Protección contra MUNICIPALIDAD DE LAJA

C.A. Concepción.

Concepción, cinco de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece el abogado Enrique Hernández Núñez, en representación de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la MUNICIPALIDAD DE LAJA, representada por don nombre reservado, su alcalde, pidiendo dejar sin efecto el DECRETO MUNICIPAL N°NUM002, de 16 de junio de 2023, suscrito por doña nombre reservado en calidad de Secretaria Municipal y don nombre reservado, en calidad de Alcalde Subrogante de la misma Municipalidad, por medio del cual se ordena a la Dirección De Administración y Finanzas (DAF) de la misma Municipalidad de Laja para que “proceda a efectuar los ajustes contables de los giros generados por las licencias médicas ingresadas al Programa de Personal y efectuar un descuento por el 50% del total de haberes de cada remuneración mensual a partir del mes de julio de 2023 y hasta la totalidad del monto adeudado al Municipio” suma que asciende a $20.776.012 (veinte millones setecientos setenta y seis mil doce pesos), por constituir un acto administrativo arbitrario e ilegal que afecta derechos y garantías constitucionales de su representada y que además reviste carácter de represalia.

Afirma que el Decreto Municipal que es objeto del recurso es arbitrario e ilegal, toda vez que la Municipalidad de Laja, sin mediar ningún procedimiento administrativo de ninguna especie, sin otorgar ningún plazo para que la funcionaria pudiera emitir algún descargo, se ordena a sí misma descontar de los ingresos de la recurrente una suma equivalente al 50% de sus haberes mensuales, a lo que debe sumarse que la Municipalidad recurrida sabe, conoce y le consta que las afecciones psiquiátricas que sufre la recurrente derivan de las acciones delictivas y de connotación sexual que en su contra acometió el Alcalde Titular de la comuna de Laja, tal como se señalará en esta presentación.

Precisó que la recurrente es Técnico Judicial y hasta la fecha en que fue víctima de las acciones aludidas se desempeñaba como Directora Subrogante de la Dirección de Tránsito del municipio. Ella ingresó en el 2009 a la Municipalidad de Laja a prestar servicios en calidad de contrata para posteriormente, por medio de Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 27 de junio de 2012, ser nombrada en calidad de titular en el cargo Administrativo, Grado 17° E.M. para cumplir, en esa fecha, funciones en la SecPlan. Luego, según consta del Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 19 de febrero de 2021, fue nombrada en el cargo de Directora Subrogante de la Dirección de Tránsito de dicho municipio, cargo que ocupaba hasta el día en que fue víctima de abuso sexual por parte del Alcalde la comuna, mientras desempeñaba sus funciones, en la oficina de la Dirección de Tránsito.

Explica que el alcalde nombre reservado fue compañero de labores de la recurrente antes de ser elegido alcalde, pues se desempeñaba en el Departamento de Tránsito junto a la actora y otros funcionarios.

Refiere que la recurrente comenzó a percibir un permanente hostigamiento por parte de nombre reservado quien, aprovechándose de su nueva jerarquía administrativa, solía llamar a la actora a su oficina privada para preguntar banalidades, cuestiones sin importancia ni relación con el trabajo del municipio y terminar por decirle que era muy buena moza y que la encontraba muy linda.

Estos hechos comenzaron a incrementar su intensidad, hasta que el día 5 de agosto de 2021, en horas de la tarde, el alcalde ingresó a la oficina de la recurrente en el interior de la Municipalidad de Laja, donde acorralándola entre su escritorio de trabajo y la pared, logró acercarse a ella, acariciar su pelo y su cuerpo, besar reiteradamente su mejilla y abrazarla sin mediar autorización o aquiescencia de su parte.

Estos hechos lograron ser captado por la cámara del teléfono móvil de la recurrente porque justo en el momento que el Alcalde ingresó a su oficina ella se encontraba manipulando el aparato, quedando grabado en formato de video todas las acciones descritas, evidencia que se encuentra en custodia de la Fiscalía Local de Yumbel en la carpeta de investigación que se inició, pues la recurrente interpuso una querella por delito de abuso sexual propio, descrito y sancionado en el artículo 366 inciso tercero del Código Penal, en contra de nombre reservado, el Alcalde Titular de la comuna de Laja, originándose la investigación RUC 2100921379-9, de la Fiscalía Local de Yumbel.

En esa causa la Fiscalía presentó requerimiento en procedimiento simplificado en contra de nombre reservado calificando los hechos como delito de acoso sexual del artículo 494 ter N° 2 del Código Penal. No se invocaron agravantes y se reconoce la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal.

Habiéndose desarrollado la audiencia de procedimiento simplificado, el 10 de junio de 2022, el imputado no aceptó responsabilidad en los hechos.

En esta misma audiencia se decretó como medida cautelar personal en contra del imputado la prohibición de acercarse a la víctima, la recurrente, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio por el tiempo de tramitación de la causa. Atendido a que víctima e Imputado trabajan en el mismo edificio municipal, se dispuso oficiar al Administrador de la Municipalidad a fin de que realice las gestiones pertinentes para velar por el fiel cumplimiento de la medida cautelar decretada”.

Habiéndose preparado el juicio oral simplificado, se fijó para su celebración el día 22 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas.

Añade que los hechos vividos por la actora gatillaron en ella un cuadro de depresión severa y estrés postraumático derivado de la situación sufrida como víctima de abuso sexual. Este cuadro se ha mantenido y agravado a través del tiempo, encontrándose doña nombre reservado con licencia médica psiquiátrica desde la fecha de los hechos, el 5 de agosto de 2021, hasta el presente.

La Municipalidad está en pleno conocimiento de las licencias médicas porque es notificada de cada una de ellas cuando son emitidas y porque además las paga; en los hechos, todas las licencias médicas que han sido otorgadas han sido pagadas.

La recurrida está en conocimiento del deteriorado estado de salud físico y psíquico de la recurrente y además sabe que no tiene otra fuente de ingresos que el subsidio que le corresponde por las licencias médicas, de manera que al haber dictado el Decreto Municipal N°6.574 objeto de este recurso, ordenándose una retención del 50% de los ingresos de la recurrente, actúa de manera arbitraria e ilegal, arrogándose atribuciones que no le competen.

Además, la recurrida MUNICIPALIDAD DE LAJA sabe que doña nombre reservado fue víctima de hechos de connotación sexual ejecutados por el Alcalde y esto lo sabe tanto porque es un hecho que ha tenido cobertura en los medios de comunicación social de Laja como por la comunicación que esta parte hizo al Concejo Municipal. Además, existe una investigación en la Fiscalía y en el Juzgado de Garantía y también existe una investigación administrativa abierta contra el Alcalde en la Contraloría Regional del Biobío.

Adiciona que, si lo anterior no fuera suficiente, la recurrida MUNICIPALIDAD DE LAJA tiene directa responsabilidad en el desmejorado estado de salud de la recurrente ya que si bien la víctima ha tenido avances que podrían haber permitido su regreso a prestar funciones, fue la Municipalidad de Laja quien mediante un acto arbitrario e ilegal anterior al acto que motiva este recurso, decidió cambiar el lugar de trabajo y las funciones de la recurrente sin tocar a la persona y figura del Alcalde, quien es el único responsable de los hechos y de todos los perjuicios personales y patrimoniales que sufre la actora; es decir, la recurrida Municipalidad de Laja optó por proteger a su primera autoridad y no prestar ayuda, ni apoyo, ni alguna mínima muestra de empatía a una funcionaria municipal de planta como lo es la recurrente.

Aquella conducta arbitraria e ilegal de la Municipalidad de Laja de intentar cambiar a la actora de puesto de trabajo y de lugar de trabajo, le llevó a interponer ante un recurso de protección, Rol 87.361-2022, caratulado “nombre reservado / MUNICIPALIDAD DE LAJA”, el que fue acogido por esta Corte, por medio de sentencia de 1 de febrero de 2022, sentencia que fue apelada por la recurrida, encontrándose pendiente de fallo ante la Excma. Corte Suprema. En él se decretó que la recurrida “debía cumplir la medida cautelar dispuesta en los autos RIT 37-2022, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Laja sin menoscabo alguno para doña nombre reservado y adoptando las medidas pertinentes que aseguren que las limitaciones derivadas de la prohibición de acercamiento que ha sido impuesta al alcalde Roberto Quintana Inostroza se radiquen únicamente en dicho imputado”.

La sentencia fue perentoria en cuanto a la obligación del municipio de cumplir con la orden judicial y al mismo tiempo restringir los efectos de la medida cautelar solamente al imputado y no a la actora como lo pretendía la recurrida.

Así entonces, dice, la afectación de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente es una conducta reiterativa por parte del municipio recurrido.

Estima que la Municipalidad recurrida desborda las facultades que le corresponden legal y administrativamente y provoca un daño directo en la integridad física y psíquica y además se produce un menoscabo arbitrario e ilegal en el patrimonio de la actora.

Se afecta la igualdad ante la ley, por dar un trato discriminatorio a ella debido a los hechos que ha denunciado y por los que se ha querellado contra la máxima autoridad edilicia de la comuna de Laja.

Los hechos que se han descrito afectan la garantía constitucional de integridad física y psíquica del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Doña nombre reservado sufrió un ataque de connotación sexual en su lugar de trabajo y desde ese momento ha quedado con secuelas psiquiátricas diagnosticadas por un profesional competente, quien la mantiene con licencia médica. Ella no había tenido afecciones psiquiátricas con anterioridad a los hechos cometidos por el Alcalde de la comuna. Si bien han existido avances gracias a sus tratamientos, hasta ahora no está de alta ni en condiciones de trabajar.

Hizo presente que la actora ha tomado conocimiento de la liviandad con que el imputado intenta desmentir los cargos que se le han formulado y que ha sido informada por terceros ajenos al caso, cercanos al Alcalde nombre reservado, que él cada vez que puede, señala que la denuncia tiene afanes políticos y económicos.

Así entonces, arguye, doña nombre reservado sufre una permanente afección en su psiquis, porque ante gran parte de los funcionarios municipales y gran parte de la comunidad de Laja, ella es una mujer que faltó a la verdad por motivaciones políticas y económicas, una mujer que levantó una calumnia en contra del Alcalde, aumentando el stress que toda esta situación le ha causado.

Lo anterior se suma a que ya han pasado dos años desde que ocurrió este ataque y la única persona que ha sufrido en carne propia las consecuencias de haber denunciado es la recurrente quien no puede volver a su trabajo porque la Municipalidad prefiere mantener al alcalde en su oficina y decide tomar a la actora y ubicarla en otro lugar, para evitar que ambos se vean.

Como corolario de toda su angustia, ahora la Municipalidad ha decidido descontar el 50% de sus haberes hasta hacerse pago de una suma de más de 20 millones de pesos por pago erróneo de sus licencias médicas.

Estima además que se ha afectado la garantía constitucional de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en el sentido que la recurrente ha recibido un trato, por parte de la Municipalidad de Laja, que no reconoce su calidad de víctima de una agresión de connotación sexual de parte de la máxima autoridad municipal y le ha otorgado un tratamiento discriminatorio por medio del descuento de sus haberes mensuales.

Como ya se dijo, la Municipalidad se ha negado a dar cumplimiento a las órdenes de los Tribunales de Justicia, esto es, cuando la actora pudo tener la capacidad de volver a sus labores, se produjo el cambio de lugar de trabajo y funciones que motivó el recurso de protección ya citado, en etapa de apelación por parte del municipio.

Y antes que se resuelva aquella instancia judicial, la Municipalidad recurrida, sin mediar ni el más mínimo procedimiento bilateral, esto es, sin dar traslado a la recurrente, sin consultarle, para que ella manifestara lo que mejor le pareciera respecto de la decisión que pretendía tomarse, se ordenó a sí misma, mediante un Decreto Municipal, descontar el 50% de los haberes de la actora hasta hacerse pago de una suma que no tiene título para cobrar.

Estima que esta actuación vulnera el principio de igualdad ante la Ley, no solamente en su calidad de mujer víctima, sino que no se le ha dado el trato que a cualquier persona debe dar el municipio.

Expuso que la Ley N° 19.880 y la Ley Orgánica de Municipalidades regula latamente los derechos de terceros, no de los funcionarios, sino que, de terceros ajenos al municipio, a quienes no nos cabe duda que antes de decidir descontar una suma exorbitante como es el 50% de los emolumentos mensuales, se le habría comunicado el parecer municipal por medio de los procedimientos revocatorios o anulatorios que disponen las leyes. Sin embargo, a la actora nada de eso le fue aplicado, lo que -dice- cree que es un acto de represalia, uno más de todos los que ha tenido que sufrir por el solo hecho de denunciar a su victimario, en este caso, la máxima autoridad municipal.

Además, afirma que nos encontramos con un caso de vulneración del derecho de propiedad porque no se trata acá de una mera expectativa ni de una chance, sino que nos encontramos con un derecho preexistente, como es el derecho a la remuneración mensual que recae sobre una determinada suma de dinero, que ha sido cercenado en un 50% por parte de la Municipalidad de Laja. Tal derecho está reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental que establece la garantía del derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

La propiedad que doña nombre reservado ostenta sobre su remuneración mensual es evidente.

Así entonces, desde el momento que la municipalidad recurrida decidió por sí y ante sí, descontar el 50% de los emolumentos mensuales de la recurrente, se ha afectado la garantía del derecho de propiedad de ella con serias consecuencias personales y familiares en su contra.

En definitiva solicita que se acoja este recurso de protección y se disponga el restablecimiento del imperio del Derecho, ordenando dejar sin efecto el Decreto Municipal N° NUM002, de 16 de junio de 2023, suscrito por doña nombre reservado en calidad de Secretaria Municipal y don nombre reservado en calidad de Alcalde Subrogante de la misma Municipalidad, por medio del cual se ordena a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) de la misma Municipalidad que “proceda a efectuar los ajustes contables de los giros generados por las licencias médicas ingresadas al Programa de Personal y EFECTUAR UN DESCUENTO POR EL 50% DEL TOTAL DE HABERES de cada remuneración mensual a partir del mes de julio de 2023 y hasta la totalidad del monto adeudado al Municipio” suma que asciende a $20.776.012 (veinte millones setecientos setenta y seis mil doce pesos) por tratarse de un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales de la recurrente, todo lo anterior con costas.

Informó el abogado Eduardo Reveco Quezada, en representación judicial de la recurrida MUNICIPALIDAD DE LAJA, señalando que el extenso relato de hechos que hace la recurrente, supuestamente ocurridos hace dos años atrás, dan cuenta de una victimización descontextualizada, que no nos puede desviar de la cuestión fundamental o hecho recurrido en esta actual sede Judicial.

Negó absolutamente la veracidad de aquellos hechos, a partir de los cuales la recurrente intenta crear un escenario, en donde ella figura como víctima, una víctima que desde hace dos años está con licencia médica y no tiene contacto alguno con quien pretende su “acosador” o “victimario”. Añadió que tales “hechos” no son materia de este recurso, sino que de otras causas judiciales pendientes, que nada inciden en el hecho recurrido y sus consecuencias legales y administrativas.

En cuanto al hecho o acto recurrido, éste es el Decreto Alcaldicio N°NUM002 de 16 de junio de 2023, que deja constancia del rechazo por la COMPIN de 15 licencias médicas presentadas por doña nombre reservado, e instruye efectuar los ajustes contables y hacer el descuento o cobro respectivo.

Destaca que esto último no lo dice la recurrente, quien se limita a indicar que le “descontaron parte de sus remuneraciones”, pero no indica la causa o motivo.

Se trata de licencias médicas rechazadas por la COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, COMPIN, quien resolvió, dentro de la esfera de sus atribuciones legales, que el reposo laboral de la recurrente es injustificado; y sin que la recurrente haya reclamado o recurrido aquella resolución ante la SUSESO o ante Contraloría.

Se trata de quince licencias médicas seguidas y sucesivas rechazadas, de 30 días cada una, desde enero de 2022 a la fecha, por un monto total de $20.776.012, que corresponde a las remuneraciones íntegras que la Municipalidad de Laja pagó oportunamente a la recurrente, por los mismos quince meses, desde enero de 2022 a mayo de 2023, en que la funcionaria no trabajó. Si el reposo laboral fue declarado injustificado y percibió remuneraciones por ese periodo, todo funcionario público está obligado a restituir, y la Administración está obligada a cobrar, descontar o retener todo lo mal pagado, para obtener su reintegro en arcas fiscales.

Arguye que una cosa es la justificación de su ausencia laboral a través de la licencia médica, pero otra muy distinta es la percepción de remuneraciones integras, por licencias médicas definitivamente rechazadas por el único órgano competente llamado por la Ley para declararlo, la COMPIN.

La dictación del decreto recurrido está suficientemente fundada en los hechos y en el Derecho, por lo que no puede, de ninguna manera constituir una ilegalidad o arbitrariedad y que produzca vulneración de derechos fundamentales.

En efecto, conforme lo dispone el inciso primero del artículo 72 del Estatuto Administrativo (Ley N°18.834), por el tiempo durante el cual no se hubiese efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate, entre otros beneficios, de licencias médicas debidamente tramitadas, para aquellos funcionarios regidos por el estatuto administrativo, como es el caso para la recurrente funcionaria municipal. Hizo presente que las remuneraciones constituyen una contraprestación en dinero, por los servicios efectivamente prestados y que las licencias médicas válidamente emitidas dan derecho a percibir un Subsidio Por Incapacidad Laboral, cuya emisión y tramitación está regulada por el DS N°3 del año 1984, Reglamento de Licencias Médicas emanado del Ministerio de Salud. Precisamente, el artículo 63 del referido Decreto que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- e Instituciones de Salud Previsional, señala, en lo pertinente, que la devolución de los estipendios indebidamente recibidos por el beneficiario de una licencia médica rechazada es obligatoria, debiendo el empleador adoptar las providencias conducentes al inmediato reintegro de las mismas.

El rechazo que hace COMPIN, en su resolución, indica: “SIN DERECHO A SUBSIDIO”.

Es decir, el organismo competente, declaró expresamente que la funcionaria no tiene derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral.

Más aun, argumenta, el Dictamen N°56.059, de 2016, de la Contraloría General de la República, agrega que el descuento de remuneraciones originado por una licencia médica rechazada o reducida, solo puede materializarse una vez que esa decisión sea ratificada por el COMPIN respectivo, o luego de transcurrido el pertinente plazo de reclamo, sin que este se haya efectuado.

Así las cosas, comunicado el rechazo de las licencias médicas por parte de la COMPIN, y sin que la recurrente haya reclamado de dicha resolución a la SUSESO o a la propia Contraloría; es obligatorio para el empleador hacer la retención o descuento, si no lo hace, incurre en una inconducta funcionaria, abandono de deberes, infracción a las normas sobre Administración Financiera del Estado.

Ahora, en consideración, precisamente a la protección de las remuneraciones y a los fines que estas persiguen y constituyen para el trabajador; es que tan solo se ha ordenado descontar el 50% de aquellas remuneraciones y no el total de éstas, sin privar a la trabajadora de sus remuneraciones o parte de ellas.

Cuestiona la supuesta vulneración de derechos constitucionales planteada en el recurso, pues dice que todas estas alegaciones la recurrente las relaciona con su eventual “estado de salud” consecuencia de aquel “acoso sexual”, pero no como consecuencia inmediata y directa del hecho actualmente recurrido.

Además, la recurrente omite indicar lo esencial del asunto, y es que dicho reposo laboral fue declarado injustificado por la COMPIN, rechazando 15 licencias médicas sucesivas, y que no reclamó ni recurrió de dicha Resolución. Aquello, sostiene, es una materia que la recurrente debió reclamar ante la SUSESO o ante Contraloría. Esas materias son técnicas, científicas y especiales, que escapan a la competencia administrativa municipal y también a la evaluación de esta Corte.

Respecto de la eventual vulneración al derecho de propiedad que pretende sobre sus remuneraciones, planteó que útil es establecer que la Municipalidad de Laja pagó y ha pagado hasta ahora, oportunamente, todas las remuneraciones de la recurrente; que durante ese mismo periodo no ha habido ninguna contraprestación de servicios por parte de la recurrente; que las últimas 15 licencias médicas fueron rechazadas por el Organismo Público COMPIN, llamado por Ley a evaluarlas, y que la Municipalidad está obligada por mandato legal a obtener el reintegro de todo lo pagado por licencias rechazadas.

Si la recurrente estima que el rechazo de las licencias constituye la vulneración original a su “estado de salud”, insiste que debió recurrir a la COMPIN, a la SUSESO o a la Contraloría.

Los hechos recurridos e informados dan cuenta que no existe ninguna vulneración de derechos constitucionales, sino más bien el cumplimiento de una norma perentoria, que obliga a la Municipalidad a realizar el descuento de remuneraciones percibidas indebidamente por licencias médicas definitivamente rechazadas.

Concluyó diciendo que basta una simple lectura del deducido y del marco legal informado, para advertir que el descuento remuneracional practicado obedece a un imperativo legal y que las vulneraciones que pretende la recurrente, provendrían -según sus propios dichos- de hechos ocurridos hace dos años. Ahora, si el hecho recurrido fuera el rechazo de las licencias médicas, debió reclamar oportunamente ante los órganos pertinentes.

Por ello pidió, en definitiva, desestimar el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

El mismo día de la vista de la causa el abogado de la recurrente acompañó comprobante de haber ingresado 17 solicitudes de reposición, presentadas ese mismo día 8 de agosto de 2023, ante COMPIN, según dijo “porque con anterioridad la página no permitía dicha acción a mi mandante”, respecto de igual número de licencias médicas rechazadas a la actora.

Como medida para mejor resolver, se decretó oficiar a la COMPIN, a fin de que se informara el estado de tramitación y el resultado de los recursos de reposición de las licencias médicas concernidas. También se envió oficio a la Asociación Chilena de Seguridad, para que informara el estado de tramitación de la solicitud de recalificación global de enfermedad profesional, presentada por la recurrente.

Informó -en cumplimiento de dicha medida- Patricio Castillo Barrios, abogado, actuando en representación de la Asociación Chilena de Seguridad, e indicó -en lo pertinente- que “el Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales de Patologías Mentales, de mi representada, concluyó que la patología de la recurrente, con el diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión”, es de origen común, al no verificarse una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N°16.744, entre dicho cuadro clínico y el trabajo desempeñado. En efecto, de los antecedentes recopilados no se verificó la presencia de factores de riesgo laboral que fueran suficientes para generar el cuadro clínico diagnosticado.

Conforme a lo anterior, mi representada emitió la Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley N°16.744 (RECA) Nro. NUM003, documento en el cual también se le indica a la recurrente su derecho a reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo de 90 días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N°16.744.

La mencionada resolución le fue notificada a la recurrente el día 21 de diciembre del año 2021, misma fecha en la cual fue derivada al sistema previsional de salud común para que continuase con el tratamiento pertinente.

Finalmente, cabe señalar que, con posterioridad al 21 de diciembre del año 2021, no se registran nuevos ingresos de la recurrente a los servicios médicos de mi representada.”.

Añadió que “En relación a lo requerido específicamente a mi representada por esa Iltma. Corte, cumplimos con informar que, al día 11 de agosto de 2023 (fecha en la cual se notificó la resolución de 8 de agosto del año en curso), no se registra ninguna solicitud de reconsideración (“recalificación”) que haya sido formulada por la recurrente, en relación a la calificación como común de su enfermedad.

A su vez, de la revisión de nuestros registros informáticos, tampoco consta que la Superintendencia de Seguridad Social haya requerido a mi representada informar al tenor de algún reclamo que la recurrente haya formulado ante dicha Entidad Contralora (en ejercicio del derecho contemplado en el artículo 77 de la Ley N°16.744), en relación a la calificación como común de su enfermedad.

De lo señalado, no cabe sino concluir que la calificación como común de la enfermedad de la recurrente, determinación que le fue notificada el día 21 de diciembre del año 2021, constituye una situación jurídicamente consolidada.”.

Finalmente, COMPIN informó al tenor de la medida para mejor resolver decretada y señaló -en resumen- que las licencias médicas extendidas a la usuaria nombre reservado, referidas a los períodos del 21 de enero de 2022 hasta el 21 de febrero de 2022; del 20 de febrero de 2022 hasta el 21 de marzo de 2022; del 21 de abril de 2022 hasta el 20 de mayo de 2022; del 21 de mayo de 2022 hasta el 19 de junio de 2022; del 20 de junio de 2022 hasta el 19 de julio de 2022; del 20 de julio de 2022 hasta el 18 de agosto de 2022; del 19 de agosto de 2022 hasta el 17 de septiembre de 2022; del 18 de septiembre de 2022 hasta el 17 de octubre de 2022; del 18 de octubre de 2022 hasta el 16 de noviembre de 2022; así como las de los períodos del 16 de enero de 2023 hasta el 14 de febrero de 2023; del 17 de marzo de 2023 hasta el 15 de abril de 2023; y del 16 de abril de 2023 hasta el 15 de mayo de 2023 tienen una apelación ingresada el 08 de agosto de 2023, que se encuentra en proceso de evaluación.

Se tuvieron por cumplidas las medidas para mejor resolver.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, de urgencia y de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para que prospere la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, la recurrente aduce que la municipalidad recurrida ha decretado, ilegal y arbitrariamente, que se hagan los ajustes contables de los giros generados por las licencias médicas presentadas por la actora y que se efectúe un descuento por el 50% del total de haberes de cada remuneración mensual a partir del mes de julio de 2023 y hasta la totalidad del monto adeudado al Municipio, suma que asciende a $20.776.012.-, sin que existiera procedimiento previo en que ello se discutiera y sin un emplazamiento previo a la recurrente para que allí expusiera lo pertinente a sus intereses.

A su turno, la recurrida señaló que lo obrado obedece a que la COMPIN rechazó quince licencias médicas sucesivas, cada una por treinta días, presentadas por la recurrente, quien no reclamó ni recurrió de dicha resolución, siendo una materia que la recurrente debió reclamar ante la SUSESO o ante Contraloría. Por ello ha adoptado las providencias para cumplir lo ordenado en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3, del año 1984, referido al Reglamento de Licencias Médicas, emanado del Ministerio de Salud, que impone la devolución de los estipendios indebidamente recibidos por el beneficiario de una licencia médica rechazada, debiendo el empleador adoptar las providencias conducentes al inmediato reintegro de las mismas. Indicó, también, que en el Dictamen N° 56.059, de 2016, la Contraloría General de la República ha señalado que el descuento de remuneraciones originado por una licencia médica rechazada o reducida, solo puede materializarse una vez que esa decisión sea ratificada por el COMPIN respectivo, o luego de transcurrido el pertinente plazo de reclamo, sin que este se haya efectuado.

TERCERO: Que, el presente es un procedimiento especial, breve y de urgencia, destinado a obtener protección de ciertas garantías constitucionales que son señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que requiere la existencia de una situación de hecho que amerite otorgar la protección solicitada. Es decir, debe justificarse plausiblemente la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que justifique el otorgamiento del amparo constitucional que se pide.

CUARTO: Que, sin perjuicio que la entidad municipal recurrida ha esgrimido que únicamente ha aplicado la normativa legal pertinente al caso de la solicitante, según consta de lo informado y reseñado en la parte expositiva precedente, para que la cuestionada decisión, que dispone el reintegro de lo pagado, pueda adoptarse es menester que efectivamente estemos ante un caso en que se encuentre consolidada la declaración de rechazo de las licencias médicas de que se trata, lo que en la especie no ocurre, ya que -según se informó en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada- se encuentran pendientes de evaluación una docena de apelaciones interpuestas por la recurrente, respecto de igual número de períodos de licencias médicas, que son la gran mayoría de aquellos a que se refiere el Decreto Alcaldicio N°NUM002 de 16 de junio de 2023, aquí impugnado y que concierne a 15 licencias médicas presentadas por doña nombre reservado.

QUINTO: Que, así las cosas, el señalado Decreto Alcaldicio N°NUM002, dictado por la recurrida, que instruye efectuar los ajustes contables y hacer el descuento o cobro respectivo, actualmente carece del sustento fáctico que requiere para poder disponer tal descuento remuneratorio.

SEXTO: Que, por consiguiente, no encontrándose amparada la actuación municipal en una situación que permita disponer el reintegro de las remuneraciones que se ha impugnado, corresponde concluir que lo obrado es ilegal y, que ello afecta la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, referida al derecho de propiedad que la recurrente tiene respecto de sus remuneraciones, toda vez que se ha dispuesto la práctica de descuentos a ellas sin que concurra una causal legal que lo justifique.

Por ende, concurriendo los presupuestos para que pueda prosperar la presente acción, esta Corte otorgará el amparo constitucional solicitado, por lo que esta acción cautelar será acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de doña nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE LAJA, sólo en cuanto se dispone que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°NUM002 de 16 de junio de 2023, de dicha entidad edilicia.

Cúmplase, oportunamente, con lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Atendido que entre los antecedentes acompañados a la causa existe información personal sensible, aplíquese el hito de reserva al presente proceso, si no se hubiere hecho.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Juan Ángel Muñoz López.

Rol N°15.351-2023 - Protección.