nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

C.A. de Concepción rtp Concepción, diez de febrero de dos mil veintidós.

Vistos:

nombre reservado, Ingeniero Comercial, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de nombre reservado de la Paz, Concepción, e interpuso acción constitucional de protección en contra de la Corporación Universidad de Concepción, domiciliada en domicilio reservado, representada por su Rector don nombre reservado, físico, del mismo domicilio de su representada.

Expone, en síntesis, que el 01 de marzo de 2021, por medio de documento denominado RESOLUCIÓN U. DE C. N° RUT reservado, el Rector de la recurrida, nombre reservado, dispuso la instrucción de “una investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en contra del académico y Director de Asistencia Técnica y Capacitación, señor nombre reservado y en contra del Jefe Administrativo (i) de la misma Facultad, don nombre reservado, con el objeto de determinar los hechos a que se refiere el Visto № 1 de la presente resolución, las responsabilidades que procedan conforme al mérito de la investigación y, en su caso, la aplicación de las sanciones reglamentarias que correspondan…”.

Agrega que el 20 de marzo de 2021, se dio inicio al mencionado "procedimiento" de investigación en su contra por el designado Fiscal Mario Olave Silva. Posteriormente, el 11 de mayo de 2021, el recurrente prestó declaración ante el Fiscal Olave Silva, "asistido" por nombre reservado en su calidad de Defensora Laboral designada por el Rector en el mismo acto de designación del Fiscal instructor. Luego, el 25 de mayo de 2021 se procedió a cerrar el procedimiento de investigación dirigido en su contra, y con fecha 26 de mayo de 2021 se procede a formular cargos en su contra por el referido Fiscal. Posteriormente se procedió a cerrar el "procedimiento" y se efectuó proposición de sanción en su contra por el Fiscal Olave Silva y con fecha 25 de noviembre de 2021, el Rector de la Corporación Universidad de Concepción resolvió a su respecto en documento denominado RESOLUCIÓN U. DE C. N° 2021-074-2, en lo que interesa a este recurso:…”3) En cuanto al académico nombre reservado y el Jefe Administrativo (i) Sr. nombre reservado, la naturaleza y entidad de las infracciones comprobadas en esta investigación revelan una infracción a su contrato que no se agota en la responsabilidad administrativa de manera tal que el Rector hará uso, en acto separado, de las facultades que le confiere el Título Octavo del Reglamento de Personal…”,lo que en definitiva significó que con fecha 30 de noviembre de 2021 se procediera a notificársele Carta de Aviso de Despido por las causales contempladas en el artículo 160 N1° letra a) y N° 7°.

Añade que al haberse ordenado por la recurrida la instrucción de una investigación administrativa en su contra, y que ella se siguiera conforme a las reglas del denominado Reglamento de Investigaciones Administrativas establecido por medio de DECRETO U. DE C. №2018-061 que acompaña, se ha procedido a la vulneración de su derecho a lo que se denomina "debido proceso".

Relata luego en su recurso la forma en que se habría producido la vulneración del debido proceso. Alega, en primer lugar, el incumplimiento de los plazos impuestos en el Reglamento de Investigaciones Administrativas, pues él establece en su artículo 9° inciso 4° que la investigación deberá realizarse en el plazo de treinta días, al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento.

Luego alega la ausencia de un defensor de confianza del recurrente, pues como se puede advertir, el Reglamento de Investigaciones Administrativas establece en su artículo 2° que junto con la designación del Fiscal se le designará un Defensor Laboral; sin embargo, en la especie, se le designó un defensor por la misma autoridad que ordenó instruir la investigación, es decir, se designa al Fiscal y en definitiva se impone la sanción. Aclara que la posibilidad de designar un defensor externo solamente se le ha dado a conocer de manera simbólica, al entregarle el Reglamento junto con la notificación de que se habría iniciado en su contra tal procedimiento.

Reprocha también la imposibilidad de ejercer el derecho a no auto incriminarse, aludiendo a lo establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativas, alegando el actor que por el sólo hecho de negarse a prestar declaración ya se considera que existe un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo.

Asimismo, discute la inexistencia de la doble instancia, pues el Reglamento de Investigaciones Administrativas establece en su artículo 24 que la resolución que aplique una sanción, será notificada al afectado por el Secretario General, y en su contra procederá el recurso de reposición ante la misma autoridad. El recurso debe ser fundado e interponerse en el plazo de cinco días contados desde la notificación de la resolución sancionadora, y deberá ser fallado, dentro de los cinco días siguientes.

Expresa, como conclusión a este respecto, que esto último es el corolario de todas las arbitrariedades del este “pseudo procedimiento”, el mismo que ordena instruirlo, el que designa fiscal y defensor, el que aplica la sanción es quien debe conocer del único recurso otorgado, una reposición.

Concluye solicitando que se acoja este recurso de protección y en definitiva declarar que las actuaciones descritas, son arbitraria e ilegales, y que la recurrida y sus agentes deben cesar en dichas conductas. Asimismo, que la recurrida debe reparar los daños causados a la recurrente disponiendo esta Corte los remedios que sean del caso oportunos, todo ello con expresa condena en costas.

Informó Antonia Alejandra Cruz Pereira, abogada, en representación de Universidad de Concepción, quien alegó, en primer lugar, la extemporaneidad del presente recurso. Fundó esta petición en el hecho que como se indicó, con fecha 24 de marzo de 2021, se notificó al recurrente de la existencia de la investigación. Si lo que se está reclamando específicamente es la forma en que ésta se llevó a cabo, el recurso debió presentarse, a más tardar, dentro de los 30 días corridos siguientes al 03 de junio de 2021, fecha en que se entregó al Sr. nombre reservado, a través de la Defensora Laboral, copia íntegra del expediente de investigación, tomando conocimiento del contenido de éste. El recurrente sin embargo decidió presentar un recurso de protección el 23 de diciembre de 2021, cuando ya habían transcurrido siete meses desde que conoció de la investigación y su contenido, además, cuando ésta se encontraba ya totalmente cerrada y concluida, y una vez que éste había sido ya despedido de la institución.

Refiriéndose al fondo del recurso, solicitó su rechazo por no existir ilegalidad ni arbitrariedad en la conducta de la recurrida.

Explica que este recurso es improcedente por encontrarse la situación bajo el imperio del derecho, ello por cuanto el recurrente presentó una solicitud de medida prejudicial de exhibición de documentos en contra de la Universidad, solicitando la exhibición de toda la documentación vinculada a la relación laboral del actor con su representada, procedimiento al que se asignó el Rol O-1399-2021, caratulado “nombre reservado con Universidad de Concepción”.

Refiriéndose a la ilegalidad alegada por el recurrente, dice que la recurrida en todo momento ha actuado ajustada a la ley, en los términos que establece el artículo 154 del Código del Trabajo, norma que transcribe parcialmente.

Añade que la investigación en comento se realizó ajustándose al Reglamento de Investigaciones Administrativas de la Universidad, establecido precisamente para regular estas actuaciones.

Refiriéndose a la arbitrariedad reprochada por el actor, señala que el actuar de la Universidad tampoco puede ser considerado arbitrario, esto es, producto del mero capricho, por cuanto su accionar se encuentra suficientemente fundado, en lo que se refiere a la decisión de investigar, a la investigación propiamente tal, como también en la sanción que se sugirió aplicar, y que fue en efecto aplicada por el Rector de la Universidad.

Agrega que como se indicó en los antecedentes de hecho de su informe, la investigación impugnada no se inició por el mero capricho del Fiscal o del Rector, sino que respondió a una recomendación de Contraloría Corporativa, quien realizó previamente una auditoría en la Facultad y determinó una serie de situaciones que debían corregirse relativas a la administración de la Facultad.

Añade que si se estima que estos hechos, que, en su opinión, resultaron suficientemente acreditados por la investigación interna que hoy se impugna, no son efectivos o bien que no resultaron suficientemente acreditados, aquello debe ser materia de un juicio de lato conocimiento en sede laboral, donde podrá rendirse la prueba suficiente para acreditar las imputaciones realizadas; aquello excede, sin embargo, del ámbito del recurso de protección.

Analizando la supuesta vulneración de garantías constitucionales invocadas por el recurrente, refiriéndose específicamente a la falta del debido proceso, hace presente que dicha garantía no se encuentra amparada por la acción de protección, no obstante lo cual de todas formas el Reglamento de Investigaciones Administrativas vigente en la Universidad asegura un debido proceso para los inculpados, lo que según dice no fue distinto en el caso del actor.

Refiriéndose al incumplimiento de los plazos establecidos en el referido Reglamento, si bien es cierto éste indica en el artículo 9 inciso 4 que la investigación deberá realizarse en el plazo de 30 días, lo que en la especie excedió de dicho plazo, toda vez que la investigación se tuvo por iniciada el 20 de marzo de 2021 y fue declarada cerrada el 25 de mayo del mismo año, ése único incumplimiento resulta intrascendente e irrelevante, pues no se observa ni se justifica el cómo el haberse extendido la investigación un mes más que lo reglamentado haya influido de algún modo en su resultado. Por lo demás, dice, se trata de plazos no legales ni fatales.

En lo que dice relación con la alegación del actor relativa a la ausencia de un defensor de confianza del recurrente, hace presente que éste, primero, contó con la asistencia de una Defensora Laboral conforme lo establece el Reglamento y, segundo, siempre tuvo la posibilidad de designar un defensor externo, posibilidad que el Sr. nombre reservado decidió voluntariamente no utilizar, por lo que no resulta admisible en esta instancia, beneficiarse de su propia torpeza al haber decidido conscientemente renunciar al derecho de llevar un defensor externo.

En cuanto a la imposibilidad de ejercer el derecho a no auto incriminarse, hace presente que el actor declaró voluntariamente en la causa, sin que en momento alguno haya manifestado su intención de guardar silencio y sin que se le haya presionado para hacerlo.

Finalmente, en cuanto al reproche formulado por el actor por la inexistencia de la doble instancia, hace presente, en primer lugar, que ésta es una institución jurídica no garantizada en la Constitución como parte del derecho al debido proceso, sin perjuicio de lo cual indica que dentro de nuestra legislación existen ciertos procedimientos que no contemplan doble instancia, por lo que tampoco podría calificarse de garantía reconocida con carácter general para todas las personas. Afirma que sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento en comento contempla el recurso de reposición ante la misma autoridad que dictó la resolución sancionatoria y, lo cierto es que el actor no hizo uso de este derecho, por lo que no resulta admisible su reclamo en tal sentido.

Se tuvo a la vista de forma virtual el expediente sumarial materia de este proceso.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso de protección:

1°) Que la recurrida al informar el recurso alegó la extemporaneidad del mismo, fundado en que el 24 de marzo de 2021 se notificó al recurrente de la existencia de la investigación, por lo que si lo que se está reclamando, es la forma en que ésta se llevó a cabo, el recurso debió presentarse, a más tardar, dentro de los 30 días corridos siguientes al 03 de junio de 2021, fecha en que se entregó al actor, a través de la Defensora Laboral, copia íntegra del expediente de investigación, tomando conocimiento del contenido de éste. Sin embargo, éste decidió presentar un recurso de protección el 23 de diciembre de 2021, cuando ya habían transcurrido siete meses desde que conoció de la investigación y su contenido, además, cuando ésta se encontraba ya totalmente cerrada y concluida;

2°) Que la referida alegación debe ser desestimada desde ya, toda vez que aparece de la lectura del recurso que lo que se está reclamando es la resolución final del sumario en comento, decisión que le fue notificada mediante carta certificada de 30 de noviembre de 2021, y el recurso fue interpuesto el 23 de diciembre de 2021, es decir, dentro de los 30 días corridos que establece el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia;

II.- En cuanto al fondo:

3°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de esta acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, -esto es-, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, -o arbitrario-, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes –protegidas-, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto;

4°) Que, cabe señalar que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes que actúen dentro de sus atribuciones legales y, consecuentemente, bajo el imperio del derecho; por lo que esta acción constitucional no puede ser entablada para obtener un pronunciamiento que recaiga en una materia como la responsabilidad perseguida en un procedimiento disciplinario.

En efecto, esta acción constitucional no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en investigaciones sumarias, pues se trata de una acción cautelar de protección de garantías constitucionales y no de revisión administrativa, pues el control que se ejerce por esta vía no se encuentra destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, por lo cual no es procedente que el recurrente pretenda por esta instancia jurisdiccional extraordinaria, que se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario encargado de la investigación en la vista o dictamen realizado al concluir la investigación, como tampoco a la medida terminal adoptada;

5°) Que, en consecuencia, atendido que la finalidad fundamental perseguida por el actor con su recurso es impugnar la medida disciplinaria adoptada en la investigación sumaria instruida en su contra, que culminó con su despido de la Universidad de Concepción, la acción de autos no es idónea para ello, por cuanto ésta no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procesos previamente establecidos, sin perjuicio que del examen de los documentos, en especial de las resoluciones sumariales, se advierte que durante la tramitación del proceso sancionatorio se le ofreció al recurrente las instancias para efectuar sus alegaciones, las que en ningún caso pueden renovarse por la vía de la acción constitucional de protección, por no constituir ésta la vía adecuada al efecto;

6°) Que, a mayor abundamiento, del examen del sumario administrativo tenido a la vista, ahora desde el punto de vista adjetivo se advierte que el procedimiento se ajustó a la reglamentación establecida previamente, el actor fue oído y se le permitió defenderse, se le dio la oportunidad de nombrar un defensor externo de su confianza, lo cual él no utilizó, pudo formular descargos y ofrecer sus medios de prueba, fue notificado de las actuaciones y tuvo oportunidad de conocer el contenido íntegro del expediente. Finalmente, el recurrente no hizo uso de su derecho a recurrir en contra de la decisión final del sumario;

7°) Que atendido lo expuesto precedentemente, la presente acción constitucional no puede prosperar, pues la conducta de la recurrida no fue ilegal ni arbitraria, resultando innecesario entonces entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como conculcadas.

8°) Que no se impone condena costas a la parte recurrente por estimar ha tenido motivo plausible para accionar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza, sin costas la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida; y II.- Que se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en contra de la Corporación Universidad de Concepción.

Regístrese y archívese virtualmente en su oportunidad.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

Rol N° 15161-2021. Protección.-