nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepción, uno de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO:

nombre reservado, ingeniera en prevención de riesgos, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por rechazar el pago del subsidio laboral otorgado por contraprestación de las licencias médicas N°s. RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, ambas rechazadas mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-11376-2024, que señala: “Que, a su vez, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 375 días continuos, por el mismo diagnóstico y posterior al Permiso Postnatal Parental, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista (informes médicos no ampliamente fundados, sin descripción de la evolución clínica del cuadro o de su compromiso funcional, sin plan de tratamiento o ajustes farmacológicos en consecuencia, sin derivación a dispositivos de mayor complejidad, sin detalles sobre un proceso psicoterapéutico”, vulnerando así el legítimo ejercicio de su derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la protección a la salud, a la seguridad social y a la propiedad; consagrados en el artículo 19 números 1, 2, 3, 9, 18 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Expone que se desempeñaba laboralmente como asesora en prevención de riesgos en Desarrollo e Ingenieria Ltda, empresa donde realizó evaluaciones en la materia, desde el 13 de agosto del año 2020 hasta el 4 de abril del año 2023, pero que lamentablemente en vísperas del fin de año del 2020, el día 29 de diciembre, presenció un accidente laboral con ocasión al ensamblaje de una torre de alta tensión, de cuyo ápice se precipitó un trabajador; lo cual recabó considerablemente en su entereza psicoemocional y en su desempeño laboral.

Señala que luego de lo ocurrido comenzó a tener ataques de pánico y constante sensación de inseguridad, afectando seriamente sus aptitudes laborales, lo que se agravó a mediados de enero del año 2021, en que se enteró de que estaba embarazada, no pudiendo llevar un normal embarazo. Sumado a ello, luego de nacido su hijo, indica que se suicidó su cuñado, con quien compartía techo.

Explica que tras vanos intentos por retomar sus labores con su ex empleadora, decidió renunciar, colocando término a la relación laboral en consideración a su estado psicológico y a la imposibilidad de continuar sus labores. Por tal situación, en el mes de mayo del año 2022, consultó con la médico psiquiatra nombre reservado, quien le extendió una licencia médica por 3 días, para estabilizar su sintomatología por trastorno de estrés postraumático, trastorno mixto de ansiedad, depresión y trastorno de ansiedad reactiva severa. Paralelamente comenzó terapia con la psicóloga nombre reservado, con quien mantuvo sesiones hasta fines del año 2022.

Sostiene que así los acontecimientos, y al no amainar la sintomatología que le afectaba; inclusive con medicamentos, consultó en septiembre del año 2022, con la facultativa nombre reservado, quien después de evaluar su tratamiento, extendió por otros 30 días su reposo. Más tarde, el 21 de octubre del 2022, ante mi escasa mejora consulté con la facultativa nombre reservado, quien también certificó la continuidad de mis ataques de pánico, y la sintomatología de los trastornos que sufro, indicando treinta días de reposo total.

Refiere que el 6 de diciembre del 2022, consultó con el médico cirujano nombre reservado Chica, quien extendió su reposo total por otros 30 días y ese mismo mes consultó con la médico psiquiatra Ivangela nombre reservado, cuyo informe médico le otorgó licencia psiquiátrica de 20 días con recuperabilidad laboral de 15 a 60 días. Asimismo, el 4 de enero del año 2023, consultó con el facultativo nombre reservado, quien emitió licencia médica por otros 30 días de reposo total.

Indica que así los acontecimientos, el 6 de febrero del 2023, consultó con la facultativa Giomar nombre reservado, quien le extendió licencia médica por 30 días con reposo total por epicondinitis bursitis y por último el facultativo nombre reservado, el 6 de marzo del 2023, le extendió licencia médica por 30 días con reposo total, por episodio depresivo moderado, trastorno de adaptación e insomnio. Sin embargo, ambas licencias fueron rechazadas por Resolución Exenta N° R-01-UME-11376-2024, de la Superintendencia de Seguridad Social, por idéntico fundamento.

Estima que lo relatado, vulnera el legítimo derecho a la integridad física y psíquica y su derecho de propiedad, pues al rechazar el derecho a descanso para lograr recobrar su salud y del subsidio económico imprescindible para enfrentar su incapacidad laboral temporal que tiene como efecto la disminución de su capacidad laboral y consecuencialmente la posibilidad de generar el sustento necesario para ella y su familia, en especial consideración de que es madre de una persona con espectro autista.

Hace presente que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se caracteriza por ser una acción de naturaleza cautelar, en beneficio de quien, por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías establecidos en la misma Carta Fundamental, en específico de los establecidos en el artículo 19 de ese cuerpo constitucional, cuyo contenido señala quien podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de solicitar el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, mediante la adopción de medidas de resguardo adoptadas frente al acto arbitrario o ilegal, que impida o que perturbe el ejercicio de un derecho fundamental.

Colige de lo señalado, que el ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, la existencia de un acto u omisión que revista el carácter de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguna de las garantías y derechos establecidos en la Carta Fundamental.

Argumenta que el Decreto Supremo N°3, de 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud, señala que para rechazar una licencia médica, en lo concerniente al ejercicio de tales facultades, el referido cuerpo normativo se ha encargado de regular la necesaria fundabilidad que resulta exigible en el pronunciamiento de la respectiva resolución, y por ello, el artículo 21 del referido Decreto Supremo N°3, establece que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los periodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas, o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas,…d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor solución de la licencia médica”.

Alega que estamos ante un acto ilegal, por cuanto como todo acto administrativo, es una exigencia que sea fundado y para ello debe exponer los motivos del mismo acto, aquellos motivos que lo han llevado como autoridad a la decisión tomada y que, aunque por mucho que cuente con facultades legales para ello, nada lo exime de motivar los actos, no pudiendo abusar de su posición frente a la recurrente.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en apoyo a su posición y hace presente que la Circular N° 2 C/134, de 24 de junio de 1985, dispone que mientras dure el trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y este ejecutoriado, las COMPIN deben continuar autorizando las licencias médicas y pagando los subsidios correspondientes. Lo anterior se encuentra en armonía con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley 18.575, en cuanto a que los órganos de la Administración del Estado deber de cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación e interferencia de funciones. Y, asimismo, con los principios de eficiencia, eficacia, economía procedimental y de inexcusabilidad que se consagran en la Ley 19.880 que fija el procedimiento general administrativo.

Considera que el actuar de la COMPIN y de la SUSESO, es arbitrario, ya que falta la necesaria fundamentación de su resolución en el rechazo de las licencias médicas, además de su ambigüedad, lo cual transforma su decisión en arbitraria, y carente de razones y fundamentos para el rechazo.

Alega que se ha vulnerado su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, con la negativa injustificada en autorizar el pago de sus licencias médicas, en circunstancias que éstas tienen el objetivo de brindarle la protección de seguridad social frente a una merma en su capacidad laboral y auto valencia, sin que se haya expresado motivo plausible ni explicación razonable que justifique dicha decisión.

También se ha conculcado su garantía de igualdad ante la ley, del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, toda vez que la recurrida ha procedido arbitrariamente a efectuar una discriminación arbitraria, sin ningún sustento fáctico, clínico o científico que pueda sostener que cuando se le otorgó un reposo, éste fuera injustificado.

Asimismo, afirma que en virtud del artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, se ha vulnerado su derecho a la vida, integridad física y psíquica, ya que no se le ha permitido terminar su tratamiento médico, al rechazar de forma continua las licencias médicas recurridas, lo que ha generado un deterioro gravísimo en su salud, así como como en la igual protección de sus derechos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, por cuanto no se ha protegido un derecho que es vital y esencial, como es el derecho a la vida y a la salud, del artículo 19 N° 9, los cuales son de carácter transversal y están consagrados además en normas internacionales, ratificadas por nuestro país.

Sostiene que el acto arbitrario ilegal denunciado también ha conculcado de derecho a la seguridad social, del artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, ya que el actuar de las recurridas restringe unilateralmente el derecho a una prestación básica de salud como es el pago de una licencia médica.

En consecuencia, afirma que de acuerdo a los hechos descritos, estamos frente a una decisión arbitraria, al no justificarse el rechazo de sus licencias médicas, ni menos sostener su decisión en algún peritaje médico que indique y avale su resolución.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la COMPIN, declararlo admisible, acogerlo a tramitación y en definitiva se sirva declarar:

a) Arbitraria e ilegal la Resolución Exenta N° R-01-UME-11376-2024, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, dejándola sin efecto, y declarando en su reemplazo que las licencias médicas N°s. RUT reservado y RUT reservado, se encuentran conforme a derecho, debiendo la recurrida ordenar el pago del subsidio por incapacidad laboral que le atinge, o bien esta Corte adoptar las medidas que se estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

b) Que se ordene el pago íntegro de todas las licencias médicas rechazadas arbitrariamente por la Resolución Exenta N° R-01-UME-11376-2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, y respecto de las cuales tiene derecho como trabajadora la recurrente, con expresa condenación en costas a la recurrida.

Informó Sebastián De La Puente Hervé, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando en primer lugar, se declare la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por cuanto la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En Subsidio de la alegación anterior, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos, que conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-183979-2023, la interesada recurrió a su representada el día 1 de noviembre de 2023, reclamando por cuanto la Subcomisión Biobío – de la COMPIN de la Región del Biobío, confirmó el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 04 de febrero de 2023, por reposo no justificado. Además, reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 6 de marzo de 2023, por un diagnóstico distinto a la licencia médica previamente citada, pero bajo la misma causal de rechazo.

Señala que por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-11376-2024, de 19 de enero de 2024, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos que se aportan no informan de la sintomatología, ni la evolución clínica de la patología señalada en la licencia médica reclamada”. Agrega que esa Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado no se encontraba justificado, basándose en que el reposo ya autorizado de 375 días continuos, por el mismo diagnóstico y posterior al Permiso Postnatal Parental, se consideraba suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista (informes médicos no ampliamente fundados, sin descripción de la evolución clínica del cuadro o de su compromiso funcional, sin plan de tratamiento o ajustes farmacológicos en consecuencia, sin derivación a dispositivos de mayor complejidad, sin detalles sobre un proceso psicoterapéutico, concluyendo la Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Detalla el marco jurídico-normativo que regula el derecho a licencia médica y las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, para luego señalar que el día 19 de enero de 2024, la profesional de su representada, Dra. nombre reservado, informó lo siguiente en relación a la situación de la Sra. nombre reservado:

“Folio FUI: 838249 Folio Expediente: R-183979-2023 “Sección A (Antecedentes Generales) “Tipo de Reclamo:

“(X) nombre reservado “Run interesado: RUT reservado

“Fecha de nacimiento del interesado: 21-10-1980 “Número de empleadores: 1 “Aseguradora: Fondo Nacional de Salud (FONASA)

“Entidad pagadora: Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes “Ocupación: Trabaja en prevención de riesgos en empresa de ingeniería.

“Sección B (Datos de las Licencias Reclamadas)

“Inicio de la licencia más antigua: 04-02-2023 “Cantidad total de días reclamados: 60 “Días autorizados por la(s) patología(s): 375 “Modalidad de emisión de las licencias reclamadas:

“(X) Particular/Libre Elección “( ) Institucional “( ) Ambas Licencias:

“Datos Licencia 1 “nombre reservado: RUT reservado

“Diagnóstico: F32.1 - Episodio depresivo moderado “Nombre del médico: nombre reservado

“Especialidad: Médico Cirujano “Alto emisor: (X) SI ( ) NO “Datos Licencia 2 “nombre reservado: RUT reservado

“Diagnóstico: M75.2 - Tendinitis de biceps “Nombre del médico: Giomar nombre reservado

“Especialidad: Médico Cirujano “Alto emisor: (X) SI ( ) NO “Sección C (Antecedentes Médicos)

“IMC con fecha: (X) SI ( ) NO “Detalle: - Informe de segundo médico tratante fechado el 6-3-2023, con diagnósticos de episodio depresivo moderado, trastorno de adaptación, trastorno del inicio y mantención del sueño. Consta cuadro de 3 meses de evolución con inestabilidad anímica, labilidad emocional, síntomas físicos de angustia, desánimo, ansiedad anticipatoria, insomnio. Relaciona cuadro con demandas familiares y laborales. Con indicación de psicoterapia, Sertralina 50mg, Zolpidem 10mg. Deriva a especialidad. - Informe de médico quien no emitió los reposos del 30-1-2023, con diagnóstico de trastorno adaptativo con síntomas ansiosos y TEPT. Consta tratamiento desde marzo del 2022 con angustia, ansiedad ante distintos estresores familiares como hijo con diagnóstico de TEA, suicidio de cuñado, accidente automovilístico de esposo y robo a una hija en Temuco. Se agudizan síntomas ante muerte de trabajador en su trabajo (no acude al trabajo hace años). Con indicación de Duloxetina 60mg, Eszopiclona 3mg. Probable reintegro en febrero.

“Peritaje con fecha: ( ) SI (X) NO “Detalle:

“Exámenes con fecha: ( ) SI (X) NO “Detalle:

“TPI: ( ) SI (X) NO “Detalle:

“Lista de espera quirúrgica: ( ) SI ( ) NO (X) N/A “Detalle:

“Acredita Atención GES: ( ) SI (X) NO ( ) N/A “Detalle:

“Otros Antecedentes Médicos: (X) SI ( ) NO “Detalle: -Certificado de defunción de hombre adulto el 3-3-2022 por asfixia por ahorcamiento.

“Otros Antecedentes Relevantes: ( ) SI (X) NO “Detalle:

“Sección D (Fundamentos de la resolución)

“Fundamentos de la resolución: R-183979-2023 nombre reservado RUT: RUT reservado FONASA Reclamo ingresado el 1 de noviembre de 2023 por rechazo de licencias por reposo injustificado. Folios de licencias Nºs: RUT reservado, RUT reservado extendidas por un total de 60 días a partir del 4-2- 2023. Emitida por Drs. Giomar nombre reservado, nombre reservado, médicos generales, modalidad libre elección, con diagnóstico de F32.1 y M75.25 presentaciones previas a la SUSESO donde finalmente por orden de Corte Suprema se acogen 5 Lms inmediatamente previas a las ahora reclamadas. Desde abril del 2021 sin reintegrarse a sus labores: reposos por causas somáticas, se continúan con permisos maternales y con 405 días de reposo por causa psiquiátrica intercalados con 30 días de Lm por TMT.375 días ya autorizados previos a los reposos reclamados que son músculo esquelética y psiquiátrica. Cuenta con informes médicos ya transcritos en la sección correspondiente. Ante los antecedentes entregados que son escuetos y vagos, los cuales no permiten aclarar la complejidad del cuadro de la reclamante (estresores por sobre síntomas sin mayor descripción, temporalidad o escala de gravedad), no especifican el impacto funcional de los síntomas, su evolución o la necesidad de mayor ajuste de tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico, los reposos reclamados impresionan no justificados por ser reposos prolongados y sin claro rol terapéutico. Sobre la LM por causa músculo esquelética no entrega antecedente alguno”.

Argumenta en relación a la presente acción, que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “patologías mentales guías referenciales de reposo laboral”, contempla “Reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a “Cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”, debe ser otorgada por médico psiquiatra, considerando que el reposo ya autorizado por salud mental a la interesada alcanza a 375 días.

Alega que el médico tratante de la recurrente, Dr. nombre reservado, no se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el Nº 754250, figurando que posee título de Médico Cirujano otorgado por la Universidad Cooperativa de Colombia, 2014, reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 16/08/2016. De esta forma, indica que de los antecedentes médicos citados, es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Afirma que como se desprende de la relación de hechos que ha realizado, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, destacando en lo que respecta al derecho a licencia médica, que a esa Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Añade que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Sostiene que además la interposición del presente recurso desborda los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…” y en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Estima que lo expuesto, lleva a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida, puesto que para que un acto sea arbitrario, éste debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite y respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esa Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Esgrime que la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por la recurrente, referido a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo.

Argumenta que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no entiende cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud, sino que la única intervención del Servicio indicado en el caso de la actora responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida COMPIN, que rechazó las licencias médicas en comento.

Respecto al derecho de propiedad, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los requisitos que indica. En consecuencia, colige que no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues para ello es necesario contar con una licencia médica autorizada, cuestión que no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas, sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente. Asimismo, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador, lo que es a todas luces inaceptable.

Solicita en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Informó nombre reservado Presidente (S) de la Compin Delegación Biobío, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud, señalando que esa Sub Compin Biobío, rechaza las licencias médicas Folio N° 4-13700733 con fecha de inicio el 04-02-2023 y Folio N° 4-13950764 con fecha de inicio 06-03-2023, además, la Usuaria cuenta con 375 días continuos autorizados y en informe médicos aportados no se logra evidenciar la necesidad de contar con una extensión de reposo al ya autorizado. Tampoco tiene plan de tratamiento o ajustes farmacológicos. Y, a mayor abundamiento, menciona que dicho rechazo fue confirmado por la Superintendencia de Seguridad Social en Resolución Exenta N° R-01-UME-11376-2024, del 19-01-2024.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la alegación de improcedencia planteada por la recurrida:

PRIMERO: Que cabe desestimar la alegación de improcedencia de la acción por versar sobre materias de seguridad social, teniendo para ello sólo presente, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, los derechos denunciados como amagados sí se encuentran tutelados por ella y, además, procede siempre sin perjuicio de otras acciones jurisdiccionales o administrativas.

En cuanto al fondo de la cuestión sometida a decisión:

SEGUNDO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que en lo que concierne al fondo de lo controvertido, cabe hacer notar que se recurre tildando de arbitrario e ilegal la decisión de la Suseso, por la cual decidió confirmar el rechazo de dos licencias médicas de la recurrente de fechas 6 de febrero y 6 de marzo, las que tenían como diagnóstico del médico tratante, “epicondilitis bursitis”, la primera y la segunda de, “episodio depresivo moderado: adaptación isomnio”. En síntesis el recurrente del caso ataca con el presente recurso de protección, según estima, la falta de fundamentación de lo resuelto, además de ser ambigua, según sostiene.

En su caso la recurrida al informar Suseso, plantea en primer lugar la improcedencia de usar esta vía de emergencia y cautelar, pues la materia de fondo de que se trata, según indica, es de seguridad social, sosteniendo que ello no resulta protegido por la acción constitucional de protección.

Respecto al fondo sostiene que una profesional médico realizó informes médicos respecto de la situación de la recurrente pudiendo afirmarse que los dos médicos que emiten las licencias médicas del caso, son altos emisores de licencias médicas, y a la recurrente se le aprobaron, 375 días previos de licencias médicas otorgadas, constatándose que en los diagnósticos de las licencias de que se tratan, no existe escala de gravedad, no se impresiona que el reposo sea justificados, ya que no se identifica el rol terapéutico del reposo, y no hay antecedentes que corroboren los diagnósticos aportados y la licencia médica con diagnóstico de trastorno depresivo, fue otorgada por un médico cirujano no especialista, por lo señalado, sostiene la recurrida que no hay vulneración de garantías señalando que la Suseso dio cumplimiento a la legislación y reglamentos aplicables al caso.

QUINTO: Que para resolver el fondo del asunto, cabe señalar que la valoración de los antecedentes que obran en el proceso, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica según lo prevé el N° 5 del Auto Acordado, permiten descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida Suseso, pues demuestran que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de la autoridad que intervino en la misma, la que, por el contrario, emitió su parecer de orden técnico con pleno apego a la normativa que regula el asunto, en una decisión apoyada en la revisión de profesionales médicos.

En el caso, la resolución que motivan el recurso indica explícitamente las razones que se tuvieron presentes para justificar las decisiones que se adoptaron, de manera tal que debe estimarse que satisfacen los requisitos que exige el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N° 19.880 y el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional.

SEXTO: Que, debe dejarse establecido que esta Corte no se halla en situación de calificar esa decisión desde el punto de vista médico, debiendo controlar únicamente que se haya emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezca carente de racionalidad. En el caso de la especie se estiman satisfechas ambas condiciones, de modo tal que falta el supuesto de hecho esencial que justifica la acción de protección, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal.

Conforme a todo lo que se viene indicando la protección impetrada no habrá de prosperar y así se pasará a decir sin mayores dilaciones.

Por estas consideraciones y visto, además, lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza la petición de improcedencia del recurso de protección intentada por la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el intentado por nombre reservado y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el ministro Rafael L. Andrade Díaz.

Rol 1516-2024 - Protección.