nombre reservado con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES

C.A. de Concepción.

Concepción, dieciocho de octubre de dos mil veintitres.

VISTOS:

Comparece a folio 1, el abogado Mario Sánchez Medina en representación de doña nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, representada legalmente por el Secretario Regional Ministerial don nombre reservado, solicitando se reestablezca el imperio del derecho y se cautelen los derechos que sostiene vulnerados, contenidos en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Narra que con fecha 14 de junio del año 2017, inició ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, el proceso de regularización de un inmueble que había poseído de forma continua, sin violencia ni clandestinidad, por al menos 5 años, ubicado en domicilio reservado, al amparo del Decreto con Fuerza de Ley N°2.695 de 1979. La solicitud respectiva se tramitó mediante expediente administrativo N°67149, que el 30 de mayo de 2019, mediante resolución exenta N°1470, se aceptó la solicitud de regularización para proceder a continuación, con fechas 1 y 15 de junio del mismo año, a publicarse.

Expone que a continuación, con fecha 08 de noviembre del año 2019, mediante resolución exenta E-41.624, se dio a lugar a la solicitud, ordenando la inscripción de la propiedad, lo cual fue notificado el día 9 del mismo mes mediante ordinario E-86424. El título respectivo a su favor fue inscrito a fojas 301 vuelta, bajo el N°295 del año 2020, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Yumbel.

Argumenta que inexplicablemente, mediante resolución exenta E-103-2022, de 28 de enero, -pasados los dos años con los que la Secretaria Regional Ministerial cuenta para invalidar un acto propio- se emite resolución invalidando precisamente el acto administrativo antes mencionado, plazo que vencía el 09 de noviembre del año 2021, tomando como fecha para el cómputo del mismo la notificación de la Resolución exenta E-41.624, mediante ordinario E-86424.

Que, con fecha 04 de marzo del año 2022 se ingresó recurso de reposición y recurso jerárquico, pero con fecha 28 de junio del año 2023 fue rechazado.

El hecho que considera arbitrario e ilegal consiste en la resolución que ordena la invalidación de la inscripción -así como la resolución que no da lugar al recurso jerárquico interpuesto-, que ha sido otorgado en contravención a texto legal expreso, pues se dictó con más de 2 años y 3 meses después de la resolución que ordenó la inscripción, y no obstante haber adquirido el dominio por prescripción cancelándose por el solo ministerio de la ley cualquier derecho pretérito, extralimita sus funciones, por lo que su actuar se torna en arbitrario a la vez que ilegal.

A continuación, argumenta respecto del plazo de interposición de su acción, sosteniendo que se le tuvo por notificada de la resolución que rechaza el recurso jerárquico interpuesto en contra de la resolución que invalida el saneamiento, mediante carta entregada en dependencias de este letrado con fecha 28 de junio del 2023. Que, así las cosas, y considerando el término de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se encuentra dentro de plazo.

Argumenta que el actuar de la recurrida, contrario a la legislación, atenta y/o al menos amenaza su derecho a la propiedad conforme lo dispuesto en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política del Estado, para terminar, pide se acoja el presente recurso de protección, ordenando reestablecer el imperio del derecho, y en dejar sin efecto acto de invalidación dictado por resolución exenta E-103-2022, de 28 de enero de 2022, con expresa condena en costas.

A folio 6 informa la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, y para tal efecto comienza exponiendo los antecedentes del proceso de saneamiento iniciado por la recurrente, para agregar que con fecha de 26 de julio de 2021, don nombre reservado, presentó solicitud de invalidación en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 19.880. Los eventuales vicios de tramitación consistirían, según expone, en que se habría diligenciado el expediente bajo el rol de avalúo N°2645-38, cuya titular es la "Sucesión nombre reservado", rol cuyo emplazamiento no correspondería al inmueble que se pretendió regularizar, agregando que dicho bien, según plano 08313-23374 S.U., correspondería al rol de avalúo N°2645-159 de titularidad de don "nombre reservado", rol que no fue considerado y menos notificado, en el proceso de regularización llevado a cabo por la recurrente de autos.

Cuenta que a continuación, se remitió la consulta pertinente a la Unidad de Catastro de la Secretaría Regional Ministerial, a fin de verificar si el Servicio de Impuestos internos habría cometido un error al señalar el rol matriz del inmueble objeto de la regularización. Dicho servicio informó mediante ordinario. N°4920210F152437, -de 01 de diciembre de 2021- señalando que: "revisados los antecedentes tenidos a la vista, se verificó que sólo corresponde acceder a lo solicitado respecto de informar que, de acuerdo a la información catastral existente en ese Servicio, publicada en la página web en Mapa S/l, el ro/ matriz del predio graficado en el plano 08313-23374 S.U. emitido por Bienes Nacionales, corresponde al rol de avalúo viqente 2645-38 de la comuna de Yumbel no verificándose errores en la información catastral o de aplicación de normas de tasación fiscal vigente, respecto de la asignación de rol para el plano 08313-23374 S. U. Adicionalmente se informa que, no obstante, la información remitida es la tenida a la vista a/ momento de emitir Certificado de Asignación 785751 de 15 enero de 2019, señala que de acuerdo al plano VII/-4-7565 S.R de octubre de 1990 emitido por Bienes Nacionales, el rol matriz de la propiedad objeto de saneamiento correspondiente al rol de avalúo vigente 2645-159 comuna de Yumbel".

Expone que realizadas las consultas del caso, la Unidad de Catastros de la Secretaría Regional Ministerial, informó lo siguiente:

a)

El predio regularizado folio 67149 de una superficie de 5457,15 m2 se emplaza al norte del domicilio reservado que une las localidades de Rio Claro y Yumbel.

b)

Revisada la página www.sii.cl se ha determinado que el rol 2645-38 de la comuna de Yumbel se emplaza al sur del domicilio reservado.

c)

Geoespacialmente el predio regularizado a nombre de nombre reservado (folio 67149), graficado en el plano 08313-23.374 S. U. del Ministerio de Bienes Nacionales, poseen diferentes emplazamientos, no existiendo superposición entre ellos, que permita entender que el rol asignado el predio regularizado proviene del rol matriz 2645-38.

d)

Así las cosas, "la opinión de esta unidad técnica, es concordante con la señalada por el Servicio de Impuestos Internos en e/ oficio ORD N 4920210F152437 de fecha 0112.2021, en donde se determina por el organismo indicado, que el rol matriz del predio saneado sería uno diferente al rol 2645-38".

e)

A mayor abundamiento, el Servicio de Impuestos Internos señala que, el rol matriz correspondiente al predio regularizado por doña nombre reservado sería e/ 2645-159, Finalmente se adjuntó grafica de la situación descrita anteriormente.

Por todo lo anterior, argumenta textualmente lo siguiente: “Que, en consecuencia, se constataron vicios del procedimiento, pues las notificaciones a que se refiere el art. 11 del D.C. 2695/79, como asimismo las publicaciones establecidas en su art. 12, se realizaron respecto del rol de avalúo N°2645-38, que es un rol de avalúo diferente al que efectivamente ampara el inmueble objeto de la regularización en el expediente N°67149, que es el rol N°2645-159”. Argumenta que es por ello, que se procede a invalidar al amparo del artículo 53 de la Ley 19.880, y para tal efecto se citó a la recurrente doña nombre reservado a audiencia en conformidad al referido artículo 53 y el 56 de la Ley 19.880 para el día 25/01/2022, no compareciendo. De similar modo, se puso en conocimiento de los vicios a don nombre reservado, citándose a audiencia para el día 26/01/2022, quien compareció y replicó lo ya señalado y agregó que la recurrente llegó a vivir al inmueble, al contraer matrimonio con Augundio del nombre reservado, quien era ahijado de su padre, don nombre reservado, y la familia nombre reservado le permitió seguir viviendo en el lugar a título gratuito.

A continuación, y producto de todo lo anterior, con fecha 28 de enero de 2022, se dictó la Resolución Exenta E-103-2022 que invalidó Resolución Exenta N°E-41624 de fecha 08 de noviembre de 2019, que ordenó la inscripción en favor de la recurrente, ordenando la cancelación de las inscripciones realizadas en el Conservador de Bienes Raíces de Yumbel.

Paso seguido, refiere respecto del recurso de reposición y en subsidio del jerárquico interpuesto. El primero rechazado por extemporáneo mediante resolución exenta 268 de 16/03/2022 y mediante resolución exenta 359 de 08/05/2023 se rechaza el jerárquico, también por extemporáneo. Lo cual fue debidamente notificado.

Concluye señalando textualmente: “que el procedimiento invalidatorio se inició dentro del plazo de 2 años que autoriza la ley (mes de julio de 2021), pero efectivamente, su tramitación culminó en el mes de enero de 2022, pero antes de que operara la prescripción adquisitiva en favor de la solicitante”.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho vulnerado. Es entonces, requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o carente de razonabilidad o fundamentación de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas, y que las medidas que se ordenen, permitan cumplir con la finalidad perseguida, esto es restablecer el imperio del derecho y salvaguardar los derechos vulnerados.

SEGUNDO. Que, como se consignó en lo expositivo, el acto que la recurrente reprocha de ilegal y arbitrario y que sirve de fundamento al recurso, se consigna en resolución exenta E-103-2022, de 28 de enero del año 2022, la cual ordena la invalidación de la inscripción a su nombre transcurridos los dos años que para tal fin dispone el artículo 53 de la Ley 19.880 que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado”, y el otro acto que reprocha de ilegal, es la resolución que no da lugar al recurso jerárquico interpuesto.

TERCERO. Se debe recordar que el artículo 53, inciso primero de la Ley N°19.880, establece: “Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto”. Al respecto la doctrina nacional se encuentra conteste en que corresponde a un término de caducidad para el ejercicio de la potestad invalidatoria. En consecuencia, el acto que se estima ilegal debe invalidarse dentro de dos años, que comienzan a computarse desde el momento en que el acto administrativo produce sus efectos, esto es, desde su notificación si el efecto es singular, o desde su publicación, si sus consecuencias son generales. En consecuencia, el plazo es concedido por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de esta atribución, posibilidad que se agota si al cabo de los dos años no se hubiere dictado el acto invalidatorio.

CUARTO: La naturaleza jurídica del ejercicio de la potestad consagrada en el aludido artículo 53, como ya se señaló, constituye un plazo de caducidad, toda vez que el precepto citado entrega la potestad invalidatoria a la Administración, la que debe ejercerse dentro del plazo de dos años previstos en el aludido artículo 53.

Resulta importante recalcar que, al tratarse de un plazo de caducidad, es improcedente acudir a las instituciones de interrupción y suspensión, toda vez que ellas resultan propias de la prescripción, siendo inaplicables en la especie toda vez que en este caso únicamente se debe atender al transcurso del plazo, como fenómeno de carácter objetivo que determina que transcurridos los dos años expirará el término para ejercer la facultad de invalidar. Al respecto, en doctrina se ha señalado: “Este plazo, como cualquier otro término de caducidad es perentorio e improrrogable. Por ello considero que el término bienal del artículo 53 de la LBPA no puede ser alterado de oficio o a petición de los interesados, sea mediante su ampliación o a través de su reducción en el caso de la tramitación de urgencia, supuestos reconocidos en los artículos 26 y 62 de la LBPA, respectivamente. La razón es sencilla. La posibilidad de alteración de esos términos sólo puede estar referida a los plazos de la concreta tramitación procedimental, pero en caso alguno a la modificación de la estructuración reglada del ejercicio de la acción que pone en movimiento la potestad invalidatoria que regula el artículo 53. Si se permitiera a la administración alterar, sea ampliando o reduciendo ese plazo bienal, se produciría una disposición ilegal de uno de los aspectos mismos de la potestad, que en esta parte ha quedado al margen de la intervención discrecional del órgano administrativo”. (nombre reservado Jara Schnettler, “La nulidad de derecho público ante la doctrina y la jurisprudencia”, Editorial Libromar, pp. 100- 107).

QUINTO. No obstante lo anterior, no se puede desconocer que el punto es discutido y genera interrogantes cuando la invalidación resulta requerida a petición de parte. En concreto, los efectos que produce la solicitud invalidatoria realizada dentro del plazo de dos años contenidos en el artículo 53 de la Ley 19.880, en relación al plazo que se encuentra corriendo, como es precisamente lo que ocurre en el caso de autos. Lo anterior debido a que don nombre reservado, interviene con fecha 26 de junio del año 2021, esto es, meses antes de cumplirse los referidos dos años, pero el término que resta para el cumplimiento de ese tiempo no resulta suficiente para la tramitación del procedimiento administrativo que da lugar dicha petición.

Al respecto el artículo 26 de la referida ley de bases consagra la posibilidad que la administración conceda una ampliación de los plazos en los siguientes términos: “Ampliación de los plazos. La Administración, salvo disposición en contrario, podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación, deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.

En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido”.

No obstante lo razonado, lo anterior no ocurre en la especie, toda vez que una vez que don nombre reservado interviene, la administración no recurre a dicha norma, e incluso, realiza una serie de actos trámite necesario para la dictación de la resolución E-103-2022 que procede a invalidar, ya vencido el plazo de los dos años que el artículo 53 prescribe. Entre ellos emite el documento conductor N°595096 de fecha 11 de noviembre de 2021 dirigida a a la unidad de catastro, el ordinario 08-6326-2021 de 26 de noviembre, donde se le responde a don nombre reservado, el ordinario 08-121-2022, de fecha 12 de diciembre, mediante la cual se pone en conocimiento de la recurrente la solicitud de invalidación de don nombre reservado y le cita a audiencia, el ordinario 08-120-2022 de 12 de enero, donde se cita a la recurrente doña nombre reservado a audiencia para el 25 de enero, las actas de audiencia de invalidación de fechas 25 y 26 de enero de 2022 y finalmente la ya mencionada resolución E-103-2022 de 28 de enero de dicho año.

SEXTO. En consecuencia, teniendo presente que el lapso de tiempo transcurrido entre la resolución N°41.624 de 8 de noviembre de 2019 y la resolución E-103-2022 de 28 de enero que lo invalida, supera el plazo de los dos años que ordena el artículo 53 ya citado, y no habiéndose otorgado aumento de plazo al tenor del artículo 26 de la Ley 19.880, dicho acto resulta ilegal y arbitrario, por cuanto carece de fundamento normativo y contraviene expresamente lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 19.880 que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado”.

SÉPTIMO. Que, de la manera en que se reflexiona, la actuación de la recurrida que ha sido denunciada, vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, por cuanto se ha dado a la actora un trato distinto de aquel que la ley impone a otras personas que se pueden encontrar en situaciones análogas, careciendo de razonabilidad proceder a invalidar un acto administrativo terminal una vez trascurridos los dos años que impone el referido artículo 53, sin que existan razones legales que lo justifiquen, circunstancia suficiente para acoger el recurso de la manera que se dirá. Al haberse acogido la presente acción por el referido derecho, no resulta necesario pronunciarse sobre la otra garantía que se dice conculcada.

Por lo reflexionado y concluido precedentemente, se accederá a la protección impetrada en la forma que se indicará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Mario Sánchez Medina en representación de doña nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, siendo ilegal y arbitraria la resolución E-103-2022, de 28 de enero del año 2022, y en consecuencia se debe mantener vigente la inscripción dominical de la recurrente de fojas 301 vuelta, número 295, del Conservador de Bienes Raíces de Yumbel del año 2020.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante Felipe Muñoz Levasier.

Rol N° 15.473-2023 Protección.