desarrolló el tratamiento de la actora por parte de los profesionales tratantes, de modo que la resolución recurrida carece efectivamente de motivos, lo que la transforma en un acto ilegal y arbitrario, a la luz del ordenamiento jurídico aplicable en la especie.

8°) Que, de esta manera, no cabe sino concluir que el acto administrativo recurrido en estos autos vulnera efectivamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la recurrente, así como su derecho a la propiedad, por lo que corresponde acoger la acción intentada y disponer la protección que se solicita como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia planteada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que se acoge, sin costas, el interpuesto por Jorge Luna Troncoso, abogado, en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, declarándose que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 01-S-42676-2025 de 31 de marzo del 2025, y se ordena a la recurrida autorizar las licencias médicas N°s 109150375-8 y 110422951-0, debiéndose proceder al pago del subsidio respectivo por el tiempo no trabajado por la entidad competente.

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Redacción del abogado integrante Francisco Santibáñez Yáñez N°Protección-1590-2025.