nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

C.A. de Concepción irm Concepción, veintiocho de diciembre de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece la abogada Beatriz Llanos Berrocal deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado, dependiente, con domicilio en domicilio reservado; acción que dirige contra la Superintendencia de Pensiones por el acto arbitrario e ilegal en que ha incurrido la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, representada por el Superintendente Osvaldo Macías Muñoz, consistente en acoger, por medio de la Resolución N° 7810/20, de fecha 15 de julio del año en curso, el recurso de reposición interpuesto por la Compañía de Seguros, decidiendo no otorgar la invalidez a la recurrente.

Explica que doña nombre reservado tiene 58 años de edad, que se desempeña como manipuladora de alimentos en la comuna de Coronel y que el año 2010 sufrió su primer infarto agudo al miocardio. Añade que durante el año 2011 fue intervenida quirúrgicamente para instalar un baipás coronario y que en el año 2018 nuevamente sufrió un síndrome agudo coronario, siendo sometida a una angioplastia, estando diagnosticada con diabetes mellitus grado 2 e hipertensión arterial.

Sostiene que actualmente la recurrente presenta una marcada limitación física que le impide desenvolverse con normalidad, razón por la cual solicitó –el 19 de septiembre de 2019- pensión de invalidez, siendo evaluada por la Comisión Médica de esta ciudad, acordándose en sesión N° 91 de 30 de abril de 2020 aceptar la invalidez transitoria parcial con menoscabo del 51%, acuerdo que dio origen al Dictamen N° 010.2632/2020, el que fue reclamado por la Compañía de Seguros, rechazándose dicha reclamación por resolución N° 6853/2020 de la Comisión Médica Central, fechada el 23 de junio pasado, confirmándose el dictamen de la Comisión Médica de Concepción, concluyendo una incapacidad del 52%.

Indica que contra esta última decisión la compañía de seguros interpuso un recurso de reposición que fue acogido por resolución N° 7810/2020, de fecha 15 de julio de 2020, rebajándose el porcentaje de invalidez a un 15% sin nuevos antecedentes y con la opinión de una sola doctora que contradice las conclusiones de los médicos anteriores y de dos Comisiones. Sostiene que la recurrida actuó sin expresión de razón suficiente, de manera arbitraria y vulnerando lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.880.

Estima que la actuación que se denuncia afecta las garantías consagradas en los numerales 2, 24 y 19 N° 1 de la Carta Fundamental en tanto se discrimina a la recurrente respecto a otras personas que serán tratadas de modo distinto frente a una situación similar; se desconoce el derecho de doña nombre reservado a una pensión de invalidez por haber reunido los requisitos que la hacen procedente; y se conculca el derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente.

Finaliza el desarrollo recursivo solicitando que se deje sin efecto la Resolución N° 7810/2020, de fecha 15 de julio de 2020; se ordene a la Superintendencia recurrida impartir las instrucciones operativas a la Comisión Médica Central para que proceda a calificar la invalidez de doña nombre reservado de acuerdo a antecedentes médicos suficientes y, finalmente, emita un nuevo pronunciamiento con esos nuevos antecedentes.

Se solicitó informe a la Asociación de Aseguradores de Chile AG para los efectos que señalen qué compañía de seguros dedujo el recurso de reposición materia de estos autos, adjuntando los antecedentes que posean sobre el asunto; informe que fue evacuado por su nombre reservado quien, en lo pertinente a la información que le fue solicitada, manifestó que las compañías de seguros involucradas son Chilena Consolidad Seguros de Vida, CN Life Seguros de Vida y Penta Vida.

Informó la Superintendencia de Pensiones manifestando que siendo el acto recurrido una resolución emanada de la Comisión Médica Central no tienen información que aportar en tanto dicha Comisión goza de autonomía en lo que concierne al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración, al tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del DL N° 3500.

Informó la Presidenta de la Comisión Médica Regional de Concepción nombre reservado, explicando que la recurrente presentó, con fecha 10 de septiembre de 2019, solicitud de pensión de invalidez ante AFP Capital, alegando como enfermedades invalidantes un infarto al miocardio, diabetes mellitus 2, hipertensión, espondilosis y discopatía cervical. Agrega que para determinar el verdadero estado de salud de la actora se dispuso la realización de exámenes complementarios y la interconsulta de cardiólogo y oftalmólogo, con cuyos resultados se procedió, por la Comisión Regional de Concepción, a dictaminar una pérdida de capacidad de trabajo de un 51%, otorgando a la recurrente invalidez transitoria parcial.

Agrega que el citado dictamen fue apelado por las Compañías de Seguros adjudicatarias del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, argumentando que la patología cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus 2 estarían sobrevaloradas; apelación que fue conocida por la Comisión Médica Central en sesión N° 484, de 23 de junio de 2019, rechazándola y estimando la invalidez en un 52%. Señala que respecto a esta decisión las compañías de seguros interpusieron recurso de reposición administrativo en términos similares a los contenidos en la apelación, el que fue acogido en sesión N° 549, de 15 de julio pasado, en base a los antecedentes contenidos en el expediente, estimando que la pérdida de capacidad de trabajo alcanza a un 15%, lo que es insuficiente para otorgar la pensión pedida.

Informó la Presidenta de la Comisión Médica nombre reservado nombre reservado alegando, en primer término, la falta de legitimación pasiva en tanto no se emplazó al Consejo de Defensa del Estado, a quien le corresponde la representación de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión Médica Central en tanto órganos administrativos sin personalidad jurídica propia, fiscalizados por la Superintendencia de Pensiones y pertenecientes a la administración central del Estado.

Enseguida sostiene que la acción de protección resulta inadmisible porque lo solicitado por la recurrente excede el ámbito de este arbitrio ya que se persigue un pronunciamiento declarativo de derechos y, además, se pide dejar sin efecto un acto administrativo, lo que sólo resulta procedente por medio de una acción de derecho público.

Reitera, a continuación, los mismos antecedentes médicos informados por la Comisión Médica Regional de Concepción y en lo que concierne a la Resolución que acogió el recurso de reposición de las aseguradoras informa que estudiado nuevamente el caso, la doctora de la Puente, integrante de la Comisión, refirió que la Diabetes mellitus está en tratamiento con insulina una dosis, solo tiene retinopatía diabética G1, sin compromiso neurológico; que no hay estudio de función renal y que con los antecedentes disponibles sólo es posible configurar en clase II, rango bajo; que la probabilidad de tener compromiso renal es bajo; que no es necesario contar con creatinina y que se trata de una cardiopatía coronaria con compromiso leve de la fracción de eyección es clase I rango, alto; proponiendo aceptar apelación y revocar dictamen, lo que efectivamente ocurrió.

Respecto al derecho aplicable, sostiene que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4° del D.L. N° 3.500 de 1980, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales. Que este mismo precepto dispone que las Comisiones Médicas a que se refiere su artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar los requisitos del inciso primero –antes citados- y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda.

A su turno, añade, el citado artículo 11 establece que la invalidez será calificada en conformidad con las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones", según lo señale el reglamento, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendente de Pensiones. Del mismo modo, el inciso quinto de este artículo prescribe que los dictámenes que emitan las Comisiones Médicas Regionales serán reclamables mediante solicitud fundada, por el solicitante afectado, por el Instituto de Previsión Social y por las Compañías de Seguros que se adjudiquen la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro, ante la Comisión Médica Central, la que estará integrada por tres médicos cirujanos designados por el Superintendente en igual forma que los de las Comisiones Médicas Regionales y conocerá del reclamo sin forma de juicio.

Señala que el reclamo deberá interponerse por escrito, dentro del plazo de quince días hábiles contado desde la fecha de la notificación del dictamen, ante la Comisión Regional que lo emitió y sin necesidad de patrocinio de abogado; derecho que en este proceso de evaluación y calificación de invalidez la recurrente no ejerció.

Concluye en este punto, que en esta materia el legislador ha establecido un procedimiento médico administrativo especial, de evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas establecidas en el artículo 11 ya comentado, para lo cual gozan de autonomía, no obstante que deben actuar con estricto apego a las Normas de evaluación, lo que efectivamente ha ocurrido en el caso examinado.

Informó Renato Zenteno Lavín, abogado, en representación de Penta Vida Compañía de Seguros de Visa S.A. haciendo presente, en primer lugar, que la Comisión Médica Central es parte de la Administración Central del Estado, de manera que su representación le corresponde al Consejo de Defensa del Estado. Afirma que la acción de protección no es idónea para declarar derechos ni para litigar sobre la nulidad de un acto administrativo. Destaca que el recurso de reposición a que alude la recurrente corresponde a un acto válido, inobjetable en su legalidad sin que se postular a su respecto que sea arbitrario o antojadizo. Finalmente sostiene que la recurrente tiene derecho a iniciar un nuevo proceso de calificación sin necesidad de una acción cautelar como la intentada.

Informó el abogado Mauricio Santos Díaz, en representación de Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. y señala que la legitimación pasiva no corresponde al Superintendente de Pensiones toda vez que la Comisión Médica Central actúa bajo la personalidad jurídica del Fisco de Chile. Luego de indicar el procedimiento de calificación de invalidez explica que los dictámenes de las Comisiones Médicas Regionales son reclamables ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, integrada por tres médicos cirujanos designados por el Superintendente de Pensiones, la que conoce del reclamo – sin forma de juicio - ateniéndose al procedimiento establecido en el mismo D.L. 3.500. (Ver Art. 11, inciso 5°, del DL 3.500). Añade que para el periodo en que se emitió el Dictamen de la comisión médica regional su representada participaba en el seguro de invalidez y sobrevivencia señalado en el artículo 59 del mismo D.L. 3.500 y que ejerció fundadamente su derecho a reclamar ante la Comisión Médica Central, respecto del dictamen ya señalado.

Destaca que el derecho de reclamar ante la Comisión Médica Central el dictamen de un Comisión Médica Regional es parte de un procedimiento establecido en la Ley, otorgado tanto al solicitante de una declaración de invalidez, como al Instituto de Previsión Social en el régimen de pensiones solidarias y a las compañías de seguros de vida que otorguen la cobertura al seguro de invalidez y sobrevivencia; de tal forma que el ejercicio de este derecho no puede ser calificado como un acto ilegal, arbitrario ni fruto de un mero capricho o de la falta de razón, ni menos como un acto que afecte el derecho de igualdad ante la ley o el derecho de propiedad.

Afirma que en caso de doña nombre reservado, la reposición interpuesta por la compañía se basó en aspectos específicos contenidos en las “Normas para la Evaluación y Calificación del grado de invalidez”, cual es que las patologías inicialmente consideradas estarían sobrevaloradas, estableciéndose una clase mayor a la que correspondía. Así, agrega, el infarto al miocardio, como patología, estaría sobrevalorada, por cuanto los eventos que se presentaron fueron tratados con revascularizaciones quirúrgicas realizadas en los años 2011 y 2018, con buenos resultados, sin presentar nuevos episodios y el electrocardiograma arrojó como resultado un porcentaje superior al establecido como sello de clase, debiéndose entonces asignarse la clase I por cardiopatía, con un 14%. Adicionalmente, la Diabetes Mellitus se encuentra con tratamiento con insulina en una sola dosis, sin presentar daños en órganos blanco por lo debió ser clasificada en clase I, y no en clase II, como inicialmente se determinó.

Sostiene que el hecho que la Comisión Médica Central haya acogido la reposición es simplemente el resultado de la aplicación de la Normas vigentes para efectos de la calificación y en ningún caso es una negación a la presencia de patologías.

Informó el abogado José Figueroa Consigliere, en representación de CN Life Compañía de Seguros de Visa S.A. y luego de describir el procedimiento de calificación de la invalidez, señala que la compañía que representa se adjudicó un quinto correspondiente al grupo de mujeres respecto al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, desarrollándose el procedimiento de reclamo en conformidad a la ley, siendo la Comisión Médica Central la que determinó el grado de invalidez de la recurrente.

También informó José Maldonado Vásquez, en representación de la AFP Capital S.A. alegando falta de legitimación pasiva en tanto su representada no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que se ha deducido recurso de protección en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Pensiones, por cuanto, a través de la Resolución Nº 7810/2020 de fecha 15 de julio pasado, La Comisión Médica Central, acogiendo un recurso de reposición interpuesto por la Compañía de Seguros, determinó que no procede otorgar invalidez a la recurrente por cuanto su incapacidad global alcanza un 15% y no el 52% determinado por la propia Comisión mediante Resolución N° 6853/2020 de fecha 23 de junio pasado, acto que considera arbitrario e ilegal y que conculca las garantías consagradas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide dejar sin efecto la resolución impugnada y que se ordene a la Superintendencia de Pensiones impartir instrucciones para proceder a calificar la invalidez de la recurrente con antecedentes médicos suficientes, emitiendo conforme a ellos un nuevo pronunciamiento.

TERCERO: Que, según se desprende del mérito de los antecedentes, constan en autos los siguientes hechos:

1.- Con fecha 30 de abril de 2020, la Comisión Médica de la Región de Concepción, mediante Dictamen N°010.2632/2020 acordó aceptar la invalidez transitoria parcial de la recurrente, representada por la pérdida de un 51% de su capacidad de trabajo, dado por la suma combinada de los impedimentos cardiopatía isquémica R93.1, Diabetes Mellitus I.R. E-10 e Hipertensión Arterial I10.

2.- Ante dicha determinación, las compañías aseguradoras interpusieron reclamo en los términos del artículo 11 el Decreto Ley N° 3.500 de 1980.

3.- La Comisión Médica Central conoció de dicho reclamo y, mediante Resolución C.M.C. N° 6863/2020 de 23 de junio del año en curso, decidió rechazarlo, estimando que la incapacidad global alcanza un 52% -un punto porcentual más que lo determinado por la Comisión Médica Regional-.

4.- Frente a esta decisión las compañías aseguradoras dedujeron recurso de reposición, el que fue acogido mediante Resolución N° C.M.C 7810/2020 de fecha 15 de julio de 2020, revocando la Resolución N° C.M.C 6863/2020 y rechazando otorgar invalidez por estimar que la incapacidad alcanza sólo a un 15%.

CUARTO: Que, de los hechos asentados en el motivo que precede, queda en evidencia que, en el mes de abril de 2020, la Comisión Médica de la Región de Concepción determinó que la incapacidad global de la recurrente alcanzaba un 51%, porcentaje que la Comisión Médica Central incluso aumentó a un 52% al conocer del reclamo de las compañías aseguradoras, el que rechazó. Esta situación varió en el mes de julio pasado al establecer, sin mayores fundamentos y conociendo del recurso de reposición de las mismas aseguradoras, que alcanzaba sólo un 15%.

QUINTO: Que el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500 establece el procedimiento al que se deben someter las solicitudes de calificación de invalidez, contemplando una primera etapa en que ésta es efectuada por la respectiva Comisión Médica Regional, cuyas decisiones o dictámenes son reclamables por el solicitante, por el Instituto de Previsión Social o por las compañías de seguro, según el caso, mediante solicitud fundada ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, conforme las reglas establecidas entre las letras a) y d) del mismo artículo.

En estas circunstancias, los procesos administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad y, en especial, a las disposiciones que contiene la norma recién aludida, sino que deben también estar dotados de la necesaria racionalidad exigible en general al actuar de la Administración, cualidad incompatible con el inconsistente comportamiento de la Comisión Médica Central evidenciado en la infundada determinación a la baja del porcentaje de incapacidad o invalidez que afecta a la recurrente, sin exponer los fundamentos que justifiquen conclusiones tan diversas a las alcanzadas por la respectiva Comisión Médica Regional, y por la propia Comisión Médica Central, que constataron que la recurrente, tanto en el mes de abril como en el de junio del año en curso, tenía un grado de incapacidad superior al 50% indicando pormenorizadamente el puntaje asignado a cada patología y condiciones particulares, que la normativa que la rige, la faculta a considerar.

SEXTO: Que, de esta manera, en la especie el comportamiento de la Comisión Médica Central deviene en arbitrario, por carecer de la debida fundamentación y, asimismo, de racionalidad en los términos ya indicados, e importa una discriminación en perjuicio de la actora en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de calificación de invalidez racionales y justos.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, habiendo incurrido la Comisión Médica Central en un comportamiento arbitrario que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, la presente acción cautelar debe ser acogida, ordenándose a la Comisión Médica Central que disponga una reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente por una comisión de médicos diversa a aquéllas que ya han intervenido en el proceso.

OCTAVO: Que no es obstáculo para decidir de este modo la alegación de falta de legitimación pasiva formulada por la Comisión Médica Central, atendida la naturaleza cautelar de la acción interpuesta y porque dicha recurrida ejerció oportunamente su derecho a defensa.

NOVENO: Que en lo que concierne a la Superintendencia de Pensiones, el recurso será rechazado a su respecto al no haber incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario teniendo presente el carácter autónomo de la Comisión Médica Central.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido por la abogada Beatriz Llanos Berrocal en favor de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución N°C.M.C. 7810/2020, de la Comisión Médica Central, debiendo esta autoridad disponer, para resolver el recurso de reposición deducido por las aseguradoras en contra de la Resolución N° C.M.C 6863/2020 de 23 de junio pasado, la realización de una completa reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente, con exámenes médicos actualizados, por una comisión de médicos diversa de aquella que ya ha intervenido en el proceso, y resolver enseguida el referido recurso ajustándose a las conclusiones a que ésta arribe.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora Nancy Bluck Bahamondes.

N°Protección-15881-2020.