nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL REPÚBLICA

Concepción, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

nombre reservado, periodista, funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), domiciliado en domicilio reservado, recurriendo de protección en contra de la Contraloría General de la República, legalmente representada por don nombre reservado, abogado, ambos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado; por la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19, N°2 de la Constitución Política de la República; a la libertad de Trabajo, establecida en el Artículo 19 n° 16 de la Constitución Política de la República; y la propiedad sobre las remuneraciones, establecida en el numeral 19, N°24 de la misma Carta Fundamental, al haber ordenado, arbitraria e ilegalmente, la no renovación de su contrata.

Expone que empezó a prestar servicios para el Indap el año 1995, cuando se crearon las representaciones regionales de la fundación en las Seremis a lo largo del país, Cumplió durante 17 años ininterrumpidos, la función pública de poner al servicio de los agricultores de la región los instrumentos de desarrollo silvoagropecuario que tiene el Ministerio de Agricultura, para lo cual asumió la coordinación de las comunicaciones de los servicios ministeriales (Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap; Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; Corporación Nacional Forestal, Conaf; Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Inia; Comisión Nacional de Riego, CNR) todos con periodistas a cargo de las comunicaciones.

Durante el año 2017 se desempeñó como Encargado de Comunicaciones del Indap en la Región del Bío Bío. En abril 2018, se le asignaron funciones como Profesional de Apoyo en comunicaciones internas de la Región del Bío Bío. El 17 de mayo de 2018, hizo llegar al Director Regional una propuesta para realizar las comunicaciones internas, iniciativa que no prosperó y su actividad se redujo a cubrir capacitaciones internas e informar a los funcionarios de ellas; además de extraer informaciones de utilidad para el personal que son ubicadas en el diario mural.

En cuanto a sus calificaciones profesionales estas siempre han sido positivas, y además, en Junio del año 2019 cumple los 65 años para pensionarse.

Con fecha 30 de Noviembre de 2018, recibió en su domicilio un sobre que contenía la Resolución Exenta N° 168058/, del INDAP, firmada por la nombre reservado, nombre reservado, en la que se resolvía poner término anticipado a su contrata principalmente por una nueva estructura organizativa de INDAP, eliminando la Unidad de Gestión Estratégica, en la que se desempeñaba, por lo que su función seria asumida por otras Unidades en la región.

Agrega que además le señalaron que no contaba con las capacidades profesionales para el cargo, entorpeciendo el funcionamiento del área en la cual se desempeñaba, por lo que no se le renovó su designación a contrata a contar del 01 de enero del año 2019.

Manifiesta que a su juicio, no se habría dado cumplimiento al requisito de la motivación, para la no renovación de la contrata, lo que configuraría una infracción a los principios de Legalidad y Razonabilidad, constituyendo un acto arbitrario e ilegal. Vulnerando de forma grave sus derechos fundamentales como funcionario público y ser humano.

Hace presente que el 11 de Junio de 2019, recibió un correo electrónico, emanado de la Contraloría General de La República, resolviendo su recurso de reclamación contra el acto que decidió no renovar su contrata.

Sostiene que debido a sus reiteradas renovaciones de nombramientos en calidad jurídica a contrata, le asiste el derecho o principio de la confianza legítima, por ende, le correspondía, no sólo respetar y dar continuidad a la contrata prorrogada para el año 2018, sino además una nueva renovación de su nombramiento en iguales términos para el año 2019, esto es por toda la anualidad y no un breve tiempo.

Señala jurisprudencia que avalan sus dichos y solicita se acoja el recurso dejándose sin efecto el Oficio N° 7721 del año 2019, de fecha 10 de junio del año en curso, y en su lugar dicte nuevo oficio que ordene al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario la renovación de la contrata hasta el 31 de diciembre de 2019 por los defectos y vicios existentes en la resolución que puso término injusta y arbitrariamente a su contrata, y al pago de todas las remuneraciones que le habrían correspondido de haber continuado en el cargo hasta dicha fecha. Además de todas las medidas conducentes al restablecimiento y protección del derecho, con costas.

Informa el abogado, JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO, Contralor General de la República, señalando que el recurrente fue contratado por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro -FUCOA, entidad privada que, si bien recibe fondos públicos, no integra orgánicamente la Administración del Estado, para cumplir la función de periodista regional. Dicha relación laboral se mantuvo desde el 1 de agosto de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2012, fecha esta última en que se puso, término a su contrato de trabajo. Mediante resolución N° -166/324/2.017, de 29 de marzo de 2017, el Instituto de Desarrollo Agropecuario -INDAP- contrató al actor, a contar del 6 de marzo de 2017 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, y mientras sean necesarios sus servicios, como profesional, la contrata que fue prorrogada, por resolución exenta RA N° 166/293/2018, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Posteriormente, por resolución exenta N° 168.C58, de 29 de noviembre de 2018, el INDAP resolvió no renovar, la prórroga de la designación a contrata del señor nombre reservado para él año 2019, por no ser necesarios sus servicios, en razón al proceso de restructuración que se llevó a cabo en la institución, lo que implicó la eliminación de la Unidad de Gestión Estratégica, donde se desempeñaba el recurrente, además se estableció en dicha resolución, que el recurrente habría incumplido con sus obligaciones estatutarias.

Indica que la actuación de la contraloría no puede estimarse ilegal, toda vez que ésta se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 98 de la Constitución Política de la República, 1o, 6° y 9 de la ley N° 10.336 y la resolución N° 1.002, de 2011, de este Órgano de Fiscalización, por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales y legales han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico sustantivo que regula la materia.

Agrega que la actuación de su representada tampoco constituye una acción u omisión arbitraria, puesto que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de este Organismo Fiscalizador, ya que se limitó a emitir un pronunciamiento solicitado por el mismo actor en cuanto a si se ajustaba o no a derecho la decisión contenida en la resolución exenta N° 168.058, de 2018, del INDAP, constituyendo ello, el resultado de un estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada, en el ejercicio de una actuación legítima llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones.

Sostiene que el cumplimiento del plazo por el cual es contratado un funcionario produce el inmediato cese de sus labores. Además, la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, a que se refiere el recurrente es una persona jurídica de derecho privado que cuenta con financiamiento público en virtud de asignaciones específicas que el legislador presupuestario ha previsto a su favor, anualmente, la cual no se encuentra incluida dentro de los órganos que conforman la Administración del Estado, de acuerdo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.575, Bases Generales de la Administración del Estado, y sus empleados no revisten la calidad de funcionarios públicos.

Añade que revisado el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado -SIAPER- se ha podido constatar que, previo a su designación en el cargo a contrata en cuestión, a contar del año 2017, el recurrente no registraba otro vínculo laboral con algún otro servicio, con excepción de un contrato de honorarios celebrado con el Servicio Agrícola y Ganadero, que se extendió solamente entre el 1 y el 31 de julio de 1994, por lo que el recurrente no cumple con los requisitos para configurar la confianza legítima a su favor, puesto que su contratación fue renovada sólo una vez, por resolución N° 166/293/2018, del INDAP, para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, motivo por el cual su contrata terminó al vencer el plazo fijada en la aludida resolución.

Puntualiza que no se ha vulnerado garantía alguna que asegura a todas las personas el derecho a la libertad de trabajo y su protección, ya que su representada ha obrado con las facultades que constitucional y legalmente le competen, por lo que solicita se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

En el caso de autos, el recurrente califica de ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, Contraloría General de la República, que se contiene en el oficio n°7721 del año 2019, que se pronuncia sobre el recurso presentado ante el ente contralor enrolado bajo el n°604.739/18, declarando ajustado a derecho la resolución exenta n°168058, de INDAP, de fecha 30 de noviembre de 2018, suscrita por la nombre reservado de esa repartición, doña nombre reservado, por medio de la cual se puso término anticipado a la contrata del recurrente en INDAP.

TERCERO: Que, como se puede apreciar, el recurso no ataca el acto administrativo de INDAP, en virtud del cual se puso término anticipado a la contrata que en dicho Servicio Público servía el recurrente, sino a la resolución de Contraloría General de la República, que frente a la petición formulada por el propio recurrente, declara ajustado a derecho el actuar de INDAP.

CUARTO: Que, desde luego no puede haber ilegalidad en el actuar del ente contralor, quien en uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, emite un pronunciamiento frente al requerimiento formulado por el particular, en cuanto a si el actuar de un determinado órgano público se ha ajustado o no a la ley. Resulta un contrasentido pretender que el pronunciamiento de la Contraloría no se ajusta a la ley, cuando ha sido el mismo recurrente quien le ha requerido tal pronunciamiento. Habría que entender que el fondo de este pronunciamiento de Contraloría sería lo que no se ajusta a la ley, esto es declarar legal el acto administrativo de INDAP por medio del cual se puso término a la contrata del recurrente y, en tal caso, el recurso se debió dirigir en contra del acto administrativo terminal de INDAP, por medio del cual se terminó anticipadamente la contrata del recurrente, lo que no aconteció, desde que dicho acto administrativo no es materia de este recurso de protección.

QUINTO: Que, establecida la legalidad del actuar de la recurrida, corresponde revisar si hay en tal actuación atisbos de arbitrariedad, lo que de plano debe ser descartado, puesto que Contraloría General de la República da respuesta al requerimiento presentado por el recurrente, haciéndose cargo de todos y cada uno de sus cuestionamientos a la resolución de INDAP que terminó anticipadamente su contrata en dicho servicio. Luego la respuesta de Contraloría General al requerimiento del recurrente, resulta motivada y por tanto no es arbitraria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

SE DESESTIMA, sin costas en deducido en lo principal de la presentación de fecha once de julio de dos mil diecinueve, por nombre reservado, en contra de Contraloría General de la República.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso de la facultad contemplada en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redactó nombre reservado Ascencio Molina, ministro titular.

No firma el ministro Sr. Ascencio Molina, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

Rol N°15234-2019. Protección.