nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

CCG/ari C.A. de Concepción Concepción, veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece Reinaldo Pino Werner, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, interponiendo acción constitucional de amparo preventivo, el que fue reconducido a protección, en favor de Margel nombre reservado, ciudadano de nacionalidad uruguaya, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por haber decretado el rechazo de su solicitud de residencia definitiva y su expulsión del país de manera ilegal y arbitraria, mediante Decreto Exento N°25175682, de 26 de marzo del 2025, para que, conociendo de esta acción, esta Corte la acoja y en definitiva restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la expulsión por ser contraria a derecho, al afectar ilegal y arbitrariamente el derecho a la libertad personal del recurrente y la protección a la familia.

Señala que el recurrente ingresó al país el 27 diciembre de 2019 por paso habilitado, como turista, con aspiraciones de acceder a una mejor calidad de vida y mejores oportunidades laborales de las que tenía en su país de origen. Con posterioridad, inició su carrera laboral en este país como maestro primera de mecánico, labor que realiza con contrato de trabajo y siempre pagando sus cotizaciones previsionales y de salud. Además, se encuentra cursando el Segundo Nivel (3° y 4° medio) en el establecimiento de educación H-C adultos, y contrajo matrimonio el 18 de enero del 2021 con doña nombre reservado.

Refiere que el 26 de marzo del 2025, por Decreto Exento N°25175682, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se decretó el rechazo de la residencia definitiva y la posterior expulsión del país en contra del recurrente.

Expone que nombre reservado, es una persona sumamente trabajadora y con aspiraciones de seguir surgiendo, además de que está comenzando a formar un núcleo familiar con su cónyuge de nacionalidad chilena, quien se encuentra embarazada de 7 meses, pretendiendo con ella formar un hogar sólido, sustentado primordialmente por él, en base a todas las oportunidades laborales que este país le ha proporcionado, y las que espera que cuando pueda regularizar su situación migratoria, Chile se las vuelva a proporcionar.

Manifiesta que el recurrente se encuentra trabajando en el rubro automotriz, principalmente como maestro mecánico. Sin perjuicio de lo anterior, tiene aspiraciones laborales y educacionales mayores que le permitirían mejorar las condiciones de vida de su núcleo familiar. En el ámbito educacional aspira a estudiar una carrera profesional que formalice sus conocimientos, pero al no poder regularizar su situación migratoria, por el mencionado decreto de expulsión, no puede acceder a la educación superior a la que aspira.

Alega que la expulsión resulta arbitraria al no estar debidamente fundada, tal como lo ordena el inciso primero del artículo 84 del Decreto Ley N° 1.094 que señala: “La medida de expulsión de los extranjeros será dispuesta por decreto supremo fundado (...)”. Así las cosas, aun cuando el legislador revistió a la autoridad administrativa de amplias facultades en relación con los extranjeros, no la extendió hasta el extremo de afectar los derechos de las personas en base a un fundamento arbitrario.

Agrega que el decreto impugnado no precisa correctamente el fundamento o motivo que da lugar a tan drástica decisión, ya que si bien indica el supuesto normativo que se imputa, debe precisar que la fundamentación dice relación con una actividad que no se limita a solo señalar hechos y normas jurídicas, sino que también a hacer un razonamiento sobre ellos en que se dé cuenta de cómo los hechos configuran el derecho invocado.

Considera también que la expulsión resulta ilegal, porque atenta contra el valor constitucional de protección de la familia, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, siendo deber del Estado, propender al fortalecimiento y protección de la familia. De este modo, la protección de la familia, es un elemento central y rector en la dirección del Estado y en el cumplimiento de sus finalidades. Esta protección también se encuentra reconocida a nivel de Derecho Internacional, como por ejemplo en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Solicita tener por interpuesta esta acción constitucional, acogerla, declarando que la expulsión es ilegal y arbitraria, y disponiendo como providencia necesaria para restablecer el imperio del derecho dejar sin efecto dicho acto administrativo.

Informó Martín Ignacio Reyes Herrera, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando rechazar el presente recurso en todas sus partes, por falta de oportunidad, ya que esa autoridad se pronunció respecto a la solicitud de permiso de permanencia definitiva presentada por el extranjero. Señala que con fecha 27 de julio de 2022, don nombre reservado ingresó a través del portal del Sermig, solicitud de residencia definitiva id 50374116 y que del análisis de los antecedentes presentados por el extranjero se informó el 15 de diciembre de 2022 a folio N°32131168, que su solicitud no se encontraba en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento de antecedentes. Lo anterior, en atención a que respecto a la documentación presentada: Certificado de antecedentes del país de origen. No Vigente: El documento se encuentra vencido de acuerdo a los plazos estipulados. Certificado de Vigencia del Contrato de trabajo. No Presento El Documento Requerido: El documento presentado no era el que se le estaba solicitando.

Indica que el 21 de febrero de 2025, ese servicio a folio N°73507697 notificó al extranjero del previo rechazo de su solicitud habiendo verificado que se encuentra comprendido en la siguiente causal de rechazo: Certificado Antecedentes del País de Origen: Debe remitir mediante correo certificado, dirigido a Residencias Definitivas, San Antonio N°580, Santiago, el original del certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado o apostillado y posteriormente, deberá responder esa notificación de más antecedentes, adjuntando el comprobante de envío de Correos de Chile, donde se identifique el código de seguimiento de la carta certificada. Sin embargo, afirma que el extranjero no remitió el certificado de antecedentes penales vía carta correo certificada, ni tampoco realizó sus descargos dentro del plazo de 10 días.

Agrega que con fecha 26 de marzo de 2025, ese servicio dictó la Resolución Exenta N°25175682, rechazando la solicitud de residencia definitiva presentada por el extranjero y disponiendo el abandono del país en el plazo de 15 días desde la notificación de la resolución antes indicada.

Sostiene que en virtud de los antecedentes analizados por esa autoridad, el extranjero se encuentra dentro de la causal de rechazo del artículo 88 N°1 de la Ley 21.325 de Migraciones y Extranjería, esto es: “No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en conformidad con lo establecido en el artículo 70”.

Hace presente que no es efectivo que la autoridad administrativa haya incurrido en una actuación u omisión, en el sentido que vulnere las garantías custodiadas por la acción constitucional de protección, ya que el Servicio Nacional de Migraciones, no ha rechazado de forma arbitraria o ilegal la solicitud del extranjero recurrente. No ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, en cuanto a la igualdad ante la ley, en el sentido que ese Servicio exige a todos los extranjeros que soliciten permanencia definitiva en el país, cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

Sostiene que habiéndose dictado acto administrativo final conforme a derecho que resuelve la solicitud del recurrente con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, teniendo presente asimismo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal imputable a esa autoridad, se puede desprender que las peticiones del recurrente no pueden prosperar, toda vez que esa autoridad ya emitió pronunciamiento respecto de la solicitud realizada y dicho acto obedece a que su situación se enmarca dentro de los requisitos establecidos dentro de la normativa para acceder mediante sus solicitudes al permiso impetrado.

Solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente, por no existir acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, no siendo procedente la condena en costas de esa parte.

También informó la Prefectura Provincial Concepción de la Policía de Investigaciones de Chile, dando cuenta respecto del ciudadano de nacionalidad uruguaya, nombre reservado, que con fecha 28.ABR.025, se procedió a consultar en los Sistema Computacionales de la Institución respecto del recurrente, registrando lo siguiente:

- En sistema Gepol Institucional registra los siguientes movimientos migratorios por los pasos fronterizos controlados por la Policía de Investigaciones de Chile:

ENTRADA 27.DIC.019 - Aeropuerto nombre reservado - Uruguay SALIDA 18.DIC.022 - Paso Pehuenche - Argentina ENTRADA 17.ENE.023 - Paso Pehuenche - Argentina SALIDA No registra ENTRADA 11.AG0.023 - Paso Pino Hachado - Argentina SALIDA 08.FEB.024 - Paso Pehuenche - Argentina ENTRADA 10.MAR.024 - Paso Pehuenche - Argentina No registra órdenes de detención pendientes ni encargos judiciales vigentes.

- En el Sistema Residentes de la Institución, registra domicilio en domicilio reservado y Visa temporaria por proceso de regularización, mediante Resolución Exenta Nro. 2741, del Ministerio del Interior.

- En sistema B3000 del Ministerio del Interior registra Resolución exenta nro. 2741, que otorga residencia temporaria por acuerdo residencia MERCOSUR; Sanción pecuniaria mediante Resolución exenta Nro. 22404651 de 09.SEP.022, del Servicio Nacional de Migraciones; Solicitud de Permanencia Definitiva Nro. 50374116, de 15.DIC.022, del Servicio Nacional de Migraciones y Resolución exenta nro. 25175682 de 26.MAR.025, del Servicio Nacional de Migraciones que rechaza permanencia definitiva con abandono.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1° El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

2° El recurrente tilda de ilegal y arbitraria, por falta de fundamentación suficiente, la Resolución Exenta N° 25175682, de fecha 26 de marzo de 2025, que rechazó la solicitud de residencia definitiva presentada por el ciudadano uruguayo nombre reservado, disponiendo, además, el abandono del país. Alegó que dicha resolución vulnera su libertad personal y seguridad individual, además de no considerar adecuadamente su vínculo familiar, pues está casado con una chilena, actualmente embarazada.

3° La recurrida sostuvo que la resolución impugnada fue dictada conforme a derecho, toda vez que el recurrente no presentó los antecedentes requeridos en el plazo otorgado. Además, no es efectivo que haya incurrido en una actuación u omisión ilegal y arbitraria, con capacidad para vulnerar las garantías custodiadas por la acción constitucional de protección.

4° Atendido que la solicitud de residencia definitiva fue presentada el 15 de diciembre de 2022 y resuelta recién el 26 de marzo de 2025, resulta desproporcionado por exceso usar como motivo del rechazo la vigencia del certificado de antecedentes. Además, el recurrente ha demostrado poseer arraigo familiar y laboral en el país, circunstancia que no fue debidamente ponderada, todo lo cual constituye una omisión arbitraria que afecta su libertad personal y seguridad individual, así como también la igualdad ante la ley, correspondiente otorgar la tutela solicitada.

5° Nuestro Máximo Tribunal ha señalado, en casos similares, que la autoridad administrativa debe otorgar la posibilidad de subsanar omisiones documentales, conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.880, y que decisiones desproporcionadas que no consideren el arraigo familiar y laboral de los recurrentes vulneran el derecho a un procedimiento racional y justo (recurso de amparo Rol N° 3332-2025).

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 25175682, de 26 de marzo del 2025, debiendo dicho servicio otorgar un nuevo plazo de treinta días hábiles administrativos al recurrente para que presente los documentos faltantes, y luego, estudie su situación migratoria, a fin de adoptar una nueva decisión debidamente fundada.

Regístrese y oportunamente archívese.

Redacción del ministro Rodrigo Cerda San Martín.

Se deja constancia que no firma la abogada integrante señora Marta Araneda Fraile, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Protección-1537-2025