nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción Luc Concepción, diecisiete de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte N° Protección 15.119-2024, comparece deduciendo recurso de protección nombre reservado, comerciante, cédula de identidad N° RUT reservado, en contra de la editorial de la nombre reservado nombre reservado, cuyo jefe de prensa es don nombre reservado y contra de la Fiscalía Regional del nombre reservado, representada legalmente por doña nombre reservado.

Funda su recurso señalando que se encuentra actualmente formalizado y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en causa RIT 4016-2023, del Juzgado de Garantía de Talcahuano. Con fecha 25 de abril del presente año, es subida a la plataforma digital de nombre reservado nombre reservado un reportaje a cargo de los periodistas nombre reservado y nombre reservado titulada “La ejecución de testigo reservada que “dateó” homicidios del tren de Aragua en Concepción”.

Explica que en la publicación referida, se le atribuye, sin hacer referencia alguna al principio de inocencia que impregna nuestro sistema procesal penal, participación en calidad de autor de delitos atroces, indicándolo pública y masivamente con un estándar de sentencia condenatoria, a objeto de desinformar al público, generando un verdadero enjuiciamiento social.

Refiere que el reportaje no agota su intención dolosa de causar desmedro a su persona, sino que además de ello, entrega a la luz pública, es decir, para cualquiera persona que ingrese de forma pública al sitio web del recurrido, una serie de supuestos antecedentes de investigación, respecto de los cuales la infracción se encuentra patente, al referir los mismos recurrentes en la publicación que corresponden a antecedentes que se encuentras sujetos a reserva por orden de un Tribunal de la República y que el medio de comunicación obtuvo por medios de dudosa procedencia. Este no es el primer reportaje en que se utilizan calificantes injuriosos y calumniosos contra su persona y en que se revelan públicamente antecedentes que se encuentran sujetos a reserva por resolución judicial, así, con fecha 11 de diciembre de 2023, es publicado un reportaje a cargo del mismo periodista señor nombre reservado titulado “Capo narco que trajo sicarios del Tren de Aragua para ejecutar rivales en “triangulo” de Concepción”.

Considera que no resulta accidental que, en ambos reportajes emitidos públicamente, el primero de ellos que a la fecha cuenta con más de 64.000 visitas y el segundo con más de 69.000 visitas, hacen caso omiso a la existencia de investigaciones pendientes, a la presunción de inocencia o a la inexistencia de sentencia condenatoria firme y ejecutoriada, pues, con un simple extracto de filiación y antecedentes podría fácilmente contrastarse que, no cuenta con condena por delito alguno. La reserva de estos antecedentes que, finalmente son publicados, se encuentra a cargo por mandato legal del Ministerio Público, quien, personificado en el fiscal titular de la causa, es la única entidad que tiene libre acceso a dichos elementos y, asimismo, es el responsable de su custodia y resguardo. Así, el ente persecutor incurre en una acción y omisión ilegal al proveer de dichos antecedentes a los medios de prensa.

Agrega que la publicación dolosamente realizada ha causado gravísimos perjuicios tanto en su persona, su honra, su derecho al buen nombre y su presunción de inocencia, como en su grupo familiar, así, su círculo más cercano ha sido blanco de una serie de amenazas de muerte por parte de desconocidos, han sido objeto de reproche social en sus lugares de trabajo y en sus círculos sociales producto de la conducta gravísima que ha llevado adelante el recurrido. Que, la libertad de prensa y de información encuentra su piedra de tope en el pleno respeto de las garantías fundamentales de los ciudadanos, no pudiendo en caso alguno y bajo ningún capricho transgredir dichos preceptos.

Informó Mario Elgueta Salinas, Fiscal Adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo (SACFI) y del equipo de Investigación de Homicidios en el contexto de Crimen Organizado (ECOH) del Ministerio Público de la Región del nombre reservado, quien señala que el recurrente, se encuentra actualmente en prisión preventiva en RIT 4016-2023, del Juzgado de Garantía de Talcahuano, donde fue formalizado en una investigación en la cual reviste la calidad de imputado, dirigida el Fiscal que informa el presente recurso bajo el RUC 2301044246-k, en la cual el imputado nombre reservado ha sido detenido el día 10 de diciembre pasado, y formalizado como líder de una organización delictual que bajo su dirección y mando realiza material e intelectualmente el secuestro de dos personas y del secuestro y posterior homicidio calificado de otras tres víctimas, todo ocurrido el día 21 de Septiembre de 2023, en la comuna de Hualpén.

Refiere que esta investigación, fue declarada secreta desde el día 4 de diciembre del año 2023, precisamente por la gravedad de la misma, y por la existencia de antecedentes que involucraban a una estructura organizacional, con alto poder de fuego, con acceso a recursos económicos, y que ya estaba siendo investigada por otro equipo investigador del Ministerio Público (Unidad de Drogas de FL de Concepción) con diligencias en curso en ese momento.

Continúa señalando que si bien esta declaración de Secreto (o Reserva) abarca todas las piezas de la Investigación, al momento de requerirse la Orden de detención en contra del Imputado nombre reservado (y de 4 personas más) al solicitarse la Orden de detención se exponen parte de los antecedentes al Tribunal de Garantía de Talcahuano, y posteriormente, al controlarse la detención de nombre reservado y formalizarse cargos por estos delitos investigados, frente a ellos y sus abogados defensores, gran parte de estos antecedentes igualmente son expuestos, incluyendo a aquellos que acreditan la participación de nombre reservado en los hechos investigados, los que generan la convicción en el Tribunal para decretar la Prisión Preventiva del imputado nombre reservado, como autor de los delitos investigados.

Añade que posteriormente, el decreto de reserva se amplió con fecha 19 de abril y 13 de mayo 2024, según lo establecido en el artículo 182, 226 J y demás normas pertinentes del Código Procesal Penal, disponiendo la reserva por el máximo plazo legal, de todos los antecedentes de la carpeta de investigación para terceros ajenos al proceso judicial, y para los imputados y sus defensas se establece la reserva de determinadas piezas de investigación, entre otras de las que dicen relación con las declaraciones de los Testigos en Reserva, y diligencias policiales y judiciales derivadas de las anteriores (declaraciones de los testigos en reserva), y así, el resto de los antecedentes de la carpeta investigativa, ya están en manos de las defensas técnicas, incluyendo por cierto los hechos de la formalización y antecedentes de acreditación. Así, las defensas, incluyendo la de nombre reservado tiene copia de los antecedentes de investigación, con las debidas reservas señaladas precedentemente, ya que resulta necesaria para una adecuada defensa técnica como ellos mismos señalaron al solicitarlas, y así lo entendimos como Ministerio Público.

Afirma que luego de esto, se ha instado en todo momento por mantener la reserva a terceros de dichos antecedentes, por cuanto existen elementos de máximo interés como la existencia de múltiples víctimas, directas e indirectas, además de testigos en reserva quienes prestan testimonio contra esta organización delictual, respecto de los cuales se han adoptado todas las medidas para asegurar su integridad y seguridad, y que incluso implica su relocalización para su propia protección, lo que es imperativo legal para el Ministerio Público. Todo esto, obviamente no ha sido entregado a ninguna de las defensas. La supuesta vulneración de custodia y reserva de los antecedentes de esta indagatoria y que habría sido expuesta en el reportaje de la entidad periodística señalada del día 25 de Abril de 2024, en plataforma digital de la nombre reservado nombre reservado “La ejecución de testigo reservada que “dateó” homicidios del tren de Aragua en Concepción”, y antes con el reportaje titulado “Capo narco que trajo sicarios del Tren de Aragua para ejecutar rivales en “triangulo” de Concepción”, vinculando a nombre reservado como este líder delictual, por lo cual debemos entender que hay dos momentos o temas que supuestamente habrían sido entregados por el órgano persecutor a este medio de prensa.

Manifiesta que la defensa de don nombre reservado, al menos su defensor privado anterior (que renuncio a su defensa y recientemente la reasumió, tiene copia de los antecedentes de la Carpeta de Investigación, con las salvedades y reservas señaladas, desde el día 17 de febrero pasado. Además las supuestas situaciones de intimidación o amenazas de que habría sido objeto el recurrente dentro del establecimiento penal luego de la exhibición de estos reportajes, ya que como Ministerio Público, no han recibido comunicación o denuncia alguna en tal sentido, ni directamente de él, o sus familiares, o de su defensa letrada; por el contrario, otros imputados de la misma causa han efectuado denuncias formales ante el Ministerio Público, y ante el mismo Juzgado de Garantía de Talcahuano, y estas involucran al recurrente como autor de intimidaciones hacia ellos (para otro imputado y su grupo Familiar), para que cambien su testimonio o incluso para que cambien por un abogado de la confianza de nombre reservado. Esta situación incluso obligó al Tribunal de Garantía de Talcahuano a realizar audiencia reservada para indagar estas amenazas y gestionar de manera urgente un cambio de penal para quien denunciaba a nombre reservado; y además, se ha recibido de parte de gendarmería, antecedentes concretos y serios respecto a un supuesto plan de fuga que involucraba al recurrente, que involucraba uso de armamento y afectación al propio Tribunal de Talcahuano, lo que se está indagando actualmente. Sin perjuicio de lo anterior, en razón de la gravedad de todos los antecedentes expuestos, y constatados igualmente en las notas y reportajes de prensa objeto material de esta recurso de protección, es que iniciaron de oficio una investigación por posibles vulneraciones a la reserva de los antecedentes, bajo el RUC 2400624000-k, la que actualmente está en curso con diligencias pendientes en la Fiscalía Local de Concepción.

Finaliza indicando que de acuerdo con lo expuesto, no existe ningún antecedente que dé cuenta de una entrega directa, dolosa o negligente, por parte del Ministerio Público, a algún medio de comunicación o a persona ajena a la causa que implique la vulneración a la reserva, resguardo y custodia planteada por el recurrente.

Informó Enrique nombre reservado Rivera, abogado, por la recurrida, BIO BIO COMUNICACIONES S.A., quien señala que, contrario a lo que señala el recurrente, en parte alguna de la publicación se reconoce que la información dada a conocer sería parte reservada de una investigación, por orden de un tribunal de justicia. Lo único que se indica como reservado, es la identidad de la testigo clave asesinada, la cual no es revelada en el reportaje. En efecto, el reportaje en cuestión se basó íntegramente en información de carácter público, extraída de manera textual de informes policiales y declaraciones judiciales de testigos que formaban parte del expediente judicial contra el recurrente. Dichos antecedentes no solamente permitieron a fiscalía conseguir una orden de detención en contra del recurrente, sino también que el Juzgado de Garantía de Talcahuano decretara su prisión preventiva, condición en la que se mantiene hasta hoy. De este modo, ninguno de los antecedentes, datos, nombres e imputaciones que se incluyen en la publicación, pueden ser atribuidas a nombre reservado Bío Bío o a sus periodistas y empleados, ya que precisamente el reportaje refiere que la información se basa en las investigaciones de la Fiscalía y Policía de Investigaciones. Es necesario aclarar que estos hechos no fueron reporteados ni relatados de forma irresponsable o liviana, descartándose cualquier viso de ilegalidad y/o arbitrariedad en su publicación.

Agrega que estos hechos no fueron cubiertos sólo por su representada, sino que por diversos portales de noticias y medios periodísticos, los que publicaron reportajes y noticias, en cumplimiento de sus labores informativas, individualizando al recurrente por su nombre, y atribuyéndole las mismas calidades que las informadas por nombre reservado Bío Bío. Llama profundamente la atención, entonces, que el recurrente se dirija sólo en contra de nombre reservado Bío Bío, habida cuenta que, de acogerse la acción cautelar, ella no tendría efecto alguno en prevenir la divulgación de las informaciones que involucran al recurrente. Así las cosas, al tratar la nota sobre las investigaciones y procedimientos relativos a hechos delictuales, fue periodística y legalmente procedente la cuidada forma y los términos en que el Sr. nombre reservado fue mencionado e involucrado en el reportaje respectivo. De esta manera, jamás se hizo respecto de su persona imputación alguna por parte de nombre reservado Bío Bío. El reportaje que el recurrente cuestiona, se limita a reproducir expresiones contenidas en documentos de la indagatoria efectuada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esta misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medida de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas;

2°) Que el recurrente califica como acto arbitrario e ilegal, en el concreto caso, que la recurrida pública dos reportajes sobre acontecimientos noticiosos en los que se le involucra en la comisión de determinados delitos con indicación de su nombre, y en los que se relatan antecedentes que forman parte de una investigación de carácter reservada, por lo que no sólo se ha infraccionado su derecho a la honra e imagen, sino además el deber de reserva decretado.

3°) Que como se aprecia del propio arbitro y de lo informado por la recurrida nombre reservado Bío Bío, no es discutido que el medio de comunicaciones realizó los reportajes periodísticos titulados: “La ejecución de testigo reservada que ‘dateó’ homicidios del Tren de Aragua en triángulo de Concepción” y “Capo narco que trajo sicarios del Tren de Aragua para ejecutar rivales en “triangulo” de Concepción”. En el primero se da a conocer del asesinato de una mujer de nacionalidad venezolana que habría entregado información clave sobre delitos por los que es investigado el recurrente y que fueron informados en la segunda de las publicaciones singularizadas.

4°) Que de acuerdo a lo relacionado en el arbitrio, cabe señalar que el recurrente reseña que las publicaciones con contenido difamatorio y deshonroso le han causado un descredito y daño a su honra e imagen, además de afectar su integridad física y física. También conviene hacer presente, que quien realiza las aludidas publicaciones es una sociedad periodística cuyo giro es informar, y en el específico caso, su línea editorial es de carácter policial, entre otras.

Por otra parte, el contenido de la noticia reprochada, resulta ser cierta en lo medular, desde que conforme lo informado por el segundo de los recurridos – Fiscalía Regional del nombre reservado- efectivamente, el recurrente ha sido detenido y formalizado como líder de una organización delictual que bajo su dirección y mando realiza material e intelectualmente el secuestro de dos personas y del secuestro y posterior homicidio calificado de otras tres víctimas, todo ocurrido en el mes de septiembre de 2023, en la comuna de Hualpén, que son los hechos informados, en lo sustancial, en los reportajes periodísticos que se reprochan como arbitrarios e ilegales.

5°) Que, tal como lo ha resuelto esta Corte en causas similares tales como las Rol N° 18.454-2020, Rol N° 14.500-2022, Rol N° 80.530-2022 y Rol N°15.119-2024, es preciso recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, puesto que admiten limitaciones frente al ejercicio de otros derechos fundamentales, siendo precisamente un ejemplo clásico la colisión que puede darse entre el ejercicio de la libertad de expresión con el derecho a la privacidad o intimidad de las personas y su honra, en especial respecto de sus comunicaciones.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que “El derecho a la honra y al honor no es un derecho absoluto. Su protección admite límites, muchos de los cuales se relacionan con la libertad de expresión y los deberes de tolerancia y crítica que implica la vida en sociedad”. (Roles 1463/15; 2071/10; 2237/08).

6°) Que en este sentido, el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra y vida privada de las personas de manera casi exclusiva a través de la persecución de responsabilidades ex post -con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o tipos penales específicos-, renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa. De hecho, el propio artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República establece que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión lo es sin censura previa.

Es más, el Tribunal Constitucional ha sostenido que, bajo ciertas circunstancias, la libertad de expresión puede constituirse como causal de justificación de imputaciones que puedan afectar el honor y la honra (Rol 1463, también citada en la causa señalada ut supra del ingreso de esta Corte).

7°) Que en esta misma línea argumentativa, el artículo 13 de la Convención Americana reconoce a todo individuo el derecho a la libertad de expresión comprendiendo el derecho a difundir informaciones e ideas de toda índole sin censura previa, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, explicitando que este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

8°) Que, conforme este panorama, si bien la protección a la honra y/o reputación tiene un reconocimiento expreso como un límite a la libertad de expresión, tanto la norma recién trascrita como nuestra legislación interna se encargan de señalar que las vías de salvaguarda para la reputación deben ser otras, a saber, el establecimiento de responsabilidades ulteriores, lo que apareja que no es esta acción cautelar la vía para perseguir dicho resarcimiento.

En este sentido la Excma. Corte Suprema ha dicho: “Sexto: Que la importancia cardinal que reviste la libertad de expresión y de información para el funcionamiento del sistema democrático, importa que cualquier restricción, sanción o limitación que se imponga debe ser interpretada de manera restrictiva, y que –como principio general- se debe preferir el establecimiento de las responsabilidades ulteriores por los eventuales abusos que se cometan en su ejercicio, ya sea en el ámbito penal respondiendo por la perpetración de eventuales delitos, como en sede civil por la comisión de ilícitos civiles. Una interpretación diferente conllevaría, en mayor o menor grado, una forma implícita de censura previa, sin perjuicio que, atendido que no se trata de un derecho absoluto, en ciertos casos la libertad de expresión y de información ha de ceder frente a otros derechos fundamentales igualmente valiosos, merecedores de la protección y tutela jurisdiccional por parte de un Estado respetuoso de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.” (Fallo Rol N° 33.079-2020).

9°) Que en cuanto a la entrega de información por parte del ministerio público de la investigación en la que se involucra al recurrente, ciertamente no existe en el arbitrio antecedente que permita concluir que haya entregado información a los medios de comunicación infringiendo la reserva de la investigación. Asimismo, la contravención al secreto decretado, constituye un ilícito penal que debe ser investigado y conocido por la justicia penal, de ahí que el presente recurso no es la vía idónea para establecer y declarar tal infracción.

10°) Que congruente al mérito de los antecedentes -de los que se colige que en el caso en cuestión medió una audiencia de formalización y discusión de medida cautelar personal- no puede perderse de vista que las audiencias en el proceso penal son públicas y en ellas los medios de comunicación están autorizados a fotografiar, filmar y transmitir parte de las audiencias (artículo 289 del Código Procesal Penal ), lo que pone en evidencia, una vez más, el derecho a la información sin censura previa que recoge nuestra legislación.

11°) Que atento a lo que se ha venido razonando, no existe un acto arbitrario e ilegal por lo que el recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve; que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra la nombre reservado nombre reservado y de la Fiscalía Regional del nombre reservado, Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Jimena Cecilia Troncoso Sáez.

No firma la ministra suplente señora Troncoso, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

N°Protección-15119-2024.