nombre reservado con A.F.P. PLANVITAL S.A.

C.A. de Concepción.

xsr Concepción, a treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte N° 15843-2020 comparece el abogado Javier Ignacio Inostroza Castillo en nombre de doña nombre reservado, chilena, soltera, geóloga, domiciliada en domicilio reservado interponiendo recurso de protección en contra de AFP PLAN VITAL S.A., representada legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, o en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de retener y no hacer entrega de la totalidad de los fondos previsionales por concepto -según sus dichos- de retención que realiza el Servicio de Impuestos Internos por las boletas de honorarios que su representada emitió en el año 2019 para destinarlo a tu Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Indica que el 26 de julio del 2020, mi representada recibió correo electrónico de la recurrida dando cuenta que el monto disponible para retiro ascendía a la suma de $266.220, lo que representaba el 100% de los ahorros de su representada.

Afirma que la solicitud de retiro de fondos fue ingresada el 30 de julio del 2020, la cual fue aceptada, según correo electrónico del día 31 de julio del 2020, bajo el N°5006030979203072.

Con fecha 11 de agosto, se le informa que la solicitud fue aprobada y que el pago estaría disponible, a más tardar, el 13 de agosto del 2020. Sin embargo ello no ocurrió, pues la recurrida sólo efectuó un pago por la cantidad de $181.797, restando un saldo de $84.423 ahorrados en su Cuenta de Capitalización Individual.

Adiciona que ese mismo día su representada recibe un correo electrónico en el que la AFP da cuenta que el dinero retenido en la cuenta de capitalización individual corresponde a la retención que realiza el Servicio de Impuestos Internos por las boletas de honorarios emitidas en el año 2019 para destinarlo a su Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Estima que la recurrida no ha dado cumplimiento al mandato legal del inciso 2 y 3 de la Ley 21.248, ya que la misma efectuó una retención contraria a derecho según lo expuesto precedentemente. A mayor abundamiento, indica que el Servicio de Impuestos Internos en informativo de su página web www.sii.cl de 21 de agosto de 2020 aclara que el pago de cotizaciones por Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de trabajadores independientes se realiza cada año en la Operación Renta. Con esto, el Servicio precisó que las retenciones realizadas por algunas Administradoras de Fondos de Pensiones al retiro del 10% de los fondos de algunos trabajadores a honorarios, no corresponde al pago anual de estas cotizaciones obligatorias. El Servicio de Impuestos Internos recuerda que las cotizaciones previsionales obligatorias para los trabajadores a honorarios se pagan una vez al año, en el marco del proceso de Declaración de Renta.

De esta forma, aclara que la retención que algunas Administradoras de Fondos de Pensiones estarían realizando con cargo al retiro del 10% de los fondos de los contribuyentes, no tiene relación con el pago de las cotizaciones correspondientes al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Dice que la conducta arbitraria e ilegal de la recurrida vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por las razones que señala en su recurso..

Concluye solicitando se acoja el presente recurso y se disponga que la AFP recurrida realice la entrega de la totalidad del dinero retenido, con expresa condena en costas.

Informa nombre reservado, Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, haciendo presente que no ha ordenado la retención de parte del 10%, solicitado conforme a la Ley 21.248, a la AFP Planvital respecto de la contribuyente nombre reservado, RUT RUT reservado.

Sin perjuicio de lo anterior, se previene que, como es de público conocimiento, la Ley N° 20.255 de 2008, sobre Reforma Previsional, estableció que los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios se incorporarán gradualmente al sistema de pensiones, a contar del 1° de enero de 2012. Dicha norma legal, introdujo modificaciones al Decreto Ley N° 3.500, de 1980, que estableció el sistema de pensiones, el cual, en su Título VIII, Párrafo 1°, reguló el régimen para los afiliados independientes, obligándolos a efectuar cotizaciones previsionales, a fin de que obtengan una cobertura en materia de salud y de pensiones, similar a la de los trabajadores dependientes.

A contar del año 2019, en virtud de la promulgación y publicación de la Ley N° 21.133, los trabajadores que emiten boletas de honorarios por un monto bruto anual o superior a cinco ingresos mínimos mensuales, estarán obligados a cotizar por el porcentaje del 17 % aplicado a la renta imponible anual del contribuyente, que corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo 42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto. Esta obligación se verifica en el proceso de operación renta de cada año, a partir del año 2019.

Sostiene que la única intervención que le cabe a este Servicio en estas materias corresponde a la elaboración de propuesta de Declaración de nombre reservado a la Renta, mientras que el cálculo y recaudación de las cotizaciones es ejecutado por el Servicio de Tesorerías para hacerlo llegar a la o las instituciones previsionales que correspondan.

Informó nombre reservado, por la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo del de este recurso, señalando, en síntesis, que la acción cautelar deducida en autos en contra de su representada excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede, pues el objeto de esta acción cautelar es amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende el recurrente de autos. En efecto, no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver materias de fondo que constituyan una discusión de lato conocimiento.

Añade que la recurrente realizó una solicitud de retiro del 10% de sus fondos previsionales. Posteriormente, el día 13 de agosto del año en curso, se hizo efectivo el pago por $181.797 en la cuenta bancaria informada por el afiliado para estos efectos, tal como se aprecia de la lectura de los antecedentes que acompaña en el primer otrosí de su presentación.

Precisa que no todo el saldo informado era susceptible de retiro, toda vez que existen derechos sobre ese saldo que se encuentran constituidos en favor de las Compañías de Seguros de Vida por concepto de pago de primas asociadas al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia ( en adelante “el SIS”). Explica que el SIS se encuentra regulado en los artículos 54 y siguientes del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, y forma parte de la seguridad social a que tienen acceso los trabajadores que reúnen ciertos requisitos. Para el caso concreto, la Ley N° 21.113 establece que los trabajadores independientes que obtengan rentas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (honorarios) están obligados a cotizar entre otras prestaciones, para el financiamiento del SIS. Los montos de cotización del SIS transferidos por la Tesorería General de la República, asignados a cada mes, se abonan en la cuenta individual de cotizaciones obligatorias del trabajador independiente, por lo que mientras no se rebajen para ser pagados a las respectivas compañías de seguros adjudicatarias de la licitación del SIS, forman parte del saldo de dicha cuenta, aunque tienen un fin predefinido, que es pagar el seguro que cubre los riesgos de invalidez y muerte.

Explica que el destino de estos fondos tiene una regulación tal, que su destino inclusive está afecto a normas de prelación para los casos que el capital del trabajador no sea suficiente para financiar la totalidad de las prestaciones, donde en virtud del artículo 92 G del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, el SIS goza de primera categoría.

Expresa que la referida Ley N°21.248, incluye a los trabajadores independientes, situación que no afecta su derecho a acceso a la seguridad social, ni los excluye de percibir los derechos y obligaciones contenidos en la Ley 21.113, situación que obliga a concluir que parte del saldo que se encuentra en la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatoria está afecta a un destino predeterminado, cuya fuente se encuentra en la ley y que, por lo tanto, no forma parte del saldo objeto de ser retirado conforme a la Ley N° 21.248.

En consecuencia, dice, la diferencia producida tiene su origen en lo anterior y corresponde a la diferencia entre el saldo total y la cotización adicional para el financiamiento del SIS.

Explica luego que estas materias están abordadas por la Superintendencia de Pensiones (en adelante “la SP”), a través de sus oficios ordinarios. Así, el Oficio Ordinario N°13.609 de 27 de julio de 2020, mediante el cual la SP, instruyó a las Administradoras de Fondos de Pensiones sobre las medidas para informar e implementar el retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario, dispuso, en lo pertinente: “16. Otras consideraciones. i) Respecto de pagos en curso de cuotas mortuorias y honorarios por asesoría previsional, obligaciones contraídas con anterioridad a la solicitud de retiro, deberán descontarse los montos respectivos del saldo de la cuenta obligatoria, para la determinación del monto máximo del retiro.

Mismo criterio deberá seguirse respecto de otros pagos ya comprometidos con anterioridad al retiro, como por ejemplo, el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia de los independientes.”.

Dice que el 24 de agosto de 2020, esto es, con posterioridad al pago efectuado a la recurrente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N°16491, contestando algunas consultas efectuadas por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones relativas a la cotización adicional destinada al financiamiento del SIS y de la Administradora, señaló entre otros aspectos que, el monto determinado para el financiamiento del SIS por el Servicio de Impuestos Internos, debe pagarse a las Compañías de Seguros que cubrirán los riesgos de invalidez y muerte de los trabajadores independientes, no siendo posible que aquellos sean considerados en el monto susceptible de retiro a que se refiere la ley N°21.248. Por otra parte, señaló que la parte de la cotización adicional destinada al financiamiento de la Administradora, no podrá rebajarse del saldo de la cuenta obligatoria de afiliados trabajadores independientes para efectos de determinar el saldo disponible de dicha cuenta sobre el cual se calculará el monto del referido retiro. Luego, el monto destinado a financiamiento de la Administradora, formaría parte del saldo susceptible de retiro por parte de los afiliados.

Respecto de aquella parte que señala que el monto destinado a financiamiento de la Administradora forma parte del saldo susceptible de retiro por parte de los afiliados, mi representada se encuentra en un proceso de reliquidación con la finalidad de enterar a la afiliada, dentro del más breve plazo, el monto total indicado.

Informa la Tesorería General de la República haciendo presente que es el órgano encargado de enterar, en los organismos respectivos, las cotizaciones obligatorias de los trabajadores independientes, retenidas para este concepto.

Dicho proceso se fundamenta en la información que recibe desde el Servicio de Impuestos Internos cada año a más tardar el último día hábil del mes de marzo, previo al proceso de Renta.

Asevera que es el Servicio de Impuestos Internos quien determina el monto que de acuerdo a sus ingresos, los trabajadores independientes señalados en el inciso primero del Art. 89 del D.L. N°3500, de 1980, deben cotizar para los regímenes de Protección Social.

Informa nombre reservado, ingeniero civil, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. adjuntanto una fotocopia del Oficio N° 16.491 de la Superintendencia de Pensiones, del 24 de Agosto de 2020, en el cuyo N°2 (ii) se señala que “para determinar el saldo disponible de la cuenta obligatoria de afiliados independientes (como es el caso de la recurrente) para efectos de solicitar el retiro de fondos del 10%, conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional ( ley N° 21.248), se debe excluir del saldo de la cuenta, los montos de cotización destinados al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia pendientes de pago a las compañía,s de seguro adjudicatarias de la licitación del SIS”.

Agrega que en el Informe de la Tesorería Regional -que obra en autos- se acompaña un Certificado de Pago en el cual se indica que en virtud de la Operación Renta 2020, la Tesorería pagó a la AFP Planvital las cotizaciones de previsión social de doña nombre reservado; y que por concepto de SIS (seguro de invalidez y sobrevivencia) le pagó la suma de $ 92.345.- (con lo que se cubre la anualidad entre la Operación Renta 2020 y la similar del año 2021 conforme a la ley N°21.133). Al tenor del Oficio de la SP que citamos en el párrafo anterior, se puede inferir que si de esta cantidad había un monto pendiente de pago por parte de la AFP, dicho monto no formaba parte del saldo de la cuenta previsional obligatoria y por ende no podía ser retirado por la afiliada.

Finalmente, sostiene que la materia en cuestión se encuentra tratada, entre otros, en los artículos 92 D, 92 E y 92 F del Decreto Ley N°3.500, los cuales transcribe.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCION.

1.- Que en cuanto a la petición de improcedencia del recurso de protección, la recurrida la sustenta en que cautelar deducida en autos en contra de su representada excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede, pues el objeto de esta acción cautelar es amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende el recurrente de autos, y no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver materias de fondo que constituyan una discusión de lato conocimiento.

2.- Que, para efectos de resolver la petición de improcedencia de la recurrida, basta señalar para rechazar la misma, que el recurso de Protección es un recurso especialísimo otorgado directamente por la Constitución Política de la República a todas las personas que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente establecidas al efecto, procedencia del recurso que conforme a su artículo 20 lo es "...para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes"; por lo que la norma constitucional no establece restricción alguna como la planteada por el recurrido, más aún si lo reclamado por el recurrente dice relación con una conducta o actuación precisa que imputa a la recurrida en relación a determinados fondos existentes a su nombre en una cuenta administrada por la AFP recurrida; todo ello sin perjuicio de lo que se dirá respecto del fondo de la acción.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

3.- Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o aún amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto;

4.- Que el recurrente, en síntesis, tilda de ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida consistente en retener y no hacer entrega de la totalidad de sus fondos previsionales, cuya devolución solicitó el 30 de julio pasado de conformidad con la Ley 21.248 que aprobó el retiro de fondos previsionales de los afiliados a las AFP; escudándose la recurrida en que los fondos retenidos lo son por concepto de retención que realiza el Servicio de Impuestos Internos por las boletas de honorarios que la recurrente emitió en el año 2019 para destinarlo a cubrir su Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), y que por lo tanto no se encuentran sujeto a devolución del retito del 10%, sino que están destinados a dar cobertura al afiliado para pagarle pensión en caso de invalidez o sobrevivencia y pagarle pensión a su familia en caso de fallecimiento; desconociendo así la recurrida su derecho de propiedad sobre ellos, negativa que estima arbitraria e ilegal, y que lesiona su garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República; por lo que solicita se reestablezca el imperio del derecho y se disponga que la AFP recurrida realice la entrega de la totalidad del dinero retenido, con costas.

5.- Que, por su parte, la recurrida señaló que no todo el saldo informado era susceptible de retiro, toda vez que existen derechos sobre ese saldo que se encuentran constituidos en favor de las Compañías de Seguros de Vida por concepto de pago de primas asociadas al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia ( en adelante “el SIS”), explicando que que el SIS se encuentra regulado en los artículos 54 y siguientes del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y forma parte de la seguridad social a que tienen acceso los trabajadores que reúnen ciertos requisitos. Para el caso concreto, la Ley N° 21.113 establece que los trabajadores independientes que obtengan rentas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (honorarios) están obligados a cotizar, entre otras prestaciones, lo necesario para el financiamiento del SIS. Agrega que los montos de cotización del SIS transferidos por la Tesorería General de la República, asignados a cada mes, se abonan en la cuenta individual de cotizaciones obligatorias del trabajador independiente, por lo que mientras no se rebajen para ser pagados a las respectivas compañías de seguros adjudicatarias de la licitación del SIS, forman parte del saldo de dicha cuenta, aunque tienen un fin predefinido, que es pagar el seguro que cubre los riesgos de invalidez y muerte.

Precisó que el recurso se debe rechazar porque no existe en su actuar ilegalidad ni arbitrario alguno que se deba subsanar por esta vía, dado que ha actuado en estricto cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia; por cuanto si bien en su momento le informó al recurrente que su saldo en la cuenta era de $266.220, lo cierto es que no todo dicho monto es susceptible de retiro, por cuanto existen derechos sobre ese saldo que se encuentran constituidos en favor de las Compañías de Seguro de Vida por concepto de primas asociadas al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que en el caso concreto ascendieron a $76.955; admitiendo que además de la retención de dichos montos efectuó también una retención por concepto de comisiones asociadas al financiamiento de la Administradora, que ascendía a la suma de $9.920; agregando que conforme a Oficio Ordinario N° 16.491 de la Superintendencia de Pensiones, que contestó consultas de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, se les informó que el monto determinado para el financiamiento del SIS por el Servicio de Impuestos Internos debe pagarse a las Compañías de Seguros que cubrirán los riesgos de invalidez y muerte de los trabajadores independientes, no siendo posible que aquellos sean considerados en el monto susceptible de retiro a que se refiere al ley N° 21.248; y que en relación a la cotización adicional destinada al financiamiento de la Administradora, no podrá rebajarse del saldo de la cuenta obligatoria de los afiliados trabajadores independientes para efectos de determinar el saldo disponible sobre el cual se calculará el monto del referido retiro; motivo por el cual respecto de dicho monto destinado a su financiamiento, su parte se encuentra en un proceso de reliquidación con la finalidad de enterar a la afiliada, dentro del más breve plazo el monto ya indicado por dicho concepto.

6.- Que al respecto es dable señalar que el artículo único de la Ley N° 21.248 establece, en lo pertinente que “Excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorízase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el evento de que el 10 por ciento de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta...”.

Luego, conforme a la disposición transcrita y del resto del texto del artículo único, siempre se habla de “los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias”, quedando incluidos naturalmente también los trabajadores independientes, situación que no afecta su derecho a acceso a la seguridad social ni los excluye de percibir los derechos y obligaciones contenidos en la Ley 21.113, lo que necesariamente obliga a concluir que parte del saldo que se encuentra en la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatoria está afecta a un destino predeterminado, que es el ya señalado precedentemente, cuya fuente se encuentra en la ley y que, por lo tanto, no forma parte del saldo objeto de ser retirado conforme a la Ley N° 21.248, razón por la cual no puede estimarse ilegal la conducta de la recurrida.

7.- Que no sólo no es ilegal el proceder de la AFP, sino que tampoco es arbitrario, pues el tema en discusión ha sido abordado por la Superintendencia de Pensiones al menos a través de dos oficios ordinarios, los que han sido transcritos a las Administradoras de Fondos de Pensiones, entre ellas a la recurrida.

En efecto, el Oficio Ordinario N°13.609 de 27 de julio de 2020, mediante el cual la SP, instruyó a las Administradoras de Fondos de Pensiones sobre las medidas para informar e implementar el retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario, dispuso, en lo perrtinente:“ 16. Otras consideraciones: i) Respecto de pagos en curso de cuotas mortuorias y honorarios por asesoría previsional, obligaciones contraídas con anterioridad a la solicitud de retiro, deberán descontarse los montos respectivos del saldo de la cuenta obligatoria, para la determinación del monto máximo del retiro.

Mismo criterio deberá seguirse respecto de otros pagos ya comprometidos con anterioridad al retiro, como por ejemplo, el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia de los independientes.”.

Del mismo modo, mediante Oficio Ordinario N°16490 de 24 de agosto de 2020, dirigido a la Cámara de Diputados, a las Administradoras de Fondos de Pensiones, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y a la Subsecretaría del Trabajo, sobre “Retiro excepcional de la cuenta de capitalización individual autorizado por la reforma constitucional para el caso de trabajadores independientes que mantienen en la referida cuenta individual el monto para el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia”, la referida Superintendencia dispuso, en lo pertinente: “2. Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 86 de la ley N° 20.255 sobre Reforma Previsional, publicada en el Diario Oficial el 17 de marzo de 2008, introdujo modificaciones al D.L.

N° 3.500, de 1980, sobre la obligación de cotizar de los trabajadores independientes, disposiciones legales que comenzaron a regir el año 2012, aunque estableciendo la opción de eximirse de la obligación de cotizar por los años 2012, 2013 y 2014, adquiriendo el carácter de obligatoria sin excepciones a contar del año 2015. Luego, producto de las modificaciones introducidas por la ley N° 20.894, publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2016, se postergó la obligatoriedad de cotizar hasta el año 2018, manteniendo la opción de eximirse hasta el año 2017.”

En relación a lo anterior, una de las modificaciones introducidas por la ley N° 20.255 al D.L. N° 3.500, de 1980, fue la incorporación del artículo 92 E, con el siguiente texto: “ Para los efectos del seguro de invalidez y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1 de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad, estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1 de mayo del año en que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado cálculo. ”.

Como puede advertirse de lo transcrito precedentemente, en dichas disposiciones legales se estableció que el pago de las cotizaciones destinadas al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia le otorga al trabajador independiente una cobertura anual de ese seguro, la cual se extiende desde el mes de mayo del año en que se paga la cotización hasta el mes de abril del año siguiente al pago. Dicha cobertura anual está condicionada a que la renta imponible anual sea de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos mínimos mensuales (ingreso mínimo mensual vigente al 31 de diciembre del año en que se percibieron las rentas). En el caso que la renta imponible anual no cumpla la citada condición, la cobertura del seguro se determina de manera proporcional resultando que la cobertura abarque desde 1 a 11 meses.

Y todavía más, el 24 de agosto de 2020, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N°16491, dirigido a los Gerentes Generales de las Administradoras de Fondos de Pensiones, según lo ya adelantado, la mencionada Superintendencia contestó algunas consultas efectuadas por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones relativas precisamente a la cotización destinada al financiamiento del SIS y de la Administradora, generada en la operación renta 2020, y, en lo pertinente, dispuso: “...el monto determinado para el financiamiento del SIS por el Servicio de Impuestos Internos, es el monto que debe pagarse a las Compañías de Seguros que cubrirán los riesgos de invalidez y muerte de los trabajadores independientes, no siendo posible que aquellos sean considerados en el monto susceptible de retiro a que se refiere la ley №21.248....”; lo cual se condice con la intención del legislador de que el pago de la cotización destinada al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia, proporciona a los trabajadores a honorarios obligados a cotizar, una cobertura futura de los seguros referidos.

8.- Que, en consecuencia, conforme a todo lo anterior, resulta evidente que los fondos destinados al pago del SIS, no forman parte de las cotizaciones depositadas en las cuentas individuales que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual, al amparo de la modificación constitucional referida; y por ende no existe ningún desconocimiento del derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos de capitalización individual acumulados, dado que los montos por él reclamados se encuentran afectados desde un inicio a un destino único y exclusivo, consistente en solventar pensiones de invalidez y sobrevivencia, según lo ya expuesto.

A mayor abundamiento, la recurrida no sólo ha actuado conforme a la normativa legal vigente, sino que además, lo ha hecho cumpliendo las directrices e instrucciones impartidas por la Suprintendencia de Adminostradoras de Pensiones, que conforme al artículo 2° del DFL 101 de 1980, es la autoridad técnica de supervigilancia y control de las AFP, cuyas funciones comprenden las órdenes financieras, actuarial, jurídicas y administrativas.

9.- Que, de acuerdo a lo relacionado precedentemente, la recurrida AFP PLANVITAL no ha actuado de manera ilegal ni arbitraria, y por lo mismo no ha conculcado garantía constitucional alguna de la recurrente; por lo que no cabe más que rechazar la presente acción constitucional en su contra.

10.- Que, por otra parte, si bien de lo expuesto por la recurrida quedó establecido que dentro de las sumas retenidas al recurrrente también se incluyeron montos por concepto de comisiones destinadas al financiamiento de la AFP PLANVITAL S.A., que conforme a lo expuesto, y particularmente lo señalado por la Superintendencia de Adminiastradoras de Pensiones en su Oficio Ordinario N°16491, no corresponde rebajar del saldo de la cuenta obligatoria de los afiliados trabajadores independientes para efectos de determinar el saldo disponible sobre el cual se calculará el monto del retiro en cuestión, lo cierto es que la misma recurrida ha acatado dicha instrucción, y ha manifestado que se encuentra en un proceso de reliquidación con la finalidad de enterar a la afiliada, dentro del más breve plazo el monto ya indicado por dicho concepto; de manera que sobre dicho accionar de la recurrida, el recurso de protección ha perdido oportunidad, y por lo mismo respecto a dicho acápite, tampoco podrá prosperar la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que SE RECHAZA, sin costas, la alegación de inadmisbilidad formulada por l recurrida.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Javier Ignacio Inostroza Castillo en nombre de doña nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A.

Regístrese en la forma que corresponda y archívese virtualmente, en su oportunidad.

Redacción del ministro suplente Selín Omar Figueroa Araneda.

N°Protección-15843-2020.