Protección contra Fiscalía Local del Ministerio Público de Cañete

Concepción, veintitrés de julio de dos mil veintidós.

VISTO:

1°) nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo nombre reservado contra la Fiscalía Local del Ministerio Público de Cañete, representada por el Consejo de Defensa del Estado, cuyo abogado Procurador Fiscal de Concepción es nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado. Al efecto expone:

a) El 19 de marzo de 2022, siendo las 09:11 horas, mientras se encontraba en el domicilio antes señalado en compañía de su cónyuge, recibió llamado telefónico informándole que se habían tomado su terreno ubicado en la ruta P 60 R, N° 2050, lote 2, por una comunidad mapuche denominada “Antunewen Ruka”. Ante tal situación concurrió hasta el lugar junto su marido, percatándose que ello era efectivo; el terreno estaba tomado y habían lienzos alusivos a la causa mapuche, entonces concurrió a la 3ª Comisaría de Cañete, donde le recibieron la denuncia, originándose la causa RUC 2200264633-5, en la Fiscalía Local de Cañete;

b) Hecho esto regresaron al terreno tomado, donde fue increpada por los dirigentes mapuche de la toma, quienes la amenazaron con “hacerlos cenizas”, ya que sabían dónde vivían ella y los integrantes de su familia, en caso de hacer alguna denuncia o iniciar acciones legales para recuperar su terreno. Añade que están muy atemorizados y que ha pasado más de un mes y medio y la nombre reservado nada legal o constitucional hizo aun para que ella recupere sus terrenos;

c) Reprocha la total ausencia del Estado en la zona de Cañete, esto hace que sus habitantes no se sientan protegidos y sientan permanentemente amenazadas su integridad física y psíquica, ya que todos los días sus propietarios pierden sus tierras a manos de personas que alegan sus derechos ancestrales para usurpar y amenazar libremente a las víctimas de toda esta violencia;

d) Señala que estas acciones afectan sus derechos garantizados en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En cuanto a la afectación grave de la integridad psíquica de ella y su familia, porque viven aterrados de que les pueda suceder algo más grave, como un atentado contra sus vidas, viven con miedo y con un terror que paraliza que no les deja hacer nada.

Sobre el derecho de propiedad, señala que sólo la Ley puede establecer las formas de adquirir la propiedad, de usarla, gozarla y disponer de ella, no la mera voluntad de unas personas que por una reivindicación se toman y usurpan el dominio de sus tierras a sus legítimos dueños. Luego de señalar algunas consideraciones acerca de la naturaleza, características y requisitos del derecho de propiedad, agrega que referida comunidad mapuche tomó su terreno de forma arbitraria e ilegal, ante la pasividad de la nombre reservado, entidad que ninguna medida tomó en defensa de sus derechos, causándole un grave perjuicio moral y económico que avalúa y estima le debe ser indemnizado;

e) Acompañando los documentos que señala en el segundo otrosí de su recurso, solicita tenerlo por interpuesto en contra de la Fiscalía Local del Ministerio Público de Cañete, para que esta Corte adopte inmediatamente las medidas necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho, asegurando debidamente la protección de sus garantías constitucionales afectadas.

2°) Informó Danilo Alexis Ramos Silva, Fiscal Adjunto Jefe del Ministerio Público, Fiscalía Local de Cañete, quien señaló lo siguiente:

a) El 19 de marzo de 2022, nombre reservado presentó denuncia ante la 3ª Comisaría de Carabineros de Cañete, indicando que mientras se encontraba en su domicilio junto a su cónyuge, recibió un mensaje de su hijo, informándole que en una propiedad ubicada en la Ruta P60 R, kilómetro 20.009, de la Comuna de Cañete, que le pertenece, sujetos desconocidos, habían instalado un lienzo alusivo a la causa mapuche, con la leyenda “ANTU NEWEN RUKA”, no detectando la presencia de personas ni edificaciones, en el lugar. A la denuncia se le adjuntó un set fotográfico, en cuyas imágenes se observa un letrero que señala “SE VENDE TERRENO” y otro en el que lee “TOMA DE VIVIENDA ANTUNEWEN RUKA” además del dibujo de un instrumento musical mapuche; en el cerco de alambre se aprecia un par de banderas mapuche; en otra vista de la propiedad no se observan personas ni edificaciones. A la denuncia se le asignó el RUC 220026433-5, a cargo del Fiscal informante;

b) Se solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI), verificar la situación actual en la propiedad y, conforme a informe de fecha 21 de abril de 2022, se constató que en lugar y cubriendo el letrero con la leyenda “SE VENDE” había un lienzo blanco donde se alude a la lucha por la recuperación territorial y por la libertad de los “PPM”; sin embargo, en el lugar no se encontraron edificaciones ni personas que pudieran estar llevando a cabo alguna acción delictiva. Añade que, en virtud de lo indagado, no fue posible determinar responsabilidad penal de alguna persona determinada;

c) Respondiendo las afirmaciones del recurso, señala que de la Fiscalía no ha existido acción u omisión que atente contra las garantías fundamentales expuestas, ya que se trata de un proceso investigativo de reciente inicio, en el cual, hasta la fecha, no se han detectado personas dentro del terreno a quienes imputar un eventual hecho delictivo. Lo anterior, impide adoptar decisiones, como formalizar la investigación y solicitar eventuales medidas cautelares. Actualmente no hay diligencias pendientes por informar y la causa está archivada.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del nombre reservado se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: i) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; ii) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; iii) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y iv) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, el fundamento fáctico del arbitrio deducido por la actora descansa en lo que esa parte califica como la ocupación ilegal del predio de su propiedad, ubicado en la ruta P 60 R, N° 2050, lote 2, producto de la subdivisión del inmueble ubicado en la colonia Lincoyán de la comuna de Cañete, provincia de Arauco, de dos hectáreas de superficie, inmueble que, según certificado de dominio emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Cañete el 28 de marzo de 2022, rola inscrito a nombre de nombre reservado a fojas 736, N° 1215, del Registro de Propiedad de 2012 del referido Conservador. Asimismo, según certificado de avalúo emitido por el Servicio de Impuestos Internos, dicha propiedad tiene destino de sitio eriazo y figura a nombre de la referida recurrente; su Rol de Avalúo es el N° 0508-007 y se ubica en la Ruta P-60, N° 2050, Lote 2, comuna de Cañete.

La actora responsabiliza de esa ocupación ilegal una organización denominada “Antu Newen Ruka”, de la que no proporciona ningún otro antecedente, sin embargo, dirige su acción contra el Ministerio Público, Fiscalía Local de Cañete, por la pasividad con que dicho órgano persecutor ha actuado en la investigación de la denuncia efectuada por ella y que dio lugar a la investigación desformalizada RUC 220026433-5, a cargo del Fiscal Danilo Ramos Silva.

TERCERO: Que, en autos se han reunido, entre otros, los siguientes antecedentes: i) lo informado por el Fiscal del Ministerio Público acerca de que personal de la PDI se constituyó en el sitio del suceso, constatando que sobre un letrero con el aviso de “SE VENDE” había un lienzo blanco donde se alude a la lucha por la recuperación territorial y por la libertad de los “PPM”; en el lugar no había edificaciones ni personas que estuvieran llevando a cabo alguna acción delictiva; ii) las imágenes fotográficas acompañadas por la recurrente con posterioridad a la interposición del recurso, que muestran la instalación del referido lienzo blanco, aludiendo a la reivindicación territorial del pueblo mapuche y vistas aéreas que impresionan a labores de demarcación y cerramiento de un sitio abierto; iii) los documentos que dan cuenta de la titularidad del dominio que reclama la recurrente.

Apreciados ellos conforme a las reglas de la sana crítica, permiten inferir con un alto margen de plausibilidad y razonabilidad que los hechos denunciados en el recurso son efectivos. Es decir, que la recurrente ha sido despojada de la posesión y dominio del predio del cual figura como dueña, por acciones desplegadas por un grupo de personas no identificadas, las que, por vías de hecho se apoderaron materialmente del predio singularizado previamente, careciendo de justo título para hacerlo, por lo que debe estimarse que su proceder ha sido mediante la autotutela, mecanismo de solución de controversias que está proscrito en el ordenamiento jurídico nacional.

CUARTO: Que, es de público conocimiento que “…durante un tiempo considerable han acaecido diversos sucesos vinculados al uso de la fuerza o poder físico, sea bajo la modalidad de amenaza o como acciones concretas, en contra de las personas o grupos de ellas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, cuestión que, en la especie, ha sido reconocida o más bien denominada como una manifestación de “violencia rural’ en una determinada zona del país”.

En ese sentido, la situación denunciada por la recurrente, al presentar características y circunstancias similares a esas “manifestaciones de violencia rural”, llevan a estimar que los hechos develados en el recurso son verosímiles, impresión que refrenda lo informado por el Fiscal de Ministerio Público, quien señala que personal de la PDI se constituyó en el lugar afectado, constatando que sujetos desconocidos habían instalado un lienzo alusivo a la causa mapuche, con la leyenda “ANTU NEWEN RUKA”, sin embargo, no detectaron presencia de personas ni edificaciones en el lugar. También aportan indicios en favor de lo sostenido por la actora en su recurso, las vistas aéreas de un terreno abierto, en el que se aprecian labores de demarcación y cerramiento de sitios. No obstante estas evidencias, el Fiscal instructor señala que no ha sido posible identificar a personas ocupantes de la propiedad de la recurrente, lo que impide solicitar la formalización de eventuales responsables y requerir medidas cautelares en su contra, agregando que la investigación se encuentra archivada.

QUINTO: Que, lo planteado por la actora en su recurso es una alegación que no puede ser desoída, sin perjuicio de lo que se resuelva en su oportunidad en sede penal al tenor de las investigaciones que, con las falencias y dificultades señaladas por el Fiscal del Ministerio Público en su informe, lleva adelante la Fiscalía Local de Cañete, ya que lo denunciado por la afectada es la transgresión flagrante de derechos amparados por la Carta Fundamental, que ha ocasionado en ella el temor verosímil de verse afectadas en su integridad física, síquica, su libertad ambulatoria y su propiedad.

SEXTO: Que, siendo indiscutido que la recurrente fue despojada, por vías de hecho y por terceros no identificados, de las facultades de uso, goce y disposición que son propias del dominio que detenta sobre el inmueble denominado Lote 2, ubicado en la ruta P 60 R, N° 2050, correspondiente a la subdivisión del predio denominado colonia Lincoyán, emplazada en la entrada norte de la ciudad de Cañete, sin que hasta el momento haya obtenido del Ministerio Público la debida protección que ese órgano debía otorgarle en razón de la denuncia interpuesta y conforme lo mandatan los artículos 83 de la Constitución Política de la República, 6° del Código Procesal Penal y 1° de la Ley 19.640, Orgánica del Ministerio Público.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la falta de eficacia de la investigación desarrollada por el ente persecutor, lo que lleva a mantener indefinidamente la vulneración de las garantías constitucionales denunciada por la recurrente, situación que incluso podría agravarse, lleva a que esta Magistratura, en la presente sede cautelar y de acuerdo a sus facultades conservadoras, adopte las medidas de resguardo que estime conducentes para la efectiva tutela de sus derechos amagados, en especial el de propiedad, puesto que la actora se ha visto impedida de ejercer sobre el predio de su dominio las facultades que le confiere su calidad de propietaria, atendido los indicios evidentes de que su inmueble fue y ha sido ocupado por terceras personas contra su voluntad, alterando así una situación preexistente y sin que existiera habilitación judicial para ello; en consecuencia las acciones desplegadas por esos sujetos deben ser calificadas como arbitrarias y contrarias al ordenamiento jurídico, puesto que significaron la ocupación ilegal del predio de la actora.

OCTAVO: Que, en este estado de cosas es evidente que la víctima no ha recibido la respuesta esperada desde el Ministerio Público, cuya Fiscalía Local de Cañete, no le otorgó ni le ha otorgado la debida protección que la garantía constitucional amagada por la comisión de un ilícito merece.

En consecuencia, corresponde acceder a la tutela requerida, toda vez que del análisis de los antecedentes, es posible inferir que con más y mejores diligencias investigativas, se supere la imposibilidad de identificar a los responsables de la ocupación denunciada, para que una vez individualizados se pueda ejercer contra ellos las acciones penales que correspondan y solicitar las medidas cautelares a que haya lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el nombre reservado interpuesto por nombre reservado, en cuanto se dispone lo siguiente:

I.- Que el Ministerio Público reabrirá la investigación en la causa RUC 220026433-5, de la Fiscalía Local de Cañete, disponiendo la ejecución de todas las diligencias investigativas que sean necesarias, a fin de determinar la identidad de todas las personas responsables de la ocupación ilegal del Lote 2 del inmueble ubicado en la ruta P-60 R, N° 2050, correspondiente a la subdivisión del predio denominado “Colonia Lincoyán, emplazado en la entrada norte de la ciudad de Cañete, provincia de Arauco;

II.- Determinada la identidad de los responsables, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Local de Cañete, llevará a efecto todas las actuaciones judiciales que sean necesarias, tanto para efectos de hacer efectiva la responsabilidad penal de los partícipes en los hechos denunciados, como para obtener la efectiva restitución del predio ilegalmente ocupado, a su legítima dueña;

III.- Sin perjuicio de lo anterior, la recurrente podrá ingresar a su inmueble Lote 2, ubicado en la ruta P-60 R, N° 2050, correspondiente a la subdivisión del inmueble ubicado en la colonia Lincoyán de la comuna de Cañete, provincia de Arauco, sea personalmente o a través de quien sus derechos represente, debidamente auxiliada por personal de Carabineros de Chile, con el fin de retirar desde su interior de su propiedad cualquier construcción, instalación, demarcación, cierro, letrero, aviso, bandera, etc., que haya sido puesto ahí por terceras personas y contra la voluntad de la recurrente;

IV.- Asimismo, se ordena a cualquier persona que actualmente ocupe ilegalmente y/o impida el ingreso al citado predio, hacer abandono del mismo dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de notificación del o de los ocupantes de ese inmueble, a quienes, además, se les advertirá que deberán abstenerse en lo sucesivo de utilizar vías de hecho como las denunciadas en estos autos;

V.- Personal de Carabineros de Chile destacado en la comuna de Cañete, otorgará el debido resguardo y protección al predio denominado Lote 2, ubicado en la ruta P-60 R, N° 2050, correspondiente a la subdivisión del inmueble denominado Colonia Lincoyán de la comuna de Cañete en la provincia de Arauco, a fin de evitar que, en lo sucesivo dicho inmueble vuelva a ser ocupado ilegalmente por terceras personas.

Se previene que el ministro (S) Waldemar Koch Salazar, si bien concurre al acuerdo, no comparte el fundamento contenido en el considerando octavo y, en razón de ello, sólo estuvo por decretar en favor de la recurrente las medidas contenidas en los románicos III, IV y V de la parte resolutiva de este fallo, por considerar que, en virtud de las facultades exclusivas y excluyentes que la Constitución y la Ley han dotado al Ministerio Público para conducir la investigación de cualquier hecho que revista las características de un delito, no corresponde que un tribunal de la República ordene al ente persecutor realizar tal o cual diligencia, salvo la excepción legal contemplada en el artículo 257 del Código Procesal Penal.

Regístrese, comuníquese, notifíquese por el estado diario y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro (S) Waldemar Koch Salazar.

No firma la ministra Vivian Toloza Fernández, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

nombre reservado° 15.394-2022 (nombre reservado con Rol 15387-2022)

� Así lo ha manifestado la Excma. Corte Suprema en, al menos tres fallos dictados en las causas Rol N° 36.831-2021, Rol N° 36.846-2021 y, con fecha de 13 de julio último, en el Rol 92.735-2021.