Protección contra la A

C.A. de Concepción Concepción, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece el abogado don Gabriel Rozas Caamaño, en representación de la Sociedad “ESTUDIO JURÍDICO nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA”, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la A.F.P. CUPRUM S.A, agencia Los Ángeles, representada por doña nombre reservado, jefe de agencia, o por quien la subrogue o remplace, domiciliada en domicilio reservado.

El acto que motiva la interposición del recurso lo hace consistir, en la publicación efectuada en el Boletín Comercial número 0178, página 68738 de 11 de junio último, por una “presunta morosidad”, de la que tomaron conocimiento el 18 de junio de 2019, por una “supuesta deuda” con la AFP CUPRUM S.A., correspondiente a prestaciones pagadas.

Expone, en síntesis, que la sociedad recurrente fue demandada, el 18 de junio de 2007 en juicio ejecutivo laboral de cobro de imposiciones por A.F.P. CUPRUM S.A. en causa Rol 15.935 del Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles; y el 20 de agosto del año 2007 en causa Rol 16.222 del Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles las que se acumularon con el Rol 15.770. Aduce que la liquidación de la deuda practicada en su oportunidad por el Tribunal fue totalmente pagada por la sociedad, según consta de certificación que rola a fojas 18 de 3 de noviembre del año 2009. Debido a lo anterior, la publicación que hiciera CUPRUM es ilegal y arbitraria, porque se refiere a una deuda inexistente, lo que ha provocado dificultades para obtener créditos y ha dañado la imagen que ha logrado construir por más de 40 años, causándoles graves perjuicios. Asevera, que cuando se tramitaba un crédito en el Banco de Chile para llevar a cabo el plan de desarrollo de una empresa agrícola, ligada a la sociedad, fue el Banco quien le comunicó a la recurrente, vía mail, la existencia de la referida publicación.

Denuncia conculcadas las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 4, 21, 23 y 24 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja este recurso, con costas, y se resuelva que la recurrida ha incurrido en un actuar arbitrario e ilegal afectando los derechos y garantías constitucionales de la Sociedad recurrente, al publicar en el Boletín Comercial, una deuda inexistente, por lo que debe ser eliminada como deudora morosa del referido Boletín Comercial y cualquier otra medida que se estime pertinente.

Informó el recurso la abogada doña María Paz Ihnen Franke, en representación de la recurrida A.F.P. Cuprum S.A.

Sostiene, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, inciso catorce, del D.L. N°3.500, de 1980, las AFP están obligadas a seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses. En virtud de lo anterior, y dada la existencia de “Cotizaciones Declaradas y No Pagadas” por la sociedad recurrente, la AFP Cuprum dirigió la acción en contra del estudio jurídico, en su calidad de empleador. El juicio corresponde al Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles en causa acumulada Rol 15.770-2007. Los períodos demandados fueron los meses de octubre de 2006, diciembre de 2006 y febrero de 2007. En el contexto de dicho procedimiento la demandada consignó $156.003 el 10 de diciembre de 2008 y $104.000 el 10 de agosto de 2009.

Manifiesta que, para la imputación de dichos pagos, debe seguirse el orden de prelación dispuesto en el Capítulo VIII, Letra B, Título IX, Libro II, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Dicho orden de prelación indica que deberán preferirse los intereses, reajustes, nominal, recargos y costas.

Añade que de la aplicación del citado orden de prelación resultó lo siguiente: Periodo octubre 2006, declarado nominal $52.001, estado de deuda, pagado. Período diciembre 2006, declarado nominal $52.001, estado de deuda, pagado. Período febrero 2007, declarado nominal $52.001, estado de deuda, vigente.

La primera consignación de $156.000 de 10 de diciembre de 2008, cubrió el período de octubre de 2006, pero que - a la fecha del pago- ascendía a $ 88.386. Así, resultó una diferencia a favor de $67.617.-, la cual fue destinada a abonar la planilla que comprendía el período de diciembre de 2006, periodo cuya deuda -a la fecha de pago- ascendía a $ 85.329, producto de dicho abono, quedó un saldo pendiente de pago de $ 17.712. La segunda consignación, realizada el 10 de agosto de 2009 por $104.000, cubrió el saldo pendiente de la planilla de diciembre de 2006, cuya deuda, -a la fecha de pago- ascendía a $20.914.- resultando un saldo a favor de $83.086. Dicho saldo fue destinado como abono a la planilla de febrero de 2007, por tanto, el saldo pendiente de pago fue de $14.224.- En conformidad con la normativa aplicable, se debe agregar a dicho saldo pendiente, la suma de $10.000.- por concepto de costas personales de modo que la deuda asciende a $24.224.-, que siguió generando intereses, reajustes y recargos, los que no han sido considerados por la recurrente.

Destaca, que la liquidación acompañada en autos, en la que se funda este recurso, es de 15 de enero de 2009, mientras que la consignación realizada por la recurrente se hizo el 10 de agosto de 2009, es decir, siete meses después de emitida la liquidación, durante los cuales no actualizaron los reajustes e intereses de la deuda. Por consiguiente, y si bien se ha consignado en dos oportunidades, el saldo insoluto se mantiene en los registros morosos correspondiente a la actora.

Hace presente además, que en el Capítulo II, Letra A sobre “Información de empleadores morosos para efectos del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, Título X, Libro II, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, se establecen los siguientes requisitos copulativos para que un empleador, con cotizaciones declaradas y no pagadas, sea publicado en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional: (i) Hayan declarado y no pagado cotizaciones previsionales por uno o más meses de remuneraciones devengadas hasta el segundo mes anterior al mes del envío de la información, y (ii) No hayan efectuado al día 25 o hábil siguiente si éste fuere sábado, domingo o festivo, del mes de envío de la información, pagos totales por los períodos declarados, lo que faculta a la AFP a proceder con la publicación.

En este caso, el recurrente cumple ambos requisitos y, por tanto, la inclusión en el citado Boletín no tan sólo era procedente, sino que la AFP estaba obligada a informar. En estas circunstancias, concluye, que no se ha ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario, toda vez que se ha actuado con diligencia y en concordancia con la normativa aplicable. En cuanto a que recién con fecha 18 de junio del presente año habría tomado conocimiento de su inclusión en el Boletín Comercial, afirma que dicha inclusión le corresponde a Equifax, y al solicitar los respaldos a dicha entidad, se indicó que estos deben ser gestionados por el tribunal.

Refiere, además, que el Boletín de infractores de la legislación laboral y previsional, es elaborado y administrado por la respectiva Dirección del Trabajo, por lo que la AFP no puede incluir o eliminar determinada información de tal registro, ya que aquello es de cargo y responsabilidad de la Dirección del Trabajo, por lo que no existe un actuar ni arbitrario ni ilegal imputable a su parte.

También expone, que es la Dirección del Trabajo quien publica el Boletín de Infractores de Deuda Previsional, a través de los respectivos certificados de antecedentes laborales y previsionales que extiende. Lo anterior se funda en las competencias conferidas por el DFL N° 2 de 1967, entre ellas, la contemplada en su artículo 43, como en la Ley N° 20.123 y las facultades fiscalizadoras contempladas en el artículo 19 del D.L. 3.500 de 1980. En relación con la obligación que tiene CUPRUM para enviar la nómina de empleadores morosos, se encuentra regulada en el Compendio de Normas Previsionales de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título X, Letra A relativo a “Información de empleadores morosos para efectos del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, cuyo Capítulo I “Aspectos generales”, establece que la Dirección del Trabajo tiene a su cargo la elaboración y publicación del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, confeccionado tanto a partir de la información emanada de su propio actuar institucional como de la suministrada por todas las entidades previsionales del país, ya sean de carácter público como privado, entre las que se encuentran las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Así, afirma que las A.F.P. deben enviar a la Dirección del Trabajo la información relativa a empleadores morosos. De este modo, la información que utiliza la Dirección del Trabajo para publicar el registro o Boletín de infractores de la legislación laboral y previsional, se nutre en gran medida con la información que proporciona las AFP. Sin embargo, la decisión de publicar aquello en el Boletín de infractores de la legislación laboral y previsional es de exclusivo resorte de la Dirección del Trabajo, siendo de su exclusiva responsabilidad.

Requerida AFP Cuprum S.A. de un nuevo informe como medida para mejor resolver, respecto de la fecha en que remitió la información que motiva este recurso de protección a la Dirección del Trabajo de Concepción, afirmó que la sociedad recurrente registra una morosidad por $52.001.- que corresponde a la cuenta de cotización obligatoria, que ha sido declarada y no pagada por el empleador respecto de su trabajadora doña nombre reservado, por el mes de febrero de 2007. Y se ha informado a la Dirección del Trabajo, la deuda antes mencionada desde el 29-05-2008, y la última vez el 30-09-2019. Verificándose en dicho lapso el envío de la información en los meses de enero , marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, conforme a las instrucciones ordenadas por la regulación previsional.

Informó la Cámara de Comercio de Santiago A.G. por medio del abogado don Francisco Arthur Errázuriz, quien manifestó que en el boletín que publica la Cámara de Comercio de Santiago A.G. correspondiente a infracciones a la legislación laboral y previsional, figura una anotación de la sociedad recurrente por la suma de $52.001.- con la A.F.P. Cuprum, que corresponde a la cotización de salud del mes de febrero de 2007 de su trabajadora, doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado.

En relación con la responsabilidad del Banco de Datos expresa que es la Dirección del Trabajo quien recopila de las AFP, del INP, de la Administradora del Fondo de Cesantía, del Fondo Nacional de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional, de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de las Mutualidades de Empleadores y del Instituto de Seguridad Laboral, las nóminas de empleadores morosos en el pago de las cotizaciones respectivas, como asimismo, dispone de la información que da cuenta de los empleadores morosos en el pago de las multas administrativas que ella impone en el ejercicio de su labor fiscalizadora y de aquellas cursadas por el Fondo Nacional de Salud.

Con los antecedentes antes referidos la Dirección del Trabajo ha encomendado a la empresa Equifax Chile S.A., la elaboración, administración, difusión y distribución del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, mediante contrato de 15 de Noviembre de 2010, el que ha sido aprobado por dicho organismo fiscalizador, mediante Resolución Exenta N° 1566 de fecha 24 de Diciembre del mismo año 2014. Refiere, además, la Cámara de Comercio de Santiago A.G. ha suscrito con la empresa Equifax Chile S.A. un contrato de licencia de uso de carácter temporal, para cada edición del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, contrato en virtud del cual la actualización del mencionado boletín corresponde directamente a Equifax Chile S.A., quedándole expresamente prohibido a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. efectuar cualquier clase de eliminaciones o aclaraciones.

Asimismo, en caso que los titulares de los datos requieran la eliminación o modificación de antecedentes contenidos en el Boletín de Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, el referido impone a ella la obligación de indicar al recurrente que debe efectuar su presentación en la Dirección del Trabajo o en cualquiera de las oficinas de la empresa Equifax Chile S.A. Y en relación con la mantención de la información, afirma que la Superintendencia de Pensiones ha establecido en el Compendio de Pensiones, que constituye una obligación legal para las AFP, que no se deberá enviar información de empleadores morosos una vez trascurrido el plazo de cinco años contado desde que la respectiva cotización se hizo exigible, sólo cuando éstos sean personas naturales. En este caso, correspondiendo los datos en cuestión a una persona jurídica, la sociedad Estudio Jurídico nombre reservado y Compañía Limitada, no aplican las instrucciones de carácter obligatorio que la Superintendencia de Pensiones ha impartido a las instituciones sometidas a su fiscalización.

Destaca que no se ha acreditado por parte de la sociedad recurrente la extinción de las obligaciones morosas previsionales informadas en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional lo que debería dejar de publicarse cuando ellas han sido pagadas o se han extinguido por alguno de los otros modos de extinguir las obligaciones de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico.

Informó el abogado Jorge Contreras Concha, en representación de la Dirección del Trabajo, quien expuso que si bien si bien la recurrente no acusa a dicho organismo fiscalizador, algún acto u omisión arbitrario o ilegal, y este solo es atribuido a la AFP Cuprum S.A. por la publicación señalada en el Boletín de Infractores de la legislación laboral y previsional, es lo cierto, que corresponde a la Dirección del Trabajo el administrar y disponer tal publicación, esto considerando especialmente lo dispuesto en el artículo 43 del D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, teniendo presente que la recopilación de datos asociados a deudas previsionales y su administración también se efectúa para fines de fiscalización del cumplimiento efectivo de las leyes laborales y previsionales, actividad propia de este Servicio.

Sostiene, que la la Dirección del Trabajo se encuentra facultada para realizar el tratamiento de datos que implica la publicación de las deudas laborales y previsionales en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, y al ser la recurrente una persona jurídica, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N°19.628, en caso de considerarse aplicable esta normativa a la persona jurídica de Estudio Jurídico nombre reservado y Cía. Ltda., no requeriría autorización para el tratamiento de la información asociada a deudas previsionales al ser materias propias de su competencia, debiendo señalar que, en tal caso, esta información en cuanto a su contenido, es suministrada directamente por las propias AFP y con ello la Dirección debe emitir o confeccionar los respectivos certificados, aspecto que para su correcto desarrollo cuenta con un servicio de apoyo licitado.

Igualmente, afirma que la AFP Cuprum S.A., tiene la obligación de enviar una nómina de empleadores morosos en materia previsional a la Dirección del Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Compendio de Normas Previsionales de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título X, Letra A "Información de empleadores morosos para efectos del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, Capítulo I. A su vez, el Capítulo II de dicha normativa, establece la periodicidad bimestral del envío así como el contenido de la información a remitir. Agrega que entre la Dirección del Trabajo y la empresa EQUIFAX S.A., se celebró un contrato por el que se entregó la elaboración, administración, distribución y difusión del Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional, que ha implicado la debida publicación de los antecedentes de la empresa Estudio Jurídico nombre reservado y Cía. Ltda., a través de la información entregada por la AFP Cuprum S.A.

Estima que el recurso debe ser rechazado debido a que no existe una acción u omisión reprochable por parte de la administración, por el contrario, se trata del cumplimiento de las competencias propias de la Dirección del Trabajo, sustentado en las facultades otorgadas en el D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo, el Código del Trabajo y el D.L. 3.500 de 1980.

Requerida la Dirección Regional del Trabajo para que precisara la fecha en que remitió la información a Dicom Equifax relacionada con la sociedad recurrente Estudio Jurídico nombre reservado y Cía. Limitada, aseveró, que la remisión de las deudas por parte de los organismos previsionales se materializa mediante el depósito de la información en una casilla SFTP y que es leída inmediatamente por Dicom Equifax para proceder a su publicación. En ese contexto, AFP Cuprum S.A. puso a disposición el archivo de deudores morosos previsionales en la casilla institucional SFTP el 30 de septiembre de 2019, fecha en que dicha información quedó a disposición de Dicom Equifax.

Informó Servicios Equifax Chile Limitada, por medio de los abogados don Carlos Dávila Izquierdo y doña María Francisca Ahumada Alarcón.

Manifestaron que el registro o banco de datos responsable de los antecedentes materia del presente recurso, es la Dirección del Trabajo, a través del Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional. La Dirección del Trabajo recopila, conserva, difunde y administra datos personales relativos al cumplimiento de las obligaciones que versen sobre cotizaciones previsionales y de salud.

Exponen que el artículo 19 de D.L 3.500 de 1980, establece que corresponderá a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones que sobre cotizaciones a las A.F.P les impone a los empleadores el citado decreto ley. El artículo 30 de la Ley 18.933 es de igual tenor respecto de las cotizaciones de salud a las ISAPRES y el artículo 505 del Código del Trabajo dispone que el cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación le corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que lo rigen; los funcionarios públicos deberán informar a la Dirección del Trabajo respectiva, las infracciones a la legislación laboral de que tomen conocimiento en el ejercicio de su cargo. Igual obligación establecía con anterioridad a la reforma laboral, el artículo 476 del Código del Trabajo, además, tanto para la confección como la difusión o comunicación de la información contenida en el Boletín, cabe tener presente la labor de certificación pública de la infraccionalidad laboral y previsional que le encomiendan, entre otros, los artículos 43 del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y todo el conjunto normativo incorporado por la Ley N°20.123 de 2005.

En cuanto al fondo del asunto, expresan que en el giro de su actividad, Equifax procesa y transmite en línea, el denominado “Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional” con información que bajo su exclusiva responsabilidad recopila la Dirección del Trabajo con las Multas e Imposiciones adeudadas a los Trabajadores, conforme los antecedentes que le aportan la Inspecciones del Trabajo, Instituto de Normalización Previsional y las distintas AFP. Refieren también, que los datos del Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional son incluidos en los informes Equifax debido a que la Dirección del Trabajo llamó a Licitación Pública para la Elaboración, Administración, Distribución y Difusión del Boletín antes indicado y ajustándose al procedimiento definido, Equifax se adjudicó la licitación, suscribiendo con la Dirección del Trabajo el 18 de Julio de 2000 el contrato respectivo. Más tarde, el 15 de noviembre de 2010, se celebró otro contrato entre la Dirección del Trabajo y Equifax mediante el cual la primera entregó a Equifax la elaboración, administración, difusión y distribución del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, actualmente vigente entre las partes. Es así como la información sobre Multas e Imposiciones adeudadas se envía por la Dirección del Trabajo a Equifax con indicación de los nombres de los infractores y/o morosos; RUT; monto adeudado, sin que Equifax tenga responsabilidad alguna en la recopilación de los antecedentes que transmite en línea. Agregan, que es la Dirección del Trabajo y/o las AFP, informan por escrito a Equifax los pagos de los morosos, en cumplimiento del contrato ya señalado, con las constancias de las instituciones antes indicadas, actualizando, aclarando, cancelando y/o eliminando las multas, infracciones y/o dudas que puedan plantearse respecto de la información entregada. Concluyen, que EQUIFAX ha obrado de buena fe, de forma diligente y con apego a sus obligaciones legales y contractuales, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en los contratos suscritos con la Dirección del Trabajo y a la ley aplicable a la materia, no habiendo cometido infracción alguna.

Se ordenó traer los autos en relación.

Para mejor acierto del fallo, el 28 de octubre último, se decretaron las diligencias que se dieron por cumplidas el 15 de noviembre en curso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°) Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

3°) Que, en el caso de que se trata, quien recurre de protección en representación de la Sociedad Estudio Jurídico nombre reservado y Compañía, ha tildado de arbitrario e ilegal la publicación “infundada” efectuada en el Boletín Comercial N° 178, página 68738 de 11 de junio de 2019, por una “presunta morosidad” con la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A. contra quien ha enderezado esta acción.

Sostiene, que en el juicio Rol N° 15.770 sobre procedimiento ejecutivo laboral especial de cobro de cotizaciones previsionales, seguida en su contra por la AFP ante citada, la sociedad pagó “la liquidación de la deuda”.

Lo que se solicita, es que la referida sociedad sea eliminada de dicho Boletín.

4°) Que, por su parte, la recurrida A.F.P. CUPRUM manifestó, -en la parte que interesa para los fines del recurso-, que en el juicio Rol N° 15.770-2007 seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles, se demandó el pago de las cotizaciones declaradas y no pagadas por la sociedad recurrente de autos, correspondientes a los meses de octubre y diciembre de 2006, además de febrero de 2007.

Admite, que la ejecutada -hoy recurrente- efectuó dos consignaciones en dicho juicio, la primera el 10 de diciembre de 2008 por $156.003 y la segunda el 10 de agosto de 2009 por $104.000.

Y añade, que quedó un saldo pendiente de pago por $ 14.224 al que se debe agregar la suma de $ 10.000 a título de costas personales. En total, la sociedad quedó debiendo $ 24.224 suma que siguió generando intereses, reajustes y recargos.

En relación con la publicación hizo presente que el Boletín de Infractores de la Legislación Laboral y Previsional es elaborado y administrado por la Dirección del Trabajo, de modo que no tiene responsabilidad en ella.

5°) Que, por su parte la Dirección del Trabajo ha señalado, en síntesis, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del D.F.L N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, la recopilación de datos asociados a deudas previsionales, su administración y publicación constituye una labor propia de dicha entidad, en cumplimiento de su labor fiscalizadora, pudiendo aplicar sanciones administrativas, llevar un registro de infractores a las normas legales, así como también emitir certificados y boletines.

Y en cuanto al medio empleado para ello, afirmó que previa adjudicación de propuesta pública, suscribió un contrato con la empresa Equifax S.A. por medio del cual se le entregó la elaboración, administración, distribución y difusión del “Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”. Por tal razón dicha entidad publicó los antecedentes de la sociedad recurrente los que fueron proporcionados por la AFP Cuprum S.A.

6°) Que, la Cámara de Comercio de Santiago A.G. afirmó que efectivamente en el Boletín que publica dicha organización, que da cuenta de las infracciones a la legislación laboral y previsional, figura una anotación de la sociedad recurrente por la suma de $ 52.001 con la A.F.P. Cuprum, que corresponde a la cotización de salud del mes de febrero de 2007 de su trabajadora doña nombre reservado, cedula de identidad N° RUT reservado.

Aseveró que la referida publicación se efectúa en virtud de un contrato suscrito entre la Dirección del Trabajo y Equifax Chile S.A. además, la Cámara de Comercio de Santiago A.G ha suscrito un contrato con esta última empresa, para cada edición del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional estando expresamente prohibido a la Cámara de Comercio efectuar cualquier eliminación o aclaración, debiendo el interesado formular la petición en la Dirección del Trabajo o en Equifax.

7°) Que, con los antecedentes aportados a este recurso por las partes, que son apreciados conforme a la sana crítica, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

a) Que en causa Rol N°15.770 del Primer Juzgado de Letras de la ciudad de Los Ángeles, el 17 de abril de 2007 la A.F.P. Cuprum inició juicio ejecutivo en contra de la sociedad “Estudio Jurídico nombre reservado Ltda.” por adeudar la suma de $ 52.001 relativa a cotizaciones morosas correspondientes al mes de octubre de 2006.

b) A la causa antes indicada, se acumularon los juicios ejecutivos seguidos entre las mismas partes, Rol N° 15.935 y Rol N° 16.222.

En el primero de ellos, iniciado el 19 de junio de 2007 se perseguía el pago de $52.001 correspondiente al periodo diciembre del año 2006.

En tanto que, en el segundo, iniciado el 21 de agosto de 2007, se perseguía el pago de $ 52.001 correspondiente al mes de febrero de 2007.

c) El 10 de diciembre de 2008 la ejecutada consignó la suma de $156.003 correspondiente al capital adeudado, valor que fue retirado por la ejecutante, el 04 de febrero de 2009.

d) El 15 de enero de 2009 se practicó la liquidación del crédito, y estableció un saldo deudor igual a $94.000.- Y mediante resolución de 16 de enero de 2009, se regularon las costas personales a favor de la ejecutante en la suma de $10.000.- e) El 19 de octubre de 2009 la ejecutada incorporó a la causa, un comprobante de consignación del Banco del Estado, por la suma de $ 104.000.- para “el pago total de la liquidación”.

Dicho valor fue retirado por la ejecutante el 27 de enero de 2010.- Posteriormente, no se efectuaron otras peticiones en dicho procedimiento.

f) En el Boletín Comercial laboral de la Cámara de Comercio de Santiago, de 11 de junio de 2019, relativo a la sociedad recurrente, se publicó la deuda previsional por $52.001 correspondiente al mes de febrero de 2007 de la trabajadora doña nombre reservado.

8°) Que, de los hechos establecidos precedentemente se deduce que la publicación efectuada en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, que motivó la interposición de esta acción de amparo constitucional, no corresponde a un saldo insoluto de la deuda que fue cobrada por la AFP Cuprum S.A. en los juicios ejecutivos antes individualizados, como afirma la recurrida en su informe.

En efecto, en los juicios ejecutivos seguidos en contra de la sociedad recurrente, se consignaron los dineros correspondientes a la deuda liquidada por el tribunal, vale decir, $260.003.- suma que fue percibida en su totalidad por el mandatario de la referida Administradora de Fondos de Pensiones, quién que nada objetó al respecto, archivándose la causa por retardada, el 9 de junio de 2010.

9°) Que, corrobora la conclusión anterior, la circunstancia cierta de haberse efectuado la publicación en el Boletín antes citado, por la suma de $52.001 especificándose que corresponde a las cotizaciones de la trabajadora nombre reservado, por el mes de febrero del año 2007, valor que fue materia de la demanda en el juicio ejecutivo Rol N° 16.222, tal como se dejara establecido en la letra b) del motivo 7°) precedente.

10°) Que, en consecuencia, el proceder de la AFP Cuprum S.A. que se reprocha en estos antecedentes, resulta arbitrario y se aparta de la legalidad vigente, puesto que no obstante haber percibido el pago de lo adeudado, mediante los juicios ejecutivos antes señalados, continuó informando a la Dirección del Trabajo la deuda previsional cuyo pago ya había obtenido en el ejercicio de las acciones judiciales citadas.

Lo anterior implica, que la recurrida ha perturbado o amenazado el derecho que le asiste a la recurrente, a ser reconocida como una sociedad cumplidora de sus obligaciones laborales, especialmente si se considera que se trata de un estudio jurídico.

En efecto, al haber informado a la Dirección del Trabajo, que la actora registraba una deuda previsional con una trabajadora, condujo a que fuera incluida en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio A.G. que constituye un medio masivo de comunicación en el ámbito comercial, contradiciéndose a si misma con lo obrado en los juicios ejecutivos ya citados, lo que constituye un acto que ofende el derecho al honor, la imagen comercial y reputación de la sociedad recurrente, dimensiones del derecho a la honra que nuestro constituyente resguarda por la vía de la presente acción constitucional.

11°) Que, así las cosas, habiéndose acreditado la ejecución de una conducta ilegal y arbitraria, apta para vulnerar el derecho a la honra de la recurrente, es que la presente acción constitucional deberá ser acogida, adoptando las medidas urgentes a fin de proteger adecuadamente la garantía conculcada, de la forma como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Gabriel Rozas Caamaño en representación de la sociedad “Estudio Jurídico nombre reservado y Compañía Limitada” en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., debiendo proceder a la inmediata eliminación de las publicaciones en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago A.G relacionada con la deuda previsional individualizada en el N° 178, página 68738 de 11 de junio de 2019 correspondiente a la trabajadora nombre reservado, por el periodo febrero del año 2007.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redactó la Ministra Valentina Salvo Oviedo.

No firma el ministro señor Jaime Solís Pino, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

N°Protección-15707-2019.