nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACION

C.A. de Concepción Concepción, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Compareció en este proceso Rol 14.649-2023 del libro Protección de esta Corte de Apelaciones, el abogado Andrés Franchi Muñoz, e interpuso recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra del Ministerio de Educación representado por el ministro Marco Antonio Ávila Lavanal.

Expuso, en síntesis, que el 25 de mayo de 2023 se dictó la Resolución Exenta N° 3.163 por parte de la Subsecretaria de Educación nombre reservado, en la cual se resolvió que la recurrente no tiene derecho a la bonificación adicional por antigüedad contemplada en el artículo 7 de la Ley N° 20.964.

Agrega que el acto administrativo recurrido es ilegal, porque vulnera lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 20.964 y los artículos 3 y 40 de la Ley N° 19.880.

El recurrente transcribe el artículo 7 de la Ley N° 20.964, señalando luego que el acto recurrido es ilegal en cuanto infringe el citado precepto legal, porque teniendo la recurrente diez años continuos de servicios efectivamente prestados en calidad de Asistente de la Educación para el Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Tomé, habiéndose acogido a retiro y siendo beneficiaria de la bonificación por retiro voluntario contemplada en el artículo 7° de la Ley N° 20.964, cumplía ésta con todos y cada uno de los requisitos legales para ser beneficiaria de la bonificación adicional por antigüedad; sin embargo, ella le ha sido negado, sin esgrimirse razón legal alguna al respecto, sólo se consigna la negativa en la citada resolución.

Añade que es igualmente ilegal la resolución exenta recurrida, por cuanto se vulneran los artículos 3 y 40 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que establecen que todo acto administrativo debe ser fundado y, en la especie, dicha fundamentación se encuentra ausente, habida consideración que no se ha consignado ni esgrimido fundamento o razón alguna para sustentar la negativa de no concederle a la recurrente la bonificación legal por antigüedad, pese a que cumple con los requisitos legales para ser acreedora de ella.

Expresa que el acto administrativo recurrido vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al realizar una discriminación arbitraria respecto de la recurrente, ya que pese a que ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos legales para ser beneficiaria de la bonificación adicional por antigüedad contemplada en el artículo 7 de la Ley N°20.964, la recurrida le niega su pago infundadamente, ya que no esgrime fundamento alguno para sustentar su decisión denegatoria, derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución de la República de Chile de 1980, que dispone expresamente la igualdad ante la ley.

Afirma que el acto administrativo recurrido infringe el derecho de propiedad de naturaleza incorporal de que es titular la recurrente para ser beneficiaria de la bonificación adicional por antigüedad, ya que ella cumple con todos los requisitos legales que la hacen acreedora de dicho estipendio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley N° 20.984, y al negársele éste, se le está privando de dicho derecho.

Concluye solicitando que se acoja este recurso, se declare arbitraria e ilegal la Resolución Exenta N° 3.163 de 25 de mayo de 2023, en aquella parte que niega a la recurrente el pago de la bonificación adicional por antigüedad contemplada en el artículo 7 de la Ley N° 20.964, dejándola sin efecto en dicho acápite, declarando que la recurrente tiene derecho a dicho beneficio, debiendo éste ser reconocido por la recurrida para posteriormente serle pagado conforme al monto que determina la ley al respecto, o bien se adopten por parte de esta Corte las medidas que estime pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas.

Informó Vicente Aliaga Medina, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, quien solicita el rechazo de este recurso por las razones de hecho y de derecho que detalla en su informe.

Señaló, en síntesis, que la Ley N° 20.964, otorga en su artículo 1°, bajo los requisitos que ella misma señala, una bonificación por retiro voluntario, al personal asistente de la educación que se desempeñe en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal; en establecimientos regidos por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, de Educación, y asimismo, a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, que presten servicios en los Departamentos de Administración de Educación Municipal, en las Direcciones de Educación Municipal, y al personal que cumple funciones relacionadas con la administración del servicio educacional en las corporaciones privadas sin fines de lucro creada por las municipalidades para administrar la educación municipal, quienes, para los efectos de la Ley N° 20.964, se someterán a las mismas disposiciones que los asistentes de la educación .

Por su parte, el inciso primero del artículo 7° de la citada ley, dispone que “Los trabajadores y las trabajadoras que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario de la presente ley, tengan a la fecha del retiro una antigüedad mínima de diez años continuos de servicios efectivamente prestados en la calidad de asistentes de la educación en las entidades señaladas en el artículo 1° tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal. El monto de la bonificación adicional dependerá de los años de servicios de cada trabajador prestados en la calidad de asistentes de la educación en las entidades que señala el artículo 1°, adicionando, si procede, el tiempo servido en los organismos o entidades educacionales del sector público que se hayan traspasado a la Administración Municipal, de acuerdo a la tabla que se incluye a continuación...’’.

Refiriéndose a la situación particular de la recurrente, señala que ésta comenzó su relación laboral de carácter continuo e indefinido con la I. Municipalidad de Tomé a contar del 1 de marzo de 2015, mediante una modificación del contrato de trabajo suscrito por ambas partes el 27 de febrero de 2015, acompañado en su informe. Dice que como se señala en el precitado documento, sólo a partir de dicho momento la relación entre ambas partes se convirtió en indefinida.

Agrega que mediante el Decreto Alcaldicio N° 4.903, de 19 de junio de 2015, se aprobó la modificación del contrato de trabajo de la recurrente, confirmando que continúa desempeñándose como Asistente de Párvulos, en la Escuela D-417, República de Ecuador, de la comuna de Tomé, cargo que ocuparía en calidad de indefinido a partir del 1 de marzo de 2015.

Precisa que la relación laboral de la actora terminó mediante renuncia voluntaria e irrevocable de 19 de noviembre de 2019. En aquel documento declara renunciar para acogerse a retiro, según lo dispuesto en la Ley N° 20.964, con la finalidad de percibir la bonificación por retiro voluntario y la bonificación adicional por antigüedad, asumiendo en dicho acto que no podrá integrarse nuevamente a una dotación de asistentes administrada directamente por las municipalidades o las corporaciones municipales y ser nombrada o contratada bajo cualquier modalidad o régimen laboral, incluida contratación a honorarios en municipalidades, corporaciones municipales o establecimientos regidos por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, de Educación, que Autoriza Entrega de la Administración de determinados Establecimientos de Educación Técnico Profesional a las Instituciones o a las Personas Jurídicas que Indica.

Señala que de manera previa al contrato recién señalado, la recurrente había suscrito otros contratos laborales con la misma sostenedora, para prestar funciones como Asistente de Párvulos, siendo el primero de ellos el 25 de mayo de 2009, en que se le incorporó a la dotación docente, desde el 8 de abril del mismo año hasta el 1 de marzo de 2010.

Dice que a partir de esa anualidad suscribió contratos anualmente, por un período de tiempo aproximado de 10 meses en cada caso, no existiendo una relación indefinida o de continuidad entre la recurrente y el sostenedor. Así, durante el año 2010, el vínculo laboral de la actora con la I. Municipalidad de Tomé tuvo un intervalo en que no se prestaron servicios, específicamente entre el 1 de marzo, fecha en que terminaba la vigencia del contrato anterior, y el 1 de mayo, data en que comienza a regir el nuevo contrato, que culminó el 30 de diciembre de 2010. En tanto, el año 2011, la recurrente prestó servicios desde el 15 de abril al 31 de diciembre de dicho año, lo que le da una vacancia a su relación laboral de tres meses y medio. Luego, el año 2012, la relación laboral comenzó el 1 de abril y culminó el 28 de febrero del año 2013, existiendo entonces un período de vacancia de 3 meses entre ambos contratos. En el año 2013, el vínculo comenzó el 1 de abril, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de diciembre del año señalado.

Finalmente, en el año 2014, se suscribió el último contrato de plazo fijo entre la recurrente y la sostenedora, dando inicio a la relación laboral el 6 de marzo, poniéndole término el 28 de febrero de 2015. Luego de dicha fecha, la actora suscribió contrato de carácter indefinido con la sostenedora, pero como se ha evidenciado, de manera previa al 2015, la relación entre ambas fue discontinua, según se detalla en el cuadro cronológico que inserta en su recurso.

Añade que a través de la Resolución Exenta N° 5.459, de 30 de octubre de 2019, de la Subsecretaría de Educción, se le asignó a la recurrente un cupo correspondiente al año 2018, como beneficiaria de las bonificaciones establecidas en la Ley N° 20.964. Para lo anterior, la actora formalizó su renuncia el 19 de noviembre de 2019, y su sostenedor remitió mediante Ord. N° 2.108, de 23 de diciembre de 2022, la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a tales bonos, certificando que los datos contenidos en el documento “ficha de solicitud de recursos”, son fidedignos.

Indica que en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la precitada Ley N° 20.964, la Resolución Exenta N° 3.163, de 25 de mayo de 2023, de esa Subsecretaría de Educación, fijó los recursos a transferir a la I. Municipalidad de Tomé en el marco de la ley señalada, correspondiente a los cupos del año 2018. Ello, fue llevado a cabo por el Decreto Exento N° 419, de la misma fecha y mismo origen, que transfiere los recursos a dicho municipio en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del 2018. En ambos actos administrativos, en su artículo segundo, se incluye una tabla destinada a indicar en cuáles casos procedía pagar la bonificación adicional por antigüedad para los asistentes de la educación ahí indicados, también en ambos documentos se explícita que la recurrente nombre reservado no es acreedora de la Bonificación Adicional por Antigüedad.

Explica que la actora tiene contrataciones y cotizaciones pagadas en forma continua desde el 6 marzo de 2014 hasta la presentación de su renuncia, el 19 de noviembre de 2019. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 20.964, para efecto del pago de la Bonificación de Antigüedad, sólo pueden considerarse 5 años de servicios, y según lo indicado en el mismo artículo, dicha bonificación se paga a partir de 10 años continuos de servicio, no teniendo derecho a dicha bonificación complementaria. Así, se determinó que la antigüedad laboral de la recurrente sólo inició con su continuidad desde el mes de marzo de 2014, lo que coincide con la solicitud que realiza el Alcalde de la Municipalidad Tomé en la ficha de solicitud de recursos que se acompaña.

Afirma que la propia Municipalidad de Tomé confirmó la continuidad de los servicios a partir del mes de marzo de 2014, cuando se le observó dicha situación por parte de la Unidad de Bonos del Ministerio de Educación.

Concluye señalando que conforme a la solicitud del sostenedor, por intermedio del Decreto N° 419, de 2023, del Ministerio de Educación, se transfirieron los recursos a la I. Municipalidad de Tomé, en el marco de la Ley N° 20.964, para los beneficiarios correspondientes al año 2018, pagándole entonces a la recurrente sólo la Bonificación por Retiro Voluntario, equivalente a 5 años.

Acompañó a su informe los siguientes documentos:”1. Decreto Alcaldicio N° 1364, de la I. Municipalidad de Tomé, de 13 de abril de 2009; 2.- Decreto Alcaldicio N° 1437, de la I. Municipalidad de Tomé, de 17 de abril de 2009; 3.- Decreto Alcaldicio N° 2128, de la I. Municipalidad de Tomé, de 1 de junio de 2009; 4 .- Decreto Alcaldicio N° 1445, de la I. Municipalidad de Tomé, de 20 de abril de 2010; 5.- Decreto Alcaldicio N° 2788, de la I. Municipalidad de Tomé, de 24 de mayo de 2011; 6.- Decreto Alcaldicio N° 2239, de la I. Municipalidad de Tomé, de 9 de abril de 2012; 7.- Decreto Alcaldicio N° 2046, de la I. Municipalidad de Tomé, de 11 de abril de 2013; 8 .- Decreto Alcaldicio N° 5381, de la I. Municipalidad de Tomé, de 18 de julio de 2014; 9.- Decreto Alcaldicio N° 4903, de la I. Municipalidad de Tomé, de 19 de junio de 2015; 10.- Resolución Exenta N° 5.459, de 2019, de la Subsecretaría de Educación que asigna beneficiarios de los cupos correspondientes al año 2018 y reasigna cupos correspondientes al año 2017 de la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley N° 20.964 que otorga bonificación por retiro voluntario, al personal asistente de la educación que indica; 11.- Resolución Exenta N° 3.163, de 2023, de la Subsecretaría de Educación que fija recursos a transferir a la Ilustre Municipalidad de Tomé en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del año 2018; 12.- Decreto Exento N° 419, de 2023, del Ministerio de Educación que transfiere recursos a la Ilustre Municipalidad de Tomé en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del año 2018; 13 .-Tercera Minuta de Observaciones a la I. Municipalidad de Tomé (Ley N° 20.964) de 20 de julio de 2022 de la División Jurídica del Ministerio de Educación; 14.- Certificado de Nacimiento de doña nombre reservado, de 19 de noviembre de 2019; 15.- Renuncia Voluntaria e Irrevocable, de 19 de junio de 2019, suscrita por doña nombre reservado;16.- Modificación al Contrato de Trabajo de 27 de febrero de 2015 suscrita por doña nombre reservado y doña gloria nombre reservado; 17.- Contrato de Trabajo de 7 de abril de 2009 entre doña nombre reservado y la I. Municipalidad de Tomé;18.- Cálculo de Remuneración Promedio Asistentes de la Educación Beneficiarios de cupos 2018, Ley N° 20.964 (REX 5459-30/10/2019), de 12 de agosto de 2019, que incluye el detalle de remuneraciones de los meses de noviembre y diciembre de 2018, y de enero a octubre de 2019 y 19 .- Certificados de pago de cotizaciones previsionales de doña nombre reservado, emitido por Previred, de 18 de marzo de 2020, y de 24 de junio de 2022.”.

Informó Esteban Toledo Ortiz, abogado, en representación judicial de la recurrida Ilustre Municipalidad de Tomé, Dirección de Educación, quien señaló, en síntesis, que para efectos de economía procesal y a fin de informar respecto de los antecedentes que obran en esa Dirección de Educación Municipal respecto de la recurrente, se remite en todo lo que sea aplicable al presente caso por el recurridao, Ministerio de Educación, en su informe de folio 8, en especial en cuanto a la falta de cumplimiento de los requisitos legales de la recurrente para acceder a la bonificación adicional por antigüedad contemplada en el artículo 7 de la ley 20.964, y artículo 3° letra d) del Decreto 366, del Ministerio de Educación, de 09 de mayo de 2017, que aprueba el reglamento de la ley anterior, por no haber prestado servicios continuos por el tiempo mínimo de 10 años, conforme a lo que expone posteriormente en su informe.

Al respecto dice que en virtud del relato relativo a los contratos a plazo fijo celebrados entre el municipio y la actora, así como de los decretos alcaldicios acompañados por la recurrida, la recurrente inició su relación laboral continua el 06 de marzo de 2014, dado que la modificación de 27 de febrero declara que su contratación lo es en calidad de indefinido en las condiciones laborales que mantenía; por tanto, habiéndose modificado antes del vencimiento del plazo del contrato de plazo fijo anterior, se tiene aquella fecha como inicio de la relación laboral indefinida hasta su renuncia voluntaria producida con fecha 19 de noviembre de 2019, acompañado en otrosí.

Por lo tanto, dice, la recurrente no cumple con el requisito establecido en el artículo 7 de la Ley N°20.964, en relación al artículo 3° letra d) del Reglamento de la ley anterior, por no haber prestado efectivamente servicios continuos por un tiempo mínimo de 10 años, conforme lo exige dicho artículo, razón por la cual no se le pagó la bonificación por antigüedad que esta norma contempla y que ella pretendía.

Añade que como se ha expresado en su informe, la recurrente no tiene un derecho indubitado sobre la bonificación adicional por antigüedad que pretende, sino tan solo, una mera expectativa, la cual se le ha rechazado por no cumplir con las exigencias legales establecidas en tal sentido, hecho que transforma en improcedente su pretensión.

Ampliando su informe, la I. Municipalidad de Tomé señaló que no es efectivo que la recurrente haya sido titular de la asignación de experiencia, toda vez que los asistentes de la educación no tienen derecho a la asignación de experiencia por regla general, debido a “que dentro del contexto de una relación laboral de derecho público, regida por el Código del Trabajo, sólo pueden hacerse valer aquellas estipulaciones que el órgano público empleador ha pactado en términos formales y explícitos, siendo por ende inadmisible en dicho ámbito estatutario contractual, la concurrencia de manifestaciones tácitas de voluntad del Estado y sus organismos”; asimismo, “por lo tanto, habida cuenta que, por una parte, la asignación de antigüedad no se encuentra prevista entre las normas remuneratorias del Código del Trabajo y, por otra parte, que aquélla no se aviene al concepto de remuneración aludido precedentemente, cabe manifestar que no resulta procedente su estipulación en los contratos de trabajo del personal de que se trata”. Por excepción, respecto de aquellos que ingresaron a prestar servicios al municipio, antes del 23 de abril de 2009, se le paga tal asignación por aplicación del Decreto Alcaldicio N°8.859 de 04 de diciembre de 2017, el cual se acompaña, beneficio respecto del cual la recurrente no es titular, ni lo fue durante toda su relación laboral con su representada, por cuanto su contrato de trabajo indefinido partió el 06 de marzo de 2014, como se expuso en el informe previo.

Afirma que la confusión del abogado recurrente tras revisar las liquidaciones de remuneraciones que indica, se ha podido generar por cuanto el sistema de remuneraciones utilizado en la Dirección de Educación de Tomé (SMC), calcula, por defecto, para todos los funcionarios el número de bienios desde su ingreso, aun cuando haya prestado servicios discontinuos, como es el caso de la recurrente, ya latamente expuesto, pero solamente se procede a pagar respecto de aquellos que cumplen los requisitos y por excepción, atendido lo que han resuelto los dictámenes de Contraloría General de la República al respecto, por cuanto no se avienen con el concepto de remuneración contenido en el artículo 41 del Código del Trabajo (Dictámenes 21.281 de 23.04.2009 y 21.751 de 11.04.2011), no existiendo, en consecuencia decreto alguno que haya concedido el beneficio de asignación de experiencia a la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina, la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas;

2°) Que se ha recurrido de protección en contra del Ministerio de Educación, por habérsele denegado a la actora el derecho a percibir la Bonificación Adicional por Antigüedad con cargo fiscal, establecida por la Ley N° 20.964, que “Otorga Bonificación por Retiro Voluntario al Personal Asistente de la Educación que Indica”, pese a que, según afirma en su recurso, ha servido por diez años continuos en calidad de asistente de la educación para el Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Tomé, habiéndose acogido y siendo beneficiaria de la Bonificación por Retiro Voluntario contemplada en la ley precitada.

Indica que se puso en su conocimiento la Resolución Exenta N° 3.163, de 25 de mayo de 2023, de la Subsecretaría de Educación, que fija recursos a transferir a la Ilustre Municipalidad de Tomé en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del año 2018. En dicha resolución exenta se determinó que la recurrente no tiene derecho a la Bonificación Adicional por Antigüedad, a su juicio, de manera ilegal y arbitraria;

3°) Que informando al tenor del recurso, el Ministerio de Educación señaló, en síntesis, que la actora no cumple con los requisitos legales ser titular del derecho a la bonificación adicional por antigüedad contemplada en el artículo 7 de la Ley N°20.964, y artículo 3° letra d) del Decreto 366 del Ministerio de Educación, de 09 de mayo de 2017, que aprueba el reglamento de la ley anterior, por no haber prestado servicios continuos por el tiempo mínimo de 10 años, conforme expone circunstanciadamente en su informe, presentación ésta a la cual también se remitió la I. Municipalidad de Tomé;

4°) Que la Ley N° 20.964 otorga en su artículo 1°, con las exigencias que señala, y en lo que interesa a este recurso, una bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación que se desempeñe en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal El inciso primero del artículo 7° de la ley recién mencionada, dispone que “Los trabajadores y las trabajadoras que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario de la presente ley, tengan a la fecha del retiro una antigüedad mínima de diez años continuos de servicios efectivamente prestados en la calidad de asistentes de la educación en las entidades señaladas en el artículo 1° tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal. El monto de la bonificación adicional dependerá de los años de servicios de cada trabajador prestados en la calidad de asistentes de la educación en las entidades que señala el artículo 1°, adicionando, si procede, el tiempo servido en los organismos o entidades educacionales del sector público que se hayan traspasado a la Administración Municipal, de acuerdo a la tabla que se incluye a continuación...’’.

5°) Que de los documentos incorporados al proceso, en especial los acompañados en el informe del recurrido, se advierte que la actora comenzó su relación laboral de carácter continuo e indefinido con la I. Municipalidad de Tomé, recién a contar del 1 de marzo de 2015, a través de una modificación del contrato de trabajo suscrito por ambas partes el 27 de febrero de 2015, en el cual se indica que sólo a partir de dicho momento la relación entre ambas partes se convirtió en indefinida.

Posteriormente, mediante el Decreto Alcaldicio N° 4.903, de 19 de junio de 2015, se aprobó la modificación del contrato de trabajo de la actora, señalado anteriormente, confirmando que continúa desempeñándose como Asistente de Párvulos, en la Escuela D-417, República de Ecuador de la comuna de Tomé, cargo que ocupó en calidad de indefinido a partir del 1 de marzo de 2015, como se dijo precedentemente.

De la misma documentación referida anteriormente aparece que la relación laboral de la actora terminó mediante renuncia voluntaria e irrevocable de ésta, con fecha 19 de noviembre de 2019. En este documento la recurrente declara renunciar a su cargo para acogerse a retiro, según lo dispuesto en la Ley N° 20.964, ya individualizada, con la finalidad de percibir la bonificación por retiro voluntaria y la bonificación adicional por antigüedad;

6°) Que de los mismos documentos acompañados por la parte recurrida en su informe, se acredita que en forma previa al contrato recién mencionado, la actora había suscrito otros contratos laborales con la misma sostenedora, para prestar funciones como Asistente de Párvulos, siendo el primero de ellos el 25 de mayo de 2009, en que se le incorporó a la dotación docente, desde el 8 de abril del mismo año hasta el 1 de marzo del 2010.

De la misma documentación se advierte que a partir de esa anualidad suscribió contratos anualmente, por un período de tiempo aproximado de 10 meses en cada caso, no existiendo una relación indefinida o de continuidad entre la actora y el sostenedor.

En efecto, durante el año 2010, el vínculo laboral de la actora con el mencionado municipio tuvo un intervalo en que no se prestaron servicios, entre el 1 de marzo, fecha en que terminaba la vigencia del contrato anterior, y el 1 de mayo, data en que comenzó a regir el nuevo contrato, que culminó el 30 de diciembre de 2010. En tanto, el año 2011, la recurrente prestó servicios desde el 15 de abril al 31 de diciembre de dicho año, lo que le da una vacancia a su relación laboral de tres meses y medio. Posteriormente, el año 2012, la relación laboral comenzó el 1 de abril y culminó el 28 de febrero de 2013, existiendo un período de vacancia de 3 meses entre ambos contratos. En el año 2013, el vínculo comenzó el 1 de abril, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Finalmente, en el año 2014, se suscribió el último contrato de plazo fijo entre la recurrente y la sostenedora, dando inicio a la relación laboral el 6 de marzo, poniéndole término el 28 de febrero de 2015. Posterior a dicha data, como ya se dijo, la actora suscribió contrato de carácter indefinido con la sostenedora, pero como ha podido apreciarse, de manera previa al 2015, la relación entre ambas fue discontinua;

7°) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 20.964, la Resolución Exenta N° 3.163, de 25 de mayo de 2023, de la Subsecretaría de Educación, fijó los recursos a transferir a la I. Municipalidad de Tomé conforme a la ley señalada, correspondiente a los cupos del año 2018.

Esto se concretó por el Decreto Exento N° 419, de la misma fecha y mismo origen, que transfirió los recursos a la I. Municipalidad de Tomé en relación a la referida Ley N° 20.964, correspondiente o los cupos del 2018. En ambos actos administrativos, en su artículo segundo, se incluye una tabla destinada a indicar en cuáles casos procedía pagar la bonificación adicional por antigüedad para los asistentes de la educación ahí indicados, señalándose en ambos documentos que la actora no es acreedora de la Bonificación Adicional por Antigüedad;

8°) Que, por otra parte, existe ausencia de cotizaciones durante varios periodos, a saber, marzo y abril de 2010; enero, febrero, marzo y primera quincena de abril de 2011; enero, febrero y marzo de 2012; marzo de 2013, y enero, febrero y los primeros 5 días de marzo de 2014. Además, durante el año 2011, fue contratada bajo prestación de servicios de la Ley N° 20.248 y el Código Civil.

Así las cosas, la actora tiene contrataciones y cotizaciones pagadas en forma continua desde el de 6 marzo de 2014 hasta la presentación de su renuncia, el 19 de noviembre de 2019. Es por ello que conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 20.964, para efecto del pago de la Bonificación de Antigüedad, respecto de la recurrente sólo pueden considerarse 5 años de servicios, y según lo indicado en el artículo ya mencionado, dicha bonificación se paga a partir de 10 años continuos de servicio, no teniendo entonces la actora derecho a dicha bonificación complementaria.

En efecto, como ya se ha dicho, se determinó que la antigüedad laboral de la recurrente sólo inició con su continuidad desde el mes de marzo de 2014, lo que coincide con la solicitud que realizó el Alcalde de la Municipalidad Tomé en la ficha de solicitud de recursos que se acompaña.

A su turno, la propia Municipalidad de Tomé confirmó la continuidad de los servicios a partir del mes de marzo del año 2014, cuando se le observó dicha situación por parte de la Unidad de Bonos del Ministerio de Educación;

9°) Que el abogado recurrente acompañó liquidaciones de sueldo de la recurrente correspondientes a los meses de mayo y junio, ambos del año 2023, haciendo presente que en la parte superior se le reconocen por parte de la Ilustre Municipalidad de Tomé 7 bienios, por lo que dicho letrado concluye que si se realiza dicho expreso reconocimiento, es porque se está en presencia de una funcionaria que tiene 14 años continuos de vida laboral, sino no sería asignataria de dicha contraprestación dineraria.

Al respecto la I. Municipalidad de Tomé señaló que dicha situación se ha podido generar por cuanto el sistema de remuneraciones utilizado en la Dirección de Educación de Tomé (SMC), calcula, por defecto, para todos los funcionarios el número de bienios desde su ingreso, aun cuando haya prestado servicios discontinuos, como es el caso de la recurrente, pero solamente se procede a pagar respecto de aquellos que cumplen los requisitos y por excepción, atendido lo que han resuelto los dictámenes de Contraloría General de la República al respecto, por cuanto no se avienen con el concepto de remuneración contenido en el artículo 41 del Código del Trabajo, no existiendo, en consecuencia decreto alguno que haya concedido el beneficio de asignación de experiencia a la recurrente.

Es precisamente por esto último que no puede entenderse como pagados los bienios referidos, pues para ello habría sido necesaria la dictación de un decreto que reconociera los mencionados bienios;

10°) Que por todo lo razonado precedentemente, no puede estimarse que en la especie exista vulneración de garantías constitucionales que puedan ser subsanadas pues, como se ha comprobado con la documentación incorporada al proceso, la actora nunca tuvo primeramente derecho a percibir la Bonificación Adicional por Antigüedad establecida en el artículo 7° de la Ley N° 20.964, pues no cumple con el requisito de antigüedad requerido. Así las cosas, la actuación del recurrido se ajusta a la legalidad, sin actuar de manera antojadiza o carente de razonabilidad y, además, la materia alegada por la recurrente excede el ámbito de la acción de protección;

11°) Que, por otra parte, no puede entenderse quebrantadas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, pues la recurrente parte de la base que ella cumple con los requisitos exigidos para obtener el beneficio reclamado, lo que en la especie no ocurre, por las razones indicadas precedentemente y, además, porque mal puede hablarse de trato desigual frente a otros postulantes, o de vulneración de su derecho a la propiedad sobre el dinero que implica el bono, lo que no constituye más que una mera expectativa, por lo que no se observa una actuación ilegal y/o arbitraria que vulnere los derechos y garantías constitucionales indicadas en estos autos, motivo por el cual la presente acción cautelar de emergencia no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Ministerio de Educación.

Regístrese, comuníquese y archívese virtualmente en su oportunidad.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

Rol N° 14.649-2023. Protección.-