nombre reservado con SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL

Concepción, siete de enero del año de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, en estos antecedentes Rol Corte 1526-2025, comparecen Lorena Francisca Miranda Urzúa, Abogada Curadora, C.I: RUT reservado; nombre reservado, Abogada Curadora, C.I.: RUT reservado y Daniela Carolina Covarrubias Venegas, Abogada Coordinadora Regional titular, C.I.; RUT reservado, todas del nombre reservado Abogado de la Región de Los Ríos, domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, recurriendo de protección en contra del Secretario Regional Ministerial (SEREMI) de la Región del Biobío del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, por haber incurrido en su calidad de Presidente del Honorable Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío en actos y omisiones ilegales y/o arbitrarias en el marco del fiel cumplimiento de sus obligaciones y de la normativa vigente, en atención a denuncias de maltrato y acoso laboral, en que las medidas adoptadas fueron insuficientes, revictimizantes, y no se tomaron acciones inmediatas para proteger sus derechos.

Indican que el SEREMI recibió la denuncia el 19 de marzo de 2025, conforme a la Ley 21.643, que establece el procedimiento para el tratamiento de denuncias por acoso laboral. El 26 de marzo, el SEREMI decidió delegar la tramitación de la denuncia a la Contraloría Regional del Biobío mediante un ordinario, por lo que SEREMI no adoptó medidas efectivas para resguardar la integridad de las víctimas, a pesar de contar con pruebas sobre la gravedad de los hechos denunciados.

Refieren que las acciones y omisiones de la recurrida, violaron principios fundamentales establecidos por la Ley Karin, como la confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género, además de los derechos constitucionales de las recurrentes, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica que el recurso se presentó dentro del plazo legal, ya que las omisiones se produjeron el 27 de marzo, cuando el SEREMI notificó la delegación de la denuncia. Además, señalan que la denuncia no solo fue presentada ante el SEREMI, sino también ante las autoridades internas de la institución, activando el protocolo interno para el tratamiento de la denuncia.

En síntesis, las recurrentes buscan que se restablezca la protección de sus derechos, ya que consideran que las autoridades responsables no tomaron las medidas necesarias para proteger su integridad física y psicológica, lo que prolongó su sufrimiento y generó impunidad para los agresores.

En cuanto a nombre reservado: presentó denuncias desde el año 2022 por acoso laboral contra la Directora Regional Loreto Dueñas. Fue diagnosticada con enfermedad profesional por acoso laboral (ACHS). Reiteró denuncia en agosto de 2024, mencionando además a nombre reservado (Director Jurídico) y nombre reservado (Coordinadora subrogante).

Respecto de nombre reservado: presentó denuncias en junio y septiembre de 2024 contra nombre reservado. En marzo de 2025, denuncia también ante Contraloría y Seremi, acusando falta de medidas de resguardo.

Respecto de nombre reservado: presentó denuncias en julio y septiembre de 2024 contra nombre reservado. En marzo 2025 presenta denuncias ante Contraloría y Seremi. Apeló en abril 2025 de la resolución de la ACHS que no calificó su enfermedad como profesional.

Asimismo, las recurrentes presentaron denuncias en conjunto en febrero y marzo de 2025 ante Subsecretaría de Justicia, Seremi, y Contraloría, en contexto de la Ley Karin, señalando hostigamiento, acoso institucional, y falta de medidas de protección.

Puntualizan que las tres recurrentes han sido citadas como denunciantes y denunciadas, con resoluciones acumuladas y contradictorias (401/2024, 415/2024, 478/2024, 47/2025). En particular, la investigación sumaria en contra nombre reservado terminó en sanción leve, a pesar de recomendarse destitución, y reconociendo acoso laboral, pero sin medidas de resguardo.

Agregan que a pesar de las reiteradas denuncias, las medidas de protección han sido tardías, confusas y contradictorias, lo que evidencia una falta de acción oportuna del Seremi y RRHH, inadecuado contacto con denunciantes, muchas veces con funcionarios sin formación en Ley Karin.

Indican que el Oficio Ordinario N° 85 del Seremi derivó los antecedentes a Contraloría sin implementar medidas preventivas, lo que fue impugnado mediante recurso de reposición y jerárquico.

Hacen presente que las tres funcionarias presentan serias afectaciones de salud mental, esto es, trastorno depresivo mayor, ideación suicida, hospitalizaciones.

En el caso de nombre reservado, se denuncia que la ACHS, calificó erróneamente su enfermedad como común, ignorando pruebas y contexto, pese a tener antecedentes similares reconocidos en el caso de la recurrente nombre reservado.

Las recurrentes cuestionan la objetividad del estudio de puesto de trabajo, por incluir como testigos a personas sin conocimiento de los hechos, denuncian un patrón de acoso institucional, falta de respuestas, y cronificación del daño.

Sostienen que han enfrentado una situación prolongada y sistemática de acoso, maltrato y negligencia institucional, sin respuestas oportunas ni efectivas por parte de las autoridades competentes (Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, Seremi de Justicia, ACHS y Contraloría). A pesar del reconocimiento de una enfermedad profesional en al menos un caso, no se han implementado medidas de resguardo adecuadas, agravando la situación y generando graves consecuencias psicosociales.

Indican que el Ord. N° 85 emitido por la autoridad recurrida evidencia una omisión arbitraria e ilegal que perpetúa la vulneración de múltiples derechos fundamentales, como es el artículo 19 N° 1 – Derecho a la vida e integridad física y psíquica, ya que las denunciantes presentan cuadros severos de salud mental provocados por acoso laboral. La omisión de medidas de resguardo incrementó el daño y el riesgo a su integridad. El artículo 19 N° 2 – Igualdad ante la ley: por el trato discriminatorio al no adoptar medidas frente a sus denuncias, en contraste con otros casos, configurando una discriminación arbitraria y una vulneración a este derecho. El artículo 19 N° 3 – Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (debido proceso), por cuanto la derivación del caso a la Contraloría, sin adoptar acciones inmediatas, ha generado indefensión, vulnerando su derecho a una tutela judicial efectiva. El artículo 19 N° 4 – Derecho a la honra y vida privada, ya que las víctimas han sufrido descrédito, daño reputacional y exposición indebida, agravados por la inacción de la autoridad y el ambiente laboral hostil persistente. El artículo 19 N° 16 – Libertad de trabajo y su protección, por la ausencia de medidas preventivas perpetúa un entorno hostil, afectando el desarrollo profesional y la estabilidad laboral de las recurrentes; y el artículo 19 N° 24 – Derecho de propiedad sobre bienes incorporales, por cuanto las omisiones afectan los derechos derivados del contrato de trabajo, como el desarrollo profesional y el derecho a un ambiente laboral digno, constituyendo una lesión al derecho de propiedad sobre bienes incorporales.

Solicitan se acoja el recurso declarando la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución N° 85/2025, adoptándose las medidas de resguardo para las recurrentes, como separación de funciones con goce de remuneraciones durante la investigación, especialmente respecto de los siguientes funcionarios: nombre reservado, Director General; nombre reservado, Director Jurídico; Loreto Dueñas Joost, Directora Regional de los Ríos; nombre reservado, Coordinadora Subrogante del nombre reservado Abogado de los Ríos. Que se revoquen las investigaciones en contra de las recurrentes, debido a su extemporaneidad y contravención al debido proceso, que constituyen represalias.

Además, solicitan la Reparación integral de los daños causados, solicitando una indemnización de $20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada una de las recurrentes, debido al daño moral causado por las acciones y omisiones del SEREMI y la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío.

SEGUNDO: Que, informó nombre reservado, Contralor Regional, señalando que la acción cautelar se ha interpuesto en contra de las decisiones adoptadas por el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos del Biobío respecto a la recepción de una denuncia por maltrato y acoso laboral (Ley N° 21.643), presentada por las recurrentes. Argumenta que las omisiones y actuaciones recurridas provienen exclusivamente de dicho Secretario Regional Ministerial, y no de la Contraloría Regional, por lo que no corresponde que esta última sea parte del recurso de protección planteado.

TERCERO: Que, informando nombre reservado, abogado, Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región del Biobío y Presidente del Honorable Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, señalando que acción constitucional pretende obtener declaratorias propias de un juicio de lato conocimiento, cuestiones que exceden el marco concentrado, sumario y eminentemente cautelar del artículo 20 de la Constitución, por cuanto la acción constitucional no constituye un mecanismo idóneo de declaración de derechos propias de procedimientos de lato conocimiento.

Agrega que la actuación impugnada se reduce al Ordinario N.° 85 de 26 de marzo de 2025, por el cual el SEREMI, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, informó a las recurrentes que remitió los antecedentes de la denuncia verbal a la Contraloría Regional del Biobío y solicitó a la Dirección de Recursos Humanos contactar para verificar la procedencia de medidas. La actuación en cuestión es un acto de trámite, no crea ni modifica derechos, ni decide sobre la denuncia o sanciones. Actualmente, no hay ninguna resolución que impida a las denunciantes acceder a las instancias legales, y el desacuerdo con la medida de separación de funciones con goce de sueldo no se considera una lesión grave a sus derechos. Además, las medidas de protección pueden ser revisadas o modificadas en cualquier momento, por lo que hay opciones para protegerlas si así se desea.

Dice que las recurrentes solicitaron una audiencia por Ley de Lobby con el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, la que se realizó el 19 de marzo de 2025. En esa reunión, presentaron una denuncia verbal por Ley Karin contra varios cargos directivos, incluyendo al Jefe Superior del Servicio. Durante la reunión, además del relato de hechos, hicieron peticiones específicas, que fueron enviadas por correo a la abogada de la Seremi y posteriormente se levantó un acta firmada por todos los participantes. La denuncia y las solicitudes se enviaron formalmente el 22 de marzo. El 24 de marzo, en una sesión del Consejo Directivo, se informó sobre la denuncia contra el Jefe de Servicio y otros cargos.

En respuesta, el Seremi tomó acciones mediante tres oficios del 26 de marzo: uno a Recursos Humanos para verificar la situación de las denunciantes, otro a ellas informándoles que la denuncia se remitió a la Contraloría y que Recursos Humanos las contactaría, y un tercero al Contralor Regional, remitiendo la denuncia y señalando que hay otras denuncias en trámite. Estas acciones se realizaron dentro del marco legal vigente, sin ser arbitrarias o ilegales, ya que fueron tomadas por la autoridad competente, con motivación clara, basada en antecedentes y en la normativa aplicable, buscando cumplir con los fines de protección y control en la institución.

Refiere que de acuerdo con el artículo 211-A del Código del Trabajo, modificado por la Ley N° 21.643, los trabajadores tienen derecho a que su empleador implemente medidas para prevenir, investigar y sancionar conductas de acoso sexual, laboral y violencia en el lugar de trabajo. En cumplimiento de esto, la Corporación aprobó el 30 de julio de 2024, mediante la resolución N° 435/2024, un Protocolo de Prevención de acoso, sexual, laboral y violencia laboral. Además, en noviembre del mismo año, con la resolución exenta N° 515/2024, se complementó este protocolo para establecer claramente el procedimiento para denunciar, investigar y sancionar estas conductas en el entorno laboral.

Hace preste que el 26 de marzo de 2025, el Seremi solicitó a la directora de Recursos Humanos que contactara a las funcionarias para verificar su situación y determinar si era necesario tomar alguna medida. En respuesta, la directora informó que se instruyó al Prevencionista de Riesgos para que las contactara de inmediato y les brindara apoyo emocional y psicológico. Además, dado que las funcionarias estaban con licencia médica en ese momento, se indicó que, si regresaban a sus labores, las medidas de supervisión se realizarían con otra persona distinta al denunciado y se les ofreció la opción de trabajar en modalidad remota. Esto demuestra que sí se tomaron medidas de resguardo, aunque no la suspensión total de la relación laboral con goce de sueldo, como solicitaban las funcionarias. Por otro lado, la Contraloría solicitó un informe sobre la denuncia, el cual fue respondido por la directora de Recursos Humanos de la CAJ Biobío el 30 de abril de 2025.

Termina solicitando desestimar en todas sus partes el recurso de protección deducido, toda vez que las actuaciones cuestionadas se han desarrollado en el ejercicio legítimo de facultades legales, sin que concurra ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

CUARTO: Que, el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal. Para su procedencia requiere la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías o derechos que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

QUINTO: Que, examinados los escritos fundamentales y los documentos aparejados por las partes, considerando las pretensiones de las recurrentes, se evidencia que la presente controversia no es una materia que corresponda dilucidar a través de la acción constitucional de protección de garantías fundamentales materia de autos, ya que lo discutido implica determinar las implicancias de la aplicación de la Ley N°21.643 denominada “Ley Karin” al caso de la recurrente; cuestiones que necesariamente deben ser conocidas y discutidas por las autoridades pertinentes y, en su caso, a través de un proceso en que las partes pueden hacer valer sus pretensiones y derechos, además de rendir las pruebas que estimen pertinentes, en la forma y dentro de los plazos que establece el legislador (en el mismo sentido Corte Suprema Rol 34.379-2025).

SEXTO: Que, en consecuencia, la recurrida Secretaría Regional Ministerial de la Región del Biobío del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha incurrido en actos ilegales ni arbitrarios que requieran del arbitrio de esta Corte para restablecer el imperio del derecho, motivo por el cual el recurso de protección materia de autos no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado por las abogadas Lorena Francisca Miranda Urzúa, nombre reservado y Daniela Carolina Covarrubias Venegas en contra del secretario regional Ministerial de la Región del Biobío del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Oportunamente dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

No firma el ministro señor Jordán, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Rol N°1526-2025-protección