nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Concepción, viernes diecisiete de septiembre de dos mil veinte.

VISTO:

Compareció don nombre reservado, trabajador dependiente, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en su casa matriz, domicilio reservado, Región Metropolitana.

Fundamentando su recurso, señala que el día 1 de agosto de 2020, junto con su liquidación de sueldo del mes de julio 2020, se enteró que se están efectuando descuentos por un monto de $66.944, por concepto de “préstamo CCAF”, lo cual le sorprendió, ya que no recuerda haber pedido crédito alguno, y se percata, además, que dicho descuento se estaba efectuando desde mayo del 2020; y que en dicha liquidación no se especificaba a que se debía el descuento, ni que caja de Compensación es la que ordenaba la retención, ni tampoco pudo darle dicha información su empleador, por lo que se vio en la necesidad de recorrer todas las Cajas de Compensación para averiguar el origen de dicho descuento, lo que, con la actual situación del país, se tornó una tarea titánica, haciendo filas, esperando ser atendido, para que todas le dijeran que no tenían información respectiva; que, finalmente, averiguó que era la Caja 18 de Septiembre la que había solicitado la retención por el cobro de un préstamo que supuestamente adquirió el año 2002, por la suma de $1.233.239, pactado en 24 cuotas, y que actualmente asciende a $3.952.123; que le informan, también, que de ese préstamo sólo se pagó una cuota cuando trabajaba con su antiguo empleador, con quienes trabajó hasta el año 2002, y que afiliaba a sus trabajadores a la Caja 18 de septiembre; que la presente confusión se agrava por el hecho de que la empresa en la cual trabajó en ese tiempo, se declaró en quiebra, por lo que se volvió imposible el averiguar el origen de dicho crédito, por lo que quedó de manifiesto que, desde mayo de 2020, la Caja Los Andes, de manera arbitraria ha descontado por esta misma deuda la suma de $66.944 mensual, por lo cual su sueldo líquido queda reducido a la suma de $470.099, acto que le resulta repudiable y arbitrario, ya que, se le va gran parte de su sueldo por una supuesta deuda que desconocía y que jamás ha sido sometida al conocimiento de la justicia, y en virtud de un descuento “intercajas”, mediante el cual un tercero cobra a través de la Caja Los Andes, sin que medie una autorización de su parte, y estimando que se trataría de una autotutela de las Cajas de Compensación señaladas, ya que en ningún caso ha aceptado ni autorizado de manera alguna esta forma de proceder.

Añade, que los descuentos a la remuneración constituyen una excepción al principio de “irretenibilidad” de la remuneración del trabajador, por parte del empleador, y que algunos especialistas han coincidido en señalar que la protección legal en esta materia persigue dos objetivos: uno de carácter activo, por el que se persigue que el trabajador perciba efectivamente su remuneración, y otro de carácter pasivo, que tiende a evitar que la remuneración una vez percibida, pueda perderse; y que el descuento a la remuneración puede definirse como la retención que el empresario debe hacer de las remuneraciones de los trabajadores en virtud de un mandato legal, o bien como la acción de rebajar una determinada cantidad de dinero de la remuneración de un trabajador.

Argumenta que el denominado principio de “irretenibilidad” de la remuneración del trabajador, requiere que exista una ley que autorice dichos descuentos, ello con el objeto de proteger el eminente carácter alimenticio que caracteriza a la remuneración del trabajador, el que recogido en el artículo 58º del Código del Trabajo, constituye la fuente legal que alude al descuento y deducciones autorizadas por la ley, que pueden operar sobre las remuneraciones de los trabajadores. Sin embargo, el empleador sólo podrá realizar deducciones si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio educacional respectivo. Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza; además las deducciones no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador. Por lo demás, cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador. Señala, que por otro lado, que el no pago de una parte de la remuneración a que tiene derecho, implica el grave incumplimiento de obligaciones legales e incluso la comisión de un delito.

Manifiesta que, la Constitución Política ya garantiza el derecho a la integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley y el no ser tratado en forma discriminatoria por el estado o sus agentes como ocurre en la especie y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 respectivamente, de la Carta Fundamental, siendo este último el que está siendo vulnerado con la acción descrita en su contra, esto es al retenerme de forma arbitraria, sin su autorización ni procedencia legal parte de su sueldo, por cuanto no procede sea realizado de esa forma. Por lo demás, la caja de compensación, en su calidad de acreedor, debió ejercer acciones útiles para el cobro de la deuda, tal como se indica en la Circular nº 2052, de la SUSESO, en el numeral 17.2, que regula la cobranza de créditos morosos, al señalar lo siguiente: “Las C.C.A.F. deberán realizar siempre a lo menos una gestión útil de cobranza extrajudicial, sin cargo para el deudor, cuyo fin sea el debido y oportuno conocimiento del deudor sobre la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro de los primeros quince días siguientes a aquel en que el empleador, entidad pagadora de la pensión o el trabajador independiente debía enterar la cuota correspondiente, enviando carta de cobranza al deudor principal y, si procede, copia a sus avales. Dicha carta y su copia deberán ser remitidas a los domicilios particulares del deudor principal y avales.". "La cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad, a menos que el Gerente General basado en razones fundadas y de acuerdo a las pautas generales definidas por el Directorio de la C.C.A.F, estime inconveniente iniciar acciones judiciales dentro del plazo antes establecido." "En los respectivos contratos de cobranza que las C.C.A.F celebren con entidades o abogados externos, deberán contemplar, entre otras, cláusulas orientadas a cautelar la debida custodia de los pagaré y la obligación de informar, a lo menos trimestralmente, el estado de tramitación del cobro de los pagaré respectivos.". Conforme a lo anterior, queda en evidencia el actuar negligente de la caja de compensación en el cobro, por cuanto nunca se le informó de dicha deuda, ya sea de manera extrajudicial, y menos judicial, prueba de esto es que no existen registros de demandas presentadas al poder judicial, sumado a ello el hecho que el sistema de “intercajas” comenzó a funcionar el año 2013, año en que se celebró un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, acuerdo que fue suscrito por las cajas involucradas en día 15 de abril de 2013. Además, expresa que se encuentra afiliado en caja Los Andes desde que comenzó a trabajar para su actual empleador, de lo que resulta curioso que la acreedora haya dejado transcurrir tanto tiempo desde la exigibilidad de la obligación (año 2002) y hasta antes de la creación del sistema intercajas (2013), para proceder de manera antojadiza ahora a efectuar los descuentos el presente año (18 años después del vencimiento), y esto se agrava más porque se ejercieron potestades contractuales a destiempo y se hizo sin antes realizar gestiones tendientes a entregar dicha información hacía su persona, por cuanto la caja acreedora puede acceder a información de su empleador y remitirla por medio de su actual caja de compensación u otro medio idóneo. Pareciera ser que dicha acreedora quiere desatenderse de su negligencia en el cobro y aprovechar de forma arbitraria, extralimitándose de las facultades otorgadas por la ley 18.833, en su artículo 22.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, disponiendo que se debe reestablecer el imperio del derecho y, en especial, ordenar que se debe cesar y poner fin de inmediato con el descuento que está pidiendo a su empleador la Caja de Compensación Los Andes, por ser un acto arbitrario e infundado, porque esa supuesta deuda no tiene sustento judicial ni título ejecutivo alguno, además de no haber autorizado un descuento “intercajas” ni haber participado en ese supuesto acto jurídico, y se ordene a los recurridos la devolución de los dineros retenidos y tomar todas las medidas conducentes al restablecimiento y la protección de su derechos; con costas.

Informó don Matías Javier Zoroquiain Vélez, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE, señalando que, de acuerdo a sus registros, y tal como se afirma en la acción de protección, el descuento practicado en las remuneraciones del señor nombre reservado tiene su origen en una operación de crédito de dinero que en su oportunidad el actor solicitó a la recurrida: el 22 de marzo de 2002, el señor nombre reservado solicitó un crédito por la suma de $1.223.329, pagadero en 24 cuotas de $66.944, de las cuales el actor ha pagado únicamente 06, según se aprecia en el historial de pagos que explicita.

Añade que, sin reconocer de forma alguna los fundamentos que esgrime el actor en su recurso, se ha dispuesto el cese del cobro que actualmente se dirige en su contra, excluyéndose tal operación de las planillas de crédito de cobro que se remiten a su actual empleadora, y, además, han instruido la restitución al actor de la suma de dinero que ha sido descontada en sus remuneraciones en el mes de mayo de 2020, y toda aquella que se descuente durante la tramitación de este proceso.

Concluye señalando que, atendida la situación sanitaria por la que atraviesa el país, invitan al actor a informar a su correo correo reservado, una cuenta bancaria de su titularidad, junto a los demás datos pertinentes, a objeto de instruir la restitución señalada, mediante transferencia electrónica, dando cuenta su parte del pago, tan pronto éste se produzca.

Solicita tener por evacuado el informe, y en mérito de los antecedentes expuestos, rechazar el recurso de protección.

Informó, asimismo, don Juan Pablo Prieto Saldivia, abogado, en representación de la sociedad Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A., (SINACOFI S.A.), señalando que a su representada le es absolutamente ajeno lo señalado en el recurso, pues, sin perjuicio de no tener certeza alguna respecto a si son efectivos o no las afirmaciones del recurrente, todo descuento automático por concepto de créditos obtenidos en Cajas de Compensación, se realizan en conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.833 y en el contexto de la operación del sistema de cobranza denominado “Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”. Añade, que el Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A, es únicamente propietaria y administradora de un sistema automatizado para el tratamiento y procesamiento de información bajo especiales condiciones de seguridad y control; que no le cabe participación alguna en el proceso de recaudación de las obligaciones impagas, ni tiene intervención alguna en el proceso de descuento de las remuneraciones de los trabajadores que registran esas obligaciones, razones por las cuales es un tercero ajeno sin relación alguna en el presente recurso. Concluye señalando que SINACOFI tampoco se encuentra comunicando dato alguno del recurrente relacionado con incumplimiento de obligaciones suscritas en favor de Caja de Compensación Los Andes y/o Caja de Compensación 18 de Septiembre.

Informó, igualmente, don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, exponiendo que, a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “Proyecto Intercajas”, la Caja de Compensación 18 de Septiembre solicitó a su representada la gestión de descuentos en la remuneración del afiliado don nombre reservado, por concepto de cobro de cuotas del crédito social otorgado por la referida institución; que en dicho contexto, de acuerdo a los compromisos contractuales y según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, a través de la nómina de retenciones de crédito social se informó al empleador de la recurrente “Comercial Tecniplus Ltda.”, Rut. RUT reservado, la realización de los descuentos que explicita y que finalmente fueron remesados a la Caja acreedora.

Hace presente, que a la fecha de su informe, no se ha recibido pago por el valor informado para el mes de agosto de 2020. Indica que Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros a encargo de C.C.A.F. 18 de Septiembre, en calidad de diputada para recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”, atendido que las Cajas de Compensación, el 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente; que tal contrato de la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de las Cajas de Compensación, conforme al artículo 1 de la Ley 18.833; que conforme a la cláusula cuarta de dicho convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G., y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido. Agrega, que cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F de Chile A.G., tal información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero, esto debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social; que tales archivos son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F., constituyendo la referida información la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos. Sostiene que, en tal contexto, Caja Los Andes, a requerimiento de Caja 18 de Septiembre, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al señor nombre reservado, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833; y que la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato; que el pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal. Refiere que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. De este modo, dice, no ha existido actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente. Y concluye señalado que, no obstante lo informado precedentemente, sin reconocer los fundamentos expuestos por el recurrente en su presentación, y de acuerdo a lo informado por C.C.A.F. 18 de Septiembre, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos de las cuotas del crédito social otorgado al actor por la referida institución, excluyéndose tal operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador, por lo que solicita tener por evacuado el informe solicitado, y, por lo tanto, rechazar el recurso, por falta de oportunidad.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, ahora bien, el recurrente, en síntesis, tilda de ilegal y arbitrario el hecho que imputa a la recurrida -Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes-, a la cual se encuentra afiliado a través de su actual empleador, consistente en diversos descuentos en su remuneración mensual de un crédito por la suma de $1.233.239, por préstamos de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, a través de un sistema “intercajas” que no ha autorizado y cuyo origen desconoce.

A su turno, institución previsional recurrida alegó, en resumen, la inexistencia de algún acto arbitrario o ilegal que le sea imputable, dado que el descuento en las remuneraciones del actor tiene su origen en el convenio “intercajas” (convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”), siendo el acreedor directo la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, por lo que sólo es diputada para recibir el pago, y que de acuerdo a lo informado por esta última, su parte ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos de las cuotas del crédito social otorgado al actor por la referida institución, excluyéndose tal operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador.

Por otro la, la aludida Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, a quién también se le solicitó informe, expuso, y en lo que aquí resulta relevante, que el crédito social del recurrente tiene su origen en una operación de crédito de dinero que en su oportunidad éste le solicitó, específicamente el 22 de marzo de 2002, por un monto ascendente a $1.223.329, pagadero en veinticuatro cuotas de $66.944, de las cuales el actor ha pagado únicamente seis, y que sin reconocer de forma alguna los fundamentos que esgrimidos en el recurso, se ha dispuesto el cese del cobro que actualmente se dirige en su contra, excluyéndose tal operación de las planillas de crédito de cobro que se remiten a su actual empleadora, habiéndose, análogamente, instruido la restitución de la suma de dinero que ha sido descontada en sus remuneraciones en el mes de mayo de 2020 y toda aquella que se descuente durante la tramitación de este proceso.

CUARTO: Que, como se observa, de lo expuesto por ambas instituciones previsionales se colige que los descuentos sostenidos por el recurrente son efectivos, empero no han aportado elementos de juicio que suficiente y razonablemente permitan establecer, de una manera fidedigna, el origen del crédito que dio pábulo a aquéllos, por lo que, y mirado desde esta perspectiva, puede desde luego concluirse que, a lo menos, la actividad desplegada por la entidad recurrida CCAF Los Andes -a instancias de la CCAF 18 de Septiembre- resulta ser arbitraria, en la medida que, sin contar con antecedentes fehacientes, procedió a efectuar diversos descuentos desde la remuneración mensual del actor en virtud de un supuesto mutuo concedido a este último, situación ésta que viene a constituirse en un obstáculo para justificar en la especie el uso de la herramienta excepcional que autoriza la Ley 18.833, del denominado descuento por planilla, máxime si se tiene en cuenta que, acorde al mérito de los antecedentes de autos, el crédito en cuestión devendría de una operación que se habría realizado el año 2002, lo que trasunta en una curiosidad que recién se vengan a efectuar los descuentos dieciocho años después.

QUINTO: Que lo que se viene diciendo no se ve alterado por la circunstancia señalada por la dos Cajas de Compensación mencionadas, en orden a que, sin reconocer responsabilidad en los hechos materia del recurso, se decidió dejar sin efecto los descuentos por planilla, y que, por su parte, la CCAF 18 de Septiembre decidiera la restitución al actor de la suma de dinero que ha sido descontada en sus remuneraciones en el mes de mayo de 2020, y de toda aquella que se descuente durante la tramitación de este proceso, puesto que tales aseveraciones no han sido corroboradas en autos mediante otro antecedente que garantice la efectividad de su ocurrencia.

SEXTO: Que, en consecuencia, y sin que sean necesarias mayores disquisiciones, la acción constitucional propuesta habrá de prosperar del modo que se dirá.

Por estas consideraciones, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, disponiéndose que esta última institución previsional deberá abstenerse de efectuar al actor cualquier tipo de cobro y descuento de carácter extrajudicial, referente al crédito que habría dado origen a los descuentos en su remuneración mensual, orden que, en consideración a lo que más arriba fue explicitado, se hace también extensiva a la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre; y sin perjuicio, en su caso, del ejercicio de otros derechos relativos al cobro de la acreencia por parte del respectivo legitimado.

La CCAF 18 de Septiembre, además, deberá restituir a la brevedad al recurrente los dineros que le fueron descontados de sus remuneraciones mensuales, con motivo del convenio “intercajas” aludido en su informe.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14 del Auto Acordado indicado, respecto de las dos Cajas de Compensación de Asignación Familiar recién singularizadas.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro titular don César Gerardo Panés Ramírez.

N° Protección -15.163-2020.-