nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción Concepción, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

Visto:

Compareció el abogado Fernando Figueroa Carrillo, domiciliado en domicilio reservado, Región del Biobío, en representación de doña nombre reservado, empleada, domiciliada en domicilio reservado, Región del Biobío, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario que vulnera los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expresa que su representada, en su calidad de trabajadora, se desempeñó en la empresa Molino Monteverde, en la ciudad de Huépil, cumpliendo funciones en el control y aseguramiento de calidad. Dentro de la estructura jerárquica de la compañía, se encontraba la recurrida nombre reservado, quien poseía un cargo de jefatura y con quien, desde el inicio de la relación laboral, existieron tensiones y dificultades relacionales. En el año 2021, su representada inició una relación sentimental con un superior jerárquico de la misma empresa, quien mantenía además una amistad con la mencionada señora nombre reservado. Aproximadamente un año después, en el año 2022, doña nombre reservado tomó conocimiento de dicha relación, la cual hasta ese momento se había mantenido en reserva, ignorando su representada la forma en que dicha información fue obtenida. Desde ese momento, la situación laboral de su representada comenzó a deteriorarse notoriamente, experimentando un hostigamiento sistemático por parte de la recurrida, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Entre los actos de acoso se incluye la exclusión deliberada mediante la aplicación de la denominada “ley del hielo”, la remoción de funciones habituales, así como la privación de responsabilidades que le habían sido asignadas, destacando entre ellas el cese en su calidad de encargada de turno en producción durante las cosechas. Particularmente, en el último año de relación laboral, el 2024, la recurrida le asignó de forma exclusiva y prolongada el turno vespertino, durante más de un mes, comprendido entre las 15:00 y las 00:00 horas o más, según demanda de producción. Esta medida, aplicada de forma selectiva, impactó negativamente en la vida social y familiar de su representada. A pesar de que algunos compañeros advirtieron estas situaciones, el temor a represalias laborales les impidió intervenir o denunciar.

Asegura que la presión constante y el ambiente laboral hostil derivaron en un cuadro de afectación a la salud mental de su representada, lo que la obligó a hacer uso de una licencia médica psiquiátrica por el período de tres meses. No obstante, al reincorporarse a sus funciones, las condiciones no sólo no mejoraron, sino que el acoso y la presión aumentaron, comprometiendo gravemente su estabilidad emocional. Finalmente, dice que, fue despedida sin previo aviso ni sumario administrativo alguno y que fue citada a la oficina de su superior jerárquica, donde doña nombre reservado, de forma abrupta y sin mediar explicación, le comunicó que estaba despedida, procediendo a entregarle documentos para su firma en medio de comentarios denigrantes y atentatorios contra su dignidad, tales como: “Jamás te habría contratado”, “me molesta tu manera de ser, tu capacidad para resolver problemas y salir adelante como madre soltera”, y “Tú no formas parte de mi equipo de trabajo”. Estos dichos no sólo revelan una animadversión personal, sino una conducta claramente discriminatoria y contraria a toda normativa laboral vigente. Posterior al despido, asevera que, doña nombre reservado continuó con acciones hostiles, mediante el envío de mensajes de texto desde un número móvil no identificado (probablemente mediante uso de chip desechable), en los cuales profiere insultos, mofas sobre su vida personal y humillaciones que buscan denigrar su dignidad, utilizando expresiones tales como “pobre tonta” o “no tienes dignidad”. Además, tras lograr emplearse nuevamente, su representada fue objeto de nuevas acciones de hostigamiento, en diciembre de 2024 en esta ocasión mediante mensajes enviados a su nueva jefatura, con falsas acusaciones, del siguiente tenor: “nombre reservado, te escribo para q estés atenta a quien contrataste de tucapel, ella es una mujer venenosa y arribista, cuidado ademas es amante del jefe d producción ojalá te informes de ella para no tener problemas después. Ella no es de confiar, muestra una cara pero es totalmente distinta.” Luego, el 4 de diciembre le vuelve a escribir refiriendo que: “cuidado con qué información le das a ella cuando menos te lo espera ataca marcia, averigua quien es realmente.”. Todo ello, con el claro objetivo de menoscabar su credibilidad y provocar su desvinculación. No habiendo conseguido dicho propósito. Agrega, que doña nombre reservado retomó los mensajes directos hacia su representada, intensificando los insultos y las agresiones verbales que han afectado profundamente su bienestar emocional, dejando en evidencia una clara intención de continuar con una conducta persecutoria, aun cuando ya no exista relación laboral entre las partes.

Así las cosas, refiere que, con fecha 27 de enero, la recurrida le envía un nuevo mensaje a su representada diciéndole que “tu sabes lo que hace tu pololo cuando no está contigo tan tonta como siempre y tu creyéndote dueña de casa, ni teniendo la cosa llena de tus cosas lo logras averigua un poco y descubrirás pero inteligentemente.” En el mismo tenor y siendo el siguiente mensaje, el que terminó por desbordar y buscar asesoría legal a la recurrente, el viernes 28 de marzo del presente año, la recurrida le escribe: “qué pasó con los testamentos que le enviabas de mensaje jaja pobrecita te estás poniendo vieja y sigues igual que siempre, nadie te toma enserio jaja cuantas veces te ha llamado para buscarte y tu como siempre vuelves y te vuelven a humillar. Te encanta eso pobre tonta jaja. Un día te voy a ir a dejar una caja con dignidad porque me imagino que no la conoces jaja.”

Infiere que, en virtud de los antecedentes descritos y conforme a la normativa constitucional vigente, se concluye que las conductas imputadas a la recurrida configuran un escenario claro de vulneración a derechos fundamentales garantizados en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El hostigamiento sistemático y las acciones persecutorias desplegadas —mediante insultos verbales, mensajes de texto y comunicaciones infundadas dirigidas a las nuevas jefaturas de la recurrente— constituyen una afectación directa a su integridad psíquica, su honra y su vida privada, tal como ha sido reconocido reiteradamente por la jurisprudencia nacional. En tales conductas han provocado un estado constante de ansiedad y temor en la recurrente, impidiéndole desarrollar su vida laboral y personal con normalidad, configurando un caso que amerita la intervención urgente de esta judicatura. De esta forma, considera que, se satisface plenamente el presupuesto de procedencia del presente recurso de protección, en cuanto ha existido una amenaza, perturbación y privación de derechos fundamentales, lo que obliga a esta Corte a restablecer el imperio del derecho y brindar una tutela efectiva a la persona afectada.

Pide que se acoja este recurso y con ello se disponga el cese de toda conducta de hostigamiento y persecución en contra de la recurrente, con costas.

Informó nombre reservado, recurrida de autos, expresando que se desempeña desde el 6 de abril de 2015 y hasta la actualidad, como Jefa de Aseguramiento de Calidad en el Molino Monteverde S.A. ubicado en la comuna de Tucapel. En el desempeño de sus funciones, tuvo a cargo a la recurrente doña nombre reservado, quien se desempeñaba en la referida empresa desde el año 2013, quien dejó de trabajar para la empresa ya mencionada, el día 13 de junio de 2024, siendo desvinculada por la causal establecida en el artículo 160 número 1 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, faena o servicio.

Asimismo, controvierte lo señalado por la recurrente en su libelo, negando desde ya la existencia pasada o actual de cualquier hecho que pueda considerarse como vulneratorio de algún derecho como lo pretende la actora en su libelo pretensor, como también, aquellos hechos relativos al supuesto envío de mensajes de texto o mensajería instantánea, circunstancia que no ha sido acreditada en forma alguna y por cierto, acusaciones respecto de las cuales, desde ya se reserva el derecho de ejercer las acciones civiles y penales por los eventuales delitos que dichas falsas acusaciones pudieran constituir, tanto respecto de la actora como respecto de aquellos que aparecen suscribiendo declaraciones juradas realizando las referidas acusaciones.

Indica, que desde su llegada a la empresa nunca tuvo algún inconveniente con los trabajadores a cargo ni con el resto de la organización. De lo contrario existirían reclamos o inconvenientes en mi gestión durante el curso de los años, lo cual no existe, manteniéndose hasta la fecha en el cargo, debido a su impecable trabajo y desempeño profesional. Le resulta llamativo la alusión que hace la recurrente respecto de hechos que forman parte de su esfera personal e íntima, sin que a ella le corresponda en forma alguna hacer un juicio de valor, toda vez que corresponde a circunstancias de exclusiva responsabilidad y del ámbito íntimo de su vida. Sin embargo, sólo se limita a indicar que la relación sentimental a que alude era de público conocimiento en toda la organización.

Adiciona que no es efectivo lo señalado por la recurrente toda vez que la interacción con la suscrita únicamente se circunscribió al ámbito laboral, no existiendo relación fuera de lo laboral ni mucho menos de amistad.

Hace presente que en su ámbito laboral, en cada turno trabajaban de 2 a 3 trabajadoras, cada una con igual función entre ellas, sin diferencia de cargos, siendo todas analistas. La única diferencia es la experiencia por los años de cada una de ellas, por ende, no hubo apartamiento de funciones, segregación laboral, el cese de una supuesta jefatura, ni ninguna de las conductas allí mencionadas. De haber ocurrido dichas circunstancias la recurrente debió haber arbitrado los medios que en derecho procedían y que existían en la empresa (protocolos y procedimientos) para denunciar los supuestos actos de acoso que estaba siendo objeto, lo que no realizó.

En cuanto a los supuestos dichos o epítetos señalados por la recurrente, niega expresamente su ocurrencia y refiere que todas estas situaciones corresponden a hechos ocurridos durante la vigencia de la relación laboral, razón por la cual, están fuera de la competencia de un recurso de protección como lo pretende hacer la recurrente, habiendo con creces precluido los plazos y oportunidades legales para haber accionado en contra de su ex empleador por las supuestas vulneraciones, actuaciones y situaciones indicadas por la recurrente en su libelo.

Sostiene que se le acusa de hechos sin evidencia alguna, que hará valer sus acciones legales pertinentes y que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria, ya que las supuestas alegaciones de índole laboral reclamadas por la actora, correspondió haberlas ejercido oportunamente en los plazos legales y administrativos que el derecho laboral establece, lo que no se realizó, razón por la cual dichas alegaciones no tienen respaldo o antecedentes fehacientes que permitan acreditar su verosimilitud. Reitera, que no se ha presentado evidencia fehaciente alguna para estimar que los “supuestos mensajes de texto” provengan de su parte.

Pide el rechazo del recurso por carecer de fundamento jurídico y no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias imputables a ella, y que afecten derechos fundamentales de la recurrente, en relación con los hechos en que se funda el recurso, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable para la plausibilidad de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías fundamentales preexistentes y protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Tercero: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario por la parte recurrente, corresponde a hostigamientos y persecución realizados mediante el envío de mensajes de texto desde un número móvil no identificado en los cuales profiere insultos, mofas sobre su vida personal y humillaciones que buscan denigrar su dignidad, utilizando expresiones tales como “pobre tonta” o “no tienes dignidad” y otras que detallan en lo expositivo de esta sentencia. Tales actos ilegales y arbitrarios, sostiene la recurrente han vulnerado gravemente sus derechos a fundamentales contemplados en los Nros.1 y 4 del artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, por lo que solicita disponer el cese toda conducta de hostigamiento y persecución en contra de la actora, con costas.

Cuarto: Que, por su lado la recurrida ha controvertido los hechos que dan sustento a la acción constitucional, puesto que primeramente rechaza que en la relación laboral que mantuvo la actora con la empresa donde mantiene un cargo de jefatura y como tal era su superior jerárquica, existiera algún tipo de acoso laboral o de otra índole respecto de la primera, afirmando a su vez, que esa relación laboral concluyó por medio de los mecanismos legales correspondientes; y en segundo lugar, niega ser la autora de los mensajes de texto que se aluden en el recurso, enviados con posterioridad al término de la relación laboral.

Quinto: Que como ya se expresó, de acuerdo con la naturaleza de la acción constitucional planteada, resulta indispensable la concreción de un acto u omisión ilegal o arbitrario de quien se dirige la acción cautelar; cuestión que en el caso que nos ocupa no acontece, puesto que la recurrida ha negado ser autora de los actos que se denuncian como atentatorios a los derechos fundamentales de la actora y los antecedentes que se acompañan en este procedimiento constitucional, no permiten establecer los hechos que describe como acoso en la relación laboral que mantuvo con la empresa, así como la necesaria certeza sobre la autoría de los mensajes de texto ofensivos.

Sexto: En efecto, respecto del periodo de la relación laboral en la empresa donde se desempeña la recurrida no se incorporó antecedente alguno respecto los hechos a que alude. En cuanto a los referidos a los textos ofensivos, la misma actora señala en su recurso, que provienen desde un número móvil no identificado y no obstante los documentos que incorpora consistentes en capturas de pantalla de los mensajes recibidos por la recurrida que identifica al eventual propietario del número emisor y, una declaración jurada de nombre reservado, no entregan certeza suficiente sobre la autoría, desde que la identificación que se hace en los primeros, es a través de un programa denominado ”Truecaller” -según aparece en la captura de pantalla- cuyo mecanismo y seguridad en la identificación se desconoce, en tanto que, en la declaración jurada, no se explica las razones por la cual se atribuye la autoría del mensaje a la recurrida.

Séptimo: Que, en este orden de ideas, y no habiéndose acompañado otros antecedentes que permitieran acreditar con meridiana certeza que quien envío los mensajes de textos de hostigamiento y acoso haya sido la persona recurrida, no cabe sino rechazar la acción constitucional deducida, sin perjuicio que la recurrente pueda ejercer otras vías judiciales, a través de una acción de lato conocimiento, en las que pueda aportar pruebas o solicitar diligencias investigativas en relación a la autoría y naturaleza de los actos materia del recurso.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro Mauricio Silva Pizarro, quien no firma por encontrarse ausente y haciendo uso de permiso.

Rol N°1514-2025. – Protección.