nombre reservado con A.F.P. CUPRUM S.A.

C.A. de Concepción Concepción, once de abril de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece el abogado don Renato Zegpi Jiménez, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, cirujano dentista, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de AFP CUPRUM, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado. Ello, por los actos arbitrarios e ilegales, consistentes en negar la devolución de pagos realizados en exceso al afiliado recurrente, respecto del período comprendido desde el 05 mayo de 2011 a agosto de 2021, por ser pensionado de CAPREDENA desde el 21 de mayo de 2011, cuya negativa y evasivas han vulnerado el debido proceso y el derecho de propiedad, ambos consagrados en el artículo 19 N° 3 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado, como ex funcionario público, es pensionado de CAPREDENA desde el 21 de mayo de 2011, habiéndose acogido a retiro según resolución N° 1689 de 20 de mayo de 2011, emitida por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por haber acreditado hasta el 28 de febrero de 2011, 21 años, 11 meses y 28 días de servicios efectivos en la Armada de Chile.

Sostiene que, el actor ha solicitado reiteradamente la devolución de los pagos realizados en exceso en AFP Cuprum y que están reconocidos por dicha AFP, pero ésta se ha negado a hacerlo ya que señala desconocer la calidad de Pensionado del recurrente. Así, con fecha 07 de diciembre de 2021, éste presentó un reclamo por la denegación de la restitución de los pagos en exceso, acompañando la Resolución 1689 de 20 de mayo de 2021, emitida por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas de Chile, donde consta que la pensión de retiro se otorga desde esa fecha y el certificado de calidad de pensionado con Código QR verificable.

Indica que la única respuesta recibida por parte de la recurrida, es que están consultando la Resolución de Pensión con Organismos Estatales donde el Supervisor nombre reservado ha señalado que siguen consultando, sin tener ninguna respuesta clara y precisa; que, ante cualquier consulta, las respuestas son meramente dilatorias y apuntan todas ellas a que se acredite la calidad de pensionado del recurrente, con diferentes documentos, como por ejemplo, que se acompañe un Certificado de Calidad de Pensionado, a lo que se consulta a Capredena y refieren que ese tipo de certificado no existe.

Afirma que se han acompañado todos los documentos necesarios y suficientes, pero la recurrida violando las normas del debido proceso y violando las garantías constitucionales del recurrente, se niega a restituir el dinero pagado en exceso.

Precisa que los hechos que dan motivo al recurso se realizan específicamente con fecha 07 de diciembre de 2021, en que se presenta un reclamo formal y definitivo por parte de su representado, recibiendo como siempre una respuesta dilatoria, insistiendo que se acredite la calidad de pensionado del recurrente, negándole valor al Decreto N° 1689 de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas de Chile, a las liquidaciones de pago de la Pensión y Certificados acompañados.

Estima que AFP Cuprum ha conculcado el derecho de propiedad señalado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política del Estado, ya que por vías de hecho se pretende privar al recurrente de su legítimo derecho de exigir la devolución de lo pagado a la recurrida en exceso desde mayo de 2011 y hasta agosto de 2021; que, asimismo, se ha conculcado el derecho al debido proceso establecido en el artículo 19 Nº 3, inciso cuarto de la Constitución Política, ya que por vías de hecho AFP Cuprum no ha realizado los procedimientos adecuados para que se realice la restitución de los dineros pagados en exceso, desconociéndose incluso la calidad de Pensionado del recurrente en la caja CAPREDENA por haber sido funcionario de la Armada de Chile.

Expresa que conforme a los antecedentes y documentos que se acompañan no queda más que calificar el actuar de la recurrida como ilegal y arbitrario respecto de las omisiones y /o actuaciones que dentro de su respectivo ámbito realizó o dejo de realizar en relación la negativa de restituir los valores pagados en exceso y que pertenecen y son de propiedad del señor nombre reservado.

Solicita acoger el recurso y disponer que la recurrida deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para proceder a la restitución de los valores pagados en exceso por el recurrente, debidamente reajustados o las que esta Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la garantías señaladas, con costas.

Informó don nombre reservado, Vicepresidente Ejecutivo Subrogante de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, quien señala que don nombre reservado es pensionado en el régimen previsional de las Fuerzas Armadas, por Resolución SS.FF.AA. (M) DEPTO.PREV.SOC. N° 1689 de 11 de junio de 2011 y que data del año 2011, atendidos sus servicios prestados para la Armada de Chile y computados hasta el 28 de febrero de 2011, fecha de su retiro, beneficio previsional que en su primer mes de pago consideró los montos retroactivos contados desde el mes de mayo del año 2011.

Expresa que esa Caja de Previsión ha procedido al pago del beneficio previsional concedido al recurrente, una vez recepcionada la copia de la resolución SS.FF.AA. (M) DEPTO.PREV.SOC. N° 1689 que acompaña, acto administrativo emanado de la SS.FF.AA., el que una vez tramitado es ingresado en sus sistemas para su registro y pago. Además, señala adjuntar un certificado emitido por esa Caja de Previsión que certifica la calidad de pensionado del recurrente, con su respectivo código de verificación.

Explica que mediante Oficio N°27.941, de 27 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Pensiones, modificó la jurisprudencia administrativa relativa a la aplicación del artículo 69 del D.L. N°3. 500 al expresar que "se ha llegado al convencimiento que aquellos trabajadores que detentan además la calidad de pensionados, han cubierto suficientemente la ocurrencia del riesgo por el cual se les ha otorgado el respectivo beneficio, de modo que no resulta necesario para los mismos fines, mantener el pago de cotizaciones por los nuevos servicios prestados, salvo que así lo determine el propio trabajador. Ese ha debido ser el supuesto que tuvo en mente el legislador del artículo 69 del D.L. N°3500, tantas veces referido, considerando precisamente las causales de otorgamiento de pensión que ha establecido para admitir la exención de cotizar, a saber, la vejez (que incluye la vejez anticipada) y la invalidez total".

Que, agrega el citado oficio que, si bien de lo dispuesto en el artículo 69 del D.L. N° 3.500, en relación a lo establecido en su artículo 17 transitorio, podría estimarse que la conclusión antes anotada no surte efectos respecto de aquellos trabajadores pensionados en el antiguo sistema previsional, del que se entienden formar parte los regímenes de la CAPREDENA y DIPRECA, se estima no obstante igualmente procedente aplicarla a su respecto, considerando que han obtenido una adecuada cobertura con la obtención de pensión. Sin perjuicio de ello, hace presente que la normativa que regula el sistema previsional de las Fuerzas Armadas no contiene norma alguna que prohíba a sus pensionados cotizar en el sistema de A.F.P, por lo cual, un pensionado de CAPREDENA puede solicitar a su respectivo empleador mantener el pago de cotizaciones por los nuevos servicios prestados.

Finalmente, alega que escapa de su ámbito de competencia pronunciarse respecto de la procedencia de la devolución de fondos requerida a la AFP.

Informó don José Felipe Aguilera Navarro, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Indica que con fecha 27 de agosto de 2021, don nombre reservado suscribió solicitud de pago en exceso, aduciendo como fundamento que se había generado un exceso de cotización, atendida su calidad de pensionado. En dicha oportunidad, acompañó certificado de pensionado de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, el cual no contenía código de barra que permitiese verificar su validez.

Señala que luego, con fecha 09 de octubre de 2021, tras analizar la solicitud del recurrente, se determinó la imposibilidad de verificar el certificado de calidad de pensionado en CAPREDENA, correspondiendo acudir a la referida institución para verificar su calidad. En tal sentido, el 13 de octubre de 2021, su representada solicitó mediante carta dirigida a CAPREDENA se les enviase la documentación que acreditara la calidad de pensionado del recurrente y desde qué fecha tenía dicha calidad. Inclusive, con fecha 27 de diciembre de 2021, mediante correo electrónico, reiteró dicha solicitud, sin obtener respuesta, por lo que procedió a realizar un análisis más exhaustivo de la documentación presentada por el afiliado; que así contrastó la información indicada en el certificado de calidad de pensionado -que no contenía código de verificación-, versus la liquidación de pensión acompañada, que sí contenía código de verificación y hacía referencia a la resolución que concedió la calidad de pensionado al afiliado, cuyo número coincidía con lo indicado en el certificado de calidad de pensionado.

Añade que en atención al anterior análisis, su representada procedió a instruir el pago, el que se materializó con fecha 03 de enero de 2022 y estuvo disponible para pago con fecha 05 de enero de 2022, fecha en la que se pagó a la cuenta corriente del afiliado un total de $19.032.597, conforme el siguiente detalle:

Periodos devueltos: 11/2012 al 11/2021.

Monto total devolución: $ 28.198.598.

Impuesto 2da Categoría: $ 9.166.001.

Monto liquido devolución: $ 19.032.597.

Hace presente que las devoluciones de pensionados de CAPREDENA o DIPRECA están afectas al impuesto único de 2da categoría.

Destaca que la solicitud de pagos en exceso del recurrente, ha prosperado sólo gracias a la acción de esa Administradora, la que tuvo que suplir la falta de respuesta de CAPREDENA.

Recalca que la actividad de las Administradoras de Fondos de Pensiones está estrictamente enmarcada en lo que establece la Ley y la normativa emitida por la Superintendencia de Pensiones, quien además fiscaliza y supervigila la actuación de las AFP, la que está sujeta a gravísimas sanciones si no actúa de conformidad a la Ley y la normativa vigente. En consecuencia, hace presente que no ha existido acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que esta AFP ha aplicado el marco normativo existente para la revisión de la documentación presentada y gracias a dicha aplicación, la solicitud del recurrente ya fue pagada.

Agrega que, conforme a lo dispuesto en los números 16 y siguientes de Capítulo X, Letra A, Título III, Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la Administradora de Fondos de Pensiones en caso de requerir documentación adicional a la acompañada a la solicitud: “(…) la Administradora informará inmediatamente de ello al afiliado o empleador, mediante los medios de comunicación que estime conveniente, otorgando un plazo no inferior a 30 días hábiles para la respuesta. La Administradora podrá rechazar la solicitud en el evento que no reciba respuesta en el plazo establecido. Lo anterior será comunicado por la Administradora al solicitante de la devolución del exceso, de la misma forma establecida para los casos en que se requiere documentación adicional”, lo que sucedió en este caso, ya que su representada identificó la falta de documentación y se requirió a la entidad correspondiente.

Estima que es la mayor diligencia de esa AFP en cuanto a no castigar al recurrente con el rechazo de su solicitud, lo que parece merecer reproche, por cuando esa Administradora entendió que la falta de documentación no obedecía a una inactividad del recurrente, sino que de CAPREDENA, por lo que se decidió mantener vigente su solicitud a la espera de recibir la documentación faltante y ante su no recepción, realizó análisis más exhaustivos de lo que dispone la normativa, efectuando finalmente la solicitud de pagos en exceso. Así las cosas, el presente recurso ha perdido oportunidad, toda vez que la pretensión del recurrente ya se ha cumplido.

Informó Cristian Gómez Castillo, Director Regional de Concepción del Servicio de Impuestos Internos, respecto a si AFP Cuprum, retuvo y pagó la suma de $ 9.166.001.- a título de impuesto, respecto de la devolución que dicha AFP hizo al cotizante nombre reservado, expresando que con fecha 21 de febrero de 2022, AFP Cuprum S.A., presentó formulario 29, folio 7377121486, sobre declaración mensual y pago simultaneo de impuestos, declarando retenciones por concepto de Impuesto Único de Segunda Categoría. Sin embargo, atendido que el monto que se declara corresponde a todas las retenciones efectuadas por la declarante en el periodo enero de 2022, no es posible constatar que la Administradora de Fondos de Pensiones haya declarado una retención de $9.166.001, respecto del contribuyente. A este respecto, hace presente que el detalle de dichas retenciones se informa a ese Servicio en forma anual, en el mes de marzo de cada año, respecto de las retenciones efectuadas en el año calendario anterior.

En cuanto al pago del referido impuesto, sostiene que ese Servicio no puede pronunciarse, atendido que conforme al inciso 1° del artículo 38 del Código Tributario, contenido en el Decreto Ley 830, de 1974, “el pago de los impuestos se hará en Tesorería, en moneda nacional o extranjera, según corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18, por medio de dinero efectivo, vale vista, letra bancaria o cheque”, sin perjuicio que el inciso 2° de la referida disposición, faculta al Tesorero General de la República para autorizar el pago de los impuestos mediante tarjetas de débito, crédito u otros medios, siempre que esto no signifique un costo financiero adicional para el Fisco, limitación que no se aplica para las tarjetas de crédito y débito emitidas en el extranjero, debiendo en su caso, impartir además las instrucciones administrativas necesarias para resguardar el interés fiscal.

Que, con fecha 31 de marzo de 2022, en folio 38, se decretó como medida para mejor resolver, oficiar a la Tesorería General de la República, a fin de que informe sobre la efectividad de que la recurrida A.F.P Cuprum S.A, efectuó el pago de $9.166.001 correspondiente al pago de impuesto de segunda categoría del contribuyente señor nombre reservado.

Informó en cumplimiento de dicha medida para mejor resolver don nombre reservado, jefe de la Sección de Operaciones de la Tesorería Regional de Concepción, quien señaló que verificados los registros en CUT, en el RUT RUT reservadode Cuprum S.A., figura declarado y pagado, el formulario 29 folio 7377121486, periodo 01/2022, con fecha 21-02-2022 por $1.131.655.139.

Explica que, respecto a informar sobre la efectividad de que Cuprum S.A., incluyó la retención de $9.166.001 efectuada al Sr. nombre reservado, en el formulario 29 folio 7377121486, no es posible a ese Servicio afirmarlo, por cuanto, solamente se registra en CUT, los códigos y valores globales de los impuestos pagados y declarados.

A mayor abundamiento, transcribe lo informado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de Concepción, Cristian Gómez Castillo, en su Oficio Ord., N° 39 del 21 de marzo del 2022, en cuanto a que: “….Sin embargo, atendido que el monto que se declara por el referido concepto corresponde a todas las retenciones efectuadas por la declarante en el periodo enero de 2022, no es posible constatar que la Administradora de Fondos de Pensiones haya declarado una retención de $9.166.001, respecto del contribuyente RUT RUT reservado. A este respecto, se hace presente que el detalle de dichas retenciones se informa a este Servicio en forma anual, en el mes de marzo de cada año, respecto de las retenciones efectuadas en el año calendario anterior”.

Afirma que lo que motiva la petición del presente informe, es lo que señala el Servicio de Impuestos Internos, en cuanto a que “el pago de los impuestos se hará en Tesorería, en moneda nacional o extranjera, según corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18, por medio de dinero efectivo, vale vista, letra bancaria o cheque, sin perjuicio que el inciso 2° de la referida disposición, faculta al Tesorero General de la República para autorizar el pago de los impuestos mediante tarjetas de débito, crédito u otros medios, siempre que esto no signifique un costo financiero adicional para el Fisco, limitación que no se aplica para las tarjetas de crédito y débito emitidas en el extranjero, debiendo en su caso, impartir además las instrucciones administrativas necesarias para resguardar el interés fiscal”. Sin embargo, estima que lo anterior se refiere a las facultades del Servicio de Tesorerías, sobre la función recaudadora que le compete, pero que no tiene relación ni puede aclarar la materia consultada.

Finalmente, hace presente que, el pago de la retención del impuesto de 2ª categoría, efectuada al Sr. nombre reservado, tendrá efectos tributarios en su declaración de Renta, correspondiente al Año Tributario 2023, hecho que debería ser informado, por ser parte del caso, independiente de que pudiere estar en conocimiento del mismo.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en lo pertinente, dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, número”, entre otros, 2°, podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

2.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

3.- Que, el recurrente tilda de arbitraria e ilegal, la negativa de la recurrida en devolverle los pagos realizados en exceso en el periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2011 a agosto de 2021, fecha ésta última en que se acogió a retiro.

Que, la recurrida, informando, refirió que el 27 de agosto de 2021, el actor suscribió una solicitud de pago en exceso aduciendo como fundamento que se había generado un exceso de cotización atendida su calidad de pensionado; que debió verificar tal calidad del recurrente en Capredena ya que los documentos acompañados por éste no tenían código de barra para verificar su validez; que instruyó el pago requerido lo que se materializó el 3 de enero de 2022, depositándose en la cuenta corriente del afiliado, el 5 de enero de 2022 la suma de $10.032.597, descontándose $ 9.166.001 por concepto de impuesto de 2° categoría.

4.- Que, de los antecedentes acompañados por la parte recurrente, se encuentran acreditados los siguientes hechos: a) que el 27 de agosto de 2021, el recurrente solicitó a la recurrida el pago en exceso por el periodo mayo de 2011 a agosto de 2021 por ser pensionado de Capredena desde el 21 de mayo de 2011, acompañando certificado de pensionado de Capredena y liquidación de su pensión correspondiente a agosto de 2021 (folio 1); b) el 7 de diciembre presentó un reclamo a la AFP recurrida, por la negativa de la recurrida en restituirle los pagos en exceso (folio1); c) en folio 24, la recurrida AFP Cuprum informó que el 3 de enero de 2022 materializó el pago solicitado por el recurrente, depositándosele el 5 de enero del presente año la suma de $19.032.597 en su cuenta corriente conforme al detalle que indicó.

5.- Que, atendidos los hechos expuestos en el fundamento que precede, aparece que, de haber existido alguna actuación u omisión ilegal o arbitraria de parte de la AFP recurrida, esta desapareció y, de otro lado, que en esas circunstancias, no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar.

6.- Que, en este escenario, la presente acción constitucional debe ser rechazada por carecer de objeto jurídico, pues ha perdido oportunidad al haber cesado el supuesto agravio por el que se requirió este amparo constitucional, siendo innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen conculcadas en el recurso.

7.- Que, se condenará en costas a la parte recurrida, por cuanto el actor tuvo que accionar de protección para obtener la solución del hecho que dio origen al presente recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se decide:

Que, se Rechaza, con costas, la acción de protección interpuesta por el abogado Renato Zegpi Jiménez, en representación de don nombre reservado, en contra de AFP CUPRUM.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra Vivian Toloza Fernández.

ROL: 15304–2021 PROTECCION.