nombre reservado con nombre reservado

Concepción, doce de abril de dos mil veintiuno VISTO:

Comparece Christian Ignacio Soto Oportus, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado.

Señala que nombre reservado es dueño del inmueble rural individualizado como Lote Dos, resultante de la subdivisión del Lote A-Dos, el cual es, a su vez, resultante de la división del predio agrícola que corresponde al Lote N°8 del Fundo Talermo, ubicado en la comuna de Florida, Provincia de Concepción, el que adquirió el año 2010 y cuya inscripción de dominio se encuentra a su nombre, individualizándola; agrega que desde tal fecha ya colindaba al poniente con servidumbre de paso que separa al Lote 2 del Lote A1. Agrega que desde el año 2018 su representado también es dueño del Lote A2, el que colinda al sur con servidumbre de paso que lo separa del Lote A5, con Lote 1 y Lote 2.

Refiere que el 1 de julio del año pasado el recurrente efectúo el trámite de inicio de actividades de su microempresa "Transportes GO SPA”, dedicada al transporte de carga por carretera con domicilio en domicilio reservado, el cual fue autorizado por el Servicio de Impuestos Internos, tornándose la servidumbre anteriormente señalada en indispensable para poder acceder a la propiedad del recurrente y ejercer su actividad económica, puesto que no cuenta con otro camino que le otorgue accesibilidad a la misma.

Detalla diversos problemas que desde hace unos 9 años ha tenido con la recurrida, cónyuge de don nombre reservado, dueño del Lote A1 desde donde comienza la servidumbre, la cual ejerce hace ya algunos años actos vulneratorios dirigidos a impedir y obstruir el libre transitar de los vecinos colindantes a la servidumbre, particularmente en este caso el del recurrente y sus trabajadores. Refiere que, hace unos 9 años ella instaló un portón en el acceso de la servidumbre, portón de fierro de dos puertas y asegurado con candado, haciendo entrega de una llave a su representado y a los demás vecinos, no obstante que ninguno estuvo de acuerdo; dice que, después, con los años el problema que se fue presentando y agravando es el estado en que se encuentra la servidumbre de paso, la que producto de las condiciones climáticas de la zona, el camino que ya era escarpado con irregularidades de altura, se ha tornado un terreno lodoso, de difícil ingreso, prácticamente imposible de realizar a pie y al que su representado accede gracias a que a veces cuenta con un vehículo de su trabajo. Añade que la recurrida, hace unos meses, volvió a obstaculizar el libre tránsito de su representado instalando un segundo cerco a pocos metros de distancia del primero, sin acuerdo ni aviso previo.

Indica que su representado ha ofrecido en varias oportunidades mejorar las condiciones de la servidumbre a fin de evitar el riesgo que representa para la comunidad del Fundo Palermo, corriendo con los gastos de pavimentación e incluso con la instalación de un portón eléctrico que reemplace el primer portón de acceso, pero la recurrida se ha negado a la realización de cualquier mejora en la servidumbre, llegando a solicitar a las personas que ejercen labores de cuidado en su propiedad, que controlen el libre acceso de los vecinos e impidan el paso a quien no cuente con la anuencia de ella.

Refiere que el 1 de agosto del 2020 el recurrente dispuso que sus trabajadores efectuaran arreglos a fin de mitigar el detrimento de la servidumbre y poder ingresar a su predio sin más complicaciones; sin embargo, la recurrida mediante sus cuidadores, impidió la entrada a los trabajadores del recurrente al predio donde debían realizar labores diariamente, también llamó a Carabineros y éstos no permitieron el ingreso de los trabajadores del recurrente a su predio.

Sostiene que los hechos descritos son actos ilegales y arbitrarios que constituyen una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política señala en su número 24 referido al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales y numeral 21 referido al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Finaliza solicitando tener por presentado recurso de protección a favor de don nombre reservado y en contra de doña nombre reservado, por los actos ilegales y arbitrarios ya individualizados, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo, declarando que la recurrida cese los actos perturbatorios propios de autotutela y en definitiva se abstenga de realizar cualquier acto que importe alterar el libre tránsito de la parte recurrente y de sus trabajadores a través la servidumbre ya individualizada, con expresa condenación en costas.

Compareció nombre reservado, Teniente de Carabineros, Jefe de la Tenencia de Florida, quien señala que el día 22 de septiembre del año pasado, funcionarios de dicha unidad concurrieron al fundo Talermo, ocasión en la que pudieron constatar que para ingresar al predio del recurrente existe un camino de servidumbre que se encuentra cerrado con un portón metálico con candado y, en otro sector, otro portón de madera también cerrado con un candado. En el lugar hablaron con un trabajador del recurrente quien dio cuenta que un sector del camino se hace intransitable con la lluvia, y al tratar de realizar trabajos en dicho sector, la recurrida lo impidió.

En una presentación posterior da cuenta que el día viernes 05 de Febrero del presente año, nuevamente funcionarios de dicha Tenencia concurrieron al fundo Talermo constatándose que el lugar se encuentra en las mismas condiciones de lo informado precedentemente, con la salvedad que el portón de color negro era ahora de fierro.

Informó el abogado Eduardo Andres Cofre Retamal, en representación de la recurrida nombre reservado, quien expuso que el año 2009 el cónyuge de la recurrida, don nombre reservado, adquirió la propiedad individualizada como LOTE A UNO, resultante de la subdivisión del predio agrícola que corresponde al Lote Número Ocho de la división del Fundo Talermo, ubicado en la comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío, predio que en el año 2014 subdividió en parcelas para venta y que nunca ha sido habitado ni por su representada ni por el cónyuge de ésta. Añade que a lo largo del tiempo, en virtud de un acuerdo de la comunidad de hecho que se formó entre los dueños de los lotes que se crearon al subdividir el predio de mayor extensión, en el lugar viven dos cuidadores y sus familias, por mera tolerancia de los propietarios.

Refiere que en el año 2014, al subdividirse el terreno en parcelas, se realizaron mejoras a los caminos interiores del inmueble de mayor extensión, incluyendo el cambio del portón de acceso, contando con la aquiescencia de todos los propietarios de los lotes, entregándose copia de las llaves al recurrente nombre reservado. Aclara que su representada no es dueña del inmueble respecto del cual se recurre, que el recurrente siempre ha podido hacer uso de la servidumbre y tener acceso por tanto a su inmueble, al tener la llave del portón instalado, sin perjuicio de existir otro camino de acceso a la propiedad de recurrente el cual utiliza libremente a la fecha para acceder a su inmueble. Controvirtió expresamente la constitución de la servidumbre de tránsito mencionada.

En consecuencia, dijo que no son efectivos los hechos en que se funda el recurso, al no ser ella la dueña del predio; al contar el recurrente con una llave para abrir el portón; y, porque existe otro camino de acceso a la propiedad del recurrente el cual utiliza libremente para acceder a su inmueble.

Alegó, también, la falta de legitimidad del recurrente, pues si se estima que se ha vulnerado el derecho respecto de la actividad económica de la sociedad TRANSPORTES GO SPA, ella es la que debió recurrir; y, a su vez, la recurrida al no ser la dueña del inmueble en que ocurren los hechos que dan origen al recurso de protección, carece de legitimidad pasiva, añadiendo que no ha existido acto arbitrario o ilegal alguno de parte de su representada.

Indica que se pretende a través de esta acción constitucional decidir una controversia jurídica sobre la existencia o no de una servidumbre de tránsito y, de existir, la ubicación de la misma, así como, además, se discute el dominio de la porción de terreno en el cual se instaló el portón en comento, por lo que no se constata el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Finaliza solicitando tener por presentado el informe que fuera recabado a la recurrida y, en definitiva, rechazar el recurso de protección, con costas.

Compareció nombre reservado, Directora Regional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero quien informó señalando la normativa y el procedimiento aplicable a las subdivisiones de predios rústicos, destacando que el SAG podrá cerciorarse -teniendo a la vista la documentación pertinente- que, si el interesado desea subdividir un predio y en el plano grafica el acceso a éste proyecto de subdivisión, a través de una servidumbre de tránsito, esta servidumbre efectivamente exista.

Menciona que el problema surge cuando una vez realizadas las enajenaciones respectivas, ninguna indicación se hace respecto a la existencia de una servidumbre, ni tampoco lo hacen, con posterioridad, destacando que la función del Servicio cautela, al analizar las solicitudes de subdivisión predial, que las parcelas resultantes tengan salida a un espacio de uso público, lo cual, debe graficarse en el plano y generalmente será a través de una servidumbre de tránsito y, una vez certificada la subdivisión, la servidumbre no nacerá a la vida del derecho si los particulares no la constituyen a través de alguna de las formas previstas en el Código Civil, sin que baste para ello (aun cuando sea un insumo útil) que se encuentre representada en el plano aprobado por el SAG y, en cuanto a los caminos interiores, concebido y representado en los planos por los solicitantes, como acceso al proyecto de subdivisión, dada la naturaleza privada de estos caminos la Dirección de Vialidad no tiene competencia, y por tanto, no resulta posible al SAG exigir a los particulares un documento donde dicha situación se acredite.

Menciona que en el presente caso, el predio del que proviene el inmueble del recurrente se dividió en 3 parcelas cuyas superficies constan en el plano respectivo en el cual se grafica una servidumbre de paso que gravaría al Lote 2, desconociéndose si con posterioridad a la certificación, los particulares constituyeron legalmente, acorde a las normas del Código Civil, el referido derecho real.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, es decir, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que el recurrente estima que la recurrida ha incurrido en acciones ilegales y arbitrarias, en razón de haber impedido u obstruido el libre acceso del recurrente y de sus trabajadores a sus predios durante los últimos años. En dicho contexto dice que el 1 de agosto recién pasado, debido al deteriorado estado del camino dispuso que sus trabajadores realizaran arreglos en el camino de servidumbre, lo que fue impedido por la recurrida mediante sus cuidadores.

CUARTO: A su turno, la recurrente negó los hechos, afirmando, por una parte, que ella no es la dueña del predio que menciona el recurrente, en el cual tampoco vive, si bien admite que hay unos cuidadores en un predio que es de su cónyuge; además señala que quienes viven en el sector han acordado la instalación de un portón y que el recurrente cuenta con llaves para poder abrirlo, por lo que no es efectivo que ella haya incurrido en las conductas que se denuncian. Asimismo, controvirtió que esté constituida la servidumbre de paso que menciona el recurrente.

QUINTO: Que para que una acción de amparo constitucional como la de la especie pueda prosperar, es menester que, por una parte, se materialice por parte del recurrido una alteración del statu quo, mediante vías de hecho y al margen de la ley y, por otra parte, que ello impacte arbitraria e ilegítimamente en las garantías constitucionales del recurrente.

SEXTO: Que en el presente caso nos vemos enfrentados a versiones claramente antagónicas entregadas por el recurrente y la recurrida, quienes sólo concuerdan en que ella es la cónyuge del dueño del Lote A1, sin que tampoco resulte claro que efectivamente esté constituida una servidumbre que se deba respetar por la recurrida, la cual también afirma que existe una vía de acceso al predio del recurrente por el lado sur del inmueble de éste.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, no obstante existir fotografías de un o unos caminos rurales y de unos portones instalados en ellos, no es posible tener por establecida la existencia de los actos arbitrarios e ilegales denunciados, siendo necesario también asentar que –de acuerdo al propio plano acompañado por el recurrente a su libelo- el Lote A1 que se indica es del cónyuge de la recurrida sólo es colindante a la zona en donde se encontraría la servidumbre que se dice sería obstaculizada por ella, mas no es el predio sirviente de la misma.

OCTAVO: Que, atendido lo expuesto, no encontrándose acreditados los hechos que sirven de fundamento a la presente acción cautelar y no siendo ésta, tampoco, una instancia declarativa de derechos, sólo cabe concluir que no puede prosperar la protección impetrada la que habrá de ser desestimada.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Christian Ignacio Soto Oportus, en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Juan Ángel Muñoz López.

Nº 15.661-2020 - Protección