Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 15259-20241 ago 2024

RAUL ALEJANDRO PLACENCIA TORRES Y JUNTA DE VECINOS N°20 SANTA CLARA TALCAHUANO con nombre reservado

Fecha
1 de agosto de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Concepción
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 15259-2024, sentencia de 1 de agosto de 2024

Resumen

Se rechaza el recurso de protección porque los proyectos cuestionados fueron regularizados: el primero se ejecutó y cerró técnica y financieramente, y el segundo se reintegró y cerró administrativamente, sin pendientes ante el Gobierno Regional.

Texto íntegro

C.A. de Concepción Concepción, uno de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, inscripción N°147610, rol único tributario 70.703.500-5, quien comparece por si y a favor de la junta de vecinos antes referida, deduciendo acción de protección en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, presidente de la junta de vecinos ya individualizada, y en contra del Gobierno Regional de la Región del Biobío, con domicilio en domicilio reservado.

Los actos que reprocha y sirven de fundamento al recurso, consisten en las irregularidades cometidas en las postulaciones a proyectos de seguridad ciudadana durante el año 2018, sobre alarmas comunitarias, y el año 2020 sobre cámaras de seguridad.

En cuanto a los hechos en que funda el recurso, relata que la junta de vecinos de la cual es tesorero, posee desde el año 1990 la cuenta de ahorro N°[cuenta reservada] del Banco Estado, y que pueden operar en ella, tanto el recurrente como la presidenta recurrida.

Expone que el proyecto de alarmas comunitarias del año 2017 código 17SC174, depositado en la cuenta de ahorro de la junta de vecinos, se encuentra sin rendición completa hasta la fecha, lo que generó un bloqueo de esta cuenta por parte del Gobierno Regional, hasta que dicha rendición no se realice satisfactoriamente.

Respecto del proyecto referido a las cámaras de seguridad del 2020, código 20SE0286, aprobado en favor de la junta de vecinos, pero postulado bajo el rol único tributario 65.153.725-8, y transferido mediante vale vista el 6 de septiembre de 2022 por un monto de $3.982.415, se encuentra a la fecha sin rendir.

Quien actúa como representante legal en ambos proyectos ante el Gobierno Regional es la presidenta recurrida, quien presentó distintos roles únicos tributarios, a nombre de la misma junta de vecinos, para la adjudicación de dichos fondos, que como se señaló, se encuentran sin rendir.

Por lo anterior, argumenta, resulta necesario regularizar las rendiciones pendientes, ante el Gobierno Regional del Biobío, y así que la junta de vecinos sea desbloqueada y pueda volver a participar de nuevas postulaciones.

Termina solicitando:

“Que la representante legal de nuestra organización entregue antecedentes y explique motivos por los que se utilizó información (fotografías, documentos, proyecto) de nuestra junta de vecinos asociado a un Rut que no corresponde (65.153.725-8).

Que la representante legal de nuestra organización regularice rendiciones pendientes con el Gobierno Regional del Biobío, con el fin de desbloquear a la junta de vecinos, la cual se encuentra actualmente impedida de postular a nuevos proyectos.

Que el Gobierno Regional del Biobío explique porque se transfirieron fondos por $ 3.982.415.- al Rut RUT reservadoel cual no pertenece a la organización, estando el Rut oficial 70.703-500-5 al momento bloqueado.

Solicitar al Gobierno Regional del Biobío resguardar a nuestra organización de futuras postulaciones en caso de actuar la misma representante legal, entregando información de los procedimientos y protocolos de financiamiento de proyectos.”

A folio 8, informa BÁRBARA GÓMEZ ILLESCA, abogada, en representación del recurrido GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, exponiendo que la Junta de Vecinos N°20, Santa Clara” de Talcahuano, cuenta con dos proyectos postulados y financiados para el año 2017 y 2020, en el Fondo de Seguridad Ciudadana, correspondiendo estos proyectos a los códigos internos 17-SE-174 y 20-SC-0286.

El primero denominado: “Con mis vecinos más seguros”, fue postulado bajo el rol único tributario 70.703.500-5, por un monto de $4.300.000, fue ejecutado totalmente, quedando con un saldo pendiente de reintegro de $57.695, e incorporar formulario 29 y certificado de recepción de fondos. El monto indicado fue devuelto al Gobierno Regional, junto con los documentos indicados. Por ello, dicho programa se encuentra cerrado tanto administrativa como financieramente.

Argumenta que, respecto del segundo, llamado: “Santa Clara preparados ante la seguridad”, postulado bajo el rol único tributario 65.153.725-8 y por un monto de $3.982.415, no fue ejecutado, dado que no fue posible retirar los fondos desde la cuenta bancaria por corresponder a un rol único tributario distinto de aquel que le pertenece a la junta de vecinos adjudicataria.

Dice que ante la imposibilidad de acuerdo entre las partes, el Gobierno Regional realizó las gestiones para recuperar el vale vista que se había emitido, y se procedió al reintegro de la totalidad de los fondos. Este proyecto se encuentra solo con cierre administrativo, ya que, al no haber ejecución, no es posible hacer un cierre financiero.

Concluye sosteniendo que la junta de vecinos no presenta situaciones pendientes, que se encuentra con sus rendiciones regularizadas, con su documentación técnica y los reintegros correspondientes, por lo cual no existe impedimento alguno para postular a nuevos proyectos.

A continuación, sostiene que no existe un derecho indubitado que amparar ni tampoco garantías que hayan sido conculcadas, que la irregularidad consistente en tener dos roles únicos tributarios debe ser solucionado con el Servicio de Impuestos Internos, que no existe acto u omisión ilegal y arbitrario al haber obrado en conformidad con el artículo 16 y siguientes de la Ley 19.175 “Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional”, y remata pidiendo el rechazo del recurso interpuesto.

A folio 12 informó nombre reservado, quien sostiene respecto de los dos proyectos adjudicados, que el primero denominado: “Con mis vecinos más seguros”, el dinero para su ejecución fue transferido el día 5 de enero de 2018 y su período de ejecución fue desde el 5 de febrero al 5 de junio del referido año. Este proyecto fue ejecutado a cabalidad, y sólo faltó por entregar al Gobierno Regional de la Región del Biobío, el formulario 29, el certificado de recepción de fondos y además el reintegro de un saldo pendiente por la suma de $57.695. Argumenta que dicha documentación fue ya entregada y los montos pendientes reintegrados, tal como da cuenta el certificado de cierre técnico N°283/2018 y el certificado de cierre financiero.

Respecto del segundo proyecto denominado: “Con mis vecinos más seguros”, dice que se postuló bajo otro rol único tributario 65.153.725-8. Que, no obstante haber sido aprobado y el dinero depositado, no se pudo llevar a cabo, ya que no fue posible retirar los fondos por el erróneo numero tributario bajo el cual se postuló, el cual es inválido y no tiene inicio de actividades. Por ello, en lo que respecta a los dineros depositados, el Gobierno Regional realizó las gestiones para cancelar el vale vista emitido y reintegrar los fondos a la cuenta bancaria de dicha institución.

Afirma que actualmente, la Junta de Vecinos N°20 Santa Clara, no tiene impedimento alguno para postular a nuevos proyectos.

Termina pidiendo tener por evacuado el informe requerido en autos, y solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es entonces, requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

SEGUNDO. Respecto del acto que se dice ilegal o arbitrario, consistirían en las irregularidades cometidas en las postulaciones a proyectos de seguridad ciudadana, financiados por el Gobierno Regional de la Región del Biobio, correspondiente al denominado: “Con mis vecinos más seguros”, códigos internos 17-SE-174 y al llamado: “Santa Clara preparados ante la seguridad”, cuyo código es el 20-SC-0286.

TERCERO. Respecto del primer proyecto, como consta de los documentos acompañados y de lo informado por ambos recurridos, este fue ejecutado a cabalidad. Lo pendiente de materializar, consistente en entregar al Gobierno Regional de Biobío el formulario 29, el certificado de recepción de fondos y además el reintegro de un saldo pendiente de $57.695, fue en definitiva hecho, por lo que está cerrado tanto desde el punto de vista técnico como del financiero.

CUARTO. Respecto del segundo proyecto, efectivamente se cometió un error al postularlo bajo un rol único tributario distinto del que posee la junta de vecinos, pero dicho proyecto no fue llevado a efecto, los dineros fueron debidamente reintegrados al Gobierno Regional de la Región del Biobio, y se encuentra cerrado administrativamente, ya que, al no haber ejecución, no es posible hacer un cierre financiero.

QUINTO. En efecto, el propio recurrido Gobierno Regional, quien financia los proyectos, dice lo siguiente: “Actualmente, la “Junta de Vecinos N°20 Santa Clara”, de la comuna de Talcahuano relacionada al RUT RUT reservado, el cual subsiste como el único RUT vigente de la organización, no presenta pendientes con este Gobierno Regional del Biobío, se encuentra con sus rendiciones regularizadas, su documentación técnica, y los reintegros correspondientes, por lo cual no habría incluso impedimento de que pudiere postular a nuevos proyectos”.

SEXTO. Por lo antes expuesto, es que respecto de los hechos en que se funda el recuso, no se aprecia la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, al estar todo lo referido a dichos proyectos debidamente regularizado, por lo que la presente acción será desestimada y resulta innecesario analizar la afectación de alguna garantía constitucional.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, por si y a favor de la Junta de Vecinos N°20 Santa Clara de Talcahuano, en contra del Gobierno Regional de la Región del Biobio y de nombre reservado.

Redactó Felipe Muñoz Levasier, Abogado Integrante.

Rol Protección 15.259-2024.