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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 15687-202321 sep 2023

nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha
21 de septiembre de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Concepción
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 15687-2023, sentencia de 21 de septiembre de 2023

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra el SII: el cobro de contribuciones fue eliminado por la recurrida y solo resta un trámite administrativo, por lo que el agravio desapareció y la acción perdió actualidad.

Texto íntegro

C.A. de Concepción dcs Concepción, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece ANDRÉS KUNCAR ONETO, recurre de protección a favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos - Dirección Regional del Bío Bío, por el acto administrativo arbitrario e ilegal que priva, perturba y/o amenaza los derechos que indican, garantizados por la Constitución Política de la República y amparados por esta acción de tutela.

Señala que la Sucesión nombre reservado Hasbún, de la cual forma parte nombre reservado, era propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado, que correspondía al Lote Número Uno de la nueva subdivisión del terreno que pertenecía al Fundo denominado El Molino, ubicado en la comuna de Chiguayante, lugar denominado La Leonera, de una superficie de 37.367,67 m2. El referido inmueble tenía asignado el Rol de Avalúo número 3230-1 de la comuna de Chiguayante, en adelante e indistintamente el “Rol Matriz”.

Este inmueble fue subdividido en cuatro lotes, a saber: Lote A1; Lote A2; Lote B y Lote C. Lo anterior, en virtud de la Resolución N° 11 de fecha 15 de abril de 2011 dictada por el Director de Obras Municipales (s) de la Municipalidad de Chiguayante. El plano respectivo, junto a la minuta de deslindes y permiso de subdivisión se encuentran archivados bajo el número 407, con fecha 11 de mayo de 2011, en el Conservador de Bienes Raíces de Chiguayante.

Debido a la subdivisión anterior, el Servicio de Impuestos Internos (“SII”) emitió el Certificado N° 498262 de Asignación de Roles de Avalúo en Trámite de 23 de mayo de 2011, en el cual se deja constancia que el Rol Matriz 3230-1 dio origen a los siguientes roles de avalúo provisorios:

- Para el Lote A1, se asignó el rol de avalúo número 3230-106 de la comuna de Chiguayante;

- Para el Lote A 2, se asignó el rol de avalúo número 3230-107 de la comuna de Chiguayante;

- Para el Lote B, se asignó el rol de avalúo 3230-108 de la comuna de Chiguayante;

- Para el Lote C, se asignó el rol de avalúo 3230-109 de la comuna de Chiguayante.

Pues bien, consta en el plano de subdivisión aprobado que, tanto el Lote B como el Lote C, se proyectan como bien nacional de uso público para ser cedidos al aprobarse la subdivisión propuesta, con destino Av. Troncal el primero y con destino Parque ribereño el segundo. Dicha transferencia de dominio se materializó con la Resolución N° 11 de fecha 15 de abril de 2011 dictada por la DOM de Chiguayante, que aprobó la subdivisión propuesta. En esta última, se dispuso expresamente la cesión del Lote B y del Lote C como bienes nacionales de uso público y se autorizó la enajenación del Lote A1 y del Lote A2.

En consecuencia, a contar del 15 de abril de 2011, los lotes B y C fueron transferidos como bienes nacionales de uso público por el solo ministerio de la ley, dejando de pertenecer en dominio a la Sucesión nombre reservado Hasbún.

Posteriormente, la Sucesión enajenó los lotes A1 y A2 a la sociedad Inmobiliaria Caleuche Limitada, rol único tributario número 77.540.940-1, mediante compraventa otorgada por escritura pública de fecha 6 de julio de 2011 en la notaría de Concepción de don nombre reservado. La referida compraventa se inscribió a fojas 2.341, N° 1.434 y a fojas 2.345, N° 1.435, ambas del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Chiguayante. Ambas inscripciones son de fecha 7 de julio de 2011. Huelga señalar que el SII tomó conocimiento de estas enajenaciones mediante los formularios “Declaración sobre enajenaciones e inscripción de bienes raíces F2890” N° 62413565 y N°62413514, ambos también de 7 de julio de 2011.

De lo expuesto se desprende que, con la enajenación de los lotes A1 y A2, se extinguió definitivamente el Rol Matriz 3230-01 de la comuna de Chiguayante, al haberse enajenado todos los lotes resultantes de su subdivisión.

Indica que a la fecha, los roles de avalúo número 3230-108 (Lote B) y número 3230-109 (Lote C), ambos de la comuna de Chiguayante, NO HAN SIDO ACTIVDADOS y figuran como no registrados en el sistema de cuenta; en circunstancias que:

- A contar del 15 de abril de 2011, ambos roles debieron activarse con la cesión al dominio nacional del Lote B y Lote C, y;

- A contar del 7 de julio de 2011 debió eliminarse el Rol Matriz al haberse enajenado los lotes A1 y A2 restantes.

A pesar de la claridad de lo expuesto, el SII no ha eliminado el Rol Matriz 3230-01 de la comuna de Chiguayante, aún cuando el predio que estaba amparado por dicho rol ya no existe.

Expone que la omisión del SII está causando graves perjuicios patrimoniales a su representado ya que, según Certificado de Deudas emitido por la Tesorería General de la República con fecha 20 de julio de 2023, don nombre reservado y otros registran una deuda total vencida por concepto de contribuciones de bienes raíces del Rol Matriz N° 3230-01 ascendente a $69.631.807; EN CIRCUNSTANCIAS QUE LA SUCESIÓN nombre reservado - Y DON nombre reservado EN PARTICULAR - NO SON PROPIETARIOS DEL QUE FUERA EL INMUEBLE ROL 3230-01, ya que este último ha sido subdividido y enajenado en su totalidad a favor de terceros.

Esto ha llevado a Tesorería General de la República a embargar en procedimiento de cobro la cuenta corriente bancaria de don nombre reservado, según consta de resolución de fecha 2 de julio de 2021 dictada en expediente administrativo número 11128-2021 Vitacura, embargo que se mantiene a la fecha.

Explica que Tesorería General de la República, debido a la reticencia del Servicio de Impuestos Internos a actualizar el catastro de bienes raíces y eliminar el Rol Matriz, desde el año 2020 ha imputado las devoluciones de impuesto de don nombre reservado al pago de la deuda de contribuciones, compensando ambas deudas hasta el importe de la devolución correspondiente, señala que el actor solicitó administrativamente al SII, con fecha 30 de marzo de 2022, la eliminación del rol matriz debido a la enajenación voluntaria de los lotes A1 y A2 y la cesión por el solo ministerio de la ley, al dominio público, de los lotes B y C. El SII, mediante Resolución EX. SII N° 49202277334 de fecha 7 de abril de 2022, rechazó la solicitud en base a lo siguiente:

“3° Que, los antecedentes aportados son insuficientes para fundamentar las pretensiones del solicitante, de eliminar el rol in comento, pues no se han aportado las respectivos documentos legales de cesión de lotes al Fisco, en lo que respecta al nombre del propietario el catastro del SII, lo consigna adecuadamente. por cuanto no ha aportado ningún documento legal que acredite venta del predio remanente, ( lotes supuestamente cedidos al FISCO)”

Frente a esta negativa injustificada y arbitraria, el recurrente volvió a solicitar con fecha 20 de abril de 2023 (solicitud N°3932756) la eliminación del Rol Matriz de la comuna de Chiguayante y la eliminación de todos los giros por concepto de impuesto territorial asociados al mismo, actualmente vigentes y posteriores al 7 de julio de 2011.

Dentro de los antecedentes que se acompañaron en esta oportunidad estaba el certificado DOM N° 2520 de fecha 13 de octubre de 2022, emitido por el Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Chiguayante, en el cual se menciona expresamente que los lotes B y C fueron cedidos como bienes nacionales de uso público en su totalidad para el emplazamiento de una futura avenida Troncal costanera y para parque público ribereño.

Lamentablemente, el SII persistió en su negativa ilegal y arbitraria.

Mediante Oficio Ord. N° 492023OFI192681 de 5 de julio de 2023, en adelante e indistintamente “el Acto recurrido” o “la Actuación recurrida”, el SII rechazó la solicitud de 20 de abril de 2023, fundado en lo siguiente:

“Para eliminar el rol en cuestión es necesario perfeccionar el trámite de Cesión de los lotes B y C que se explicitan en la Resolución Municipal N°11 de 15.04.2011 de la aprobación de la subdivisión, hoy amparado como saldo en el Rol 3230-1 de Chiguayante que figura a nombre de nombre reservado Y OTS”

El SII desconoció el texto expreso de la LGUC, la OGUC y las resoluciones de la propia Dirección de Obras Municipales, al pretender arbitrariamente que la cesión de los lotes B y C no se ha perfeccionado, en circunstancias que dichos lotes son bienes nacionales de uso público, de dominio público, desde el 15 de abril de 2011, vulnerando gravemente las garantías constitucionales de don nombre reservado.

Respecto a la ilegalidad y arbitrariedad del Acto recurrido, añade que el Oficio Ord. N° 492023OFI192681 de 5 de julio de 2023 del SII, contra el cual se acciona de protección, debe dejarse sin efecto, según de lo prescrito en los artículos 70 y 135 de la LGUC en relación con el artículo 2.2.1 y 2.2.4 y 3.1.6 de la OGUC, el Lote B y el Lote C fueron cedidos de pleno derecho como bienes nacionales de uso público con fecha 15 de abril de 2011, fecha en que se dictó la Resolución N° 11 que otorga el Permiso de Subdivisión y resuelve expresamente: “Aprobar la subdivisión antes indicada que crea 04 lotes de conformidad al plano regulador vigente. nombre reservado B y C se ceden a Bien Nacional de Uso Público, según Certificado de Informaciones Previas y Numeración N° 390 de fecha 23.08.2010 que señala faja de futura costanera y de parque público ribereño. Se autoriza la enajenación de los nombre reservado A 1 y A 2. Establecer (sic) que la cabida y deslindes de dichos lotes, que se indican en el Plano adjunto, son de exclusiva responsabilidad del Propietario y Arquitecto autor del Proyecto y son parte integrante de la Resolución”.

La cesión tuvo lugar por el solo ministerio de la ley al otorgarse el permiso de subdivisión, sin necesidad de perfeccionarse registralmente en el Conservador de Bienes Raíces, como pareciera exigir el Servicio recurrido.

El artículo 135 de la LGUC prescribe expresamente que “Terminados los trabajos a que se refiere el artículo anterior, o las obras de edificación, en su caso, el propietario y el arquitecto solicitarán su recepción al Director de Obras Municipales. Cuando la Dirección de Obras Municipales acuerde la recepción indicada, se considerarán, por este solo hecho, incorporadas: a)

Al dominio nacional de uso público, todas las calles, avenidas, áreas verdes y espacios públicos en general, contemplados como tales en el proyecto, y (...)”

El art. 2.2.4. de la OGUC prescribe en el mismo sentido que: “Asimismo, la aprobación del loteo estará sujeta a las cesiones gratuitas de terreno dispuestas en el artículo 70 del mismo cuerpo legal y en el artículo 2.2.5. de este mismo Capítulo, las que se perfeccionarán al momento de la recepción definitiva de las obras de urbanización. (...).”

De lo expuesto se desprende que las cesiones derivadas de loteos o subdivisiones, según corresponda, se producen por el sólo ministerio de la ley; o dicho de otra forma, la ley es título y modo de adquirir el dominio, a favor del fisco (dominio público). Cita al efecto sentencias de la Corte Suprema Roles N° 10.354-2013, 4961-2017 y 23.127-2019.

Insiste que no existen argumentos legales para sostener que los nombre reservado B y C no han sido cedidos al dominio público. Por otra parte, según se expuso en los hechos, con fecha 7 de julio de 2011 tuvo lugar la enajenación los lotes A1 y A2 en virtud del artículo 686 del Código Civil. El SII, al tomar conocimiento de estas enajenaciones, debió eliminar el Rol Matriz 3230-01 de la comuna de Chiguayante, por haberse activado todos los roles provisorios asignados a los lotes resultantes de la subdivisión.

En suma, estamos ante una actuación que no se condice con la realidad de los hechos, que infringe el texto expreso de la ley, y que debe ser enmendada ya que ha servido de pábulo a una serie de cobros de impuesto territorial y embargos en contravención al artículo 25 de la Ley N°17.235. Esta última disposición prescribe que el impuesto a los bienes raíces será pagado por el dueño o por el ocupante de la propiedad, no por terceros que no son propietarios ni meros tenedores, como ocurre discriminatoriamente con el señor nombre reservado.

Señaló vulnerados los derechos de igualdad y no discriminación arbitraria de los artículos 19 N° 2, 3 y 22, también el derecho de propiedad del N° 24 del mismo artículo 19 de la CPR.

Informa nombre reservado, Directora Regional (S) de la VIII Dirección Regional Concepción del Servicio de Impuestos Internos, relata que el predio objeto de recurso corresponde al Rol de avalúo N° 3230-01, de la comuna de Chiguayante, ubicado en Nuevo camino a Chiguayante, el cual posee una superficie registrada, actual, de 11.404 m2. El cual inicialmente registraba una superficie de 37.368 m2. Sin embargo, mediante Resolución N°11 de fecha 15.04.2011, aprobada por la Dirección de Obras Municipales de Chiguayante, se autorizó la subdivisión afecta a utilidad pública y se generaron 4 lotes, identificados como Lote A, Lote B, Lote C y Lote D.

nombre reservado A y D fueron transferidos a un tercero, según consta en la respectiva inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, por lo que generaron los roles disgregados N° 3230-106 y 3230-107, de la comuna de Chiguayante.

Por su parte, la superficie correspondiente a los lotes B y C, permanecen en el Rol matriz 3230-01, puesto que no existe conocimiento en este Servicio, de que el dominio de los lotes haya sido transferido, en la forma establecida a la ley.

En relación a estos lotes el recurrente efectuó la petición administrativa OT N° 3488000, en la que solicitó la actualización del nombre del propietario, la eliminación del catastro del bien raíz ROL 3230-01, de la comuna de Chiguayante y alzar la cuenta corriente por no pago del impuesto respectivo. Petición que fue resuelta mediante Resolución Exenta SII N° 49202277334, de 07.04.2022, no dando lugar a lo solicitado, toda vez que los antecedentes acompañados eran insuficientes. En el mismo acto se le informó que contra la referida resolución podría presentar reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero, o Reposición Administrativa Voluntaria, el cual no efectuó en la oportunidad señalada.

Con fecha 20.04.2023, el recurrente efectuó la solicitud administrativa Folio N.° 3932756, en la cual requirió la “...eliminación del rol matriz 3230-01, comuna de Chiguayante, por haberse enajenado todos los lotes de la subdivisión el 7 de julio de 2011. Se solicita que se ordene la eliminación de los giros correspondientes y se oficie a TGR.”. En respuesta a lo anterior, mediante Oficio Ord. N°492023OFI192681, de fecha 05.07.2023, se informó que: No era procedente la eliminación del rol 3230-01, de la comuna de Chiguayante toda vez que se trata de un terreno afecto a utilidad pública, respecto del cual no se ha perfeccionado el trámite de transferencia o cesión a la I. Municipalidad de Chiguayante; Respecto del predio, se determina que procede la exención por afectación a utilidad pública, conforme Art. 86 de la LGUC, con vigencia 2° semestre de 2020, conforme Art. 2, 13 y 16 Ley 17.235; Como consecuencia de lo anterior, se procederá a la eliminación de los giros de contribuciones anteriores al segundo semestre del 2020 y, aquellos emitidos desde el primer semestre del año 2012.

Hace presente que la eliminación de los giros señalados, sólo se verá reflejada en el sistema informático del Impuesto Territorial, en el mes de diciembre de 2023, fecha en que, a nivel central, se efectúa la actualización del sistema.

Conforme a lo antes expuesto, con fecha 29.08.2023 mediante Oficio Ord. DAV 08.00 N° 480, se informó al Servicio de Tesorería, que los giros de impuesto territorial, correspondiente al bien raíz 3230-01, de la comuna de Chiguayante, en el periodo comprendido entre el primer semestre de 2012 y el primer trimestre del 2023, serán descargados de la cuenta única tributaria, en el rol de reemplazo de contribuciones a emitirse en Diciembre de 2023.

Sin perjuicio de lo anterior, informe que en materia de Impuesto Territorial, el artículo 1°, de la Ley N° 17.235, establece que se aplicará sobre el avalúo de los bienes raíces un impuesto. Por su parte, el artículo 29, del mismo cuerpo legal, indica que le corresponderá al Servicio de Impuestos Internos la aplicación de esta Ley. De esa manera, la Ley N° 17.235, le entrega a este Servicio facultades específicas para la tasación de los inmuebles, la confección de los roles de avalúos y la emisión del rol anual de contribuciones, entre otras.

En relación con tal labor, el artículo 16, de dicho texto legal establece cuales son las fuentes de información de que dispone el Servicio de Impuestos Internos, para efectuar sus funciones en esta materia, disponiendo que:

“Los roles definitivos de los avalúos de los bienes raíces del país, deberán ser mantenidos al día por el Servicio de Impuestos Internos, utilizando, entre otras fuentes:

1) La información que emane de las escrituras públicas de transferencia y de las inscripciones que se practiquen en los registros de los conservadores de bienes raíces. Para estos efectos, las notarías y los conservadores de bienes raíces deberán proporcionar al Servicio de Impuestos Internos la información que se les solicite en la forma y plazo que este Servicio determine, y 2)

La información que deberán remitirle las respectivas municipalidades, relativa a permisos y recepciones de construcciones, loteos y subdivisiones, patentes municipales, concesiones de bienes municipales o nacionales de uso público entregados a terceros y aprobaciones de propiedades acogidas a la ley sobre Copropiedad Inmobiliaria, en la forma y plazo que este Servicio determine.

3) La información que aporten los propietarios de bienes raíces, en la forma y plazo que el Director del Servicio determine. Para recoger esta información, el Servicio de Impuestos Internos facilitará el cumplimiento tributario a través de los mecanismos disponibles al efecto. Esta información no debe implicar costos para el propietario.”

De manera que es una obligación o mandato legal, el que este organismo tenga catastro y los roles de avalúo actualizados, entendiendo que lo están cuando ellos se ajustan a la realidad de los inmuebles, el que se actualiza con la información que proporcionan terceras personas, incluidos los propios contribuyentes.

A su vez en la Circular N°15 de fecha 15.03.2019, del Director del Servicio de Impuestos Internos, señala en su punto N.° 1:

“La inclusión de un bien raíz en el catastro por regla general se efectúa una vez materializada su inscripción de dominio en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo, de tal manera, que corresponderá el registro de un Rol individual a cada propiedad inscrita, para el cobro del Impuesto Territorial. A consecuencia de ello, se obtienen la mayoría de los datos necesarios para la individualización del bien raíz; a saber, su propietario, cabida, deslindes, dirección, y su correspondencia con el título inscrito. Cabe tener presente que el alcance de esta normativa está circunscrita única y exclusivamente a la avaluación fiscal de estos predios, no teniendo efecto alguno en la calificación del uso del suelo de las propiedades, materia que se rige por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza.”

Por su parte, la ley General Urbanismo y Construcciones (LGUC), dispone, en su Capítulo que regula la Subdivisión y la Urbanización del Suelo, específicamente en su Artículo 65° que establece lo siguiente:

“El proceso de subdivisión y urbanización del suelo comprende cuatro casos:

a)

Subdivisión de terrenos, sin que se requiera la ejecución de obras de urbanización, por ser suficientes las existentes;

b)

Loteos de terrenos, condicionados a la ejecución de obras de urbanización, incluyendo como tales la apertura de calles y formación de nuevos barrios o poblaciones;

c)

Urbanización de loteos existentes, cuyas obras de infraestructura sanitaria y energética y de pavimentación no fueron realizadas oportunamente. El proceso de transferencia de los terrenos estará sujeto a que el propietario de los mismos cumpla con los requisitos que se determinan en el Párrafo 4°, Capítulo II, del Título III de esta ley, y en su Ordenanza General...”

A su vez, el artículo el artículo 70° Ley General Urbanismo y Construcciones (LGUC), dispone:

“En toda urbanización de terrenos se cederá gratuita y obligatoriamente para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y para equipamiento, las superficies que señale la Ordenanza General, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total del terreno original. Las urbanizaciones de terreno podrán voluntariamente ceder superficies que excedan dicho porcentaje, sujeto siempre a aprobación previa de la municipalidad respectiva.

Si el instrumento de planificación territorial correspondiente contemplare áreas verdes de uso público o fajas de vialidad en el terreno respectivo, las cesiones se materializarán preferentemente en ellas.

La municipalidad podrá permutar o enajenar los terrenos recibidos para equipamiento, con el objeto de instalar las obras correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados.” (el destacado es nuestro)

En este caso en particular, la subdivisión al rol de avalúo 3230-1, de la comuna de Chiguayante, corresponde a la situación señalada en la letra c) de la LGUC (Ley General Urbanismo y Construcciones), es decir, se trata de una subdivisión afecta a utilidad pública, puesto que es necesaria la urbanización, para la apertura de calle y área verde definida en el Plan Regulador Comunal de Chiguayante. Sin embargo, para la materialización de las cesiones de dominio del inmueble - circunstancia que alega el recurrente- para calles y/o áreas verdes como bien nacional de uso público, se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en 135 Ley General Urbanismo y Construcciones (LGUC). Conforme a la citada disposición se entenderán incorporadas al dominio nacional de uso público, las calles avenidas, áreas verdes y espacios públicos en general, desde que se efectúe la recepción de Obras Municipales y “por este sólo hecho”.

En el caso particular de autos, los lotes B y C, del rol 3230-01, de la comuna de Chiguayante, no cuentan con la respectiva recepción final de obras de urbanización, por lo cual éstos no forman parte del dominio nacional de uso público como equivocadamente lo pretende el recurrente. Al no haberse dado cumplimiento a la normativa antes señalada, no se ha perfeccionado la cesión respectiva razón por la cual aquellos permanecen en el Rol Matriz.

En estos términos, no es posible acceder a lo señalado por el recurrente de autos, en cuanto a la eliminación del rol de avalúo 3230-01, de la comuna de Chiguayante en los términos ya señalados.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- El acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la omisión de eliminar el rol matriz de avalúo 3230-1 de la comuna de Chiguayante, no obstante haberse producido la subdivisión del predio en cuatro lotes, desde el 15 de abril de 2011, lo que le ha perjudicado en atención a los cobros ejecutivos realizados por concepto de contribuciones de bienes raíces.

2.- La recurrida, por su parte, sostuvo que si bien los nombre reservado A y D de la subdivisión aludida fueron transferidos a un tercero, generando los roles disgregados N° 3230-106 y 3230-107, de la comuna de Chiguayante, no ha ocurrido lo mismo con los lotes B y C, razón por la cual se desestimaron las peticiones de eliminación del rol matriz efectuadas por la recurrente. Sin embargo, como se trata de un terreno afecto a utilidad pública, respecto del cual no se ha efectuado el trámite de transferencia o cesión a la Municipalidad, procede la exención conforme lo previsto en el artículo 86 de la LGUC y artículos 2, 13 y 16 Ley 17.235, por lo que se eliminarán los giros de contribuciones anteriores al segundo semestre del 2020 y, aquellos emitidos desde el primer semestre del año 2012, lo que se verá reflejado en el sistema informático del Impuesto Territorial, en el mes de diciembre de 2023.

3.- En cuanto a la eliminación del rol matriz, el rechazo efectuado por la recurrida se ajusta a derecho, al no constar la realización de la recepción final de las obras de urbanización, lo que perfecciona la cesión efectuada.

4.- En cuanto al cobro del impuesto territorial, es preciso recordar que la acción cautelar de protección requiere de una o más personas que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que actualmente ya no concurre, por haber desaparecido el agravio causado a la recurrente, atendido que se dispuso por la recurrida su eliminación.

Así las cosas, habiéndose dejado sin efecto el cobro en cuestión, restando solo un trámite administrativo, se concluye que el presente recurso perdió oportunidad o actualidad jurídica, no existiendo medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas la acción constitucional presentada a favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos - Dirección Regional del Bío Bío.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Rodrigo Cerda San Martín.

N°Protección-15687-2023.