nombre reservado con COMISIÓN MÉDICA CENTRAL

C.A. de Concepción Concepción, seis de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión Médica Central, representada por doña nombre reservado, nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria cometida al rechazar injustificadamente la solicitud de calificación de invalidez, a través de la Resolución N° C.M.C. 2053/2021, en sesión de 03 de marzo del año 2021, la cual fue notificada el 22 de marzo del presente, lo cual importa una privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numeral 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita que la acción constitucional sea acogida, ordenándole a la recurrida que deje sin efecto la resolución referida, acogiendo la solicitud o en subsidio, ordenando se disponga una reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente, por una comisión de médicos diversa de aquellas que ya han intervenido en el proceso y que, abordando todos los problemas de salud que le afectan, emita un diagnóstico completo, ordenándose lo que corresponda para restablecer el imperio del Derecho y el respeto a las garantías fundamentales vulneradas, todo ello con costas.

Funda su recurso, en que en el mes de abril de 2013, le fue diagnosticado Lupus Eritematoso cutáneo subagudo además de una serie de inflamaciones crónicas inespecíficas. A raíz de dicha enfermedad, se ha visto sometida a una serie de exámenes y tratamientos durante años, por afecciones directa o indirectamente relacionadas con la enfermedad, así como por eventos de dolores, síntomas de artritis, episodios depresivos, dolor articular, tos seca, disnea, entre otros malestares; junto con ello, a mediados del año 2019 fue diagnosticada con Fibromialgia y en octubre del mismo año, encontrándose en tratamiento psicológico por trastorno ansioso producto de la fibromialgia, se le indicó que la psicoterapia debía ser completada con tratamiento psiquiátrico debido a la necesidad del uso de fármacos; asimismo indica que actualmente se encuentra diagnosticada con trastorno del sueño, bruxismo, jaquecas, depresión, síndrome de intestino irritable, incontinencia urinaria, incontinencia fecal y vejiga irritable.

Explica que al día de hoy, si bien se encuentra bajo tratamiento médico con la finalidad de sobrellevar de alguna manera su situación actual, los efectos de estas enfermedades, -dolor crónico agudo-, no le permiten un desarrollo adecuado de sus actividades cotidianas, tales como moverse libremente, realizar labores domésticas o atender sus necesidades básicas. Refiere que de lo anterior, es posible presumir que su desempeño como trabajadora resulta aún más complejo, pues la pérdida de movilidad y autonomía de manera evidente y considerable ha disminuido sus capacidades, tanto físicas como psíquicas, lo que sin duda impacta en su rendimiento laboral, lo que ha traído como consecuencia una serie de licencias médicas.

Sostiene que por recomendación de su médico tratante, el 16 de marzo de 2020, y tras varias licencias médicas, inició los trámites para la Calificación de Invalidez ante la Superintendencia de Pensiones, a través de la Comisión Médica Regional (en primera instancia), ya que, no obstante los tratamientos médicos, que se han extendido durante años, los malestares tanto físicos como psíquicos no le permiten el desarrollo individual, familiar y laboral en condiciones deseables. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada por la Comisión Médica Regional de Concepción, mediante dictamen Nº 010.3187/2020 de 03 de junio de 2020, por estimar que “las enfermedades alegadas como invalidantes están bajo observación y tratamiento médico, no habiéndose configurado aún la pérdida de a lo menos del 50% de la capacidad de trabajo”. Es decir, la resolución reconoce que “aún” la pérdida no superaba el porcentaje requerido.

Señala que reclamó ante esa decisión, obteniendo igual respuesta por parte de la Comisión Médica Central, mediante resolución nº C.M.C. 8443/2020, de 06 de agosto de 2020. Dicha resolución es el resultado de la Sesión Nº 605 de la Comisión, de 06 de agosto de 2020, de cuya acta se puede extraer que los razonamientos del Dr. Nilo no presentan argumentación, limitándose a señalar que la solicitud no está fundada; Respecto de lo expuesto por la Dra. Burotto señala que el contacto con su persona se limitó a una sola entrevista telefónica, llevada a cabo el 26 de mayo de 2020, más no se realizó examen físico de ningún tipo y por último, no se detallaron los impedimentos, ni se indicó porcentaje, estando la tabla incorporada y los porcentajes en blanco, sin señalar fundamento o respuesta técnica alguna respecto la solicitud.

Entiende que no se realizó calificación alguna en dicha resolución, pues no se señala el resultado final de la misma ni el porcentaje o no de invalidez o capacidad de trabajo determinada por la Comisión Médica, tanto Regional como Central, que confirma el criterio de la primera. En efecto, el criterio pasó únicamente por la existencia de tratamiento actual, pero sin considerar la efectiva capacidad de trabajo (física y mental) a la luz de los antecedentes expuestos, limitándose a una entrevista telefónica que en la práctica no gravitó en la calificación y sin que se ordenaran exámenes físicos que pudieran reafirmar lo señalado verbalmente. Además, considera que las dificultades derivadas del COVID 19 no son argumento para no haberlos realizado, ya que los hospitales y servicios de salud son establecimientos esenciales, que no han dejado de operar durante la pandemia.

Expresa que de la mencionada resolución dedujo recurso de reposición, el cual fue resuelto por la misma Comisión Médica Central mediante resolución Nº C.M.C. 9745/2020, de 19 de septiembre, la que confirmó la resolución recurrida. Al igual que en el caso anterior, el Acta consolidada de la Sesión de 16 de septiembre de 2020, donde se revisó el recurso, da cuenta de que no se realizaron exámenes físicos, ni se señala porcentajes respecto al grado o no de invalidez o capacidad de trabajo actual, dejando de igual manera el cuadro y porcentajes en blanco, sin que se permita conocer los datos concretos de su evaluación. El argumento sigue siendo el mismo: la existencia de tratamiento médico pendiente. Mismo resultado tuvo Recurso Extraordinario de Revisión, que fue resuelto el 03 de marzo de 2021.

Afirma que las acciones y “nuevos peritajes practicados” por la Comisión Médica Central no existieron, sin haber ordenado la práctica de nuevos exámenes, aun teniendo las facultades para hacerlo de conformidad al Artículo 11 del Decreto Ley 3.500, aplicable al caso, con la finalidad de acreditar los impedimentos que le afectan y que, por consiguiente, acarrean un menoscabo laboral de carácter significativo y a estas alturas permanente. Agregando que más desarrollada es el Acta de la sesión de 03 de marzo de 2021 en que se tomó dicha resolución, en donde se indica que de la revisión de los antecedentes disponibles en el expediente, la afiliada se presenta a evaluación de pensión de invalidez en marzo 2020. Se cuenta con informe de médico asesor que señala solicitud no fundada, enumera diagnósticos y tratamientos, por no cumplir los tiempos mínimos de tratamiento para sus impedimentos según Normas.

Considera que se debe dejar sin efecto la Resolución recurrida, por cuanto es ilegal y arbitraria al no haberse realizado una adecuada evaluación médica de los antecedentes incorporados, limitándose a una llamada telefónica sin ordenar nuevos exámenes o revisiones necesarias para la debida calificación de la invalidez (ej. pruebas funcionales), pudiendo hacerlo, lo que finalmente fue determinante en la negativa a la calificación y no entrega los antecedentes técnicos suficientes respecto las razones de la resolución, en base al caso concreto, limitándose a la aplicación de un criterio genérico (existencia de tratamiento), sin considerar la trayectoria o realidad médica presente ni el efectivo menoscabo permanente en su capacidad de trabajo, lo cual no fue evaluado.

Menciona que pese a complicada situación, la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 25 de marzo de 2021, a través de la Resolución Nº R-01-UME-35142-2021, emitida por el Departamento Contencioso de la Unidad Médica, ha resuelto confirmar el rechazo de su licencia médica, indicando que debe iniciar los trámites para la pensión de invalidez a través de Comisión Médica, en circunstancias que apenas 3 semanas antes la Comisión Médica Central le había rechazado la solicitud mediante la resolución recurrida de 03 de marzo de 2021, notificada el día 22 del mismo.

Alega que la actuación de la recurrida, a través de sus distintos organismos importa una privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numeral 2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el Derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto no se le ha tratado en condiciones jurídicas equivalentes a las de otras personas que resultaren favorecidas con el procedimiento de invalidez en similares circunstancias, y el Derecho de Propiedad, al no recibir el pago de las licencias médicas como también prestaciones de invalidez, lo que repercute en su posibilidad de recuperación, puesto que le priva del dinero necesario para costear su tratamiento, no obstante de cumplir con los requisitos de hecho que exige la norma respectiva.

Informó don Sebastián de la Puente Hervé, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien señala que, revisados sus registros y bases de datos, consta que el día 25 de enero de 2021, la Sra. nombre reservado recurrió a su representada reclamando por cuanto la Subcomisión Concepción - Compin Región del Bio-bío, confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 26 de diciembre de 2020, por reposo no justificado. Dicha reclamación dio origen al expediente administrativo PAE código R- 11022-2021.

Indica que su representada mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-35142- 2021, de 25 de marzo de 2021, señaló a la recurrente que estudió los antecedentes de su caso, y con su mérito consideró no justificado el reposo prescrito por cuanto las alteraciones que presenta, son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo, debiendo ser evaluada por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentre afiliada y por consiguiente no corresponde acoger más licencias médicas por dicha patología. Manifiesta que tiene 733 días acogidos por patologías íntimamente relacionadas. De esta forma, la referida Resolución confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado.

Refiere que posteriormente, el 25 de febrero de 2021, la Sra. nombre reservado recurrió a su representada reclamando por cuanto la Subcomisión Concepción - Compin Región del Bio-bío, confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 25 de enero de 2021, por reposo no justificado. La reclamación indicada dio origen al expediente administrativo PAE código R-24872-2021. Asimismo, señala que su representada, por medio de la Resolución Exenta Nº R-01- UME-47620-2021, de 20 de abril de 2021, concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, se encontraba justificado, basándose en que procede autorizar la licencia otorgada por diagnósticos de patologías irrecuperables, puesto que el período de reposo queda comprendido dentro de la misma época del primer trámite de calificación de invalidez. De esta forma, la referida Resolución autorizó la licencia médica N° RUT reservado.

Finalmente, expresa que el 29 de marzo de 2021, la Sra. nombre reservado recurrió nuevamente a su representada reclamando por cuanto la Subcomisión Concepción - Compin Región del Bio-bío, confirmó el rechazo de la licencia médica N° 3-47079828, por considerar reposo prolongado injustificado. La referida reclamación dio origen al expediente administrativo PAE código R-42586-2021. La reclamación indicada se encuentra actualmente pendiente de resolución mediante la emisión del dictamen correspondiente.

Informó la Dra. nombre reservado, Presidenta de la Comisión Médica Central.

En primer lugar, alega la falta de legitimación pasiva, por cuanto las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios y son supervigiladas por la Superintendencia de Pensiones, conforme con lo dispuesto en el número 17 del artículo 94 del D.L. N° 3.500, de 1980 y los artículos 18, 19 y 37 del D.S. N° 57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que contiene el Reglamento de dicho decreto ley. Consecuente con ello, dichas Comisiones Médicas pertenecen a la Administración Central del Estado, de modo que su representación judicial corresponde al Consejo de Defensa del Estado.

Seguidamente, alega la improcedencia de la acción deducida, toda vez que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección. Indica que por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, mas no un pronunciamiento declarativo como pretende el recurrente, ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como es la Resolución de la Comisión Médica Central, pues la acción deducida no es el medio idóneo para ello, ya que no se trata de una acción de nulidad de derecho público ni un recurso de casación. Consecuente con ello, no resulta admisible por medio de esta acción, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento.

En cuanto al fondo del recurso, señala que la señora nombre reservado, el 16 de marzo de 2020, presentó solicitud de pensión de invalidez ante AFP Capital S.A., la que fue conocida por la Comisión Médica Regional de Concepción, alegando como enfermedad invalidante: Lupus eritematoso cutáneo subagudo, Fibromialgia, Depresión, Trastorno del sueño, Bruxismo y Jaqueca. El médico asesor considera no fundada la presentación y el médico asignado al caso, Dra. Burotto, realiza entrevista telefónica. Asimismo, afirma que, estudiados los antecedentes por la Comisión Médica Regional de Concepción, en sesión 116 de 3 de junio de 2020, el médico asignado, propone no configurar impedimentos por Fibromialgia, Depresión ni Lupus cutáneo. Discutido el caso sobre la base de los antecedentes contenidos en el expediente, dicha Comisión Médica Regional concordó con el Médico Asignado, en el sentido que los impedimentos por Fibromialgia y Depresión tienen tratamientos optimizables y que el Lupus cutáneo se encuentra en remisión. Por lo tanto, mediante Dictamen de Invalidez N° 010.3187/2020 de 3 de junio de 2019, la Comisión Médica Regional de Concepción rechazó la solicitud de pensión de invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes, están en tratamiento y observación médica.

Expresa que el 22 de julio de 2020, la recurrente interpuso reclamo en contra del referido Dictamen de Invalidez. Refirió que, además de las enfermedades evaluadas, presenta Bruxismo, Jaqueca, Trastorno del Sueño, Síndrome de intestino y vejiga irritables (con incontinencias urinaria y fecal). Por la cantidad de Licencias médicas, el médico tratante sugirió a la recurrente que iniciara tratamiento de invalidez. Dra. Nass, reumatóloga del Hospital Higueras, de acuerdo con diagnósticos reclamados por afiliada, estima que debe invalidarse. En tal sentido, esa Comisión Médica Central, en sesión N° 605 de 6 de agosto de 2020, estudió el expediente de invalidez de la recurrente al tenor de su reclamo, concordando con el médico asignado al caso, estableciendo que las enfermedades alegadas como invalidantes, se encuentran bajo tratamiento y observación médica, por lo que no procede otorgar pensión de invalidez. Atendidas las razones anotadas, esa Comisión Médica Central mediante Resolución N° C.M.C. 8443/2020 de 6 de agosto de 2020, rechazó el reclamo y confirmó el Dictamen de Invalidez de la Comisión Médica Regional de Concepción.

Posteriormente, señala que la recurrente interpuso un recurso de reposición administrativo en contra de la Resolución de esta Comisión Médica Central, fundamentando, que en el año 2013 le diagnosticaron Lupus eritematoso, además de una serie de inflamaciones inespecíficas. Asimismo, refirió que a mediados de 2019 le diagnosticaron Fibromialgia y en octubre de 2019 un Trastorno ansioso, como consecuencia de Fibromialgia, las que no le permiten un desarrollo adecuado de sus actividades cotidianas y su desempeño como trabajadora resulta aún más complejo. Refiere que no se realizó una adecuada evaluación médica de sus antecedentes. Del recurso de reposición conoció esa Comisión Médica Central en sesión N° 717 de 16 de septiembre de 2020. Discutido el caso, se concordó con el Médico Asignado, en cuanto a que las afecciones alegadas como invalidantes, aún no configuran impedimento que provoque un menoscabo laboral permanente. Por lo expuesto, mediante Resolución N° 9745/2020 de 4 de noviembre de 2020, se confirmó el rechazo de la solicitud de invalidez, por cuanto las patologías alegadas como invalidantes, estaban bajo tratamiento y observación médica por lo que el impedimento no se encuentra configurado.

Finalmente, la recurrente presentó un recurso extraordinario de revisión, considerando que no fue bien evaluada en su presentación, apelación y recurso de reposición. Refirió que no se realizaron estudios y evaluaciones por especialistas para evaluar en su real magnitud los impedimentos que padece, a pesar de entregar antecedentes médicos suficientes para ello. Solicitó una reevaluación de su caso. Esa Comisión Médica Central en sesión N° 170 de 3 marzo de 2021, conoció del referido recurso, la que determinó que de acuerdo con las Normas de evaluación y Calificación del grado de invalidez, el impedimento Lupus eritematoso sistémico en remisión (desaparición completa de los síntomas y signos de la enfermedad), sin tratamiento actual, no puede ser configurado, ya que además se establece que no presenta interferencias en actividades de la vida diaria. Los impedimentos Fibromialgia y Depresión, a la data de su evaluación, los tratamientos instaurados eran optimizables, considerando que la afiliada mantenía controles regulares con Reumatólogo y Psiquiatra. Por lo tanto, los impedimentos invocados estaban efectivamente no configurados. Además de ello, se determinó que el Recurso Extraordinario de Revisión no cumple los requisitos que, para ser acogido a tramitación, exige la Ley Nº 19.880. Por tanto, propone no acoger a trámite este Recurso Extraordinario de Revisión. En mérito de lo señalado, esa Comisión Médica Central a través de la resolución N° 2053/2021, de 3 de marzo de 2021, rechazó el recurso de revisión extraordinario de revisión, confirmando las resoluciones N° 9745/2020 y 8443/2020 que decidieron no otorgar invalidez a la recurrente, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes aún están bajo observación y tratamiento médico por lo que el impedimento no se encuentra configurado.

Expone la normativa aplicable al caso y concluye que en esta materia el legislador ha establecido un procedimiento médico administrativo especial, de evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas, para lo cual gozan de autonomía, no obstante que deben actuar con estricto apego a las Normas de evaluación, reservándose privativamente a la Superintendencia de Pensiones la facultad fiscalizadora del Sistema.

Refiere que, a su vez, el inciso cuarto del artículo 11 del D.L. N° 3.500 dispone que los afiliados que requieran pensión de invalidez deberán someterse a los exámenes que les solicite la Comisión Médica Regional. Los exámenes serán decretados por dicha Comisión y financiados por las administradoras, en el caso de los afiliados no cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59, por las compañías de seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, del referido texto legal.

Explica que la enfermedad o debilitamiento de las fuerzas físicas o intelectuales que afecta la capacidad de trabajo se denomina “Impedimento” en el programa de pensiones de la Seguridad Social. La pérdida de la capacidad de trabajo se denomina “Menoscabo Laboral” y se expresa en términos porcentuales como parcial de un segmento y global de la persona. Refleja el impacto que los Impedimentos y Factores Complementarios ocasionan sobre las actividades de la vida diaria y exigencias del trabajo. Su determinación es propia de las Comisiones Médicas. La relación causa-efecto entre Impedimento y Menoscabo permite declarar la invalidez. Los impedimentos pueden encontrarse configurados o no configurados. Sólo los impedimentos configurados permiten asignar el menoscabo laboral porcentual que dictan estas normas.

Precisa que para que el impedimento sea configurado, requiere cumplir con los requisitos que indica y en ausencia de alguno de ellos, no procederá asignar menoscabo laboral permanente.

Aclara que los Impedimentos no configurados no señalan ausencia de enfermedad, sólo el incumplimiento de las condiciones que permiten considerarlo para calificar la invalidez, siendo esta la situación del recurrente.

Estima que la actora pretende atribuir a esa Comisión Médica Central un acto ilegal y arbitrario al emitir la Resolución N° C.M.C. 2053/2021 de 3 de marzo de 2021. Sin embargo, dicha Resolución emanó de un órgano competente, en el ejercicio de sus facultades legales, conforme lo prescriben los artículos 4° y 11 del D.L. N° 3.500 de 1980 y, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por dicho cuerpo legal; además estima que las Resoluciones de esa Comisión Médica Central se encuentran debidamente motivadas, luego de un debido razonamiento de todos los antecedentes médicos recabados, habiéndose efectuado todos los estudios necesarios frente a las reclamaciones realizadas por la recurrente, más allá de que lo resuelto por éstas no sea compartido por ella. De lo señalado, dice que no ha existido ilegalidad alguna en el proceso de evaluación y calificación de invalidez de la recurrente. Agrega que la recurrente puede solicitar en cualquier momento hasta antes de cumplir sesenta y cinco años de edad y de pensionarse por vejez, una nueva solicitud de pensión de invalidez, sin necesidad de tenerlo que requerir por medio de esta acción cautelar.

Reafirma que lo actuado por su representada ha sido el resultado de un procedimiento legal, técnico científico, debidamente razonado a la luz de los resultados de las pericias médicas y exámenes complementarios y de lo previsto para cada impedimento por las Normas de Evaluación, de modo que nada hay de arbitrario en ello, resoluciones que se encuentran debidamente fundadas y que tampoco se puede considerar que su actuar se debió a un capricho o mera liberalidad.

Expresa que al rechazar una solicitud de invalidez, debidamente fundada, esa Comisión Médica Central no ha cometido acto u omisión alguna que produzca agravio a la recurrente en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales por los que recurre de protección, más aún cuando no ha individualizado ni especifica cual o cuales serían las garantías constitucionales vulneradas.

Finalmente, y para el improbable caso que se acoja este recurso, alega la improcedencia de la condena en costas, por cuanto corresponde a una sanción al litigante de mala fe, una medida de carácter económico que no forma parte del asunto controvertido.

Informó don nombre reservado, Profesional, Presidente Regional COMPIN Región del Bio-bío, respecto al estado de la licencia médica N° RUT reservado, correspondiente a doña nombre reservado. Al respecto, señala que según la facultad de revisión de los actos administrativos otorgada a través de los artículos 14, 16, 21 y 48 de D.S N°3/1984, el caso de la Sra. nombre reservado fue evaluado nuevamente por esa COMPIN Provincial Concepción, en el cual se resolvió autorizar la licencia médica recurrida con fecha 15 de junio de 2021.

Informó doña nombre reservado, nombre reservado de la Comisión Médica Regional de Concepción, quien indica que la señora nombre reservado, el 16 de marzo de 2020, presentó solicitud de pensión de invalidez ante AFP Capital S.A., que fue conocida por esa Comisión Médica Regional. Alegó como enfermedad invalidante: Lupus Erimatoso Cutaneo Subagudo, Fibromialgia, Depresión, Trastorno del sueño, Bruxismo y Jaqueca. Que, para efectos de determinar con la mayor rigurosidad posible el real estado o condición de salud de la actora, en consideración al impedimento invocado por ella y teniendo en cuenta la situación sanitaria que vive el país a la data de la evaluación, la recurrente el 26 de mayo de 2020, con la Dra. Susanella Burotto, fue evaluada de manera telemática (entrevista telefónica).

Expone que estudiados los antecedentes del caso por esa Comisión Médica Regional en sesión N° 116 de 3 de junio de 2020, se tuvo en cuenta que del análisis de los antecedentes recabados, la Dra. Susanella Burotto Vergara, médico asignada al caso, concluyó que la señora nombre reservado, presenta como impedimentos: Fibromialgia no configurado, LES (Lupus eritematoso sistémico) cutáneo no configurado y Depresión no configurado. Asimismo señala que la recurrente fue entrevistada telefónicamente y que discutido el caso sobre la base de los antecedentes contenidos en el expediente, esa Comisión Médica Regional de Concepción concordó con el Médico Asignado, en el sentido que las afecciones acreditadas por la recurrente, fibromialgia, LES cutáneo y depresión, no configuran impedimento, porque conforme describieron los especialistas tanto la fibromialgia como la depresión están siendo tratados médicamente, con optimización de dichos tratamientos (para depresión se incorporó psicólogo) y, el lupus eritematoso sistémico se encuentra en remisión, razón por la cual concluyó el tratamiento, conforme corroboró la propia afectada.

Sostiene que en virtud de lo expuesto, mediante Dictamen de Invalidez N° 010.3187/2020 de 3 de junio de 2020, esa Comisión Médica Regional de Concepción rechazó la solicitud de pensión de invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes, están en tratamiento y observación médica. Frente a ello, el 22 de julio de 2020, la recurrente interpuso reclamo en contra del referido Dictamen de Invalidez, manifestando su disconformidad con lo resuelto. Refirió que, además de las enfermedades evaluadas, presenta Bruxismo, Jaqueca, Trastorno del Sueño, Síndrome de intestino y vejiga irritables (con incontinencias urinaria y fecal). Acompañó antecedentes: Dermatólogo Dr. Lefimil (sin lugar ni fecha de expedición): Lupus eritematoso sistémico (LES) con compromiso cutáneo. La Psiquiatra Dra. Rebolledo (Hospital Higueras - enero 2020): señaló antiguo Trastorno de ansiedad asociado a Fibromialgia. Por la gran cantidad de Licencias médicas, el médico tratante sugirió a la recurrente que iniciara tratamiento de invalidez. La Dra. Nass Reumatóloga del (Hospital Higueras - julio 2020), coincidente con todos los diagnósticos que reclama la afiliada, estima que debe invalidarse.

Indica que de la apelación conoció la Comisión Médica Central, la cual mediante en sesión N° 605, mediante Resolución N° C.M.C. 8443/2020 de 6 de agosto de 2020, rechazó el reclamo y confirmó el Dictamen de Invalidez N° 010.3187/2020 de la Comisión Médica Regional de Concepción, que rechazó la solicitud de invalidez, por cuanto las patologías alegadas como invalidantes aún están bajo tratamiento y observación médica, por lo que no configuran impedimento. Posteriormente, la recurrente interpuso un recurso de reposición administrativo en contra de la Resolución de la Comisión Médica Central, fundamentando, que en el año 2013 le diagnosticaron lupus eritematoso. Además de una serie de inflamaciones inespecíficas. Asimismo, refirió que a mediados de 2019 le diagnosticaron Fibromialgia y en octubre de 2019 un Trastorno ansioso, como consecuencia de la Fibromialgia. Señala que estas enfermedades no le permiten un desarrollo adecuado de sus actividades cotidianas y su desempeño como trabajadora resulta aún más complejo. Refiere que su situación es cada vez más grave, sin que el tratamiento médico recibido haya producido algún resultado. Señala que no se realizó una adecuada evaluación médica de sus antecedentes.

Agrega que del recurso de reposición administrativo conoció nuevamente la Comisión Médica Central en sesión N° 717 de 16 de septiembre de 2020, procediendo mediante Resolución N° 9745/2020 de 16 de septiembre de 2020, a confirmar el rechazo de la solicitud de invalidez, por cuanto las patologías alegadas como invalidantes, estaban bajo tratamiento y observación médica por lo que el impedimento no se encuentra configurado. Finalmente, la recurrente presentó un recurso extraordinario de revisión, por considerar que no fue bien evaluada en su presentación, apelación y recurso de reposición. Refirió que no se realizaron estudios y evaluaciones por especialistas para evaluar en su real magnitud los impedimentos que padece, a pesar de entregar antecedentes médicos suficientes para ello y solicitó una reevaluación de su caso. Sin embargo, la Comisión Médica Central a través de la resolución N° 2053/2021, de 3 de marzo de 2021, resolvió rechazar el recurso de revisión extraordinario de revisión, confirmando sus resoluciones N° 9745/2020 y 8443/2020 que decidieron no otorgar invalidez a la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA:

1.- Que, primeramente, la Comisión Médica Central, en adelante “CMC”, ha alegado la falta de legitimación pasiva tanto de su parte, como de la Comisión Médica Regional, en adelante “CMR”, para ser recurridas de protección, por cuanto no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios y son supervigiladas por la Superintendencia de Pensiones conforme con las disposiciones del D.L. N° 3.500, de 1980 y D.S. N° 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que contiene el Reglamento de dicho decreto ley, que invoca, de modo que su representación judicial corresponde al Consejo de Defensa del Estado.

2.- Que, resulta útil tener presente que la falta de legitimación pasiva ha sido entendida como aquella cualidad que debe poder encontrarse en el demandado- recurrido- y se identifica con el hecho de ser la persona que, conforme a la ley sustancial, está legitimada para discutir y oponerse a la pretensión hecha valer por el demandante, -recurrente-, en su contra, por lo que únicamente a él le corresponderá contradecir la pretensión y sólo en su contra se podrá declarar la existencia de la relación sustancial objeto del recurso.

3.- Que, no se acogerá la alegación antes referida, toda vez que el acto respecto del cual se recurre, emana precisamente de la CMC, pero también se relaciona con actos anteriores dictados por la CMR; luego, si fuere procedente, correspondería determinar si los actos de dichas comisiones resultan o no arbitrarios o ilegales como lo plantea el recurrente, no resultando pertinente que, bajo el arbitrio de carecer de personalidad jurídica y patrimonio propio, y, por consiguiente, que debió recurrirse en contra del Consejo de Defensa del Estado, no pueda interponerse en su contra un recurso de protección por actos realizados en el ámbito de sus funciones. Ello, sin perjuicio de quien deba, en definitiva, asumir su representación jurídica.

II.- EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.

4.- Que, asimismo, la CMC alegó la improcedencia de la acción deducida, por cuanto la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección. Ello por cuanto es posible amparar por esta vía el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes y no un pronunciamiento declarativo como el que pretende el recurrente, ni que se deje sin efecto un acto administrativo como es la Resolución de la CMC, pues son cuestiones de fondo que constituyen materia de lato conocimiento.

5.- Que, atendido que las garantías que se invocan como afectadas por el actuar de la recurrida se encuentran dentro de la enumeración prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esto es, las de los números 2 y 24 del artículo 19 de la misma, esta alegación igualmente ha de ser desestimada.

III.- EN CUANTO AL FONDO.- 6.- Que, para que proceda el recurso de protección, se requiere que se hayan efectuado actos u omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

7.- Que, es requisito esencial de la expresada acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, vale decir, contrario a derecho, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho que quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos más arriba indicados, afectando una o más de las garantías que por este recurso se protegen.

8.- Que, la recurrente expresó que debido a múltiples problemas de salud que se originaron en el año 2013 con un Lupus Eritematoso cutáneo subagudo, se ha mantenido en constantes consultas y tratamientos médicos, con nuevas patologías, y en tratamiento psicológico y siquiátrico. Que, por recomendación de su médico tratante y tras varias licencias médicas, inició el 16 de marzo de 2020, los trámites para la Calificación de Invalidez ante la Superintendencia de Pensiones, a través de la CMR, la que le fue rechazada por estimarse que “las enfermedades alegadas como invalidantes, están bajo observación y en tratamiento médico, no habiéndose configurado aún la pérdida de a lo menos en 50% de la capacidad de trabajo”; esta resolución fue apelada, y la CMC la confirmó; interpuso recurso de reposición ante la misma Comisión Médica Central, el que fue rechazado; alegó que solo fue entrevistada en forma telefónica, no existiendo nuevos peritajes; que, mismo resultado tuvo el Recurso Extraordinario de Revisión que fue resuelto el 03 de marzo último.

La recurrida, CMR, en síntesis, manifestó que efectivamente la actora presentó el 16 de marzo de 2020 solicitud de pensión de invalidez, alegando como enfermedad invalidante: Lupus eritematoso, fibromialgia, depresión, trastorno del sueño, bruxismo y jaqueca; que el médico asesor asignado realizó entrevista telefónica y estudió los antecedentes. Que, conociendo del asunto en una primera instancia la CMR, resolvió el 3 de junio de 2020, en forma negativa, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes, están en tratamiento y observación médicas; que el 22 de julio de 2020 la reclamante recurrió ante la CMC, la que por dictamen 6 de agosto del mismo año, rechazó el reclamo y confirmó lo resuelto por la CMR; luego interpuso recurso de reposición administrativa, el que también fue rechazado por resolución de 4 de noviembre de 2020, e igual suerte corrió el recurso extraordinario de revisión resuelto el 3 de marzo de 2021, fundado en que las enfermedades alegadas como invalidantes, aún están bajo observación y tratamiento médico, por lo que el impedimento no se encuentra configurado. En suma, no se otorgó lo pedido por la actora, por no darse las exigencias legales, de acuerdo a los antecedentes tenidos en consideración y que detalla latamente.

9.- Que, como puede observarse, de lo expresado por la parte recurrente y recurrida y de los antecedentes acompañados por ambas (folios 1 y 16), la resolución recurrida de 3 de marzo del presente año, ha sido adoptada por la Comisión Médica Central, en uso de las facultades exclusivas que le confieren los artículos 4, 11 y 22 del DL 3.500 de 1980 y 60 de la Ley 19.880 y disposiciones del Reglamento del citado D.L. 3500, contenido en el D.S 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La resolución se encuentra además motivada, razonada y adoptada previo estudio y análisis que la situación ameritaba, tanto con los informes y exámenes médicos ordenados por los integrantes de la Comisión a la recurrente, como también con los aportados por ésta, especialmente los de sus médicos tratantes; estableciéndose que las patologías alegadas como invalidantes tienen tratamientos pendientes, por lo que con ello no se puede otorgar invalidez, ya que se deben agotar dichos tratamientos.

10.- Que, por lo demás, el acto administrativo recurrido se presume legal por el solo ministerio de la ley (artículo 3 de la Ley 19.880), de modo que los aspectos en que se funda esta acción, no pueden ser alegados en esta sede por el recurrente y si éste pretende desvirtuarlos, debe hacerlo en un procedimiento administrativo o en uno contencioso administrativo, no siendo el recurso de protección la vía para ello.

En efecto, dadas las características esenciales de esta acción de cautela de derechos constitucionales, su tramitación está encaminada a decretar o dar curso a diligencias y medidas breves y sumarias, destinadas a conceder la protección que demanda el afectado, si en definitiva sus derechos son ciertos o están indubitadamente comprobados, y si éstos, en su caso y los hechos sobre los cuales se invocan, no son controvertidos con fundamentos plausibles.

11.- Que, ello es así, por cuanto este recurso no ha sido creado por el constituyente como medio fácil y expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes, con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, rendir sus pruebas y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio resuelva y declare que tiene la razón y el derecho que reclama.

12.- Que, en este contexto, “ dejar sin efecto la resolución que rechaza la declaración de invalidez o, en subsidio, ordenar se disponga una reevaluación de su condición de salud y grado de invalidez por una comisión de médicos diversa de los que han intervenido en el proceso…” a la recurrente para tener derecho a una pensión de invalidez, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y resolver materias propias de otro procedimiento, según se trate la acción que la misma parte estime le asiste con motivo de los hechos en que sustenta su recurso, sin que esta Corte pueda entonces adoptar las medidas -propias de un procedimiento declarativo- por ésta impetradas.

13.- Que, por último, se dirá que el hecho de que no se haya practicado un informe “presencial” de sus patologías a la recurrente, sino sólo a través de la vía telemática debido a la pandemia que afecta a nuestro país y al mundo, si bien pudo haberle causado una afectación o daño a su salud, ello no puede configurar una ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, ya que no reviste la magnitud necesaria para causar una vulneración de sus garantías constitucionales, todo lo cual conduce al rechazo del mismo.

14.- Que, estimando que la recurrente ha tenido motivo plausible para accionar, no será condenada al pago de las costas del recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se decide:

1.- Que se rechazan las alegaciones de falta de legitimación pasiva y de improcedencia de la acción interpuestas por la parte recurrida.

2.- Que, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, en contra de la Comisión Médica Central.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Vivian Toloza Fernández, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en visita a tribunales.

Rol Protección 1581-2021.