nombre reservado con RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. Y OTROS

C.A. de Concepción rtp Concepción, tres de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

En folio 1 de estos autos Rol Corte N°Protección-9847-2024 comparece deduciendo recurso de protección nombre reservado, técnico en informática, con domicilio en domicilio reservado.

Dirige el recurso en contra de 1) Red de Televisión Chilevisión S.A. representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; de 2) Gestión Regional de Medios S.A. representada por Agustín Edwards E y Compañía, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; de 3) Copesa S.A. (razón social de Diario La Tercera), representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana; de 4) Empresa Periodística Diario Concepción, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; de 5) Biobío Comunicaciones S.A., representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; de 6) Sabes Comunicaciones SpA, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado) Google CL (antes Google INC) y Youtube, representados en Chile por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en la Región Metropolitana.

El acto que denuncia ilegal y arbitrario como fundamento del recurso consiste en la mantención en las hemerotecas digitales de los recurridos, de información y notas periodísticas que esos medios difundieron entre los años 2017 y 2018, relativa a los delitos de estafa que ella cometió los años 2014 y 2015 y por los cuales fue sentenciada el año 2020, a la condena que actualmente cumple, en su mayoría exhibiendo fotografías de su rostro en el contexto de su detención. La divulgada información desfavorable de su persona permanece vigente en las plataformas de los recurridos, la estigmatiza y afecta su buen nombre y posibilidades laborales, provocándole serios perjuicios que podrían remediarse con la “limitación” de la misma.

En cuanto a los hechos que fundan el recurso, dijo que en junio de 2020 fue condenada por el Juzgado de Garantía de Concepción en la causa RUC 1710023376-2, RIT 4823-2017, como autora del delito reiterado de estafa, cometidos entre los años 2014 y 2015, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias, pena que le fue sustituida por la de libertad vigilada intensiva y que actualmente purga.

En esa época, los medios de información recurridos cubrieron y divulgaron la noticia, sobre todo el día de la detención. Pero a la fecha, tales noticias continúan circulando en internet, y ello se comprueba con tan solo escribir su nombre en Google, desprendiéndose el cúmulo de información que se publicó por distintas vías en internet entre los años 2017 y 2018, incriminándola como estafadora.

Añade que está consciente que la divulgación de la información la hicieron los recurridos asilados en la libertad de prensa, pero han pasado años y aún la mantienen en sus plataformas, obstaculizando el derecho que ella tiene a reinsertarse en la sociedad, exponiéndola al juzgamiento público eterno, sin derecho al olvido, afectando su derecho a la integridad psíquica, a la vida privada y a la honra de su persona.

Siendo legítimo su interés porque se eliminen esas publicaciones pretéritas, recurre de protección instando que se cancelen las que en su oportunidad se hicieron sobre su persona, relativas a su enjuiciamiento judicial –y público, por cierto- con ocasión de los delitos que cometió hace ya una década.

Desarrolla consideraciones de derecho interno e internacional e invoca doctrina nacional y extranjera y jurisprudencia sobre la materia.

Denuncia conculcadas las garantías de los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja este recurso de protección, con costas, ordenándose a las recurridas limitar todo el contenido relacionado con la recurrente que circule en sus respectivas páginas web y abstenerse de seguir realizando publicaciones de ese tipo ni cualquier otra publicación sobre ella, de forma que al digitar el nombre de la actora en un buscador no sea lo primero que aparezca que fue condenada por estafa. En subsidio de estas peticiones, solicita que la Corte adopte las medidas que estime convenientes para asegurar la debida protección de los derechos afectados.

Acompañó al recurso 1.- Sentencia condenatoria de 5 de junio del 2020, en causa RUC 1710023376-2, RIT 4823 – 2017 del Juzgado de Garantía de Concepción; 2.- Tres capturas de pantalla de la red social www.google.com, al buscar “nombre reservado”; 3.- Sentencia de 21 de enero de 2016, pronunciada por Corte Suprema en causa Rol Nº 22.243-2015, en la cual se acoge del derecho al olvido en contra del diario El Mercurio.

En folio 9 informó la recurrida Sabes Comunicaciones SpA, por medio del abogado Remberto Valdés Hueche, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por no existir actuación ilegal ni arbitraria de parte de su representada.

Dijo que para rechazar este recurso han de ponderarse los derechos al olvido y a la libertad de expresión y de información conforme a la ley, doctrina y jurisprudencia chilena. En la ley, la libertad de expresión y derecho a la información está establecida en el artículo 19 N° 12 de nuestra Carta Fundamental, garantizando la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa. Por su parte, la jurisprudencia ha establecido precedentes importantes respecto a la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho al olvido, especialmente cuando se trata de hechos de relevancia pública o de interés público. Y, a su turno, la doctrina ha dicho que para encontrarse la información amparada constitucionalmente, ella ha de ser de interés público, y una información tiene interés público cuando sirve al interés general en la información, y lo hace por referirse a un asunto público; es decir a unos hechos o a un acontecimiento que afecta al conjunto de ciudadanos. El profesor nombre reservado señala que el derecho a la información es fundamental en una sociedad democrática, y que la relevancia pública de los hechos debe ser el criterio principal para determinar la prevalencia de un derecho sobre otro. Menciona el abogado otros filósofos e historiadores, todos los que opinan que el derecho a la información es crucial para el funcionamiento de una sociedad abierta y pluralista. Estas mismas ideas se reproducirían en el Derecho Comparado.

Termina diciendo el abogado que no se puede soslayar que por vía de este recurso de protección se está reclamando por la publicación en un medio periodístico idóneo y habilitado para tal efecto, como lo es sabes.cl, del resultado de un proceso penal con condena para la recurrente, sobre hechos propios de aquella y que reconoce en esta instancia incluso, acreditados por el tribunal, y cuya relevancia y connotación por el tipo de delito en comento, es materia de interés general para la comunidad toda. En consecuencia, no hubo ni hay de parte del medio que representa actuación ilegal ni arbitraria, comoquiera que las publicaciones efectuadas se hicieron debidamente respaldadas en su fuente y la comunicación se entregó conforme lo pide la ley, específicamente en la Constitución Política de la República en su artículo 19 número 12 como derecho, y sustentado además el actuar en una ley especial, la Ley N°19.733.

En folio 12 informó la recurrida Red de Televisión Chilevisión S.A., por medio del abogado Nicholas Ignacio Martínez Escobar, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por no existir actuación ilegal ni arbitraria de parte del canal.

Dijo que el recurso carece de precisión respecto a los hechos que se indican como transgresores de derechos fundamentales por parte de Chilevisión S.A., pues no indica a qué reportaje le achaca y en qué fecha se habría exhibido, en qué consistió la nota ni cuál fue su contenido; no proporciona ningún link que al canal concierna; es decir, por lo que toca a su representada, el acto que se denuncia agraviante no estaría concretamente individualizado. De hecho, al escribir el nombre de la recurrente en la web, no resulta posible encontrar nada que asocie a Chilevisión.

Añadió que el derecho al olvido que invoca la actora no está reconocido en nuestra legislación. Que el artículo 30 de la Ley de Prensa cuando define qué debe entenderse como hecho de interés público, señala entre ellos la comisión de delitos o participación culpable en los mismos. Así las cosas, el hecho de solicitar la actora eliminar la información relativa a su participación en delitos en los que está involucrada no pareciera ser un acto que defienda la libertad de expresión y principalmente cuando ésta sea enmarcada en la comisión de delitos como los de la especie. Y agrega que el denominado derecho al olvido puede entrar en colisión con el derecho a la información; por lo cual el tiempo sería el criterio para resolver el conflicto, pero en el presente caso no ha transcurrido un lapso suficiente como para invocar olvido, y prueba de ello es que la recurrente todavía está cumpliendo la condena que le fuera impuesta. Cita jurisprudencia.

En folio 14 informó la recurrida Empresa Periodística Diario Concepción, por medio del abogado Jean Pierre Latsague Lightwood, solicitando el rechazo del recurso, con costas, alegando primeramente la extemporaneidad del mismo y, enseguida, en cuanto al fondo, la inexistencia de actuación ilegal ni arbitraria de parte del diario y la falta de determinación del confuso petitorio.

Alegó en primer lugar la extemporaneidad de este arbitrio, deducido recién el 28 de mayo de 2024, reclamando sobre publicaciones de los años 2017 y 2018 que se encontrarían disponibles hasta la fecha. Concretamente, las publicaciones relativas a la actora en Diario Concepción son de 28 de septiembre de 2017 y 22 de agosto de 2018, de lo que se sigue que este recurso de protección fue deducido fuera de plazo.

En cuanto al fondo del recurso, dijo que no existe de parte de su representada actuación reprochable, ni ilegal ni arbitraria. En el sitio web de Diario Concepción no existe ninguna noticia o contenido relacionada específicamente con la condena de la recurrente por estafa. Las únicas publicaciones existentes mencionan su detención, un hecho distinto y previo a su condena. La publicación de las noticias relacionadas con la recurrente, en las fechas antes mencionadas, se hizo al alero del artículo 30 de la Ley de Prensa, en el legítimo ejercicio de la libertad de información, informando de una materia de innegable interés público y cuyo contenido es verídico, reflejando su historial delictual, cumpliendo con la exigencia de veracidad al haber sido contrastadas adecuadamente las noticias con los hechos ocurridos, sobre los cuales no existe controversia; habiéndose tratado de hechos graves, estafas a víctimas en situación de vulnerabilidad económica. El hecho de que la condena esté en curso significa que la responsabilidad penal y las consecuencias sociales de los actos de la recurrente están todavía vigentes. Incluso la ley, el artículo 8 letra b del Decreto 64 que “Reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de antecedentes”, excluye la eliminación de anotaciones penales si la causa se cerró con una sentencia condenatoria y la responsabilidad se extinguió por el cumplimiento de la condena. Y sin embargo la actora recurre de protección solicitando la restricción de la información sobre los delitos que cometió. Por lo demás, las plataformas y motores de búsqueda en internet operan con algoritmos que indexan contenido de múltiples fuentes y no existe un mecanismo legal que permita a Diario Concepción controlar cómo se presenta la información en los resultados de búsqueda de terceros como Google, y, a más, cualquier intento de manipular la visibilidad de la información podría violar principios de transparencia y acceso a la información.

También abona a que el recurso sea rechazado la circunstancia que el petitorio sea indeterminado y confuso y la inexistencia de afectación de las garantías constitucionales denunciadas.

En folio 19 informó la recurrida Biobío Comunicaciones S.A., por medio del abogado Enrique Rivera Tapia, solicitando el rechazo del recurso, por no ser la vía idónea para resolver la controversia y por no existir actuación ilegal ni arbitraria de parte de la radio.

Dijo que es efectivo que Radio Biobío hizo público, en la forma de notas de prensa en su portal virtual, el proceso penal seguido en contra de la recurrente y la condena que se le impuso, pero lo hizo en cumplimiento de su función social.

Estima que el recurso debe rechazarse porque no es la vía idónea para resolver la controversia, puesto que concurren un conjunto de situaciones de hecho que se hace necesario acreditar a través de un juicio de lato conocimiento, no bastando para ello las simples afirmaciones efectuadas por la recurrente en su libelo. Por ejemplo, la actora afirma que las publicaciones que impugna, hoy por hoy le impiden reinsertarse en la sociedad y acceder al mercado laboral, cuando en realidad habiéndose consultado el expediente judicial de su caso se puede advertir que un informe de Gendarmería de fecha reciente da cuenta de que la Sra. nombre reservado tiene actualmente un trabajo. Además, la propia Ley de Prensa, ley 19.773, prevé y otorga un conjunto de acciones para hacer efectiva la responsabilidad de los medios de comunicación frente a injurias o calumnias que pudieren haber cometido (artículos 29 y siguientes), así como para obtener la aclaración o rectificación de una publicación (artículos 16 y siguientes), cuando ella ofende injustamente a una persona.

Agrega que abona al rechazo del recurso la inexistencia de un acto arbitrario o ilegal que haya vulnerado las garantías constitucionales que invoca la recurrente, toda vez que no es arbitrario ni ilegal publicar una noticia, ni mantenerla accesible, vigente, al público con posterioridad; se trata de una actividad lícita, amparada por el ordenamiento jurídico. En efecto, el obrar de la Radio se sustenta y desarrolla en el marco del ejercicio legítimo de la libertad de emitir opinión e informar, derecho consagrado en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, derecho reconocido también en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o Pacto San nombre reservado Rica. La propia Ley de Prensa señala, en su artículo 30, que se considerarán como hechos de interés público los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos.

No existe vulneración a la integridad psíquica de la recurrente; malamente se puede vulnerar la honra de una persona al informar hechos que son objetivamente ciertos. Tampoco existe vulneración a su vida privada y honra, toda vez que fue ella misma quien incurrió en la conducta que ahora pretende censurar, sin que pueda desconocerse tampoco que sí ha conseguido trabajo.

En folio 20 se trajo a la vista a través del sistema informático la causa RIT O-4823-2017, del Juzgado de Garantía de Concepción.

En folio 22 informó el recurrido Google CL (antes Google INC), por medio del abogado Raimundo Moreno Cox, solicitando que se rechace el recurso, con costas, primero por ser extemporáneo y, enseguida, por no ser legitimado pasivo para el ejercicio de esta acción.

Dijo que es extemporáneo este recurso, presentado el 28 de mayo de 2024, porque se impugnan publicaciones que se efectuaron los años 1017 y 2018 y la actora no acreditó la fecha en la cual habría tenido conocimiento de las noticias en cuestión.

Seguidamente, sostuvo que Google no es el legitimado pasivo para el ejercicio de la acción constitucional de autos. Google es un intermediario entre el usuario y la información buscada, sin que sea responsable por el contenido que terceros publican en internet. En la especie, Google no es el creador del contenido que la recurrente califica como lesivo de sus derechos y como consecuencia, no puede imputársele alguna eventual antijuridicidad del contenido creado y publicado por terceros. La misión de Google es organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil mediante la ejecución de un motor de búsqueda gratuito en internet, empleando el proceso de indexación, mediante el cual, valiéndose de un complejo algoritmo que considera más de 200 variables (tales como actualidad del contenido de un sitio web, cantidad de visitas que ha recibido y sinónimos de la palabra buscada, entre otros) determina las respuestas más relevantes para las búsquedas concretas que efectúan sus usuarios.

Añadió que la tarea de indexar el contenido público de internet no es una tarea exclusiva de Google; también hay otros motores de búsqueda, como Bing o Yahoo. Sólo desde el momento en que alguien sube un nuevo contenido a internet y lo hace público, éste es susceptible de ser indexado por el buscador de Google u otras empresas. A la inversa, si un contenido desaparece de la red o su titular o administrador bloquea la indexación del contenido, éste desaparecerá de los resultados de los referidos buscadores. Es por esta razón que la jurisprudencia ha resuelto reiteradamente que acciones como la de autos deben dirigirse en contra de los autores del contenido impugnado, que es contra quien debió dirigir el recurso la recurrente. En todo caso, del artículo 85 P de la ley N°17.336, se desprende que Google no tiene la obligación de supervisar los datos que referencia o indexa.

Sostuvo, asimismo, que las publicaciones periodísticas que se impugnan gozan de la más amplia protección constitucional, pues fueron efectuadas en el ejercicio de la garantía de la libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República. En este sentido, la pretensión de la recurrente supone una limitación a la garantía constitucional de la libertad de expresión, porque de aplicarse un filtro previo a la divulgación de cada contenido que se publica en internet, traería aparejados efectos sumamente lesivos para la difusión de información a través de motores de búsqueda, comoquiera que los privados naturalmente demorarían las publicaciones en sus plataformas a la espera de estos análisis, además, con altos costos.

Termina diciendo que el derecho al olvido no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, así que no puede prosperar la pretendida prevalencia de los derechos a la honra y a la vida privada que invoca la recurrente, por sobre el derecho a la libre expresión y a la información sin cesura previa. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido de los riesgos de la aplicación del “derecho al olvido”.

En folio 32 informó la recurrida Gestión Regional de Medios S.A., por medio del abogado Félix Guerrero Toro, solicitando el rechazo del recurso, con costas, alegando su extemporaneidad, la improcedencia del mismo en atención a lo pedido por la recurrente y la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de su representada.

Dijo que es extemporáneo este recurso tanto porque la nota que publicó Gestión Regional de Medios S.A. es del 22 de agosto de 2018, como porque la recurrente no indica cuándo tomó conocimiento de las publicaciones de los años 2017 y 2018 cuya permanencia denuncia agraviante, no existiendo, en consecuencia, un hito en virtud del cual se produce la vulneración de derechos o al menos desde que se tomó conocimiento de tales circunstancias.

Añade que este recurso de protección es improcedente si se atiende a su petitorio, pues no resulta viable la eliminación total de la información publicada o la abstención que pide la actora.

En cuanto al fondo del recurso, dijo el informante que es efectivo que el sitio web www.soychile.cl mantiene una publicación asociada a los ilícitos cometidos por la recurrente y por los cuales fue condenada a una pena se encuentra en etapa de cumplimiento, al menos hasta el 2025, pero lo cierto es que tal publicación no resulta ser “lo primero” que figura en el sitio web, el cual cambia constante y diariamente. Desconoce el informante cómo operan los algoritmos usados por los buscadores como Google u otros, pero lo cierto es que tampoco se encuentran a cargo de Gestión Regional de Medios S.A.

Sostiene la inidoneidad de este recurso de protección, en tanto la labor de los medios de comunicación involucrados en las publicaciones cuya “limitación” se pretende, encuentra amparo en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República y en la Ley N°19.733, Ley de Prensa, que consagran la libertad de informar sin censura previa, libertad ésta reconocida asimismo en la Convención Americana de Derechos Humanos. Las publicaciones efectuadas al alero de la ley se refirieron a un hecho veraz y objetivo, sin que el transcurso del tiempo, los seis años que han transcurrido a partir del 2018, permitan calificar esas noticias como más o menos legales.

En folio 38 informó la recurrida Copesa S.A. (razón social de Diario La Tercera), por medio del abogado Sebastián Castillo García, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por ser extemporáneo, por no singularizarse cuál acción u omisión ilegal o arbitraria se le reprocha a Copesa S.A., porque no se ha acreditado privación, perturbación o amenaza a los derechos supuestamente infringidos a la actora y, en consecuencia, no le asiste un derecho indubitado y, por último, por no ser este arbitrio la vía idónea para resolver el asunto planteado.

Dijo que el recurso debe rechazarse por extemporáneo, atendido que fue interpuesto en mayo de 2024 impugnando publicaciones de las que la actora tenía conocimiento cierto desde el momento mismo en que fue objeto del proceso penal seguido en su contra, el cual efectivamente existió, cumpliéndose con creces, más de seis años, el plazo para deducirlo.

Respecto del fondo, estima que el recurso debe rechazarse por manifiesta falta de fundamentos.

Primero que todo, la recurrente no ha singularizado cuál acción u omisión ilegal o arbitraria le reprocha a Copesa S.A.; no se explica qué reportaje ni cómo la redacción de ellos podrían vulnerar los derechos fundamentales que invoca y en la forma que indica.

Tampoco se ha acreditado privación, perturbación o amenaza a los derechos supuestamente infringidos a la actora. Cómo podría saberse si la actora ha visto afectada “su valoración social”, con qué elementos ha acreditado la pérdida de oportunidades laborales o su falta de reinserción social, cómo puede comprobarse si efectivamente ha sufrido síntomas de psicosis y ansiedad constantes. Estas interrogantes demuestran que la recurrente carece de un derecho de carácter preexistente e indubitado.

Añade que no existe actuación ilegal ni arbitraria atribuible a Copesa S.A. a través de diario La Tercera, que sólo se ha limitado a informar en las notas publicadas en www.latercera.com sobre la participación de la recurrente en hechos investigados, por lo que después fue condenada; hechos que no pertenecerían a la esfera privada de la Sra. nombre reservado, sino de interés público y respecto de los que cualquier ciudadano tiene derecho a ser informado. La Tercera lo hizo sin censura previa, tal como le autorizan el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República y la Ley N°19.733, Ley de Prensa, que consagran la libertad de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, mismo reconocimiento contenido en el Pacto de San nombre reservado Rica. En cambio, el derecho al olvido que se invoca como base a su pretensión no tiene reconocimiento legal en nuestro derecho interno.

Termina diciendo que este recurso de protección no es la vía procesal idónea para sustanciar la controversia planteada, donde se hacen imputaciones genéricas y donde lo pretendido no tiene asidero, porque las publicaciones cuya “limitación” se espera, lejos de ser falsas, tienen correlato empírico y mantendrían a través del tiempo las condiciones de objetividad y veracidad que la Ley N°19.733 contempla para la información de noticias sobre hechos de interés público. Además, de accederse a la petición de la recurrente se estaría excediendo completamente el marco constitucional y legal, pues se afectaría el derecho de propiedad que Copesa S.A. posee sobre sus reportajes y notas periodísticas, sin que exista una ley expropiatoria que lo faculte, y se afectaría también el derecho de igualdad ante la ley, pues por un lado se prohibiría a Copesa S.A. mantener dicha noticia en los motores de búsqueda, pero por otro lado se permitiría a la Biblioteca Nacional mantener la misma noticia en sus propios archivos y mecanismos de divulgación, diferencia que llevaría a cabo sin justificación alguna y en claro perjuicio para Copesa S.A.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto proteger a las personas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

SEGUNDO: Que, como se consignó en lo expositivo, la recurrente interpone este recurso por el acto que estima ilegal y arbitrario de los recurridos consistente en mantener en su plataforma digital el acceso a información y notas periodísticas en su concepto caducas, relativas a delitos de estafa que ella cometió hace una década y por los cuales fue sentenciada y cumple actual condena, que afectan su honra y dignidad, la estigmatizan y restringen sus posibilidades laborales, solicitando que se ordene a los recurridos “limitar” todo el contenido relacionado con ella que circule en las redes y que se abstengan de realizar publicaciones de ese tipo u otras sobre su persona, o, en subsidio, que la Corte tome las medidas para restablecer el imperio del derecho.

TERCERO: Que, por su parte, todos los recurridos solicitaron el rechazo del recurso, por las razones que sucintamente se pasa a indicar.

La recurrida Sabes Comunicaciones SpA, sabes.cl, argumentó que no existió de su parte actuación ilegal ni arbitraria; que su medio periodístico es idóneo y habilitado para tal efecto; que las publicaciones de que se trata se hicieron debidamente respaldadas en su fuente; que el derecho a la libertad de expresión y de información sin censura previa tiene consagración legal y constitucional y en esa virtud obró sabes.cl, y que el derecho al olvido no tiene consagración legal en nuestro país.

Red de Televisión Chilevisión S.A., por su parte, se defendió diciendo que la recurrente no precisa de qué reportaje responsabiliza al canal; no proporciona ningún link que a la Red concierna; que no existe actuación ilegal ni arbitraria de su parte, y que el derecho al olvido no tiene consagración legal en nuestro ordenamiento positivo.

A su turno, Empresa Periodística Diario Concepción alegó la extemporaneidad del recurso; que no existe se su parte actuación ilegal o arbitraria; que las publicaciones impugnadas se hicieron al alero y en la forma que la legislación que lo permite; que frente a lo que podría estimarse una colisión de garantías, prima la libertad de información, sobre todo porque el contenido es verídico y de interés general; que las plataformas y motores de búsqueda en internet operan con algoritmos que indexan contenido de múltiples fuentes y no existe un mecanismo legal que permita a Diario Concepción controlar cómo se presenta la información en los resultados de búsqueda de terceros Por su lado, Biobío Comunicaciones S.A. argumentó que este recurso no es la vía idónea para resolver la controversia porque la recurrente plantea cuestiones que ameritan de juicio de lato conocimiento; que no existe actuación ilegal ni arbitraria de parte de la radio Biobío por versar las publicaciones sobre hechos objetivamente verídicos; que obró en cumplimiento de su función social y en virtud del derecho a la libertad de expresión y de información sin censura previa reconocida legal y constitucionalmente; que no es ilegal ni arbitrario publicar una noticia ni tampoco mantenerla vigente en un portal de noticias.

En el caso de Google CL (antes Google INC) alegó la extemporaneidad del recurso; que no existe actuación ilegal ni arbitraria de su parte; que no es el legitimado pasivo para el ejercicio de la acción constitucional de autos comoquiera que Google no es creador de información o contenidos, sino solo un intermediario entre el usuario y la información buscada, sin que sea responsable por el contenido que terceros publican en internet; que su misión es organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil mediante la ejecución de un motor de búsqueda gratuito en internet, empleando el proceso de indexación y algoritmos; que no tiene la obligación de supervisar los datos que referencia o indexa; que su tarea no es exclusiva, pues existen otros buscadores que indexan; que, en el mejor de los casos, la actora debe dirigir su acción exclusivamente contra los medios autores del contenido; que el derecho al olvido no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

Gestión Regional de Medios S.A., por su parte, alegó la extemporaneidad del recurso; la improcedencia del mismo en atención a lo pedido por la recurrente, pues no resulta viable la eliminación total de la información publicada o la abstención que pide; la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario por su parte, pues la indexación de la información no es de su cargo; que el derecho a la libertad de expresión y de información sin censura previa está reconocida legal y constitucionalmente.

Por lo que toca a Copesa S.A. (razón social de Diario La Tercera), también alegó la extemporaneidad del recurso; la falta de determinación o singularización de cuál acción u omisión se le reprocha ilegal o arbitraria; que no se ha acreditado privación, perturbación o amenaza a los derechos supuestamente infringidos a la actora; que no le asiste un derecho indubitado; que no es este arbitrio el idóneo para resolver el asunto planteado.

CUARTO: Que, asentado lo recién dicho, el orden lógico de las proposiciones conlleva ahora a detenerse primeramente en la alegación de extemporaneidad promovida por las recurridas Empresa Periodística Diario Concepción, Google CL, Gestión Regional de Medios S.A. y Copesa S.A. (razón social de Diario La Tercera), quienes coinciden en requerir que se declare extemporáneo este arbitrio por haber sido entablado fuera del plazo legal que se contiene en el Auto Acordado sobre la materia, en atención que se reclama respecto de publicaciones que la propia actora reconoce datan desde los años 2017 y 2018.

Sin embargo, no es posible acoger tal excepción si el acto que lo motiva, dada la naturaleza del conflicto jurídico materia de estos autos, es de aquellos de desarrollo permanente y continuo, por lo cual el derecho a recurrir a través de esta vía no precluye mientras la acción ilegal o arbitraria siga produciéndose. En la especie, no es posible contabilizar el plazo para interponer el recurso desde a la fecha de las publicaciones de las notas periodísticas o noticias cuya eliminación se busca, dado que esto ocurrió los años 2017 y 2018 y en aquella fecha no era factible que la recurrente invocara un eventual derecho al olvido, que es en definitiva lo que se pretende con esta acción, ya que esas noticias en esa época eran actuales.

Por consiguiente, este arbitrio constitucional ha sido interpuesto dentro del plazo legal, razón por la que se desestimará la alegación efectuada por las mencionadas recurridas en relación a dicho tópico.

QUINTO: Que, relativamente a la alegación de Google CL en orden a que carecería de legitimación pasiva para ser recurrido en el ejercicio de esta acción constitucional, en la medida que sólo es un intermediario entre el usuario y la información buscada, pero no creador de información o contenidos ni responsable por la que terceros publican en internet, lo cierto es que del examen de los antecedentes no se aprecia por estos sentenciadores la conducta omisiva que la recurrente le atribuye a Google CL. En efecto, debe considerarse que éste sólo actúa como un motor de búsqueda de la información pública que ya está en la red digital y que se desea conocer por quien realiza la búsqueda, de manera que su actuar se limita a indexar la diversa información pública existente en la red y que ha sido subida con anterioridad por algún usuario.

Conforme a lo señalado, no se aprecia en el actuar de Google alguna ilegalidad o arbitrariedad, por no tener injerencia sobre el contenido de lo que se publica, desde que no los crea, ni le asiste la obligación de controlar o verificar lo que los usuarios publican, por lo que carece de la responsabilidad que se le imputa en la acción deducida.

En este capítulo se debe tener presente que el artículo 85 letra p) de la Ley 17.336, modificada por la Ley 20.345, señala que respecto de los motores de búsquedas –como Google-, éstos no tendrán la obligación de supervisar los datos que transmitan, almacenen o referencien.

SEXTO: Que, es un hecho de la causa que el acto reprochable a las recurridas es mantener en sus archivos de acceso al público por internet, en sus plataformas digitales o en el motor de búsqueda, unas publicaciones que efectuaron los años 2017 y 2018, en ejercicio de la libertad de expresión, que involucran a la recurrente en la comisión de un cúmulo de delitos de estafa por las que fue investigada y condenada finalmente, hechos que se habrían verificado en los años 2014 y 2015.

Habrá de dilucidar entonces si la mantención de esas notas periodísticas en las plataformas de las recurridas, constituyen o no un acto ilegal y arbitrario que amerite conceder la protección reclamada.

SÉPTIMO: Que, por lo que toca a la legalidad de las publicaciones, comencemos por sentar que el artículo 30 de la ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, dispone: “Para lo dispuesto en el presente artículo se considerarán como hechos de interés público de una persona los siguientes: a) Los referentes al desempeño de funciones públicas; b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real; c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso; d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social; e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, y f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos.”.

De los antecedente que obran en autos, fluye que concurre en la especie el supuesto de la letra f) de la norma citada, ya que los hechos de que dan cuenta las publicaciones tendrían su origen en la imputación que en esa época se le hizo a la recurrente como autora de una serie de delitos de estafa, circunstancia que convierte a esos hechos en unos de interés público.

Por otra parte, el Constituyente consagra la libertad de informar en el numeral 12 del artículo 19 de la Carta Política, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades.

A su vez, en nuestro ordenamiento jurídico actual no existe una norma que obligue a las recurridas a eliminar de su motor de búsqueda en el caso de Google, o de sus sitios de internet en el caso de las demás recurridas, una noticia que en su oportunidad fue comunicada en el ejercicio de la libertad de expresión. Es más, la Ley N°19.733, sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en su artículo 14 obliga a aquellas personas o establecimientos que han efectuado impresiones, grabaciones sonoras o producción audiovisual o electrónica en el país y destinados a la comercialización, a enviar a la Biblioteca Nacional sendos ejemplares de tales publicaciones, con lo que se demuestra que la información no puede ser eliminada, sino que ella pasa a formar parte de un registro que con el paso del tiempo se transforma en histórico.

La historia no se borra ni se elimina; por el contrario, debe preservarse y parte importante de ella está constituida por los registros noticiosos, material que se preserva y cuida en la Biblioteca Nacional. En este orden de ideas, no existe razón legal para concluir que las recurridas no puedan mantener en sus sitios una información de noticias pretéritas que ellas mismas dieron a conocer.

OCTAVO: Que, descartada la comisión de un acto ilegal, corresponde determinar si ha habido arbitrariedad en el proceder de las recurridas, vale decir, capricho en su obrar o carencia de razonabilidad por mantener en sus sitios web aquellos hechos noticiosos relacionados con la recurrente.

En la especie, convergen dos garantías constitucionales, el derecho a la honra y la libertad de emitir opinión e informar. Ante la colisión de ambas, debe tomarse en cuenta que cada una tiene una esfera de acción propia que pueden llegar a superponerse durante un tiempo, en el que es necesaria y útil la información pública frente al derecho personal que pueda invocarse, pero que decae a medida que pasa el tiempo, lo que provoca que los contenidos eventualmente dejen de tener el interés público del que gozaban en el tiempo inmediato de ocurrencia de los sucesos informados.

Lo anterior da cuenta que, ante un conflicto de derechos fundamentales, corresponde hacer un discernimiento o juicio de ponderación que permita llegar a un equilibrio que resuelva el caso concreto. Tal actividad importa conciliar las garantías de una manera armónica, logrando protección para ambas, pero privilegiando aquel derecho que, en el caso concreto, goce de mayores fundamentos para ello.

NOVENO: Que, como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en rol 21.499-2014, en el análisis pertinente se ha de considerar que el derecho a la honra y al honor no es absoluto. Su protección admite límites que se relacionan con la libertad de expresión y la difusión de informaciones. Entonces, el derecho a la honra puede entrar en colisión con otros derechos y particularmente con el ejercicio de la libertad de expresión y con el derecho de acceso a la información, de lo que se colige que no tiene un carácter absoluto y que, por ende, se encuentra sujeto a límites tales como el interés público en que la ciudadanía conozca de una determinada información. En el mismo sentido, sentencias del Máximo tribunal dictadas en roles 90.746-2020; 18.748-2018; 17.732-2016; y 37505-2015.

DÉCIMO: Que, de los antecedentes allegados a los autos aparece que las recurridas, en el legítimo ejercicio del derecho a informar, publicaron antecedentes vinculados con hechos reales, cuya verificación más tarde, el año 2020, significó para la actora una condena privativa de libertad impuesta en la causa RIT 4823-2017 del ingreso del Juzgado de Garantía de Concepción, como autora del delito reiterado de estafa, que se le sustituyó por la de libertad vigilada intensiva y que actualmente purga. Por tratarse los hechos, que rondaron el origen de la causa, de relevancia pública y resonada exposición local –y nacional, por cierto-, el derecho a la honra y la vida privada cede en este caso ante la necesidad de protección de que goza la libertad de información, considerando la necesidad de la ciudadanía de conocer hechos como aquellos de que se trata en autos. En consecuencia, no observan estos sentenciadores, arbitrariedad en las actuaciones de los medios recurridos, comoquiera que sus actuaciones estuvieron avaladas en el legítimo ejercicio de la libertad de información, como antes se explicó.

UNDÉCIMO: Que, por lo antes razonado, no habiéndose justificado la existencia de actos u omisiones que revistan el carácter de arbitrarios o ilegales, la presente acción debe rechazarse.

DUODÉCIMO: Que, no obstante haber pedido todos los recurridos el rechazo de este arbitrio con expresa condenación en costas a la recurrente, no será condenada a ellas, por estimar estos sentenciadores que tuvo motivo plausible para recurrir.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

I.- SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad del recurso formulada por las recurridas Empresa Periodística Diario Concepción, Google CL, Gestión Regional de Medios S.A. y Copesa S.A. (razón social de Diario La Tercera).

II.- SE ACOGE la alegación de falta de legitimación pasiva impetrada por Google CL, declarándose que no tiene la calidad de recurrido en esta causa.

III.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Red de Televisión Chilevisión S.A.; de Gestión Regional de Medios S.A.; de Copesa S.A. (razón social de Diario La Tercera); de Empresa Periodística Diario Concepción; de Biobío Comunicaciones S.A.; de Sabes Comunicaciones SpA; y de Google CL (antes Google INC), este último en razón de lo resuelto en el punto II.- anterior.

Regístrese, notifíquese, comuníquese una vez que este fallo quede firme y en su oportunidad archívese.

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

N°Protección-15081-2024.