nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS VIII DIRECCION REGIONAL (ACUMULADAS ROL 1463-2018 Y 1464-2018 )

Concepción, dos de mayo de dos mil dieciocho.

VISTO:

En estos antecedentes Rol 1462-2018, y acumuladas Rol 1463-2018 y Rol 1464-2018, comparece doña Carola Ivonne Riquelme Riquelme, abogado domiciliada en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, de don nombre reservado, y de doña nombre reservado, todos de su mismo domicilio, quien interpone tres recursos de protección, uno por cada uno de los recurrentes, todos en contra del Servicio de Impuestos Internos, persona jurídica de derecho público, representado por su Director Regional de Bio Bio, don Jorge Lara Arriagada, o quien le subrogue o reemplace; domiciliados en domicilio reservado, en atención a las siguientes consideraciones:

Señala que con fecha 30 de mayo de 2017, don nombre reservado, con fecha 01 de junio de 2017, don nombre reservado, y doña nombre reservado, fueron notificados personalmente de la Resolución SII Nº EX. 2.061, de fecha 10 de mayo de 2017, que ordena instruir sumario administrativo, para establecer la responsabilidad que les pudiera afectar, en los hechos investigados.

Indica que mediante Resolución SII Nº EX. 4.811, de fecha 24 de noviembre de 2017, se sanciona a sus representados con la destitución de su cargo.

Refiere que con fecha 23 de enero 2018, mediante correo electrónico les es notificado a sus representados: Resolución Nº 72, 73 y 74 de fecha 12 de enero de 2018 y Resolución Nº 94, 95 y 96 de fecha 18 de enero de 2018, que resolviendo recurso de reposición y apelación subsidiaria respectivamente, confirmó la medida disciplinaria de destitución aplicada a cada uno por el Resolución SII Nº EX. 4.811.

Agrega que dicha resolución debe ser dejada sin efecto, por cuanto emana de un procedimiento arbitrario e ilegal, debiendo retrotraerse el sumario administrativo al término probatorio establecido en el artículo 138 de la Ley 18.834.

Explica que por Resolución SII Nº EX. 2.061, de fecha 10 de mayo de 2017, se ordenó instruir sumario administrativo para determinar la responsabilidad de funcionarios ubicados en la Unidad de la ciudad de Los Ángeles, del Servicio de Impuestos Internos, respecto de la venta o facilitación de facturas falsas relacionadas a empresas del contribuyente nombre reservado. Con fecha 18 de julio de julio de 2017, mediante oficio Reservado Nº 07, se formulan dos y tres cargos, respectivamente, en contra de sus representados, quienes encontrándose dentro de plazo, presentaron descargos y solicitaron diligencias probatorias y la apertura de un término para tales diligencias. El 18 de agosto de 2017, por Resolución Interna Nº 10, la Fiscal respondió el escrito mencionado teniendo por presentados los descargos; concediendo un término de prueba de diez días hábiles; negando las diligencias probatorias solicitadas. El 10 de octubre de 2017, la Fiscal procedió a la dictación de la Vista Fiscal. Mediante Resolución SII Nº EX. 4.811, de fecha 24 de noviembre de 2017, se aplicó a sus representados, la sanción de destitución. El 10 de mayo de 2017, se dedujo recurso de reposición y apelación subsidiaria en contra de Resolución SII Nº EX. 4.811, haciendo ver los vicios del procedimiento sumarial. Con fecha 23 de enero de 2018, se notificaron las resoluciones que resuelven ambos recursos, rechazándolos y manteniendo la sanción de destitución.

En cuanto a nombre reservado:

El primer vicio, dice relación con las diligencias probatorias solicitadas por esta parte respecto de dos oficios, el primero al Departamento de Contraloría Interna, para que remitiera la declaración jurada de bienes patrimoniales, conforme a la Ley de Transparencia y; el segundo oficiar al Ministerio Público o Fiscalía de Concepción y/o de Los Ángeles, a objeto de que se remitieran a esta fiscalía administrativa y/o sumarial, copia de la carpeta investigativa de la causa en la que se investiga la querella deducida por “venta o facilitación de facturas falsas relativas a empresas, del contribuyente nombre reservado C. nombre reservado Rut RUT reservado, según consta a fojas 551 de autos sumariales. La Fiscal por Resolución Interna N° 10, de fecha 18 de agosto de 2017, fojas 637, resuelve: “Tercer otrosí: Respecto de la letra a), estese a lo resuelto a fojas 251 del expediente sumarial. Respecto de la letra b) NO HA LUGAR POR IMPROCEDENTE”.

Puntualiza que queda en evidencia, que con la resolución, se le privo ejercer su legítimo derecho a defensa, por lo que se han vulnerado las garantías de igualdad y del debido proceso consagradas en nuestra Constitución.

En relación a nombre reservado:

El primer vicio, dice relación con la negación de las diligencias probatorias solicitadas. Como se podrá apreciar, su parte, conjuntamente con sus descargos solicito la práctica de una serie de diligencias probatorias, consistentes en la declaración de testigos, y la solicitud de oficios. Las diligencias mencionadas fueron solicitadas con el objeto de poder someter a testigos a un contrainterrogatorio, y además para cumplir con una solemnidad que es la toma de juramento, cuestión que fue obviada por la Sra. Fiscal y en primera instancia las rechaza por no considerarlas procedentes, solo tras el recurso de reposición son aceptadas, pero de forma parcial y perjudicial para esta parte. Respecto de los oficios estos no fueron incorporados y se negó poder contrainterrogar a los testigos indicados, además de esta diligencia se dio por cumplida para la fiscal, cuando procedió a interrogar a los testigos de esta parte de otro funcionario inculpado en el mismo acto, y sin que pudiera participar del contrainterrogatorio ninguno de los inculpados que solicitaron la citación de testigos, por lo que esta parte considera que no se cumplió con la solicitud de diligencias probatorias solicitadas por su representado, por lo que se han vulnerado las garantías de igualdad y del debido proceso consagradas en nuestra Constitución.

En torno a nombre reservado:

El primer vicio, dice relación con la negación de las diligencias probatorias solicitadas, conjuntamente con sus descargos solicitó la práctica de una serie de diligencias probatorias, consistentes en la declaración de testigos, y la solicitud de oficios a la asesora de RRHH de la VIII Dirección Regional Concepción, doña nombre reservado y al Jefe de la Unidad de Los Ángeles, para que informe sobre la evaluación de clima organizacional, respecto de problemas personales de la funcionaria nombre reservado y su representada, solicitó además oficiar al jefe de la Unidad de Los Ángeles, de la VIII Dirección Regional Concepción, para que proporcionara copia de los reclamos recibidos durante los años 2014 – 2017, respecto de la funcionaria fiscalizadora nombre reservado, y, la declaración de testigos, todo fue solicitado con el objeto de poder someter a estos a un contrainterrogatorio, la Fiscal en primera instancia las rechazó por no considerarlas procedentes, solo tras el recurso de reposición son aceptadas, pero de forma parcial y perjudicial para esta parte. Respecto de los oficios estos no fueron incorporados y se negó poder contrainterrogar a los testigos indicados, además de esta diligencia se dio por cumplida para la fiscal, cuando procedido a interrogar a los testigos de esta parte de otro funcionario inculpado en el mismo acto, y sin que pudiera participar del contrainterrogatorio ninguno de los inculpados que solicitaron la citación de testigos, por lo que esta parte considera que no se cumplió con la solicitud de diligencias probatorias solicitadas por su representado, por lo que se han vulnerado las garantías de igualdad y del debido proceso consagradas en nuestra Constitución.

Específicamente, respecto de los tres recurrentes:

Otra infracción, la encontramos al artículo 135 de la Ley 18.834, en cuanto señala un plazo de 20 días para cerrar la investigación, pudiendo este plazo prorrogarse solo si existieran diligencias pendientes, decretadas oportunamente y que no se hubiesen podido cumplir por fuerza mayor. Es del caso señalar que en ninguna de las prórrogas del plazo de investigación, mencionó la Fiscal, cuáles fueron las diligencias que no se pudieron evacuar por fuerza mayor, ni menos aún cuales habrían sido los hechos constitutivos de esta fuerza mayor. Por su parte, la Subdirectora de Contraloría Interna (S) doña nombre reservado, accedió a cada una de estas solicitudes de prórroga, sin efectuar ningún razonamiento, ni fundamentando sus resoluciones. Cabe señalar, a modo ilustrativo, que desde el inicio del sumario, hasta la Vista del Fiscal, transcurrieron 104 días hábiles.

Finalmente y desatendiendo las circunstancias atenuantes, se aplicó a su representado, la medida disciplinaria más gravosa contemplada en el Estatuto Administrativo, que es la destitución. Ningún fundamento esgrime la resolución SII EX. Nº 4.811, para desestimar las atenuantes invocadas, infringiéndose además los artículos 84 y 125 de la Ley 18.834, toda vez que la Doctrina Administrativa, ha señalado que sólo contravienen “gravemente el principio de probidad administrativa”, los numerales establecidos en los numerales i), j), k) y l) del artículo 84 de la Ley 18.834, norma que ni siquiera es citada, ni utilizada como fundamento para la resolución que resolvió la reposición y apelación subsidiaria.

Sostiene que se han vulnerado las garantías constitucionales del Derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política, en cuanto asegura la igualdad ante la ley, disponiendo que la autoridad no puede establecer diferencias arbitrarias. Lo anterior, por cuanto al recurrente se le impidió́ ejercer una defensa en los mismos términos a que todo funcionario público tiene derecho, privándolo de rendir prueba. Y aun así́, se le aplicó la sanción más drástica contemplada en el Estatuto Administrativo. En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, se ha conculcado la garantía contenida en el número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad que los recurrentes detentan sobre su función pública y sus remuneraciones.

Hace presente que no se pretende de ninguna forma revisar la decisión del órgano administrativo, ni evaluar el mérito de las resoluciones adoptadas. Lo que se busca es que su representado sea juzgado y, eventualmente sancionado, en un proceso seguido con respeto a las garantías constitucionales. La discusión respecto del fondo del asunto, no puede ser materia de una acción de protección. Lo que no puede escapar al control de la Iltma. Corte de Apelaciones, por medio de la acción de protección, es la revisión de la legalidad del procedimiento administrativo sancionador, en cuanto a sus formalidades, la razonabilidad de la actuación y proporcionalidad de la sanción impuesta. Cuestión que ha sido declarada expresamente por esta Iltma. Corte, en fallos de recurso de protección de fecha 27 de abril de 2015, pronunciada en los autos Rol 559-2015 y autos rol 3.934-2017, pronunciada 21 de julio de 2017.

Pide que se acojan los recursos disponiendo, dejar sin efecto la Resolución SII Nº EX. 4.811, de 24 de noviembre de 2017, que sanciona a su representado con la destitución de su cargo, y que resolviendo recurso de reposición y apelación, confirmó la medida disciplinaria de destitución aplicada. Que, se anule todo lo obrado en el sumario administrativo, y en su lugar se ordene retrotraerlo al estado de abrir un término probatorio que permita realizar las diligencias solicitadas, cumpliendo así́ con lo dispuesto en la ley 18.834. Que se disponga la reincorporación inmediata de don nombre reservado a sus funciones u otras medidas que pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Informa doña nombre reservado, abogado, por el Servicio de Impuestos Internos, quien efectúa una breve exposición de los antecedentes señalando que el 28.04.2017, el Director Regional de Concepción informó, mediante correo electrónico dirigido al Subdirector de Contraloría Interna, determinados hechos ocurridos en la Unidad de Los Ángeles, del Servicio de Impuestos, que fueron denunciados al Ministerio Público, relativos a la posible la venta y facilitación de facturas, relacionadas con empresas del contribuyente nombre reservado, RUT N°RUT reservado, en la que podrían existir actuaciones irregulares de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de la señalada Unidad. En virtud de lo anterior, el 10 de mayo de 2017, mediante Resolución Exenta N° 2061, de la Subdirección de Contraloría Interna, ordenó iniciar un sumario administrativo, a fin de establecer las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos, y la presunta responsabilidad administrativa de funcionarios de la Unidad de Los Ángeles. El 05.06.2017, mediante Resolución Interna N° 03, se suspendió preventivamente al funcionario de sus funciones, conforme al mérito de los antecedentes agregados al expediente sumarial y declaraciones prestadas ante la fiscalía administrativa, lo cual evidenciaba la eventual comisión de irregularidades que podían afectar la responsabilidad administrativa de ésta. Esta resolución le fue notificada personalmente con igual fecha.

Dice que atendido el número de diligencias a realizar, la Fiscal encargada de la sustanciación del sumario solicito en dos oportunidades la prórroga del plazo para verificarlo, a lo que se accedió mediante Resolución SII N° Ex. 2535, de 08.06.2017 y N° Ex. 2535, de 08.06.2017, del Subdirector de Contraloría Interna, del Servicio de Impuestos Internos. Concluida la investigación y dentro de plazo, con fecha 18.07.2017, según consta a fojas 528 del expediente sumarial, se formularon cargos a nombre reservado, notificado personalmente con fecha 24 del mismo mes y año. Los cargos formulados corresponden a:

a) Haber consultado irregularmente el Sistema Integrado de Información del Contribuyente (SIIC), de todas las empresas del contribuyente nombre reservado, el día 12 de abril de 2017, a partir de las 15:50 horas, sin que se le hubiere encargado por su jefatura tal gestión, ni correspondiera a las acciones que debiera realizar, conforme a la carga de trabajo de su Unidad; y b) Haber recibido, a partir del año 2014, donativos de parte de nombre reservado, contador del contribuyente nombre reservado, consistentes en cargas gratuitas de combustible, leña y corderos, a fin de proporcionarle información de los procesos de fiscalización que aquél le solicitare.

Se formularon cargos a nombre reservado, notificado personalmente con fecha 24 del mismo mes y año. Los cargos formulados corresponden a:

a) Haber atendido, desde el año 2015, de manera reiterada al contador nombre reservado, omitiendo el orden de turnos de atención que proporciona el sistema Total Pack, en el área de Atención y Asistencia al Contribuyente en la Unidad de Los Ángeles, en especial, respecto del timbraje de facturas y documentación tributaria de las empresas relacionadas con el contribuyentes RUT N° RUT reservado, nombre reservado, querellado por el Servicio de Impuestos Internos, por delitos tributarios, así como en general a todos sus clientes, según listado que rola desde fs. 280 a 283 del expediente sumarial; y b) Haber recibido, a partir del año 2015, donativos de parte de nombre reservado, contador del contribuyente nombre reservado, consistentes en cargas gratuitas de combustible, leña y corderos, a fin de proporcionarle información de los procesos de fiscalización que aquél le solicitare.

Se formularon cargos al doña nombre reservado, notificada personalmente con fecha 24 del mismo mes y año. Los cargos formulados corresponden a:

a) Haber atendido, desde el año 2014, de manera reiterada al contador nombre reservado, omitiendo el orden de turnos de atención que proporciona el sistema Total Pack, en el área de Atención y Asistencia al Contribuyente en la Unidad de Los Ángeles, en especial, respecto del timbraje de facturas y documentación tributaria de las empresas relacionadas con el contribuyente, RUT N° RUT reservado, nombre reservado y de las empresas de la cónyuge de éste, nombre reservado, RUT N° RUT reservado, así como, en general, a todos sus clientes.

b) Haber realizado irregularmente trámites de verificaciones de actividades respecto de clientes del contador nombre reservado, específicamente, durante el año 2015, respecto de la empresa nombre reservado Carlos Gallardo Avello EIRL, Constructora Laura Fuentes Alvear EIRL, Contratista Laura Fuentes Alvear EIRL, y otras que se indican; lo que manifiesta al haber recibido durante los meses de enero, febrero, abril, mayo y junio de 2015, documentación de estos contribuyentes mediante correos electrónicos enviados por el referido contador a su correo electrónico institucional.

c) Haber recibido, a partir del año 2014, donativos de parte de nombre reservado, contador del contribuyente nombre reservado, consistentes en cargas gratuitas de combustible, leña y corderos, a fin de facilitarle los trámites de timbraje y verificaciones de actividades que le solicitare.

Al presentar sus descargos, el recurrente nombre reservado, solicitó la práctica de las siguientes diligencias probatorias:

a) Oficio al Depto. de Contraloría Interna, para que remita la Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales, conforme a la Ley de Transparencia y; b) Oficio al Ministerio Público, Fiscalía de Concepción y/o de Los Ángeles, con el objeto de que se remitan copias de la carpeta investigativa (RUC N° 1700386528-2) en la que se investiga la querella deducida por venta o facilitación de facturas falsas relativas a empresas del contribuyente, nombre reservado, RUT N° RUT reservado.

Respecto de las diligencias solicitadas, con fecha 18.08.2017, se resolvió: “al tercer otrosí: respecto de lo solicitado en la letra a) estese a lo resuelto a fs. 251 del expediente sumarial. Respecto a la letra b) no ha lugar por improcedente. Ocúrrase ante quien corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 93 del Código Procesal Penal”. Esta resolución fue notificada al recurrente con fecha 23.08.2017, sin que se interpusiera recurso alguno en su contra.

Hace presente que, a fojas 251, consta copia de correo electrónico, de fecha 6.07.2017, dirigido por la Fiscal a cargo del sumario a la Jefe de Área de Ética Institucional, doña nombre reservado, a fin de que ésta remitiera a la brevedad las declaraciones de patrimonio, entre otros, del recurrente. Asimismo, consta que estas declaraciones fueron recepcionadas ese mismo día.

Mediante Resolución Exenta N° 4.811, de fecha 24.11.2017, el Subdirector de Contraloría Interna le aplicó al sumariado la medida disciplinaria de destitución, la que fue impugnada mediante los recursos de reposición y apelación subsidiaria. Con fecha 12.01.2018, mediante Resolución SII N° Ex. 74, se rechazó el recurso de reposición, concediendo la apelación subsidiaria, disponiendo se remitan los antecedentes al Director del Servicio de Impuestos Internos; quien con fecha 18.01.2018, mediante Resolución SII N° EX. 96, rechazó el recurso de apelación.

Finalmente, con fecha 07.02.2018, por medio de Resolución N° 6, se dictó sentencia de término del sumario administrativo, remitiendo los antecedentes a la Contraloría General de la República para su Toma de Razón, trámite que está pendiente, por lo que no se ha hecho efectiva la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

Agrega que durante el curso del Sumario Administrativo, se determinó, que los hechos investigados podrían revestir caracteres de delito, por lo que con fecha 29.06.2017, se interpuso querella criminal en la investigación RUC N° 1700386528-2, en contra de nombre reservado y nombre reservado, por sí y en su calidad de representantes de diversas empresas y otros contribuyentes, en su calidad de autores de los delitos tributarios previstos y sancionados en los incisos segundo y final del artículo 97° N° 4 del Código Tributario.

En la causa antes señalada, se investigó, además, la posible responsabilidad penal de funcionarios del Servicio, entre ellos del recurrente. Según consta en el sistema consulta unificada de causas, del poder judicial, don nombre reservado, está siendo investigado por la comisión de posibles delitos de cohecho.

Al presentar sus descargos, el recurrente nombre reservado, solicitó la práctica de las siguientes diligencias probatorias: Se oficie a la Unidad de los Ángeles y a la Jefa del Departamento de Asistencia de la VIII Dirección Regional, para que informe sobre el número y tiempo de atenciones del grupo de asistencia de la Unidad de los Ángeles, durante los años 2014 a 2017, con indicación de los funcionarios a cargo de cada una de las respectivas cajas. Se cite a prestar declaración a 6 testigos para que depongan sobre los hechos objeto del sumario, especialmente sobre el sistema de atención de contribuyentes y asesores contables que concurren a la Unidad de los Ángeles, fijándose audiencia respectiva dentro del término probatorio.

Respecto de las diligencias solicitadas, con fecha 18.08.2017, se resolvió: al primer otrosí: Como se pide, se abre un término probatorio por 10 días, a lo solicitado en la letra a) se tienen por acompañadas las declaraciones juradas que indica. A la letra b) ofíciese al Jefe Unidad y al jefe del Departamento de Asistencia Regional. A la letra c) como se pide. Cítese a declarar a los testigos en la Unidad de Los ángeles, respecto de los hechos del sumario, especialmente sobre el sistema de atención en Asistencia, siendo de cargo del inculpado la comparecencia de los testigos ofrecidos que no sean funcionarios de la Unidad.”

En la citada resolución, cuya copia se adjunta se indica el día hora, en que cada uno de los testigos debía concurrir a prestar declaración. Esta resolución notificada al recurrente con fecha 23 de agosto de 2017.

El 29 de agosto de 2017, el funcionario nombre reservado, solicitó se fije día y hora para prestar declaración, ampliándose para dicho efecto el término probatorio, atendido que uno de los testigos de su parte, nombre reservado, no estaba en condiciones de declarar por situaciones personales. Respecto de la señalada solicitud, con fecha 31.08.2017, mediante Resolución Interna N° 12, se dio lugar a lo solicitado, ampliándose en 5 días, el termino probatorio, contados desde el 7 al 13 de septiembre de 2017, fijándose, asimismo, nuevo día y hora para prestar declaración. Mediante Resolución Exenta N° 4.811, de fecha 24.11.2017, el Subdirector de Contraloría Interna le aplicó al sumariado la medida disciplinaria de destitución, la que fue impugnada mediante los recursos de reposición y apelación subsidiaria. Con fecha 12.01.2018, mediante Resolución SII N° Ex. 72, se rechazó el recurso de reposición, concediendo la apelación subsidiaria, disponiendo se remitan los antecedentes al Director del Servicio de Impuestos Internos; quien con fecha 18.01.2018, mediante Resolución SII N° EX. 94, rechazó el recurso de apelación. Finalmente, con fecha 07.02.2018, por medio de Resolución N° 6, se dictó sentencia de término del sumario administrativo, remitiendo los antecedentes a la Contraloría General de la República para su Toma de Razón, trámite que está pendiente, por lo que no se ha hecho efectiva la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

Indica que durante el curso del Sumario Administrativo, se determinó, además, que los hechos investigados podrían revestir caracteres de delito, por lo que con fecha 29.06.2017, se interpuso querella criminal en la investigación RUC N° 1700386528-2, en contra de nombre reservado y nombre reservado, por sí y en su calidad de representantes de diversas empresas y otros contribuyentes, en su calidad de autores de los delitos tributarios previstos y sancionados en los incisos segundo y final del artículo 97° N° 4 del Código Tributario.

Hace presente que se investiga, además, la posible responsabilidad penal de funcionarios del Servicio, entre ellos del recurrente. Según consta en el sistema consulta unificada de causas, del poder judicial, don nombre reservado está siendo investigado por la comisión de posibles delitos de cohecho.

Al presentar sus descargos, la recurrente nombre reservado, solicitó la apertura de un término probatorio y la práctica de las siguientes diligencias probatorias: a) Acompaña con citación una serie de documentos. b) Oficiar a la asesora de RRHH de la VIII Dirección Regional Concepción y al Jefe de la Unidad de Los Ángeles, para que informe sobre la evaluación de clima organizacional, respecto de problemas personales de la funcionaria nombre reservado con su representada; c) Oficiar al Jefe de la Unidad de Los Ángeles, de la VIII Dirección Regional Concepción, para que proporcionara copia de los reclamos recibidos durante los años 2014-2017, respecto de la funcionaria fiscalizadora nombre reservado. d) Oficiar al Jefe de la Unidad de Los Ángeles y a la Jefa del Departamento de Asistencia de la VIII Dirección Regional, para que informen sobre el número y tiempo de atenciones del grupo de asistencia de la Unidad de los Ángeles, durante los años 2014-2017. e) Citar a prestar declaración a los testigos que individualiza, para que depongan sobre los hechos objeto del sumario.

Respecto de las diligencias solicitadas, con fecha 18.08.2017, se resolvió: “como se pide, se abre un término probatorio de 10 días. A lo solicitado en la letra a) se tienen por acompañados los documentos enumerados del N°1 al N°8. A la letra b): no ha lugar, por no tener relación con los hechos controvertidos. A la letra c): no ha lugar, por no tener relación con los hechos controvertidos. A la letra d): ofíciese al Jefe de Unidad y a la Jefe del Departamento de Asistencia Regional. A la letra e): como se pide. Cítese a declarar a los testigos en la Unidad de Los Ángeles, respecto de los hechos del sumario, especialmente sobre el sistema de atención de Asistencia, siendo de cargo de la inculpada la comparecencia de los testigos ofrecidos que no sean funcionarios de la Unidad.”.

Esta resolución fue notificada al recurrente con fecha 23.08.2017, quien interpuso recurso de reposición en su contra, con fecha 28.08.2017.

En su reposición solicitó que se modifique la resolución recurrida y se acceda a lo solicitado tanto en la letra b) y c) señaladas precedentemente. Asimismo, solicita que se fije un nuevo día y hora para recibir el testimonio de uno de los testigos, que se encontraba fuera del país.

El 31.08.2017, mediante Resolución Interna N° 12, se accedió a todo lo pedido. Mediante Resolución Exenta N° 4.811, de fecha 24.11.2017, el Subdirector de Contraloría Interna le aplicó al sumariado la medida disciplinaria de destitución, la que fue impugnada mediante los recursos de reposición y apelación subsidiaria. Con fecha 12.01.2018, mediante Resolución SII N° Ex 73, se rechazó el recurso de reposición, concediendo la apelación subsidiaria, disponiendo se remitan los antecedentes al Director del Servicio de Impuestos Internos; quien con fecha 18.01.2018, mediante Resolución SII N° EX. 96, rechazó el recurso de apelación.

Finalmente, con fecha 07.02.2018, por medio de Resolución N° 6, se dictó sentencia de término del sumario administrativo, remitiendo los antecedentes a la Contraloría General de la República para su Toma de Razón, trámite que está pendiente, por lo que no se ha hecho efectiva la aplicación de la medida disciplinaria de destitución. Durante el curso del Sumario Administrativo, se determinó, además, que los hechos investigados podrían revestir caracteres de delito, por lo que con fecha 29.06.2017, se interpuso querella criminal en la investigación RUC N° 1700386528-2, en contra de nombre reservado y nombre reservado, por sí y en su calidad de representantes de diversas empresas y otros contribuyentes, en su calidad de autores de los delitos tributarios previstos y sancionados en los incisos segundo y final del artículo 97° N° 4 del Código Tributario. Hace presente que, en la causa antes señalada, se investiga, además, la posible responsabilidad penal de funcionarios del Servicio, entre ellos de la recurrente. Según consta en el sistema consulta unificada de causas, del poder judicial, doña nombre reservado, está siendo investigada por la comisión de posibles delitos de cohecho.

Refiere que el recurso de protección ha sido interpuesto extemporáneamente por cuanto de los propios dichos del recurrente, los actos que le causarían privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de sus garantías constitucionales, serían los siguientes:

- La Resolución Interna N° 10, de 18.08.2017, mediante la cual la Fiscal a cargo del sumario se pronunció sobre el escrito de descargos presentado por el recurrente, en el que se contenían las solicitudes de pruebas que señala fueron desechadas.

- Las Resoluciones Exentas Nºs 2535 y 2934, de 08.06.2017 y 06.06.2017, respectivamente; que se pronunciaron sobre las solicitudes de prórroga, efectuadas por la Fiscal, para la investigación del sumario.

- Por último, la Resolución Exenta N° 4811, de fecha 24.11.2017, mediante la cual el Subdirector de Contraloría Interna aplicó la medida disciplinaria de destitución, al desatender las atenuantes invocadas durante el proceso.

Respecto de las resoluciones individualizadas en las letras 1) y 2) precedentes, el recurrente no interpuso ningún tipo de impugnación en contra de las mismas, habiéndole sido ambas notificadas personal y oportunamente; la primera con fecha 23.08.2017; y las segundas, al momento de efectuársele los cargos respectivos, esto es, el 24.07.2017. En este contexto, cualquier alegación que se pretendiere formalizar en relación con lo resuelto mediante dichos actos, se encuentra precluida; no pudiendo pretenderse su revisión por medio de esta vía excepcional.

Por otra parte, en lo que respecta a la consideración de circunstancias atenuantes alegadas en el proceso, cabe señalar que este es un asunto de fondo que debe ser ponderado por la autoridad administrativa respectiva, no siendo el recurso de protección la vía idónea para el efecto. Además, cabe agregar que el procedimiento para la revisión de lo resuelto en la Resolución Exenta N° 4811, de fecha 24.11.2017, se encuentra expresamente establecido en el Estatuto Administrativo, lo que refuerza que esta vía no es la adecuada.

En síntesis, la acción cautelar es absolutamente extemporánea, al menos respecto de dos de los supuestos vicios denunciados en este recurso.

Señala además, que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer la materia de autos, ya que la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, regula claramente los procedimientos que, los órganos del Estado, deben seguir para investigar aquellos hechos en los que se estimare que pudiera existir una eventual responsabilidad administrativa, por parte de algún funcionario bajo su dependencia; la ley dispone el procedimiento de la investigación sumaria y el de sumario administrativo. En la especie, se procedió a instruir un sumario administrativo, el que se encuentra regulado en los artículos 129 y siguientes de dicho cuerpo legal.

Agrega que todos los derechos fueron ejercidos por los recurrentes: el primero fue resuelto con fecha 12.01.2018, mediante Resolución SII N° Ex. 74; y, el segundo, con fecha 18.01.2018, mediante Resolución SII N° EX. 96, sin perjuicio la ley contempla una tercera vía para obtener el restablecimiento del derecho, cual es la Reclamación que se presenta ante la Contraloría General de la República. De esta forma, se aprecia que nuestro Ordenamiento Jurídico, contiene una vía especial para efectuar las alegaciones e impugnaciones que pretende el recurrente sean resueltas por medio del recurso de protección de autos, haciendo caso omiso a que el objetivo del recurso de protección, que es la tutela urgente y privilegiada de derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados pero no la solución de conflictos entre el ciudadano y la Administración.

Señala que no existe vulneración de las garantías de derecho a la igualdad y derecho de propiedad, ya que durante el proceso sumarial se han cumplido todas y cada una de las formalidades previstas en la Ley N° 18.834, se han notificado todas y cada una de las resoluciones y actuaciones que le afectaren; el recurrente ha presentado sus descargos y ha interpuesto los recursos correspondientes que permite el Estatuto Administrativo, para todo funcionario público sometido a esta clase de procedimiento, en similares condiciones, por lo que no existe forma en que se pudiere afectar las garantías supuestamente conculcadas.

Informa doña nombre reservado, abogado, del Departamento de Fiscalía Administrativa de la Subdirección de Contraloría Interna de la Dirección Nacional de Servicio de Impuestos Internos, en su calidad de Fiscal Sumariante, acompaña copia del sumario administrativo, y además indica que la Subdirección de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos, conforme con lo establecido en la Resolución SII Nº Ex. 20 de 18.03.2016, en su dispositivo segundo, letra b) y las delegaciones de facultades contenidas en la Resolución Nº 343 de 05 de julio de 200, Párrafo I letra b) y Nº 751 de 30.12.1994, ambas de Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, ordeno iniciar la tramitación de un sumario administrativo, mediante la Resolución SII Nº Ex. 2061, de 10.05.2017, que rola a fs. 1 del expediente sumarial, a fin de establecer las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos denunciados ante el Ministerio Publico y a la referida Subdirección, correspondientes a posibles actuaciones irregulares de funcionarios de la Unidad de Los Angeles en la investigación por venta de facturas falsas relacionadas a las empresas del contribuyente nombre reservado y establecer si estuviere comprometida la responsabilidad administrativa de algún o algunos funcionarios del servicio.

La informante analiza los argumentos esgrimidos en el recurso por cada recurrente respecto de los supuestos vicios de procedimiento reclamados.

En, cada caso, examina lo reclamado respecto a una supuesta negación de las diligencias probatorias solicitadas en el proceso, entregando, en sus análisis similares argumentos esgrimidos en el informe evacuado por la abogada del Servicio de Impuestos Internos, tonando innecesario repetirlos.

En relación a la alegación consistente en no haber señalado en las solicitudes de prórroga de la investigación las diligencias pendientes que ameritarían su otorgamiento, señala que conforme al artículo 135 del Estatuto Administrativo, el fiscal cuenta con amplias facultades para realizar la investigación, apreciándose de la revisión del expediente sumarial que al momento de autorizar la primera prorroga, constaba que existían diligencias pendientes que ameritaban tal medida, la misma situación tuvo lugar con la segunda autorización de prórroga, agregándose tal cantidad de documentación y antecedentes al expediente sumarial que solo a fs. 522 se procedió al cierre de la investigación. Se observa así, que no ha existido vicio alguno de procedimiento que pudiera afectar al sumario instruido, más aun cuando atendida la entidad de los hechos investigados, el número de sumariados y la cantidad de antecedentes recopilados ha quedado de manifiesto que la extensión del plazo investigativo y las diligencias practicadas se encuentra claramente justificada.

En cuanto, a la no aplicación de atenuantes, manifiesta que ponderados todos los elementos del procedimiento sumarial, la acreditación de contravenciones graves al principio de probidad, obligaron al Subdirector de Contraloría Interna, a aplicar la máxima sanción que contempla el Estatuto Administrativo, sin que proceda analizar la aplicación de circunstancias que puedan aminorar la responsabilidad administrativa, conforme al criterio sostenido por la Contraloría General de la República.

El 03 de abril de 2018, informó la Contraloría General de la República, indicando que con fecha 28 de marzo de 2018, se tomó razón de la resolución que aplicó la medida de destitución a los recurrentes.

Con fecha 10 de abril de 2018, se procedió a acumular los roles 1463-2018 y 1464-2018, al ingreso rol 1462-2018.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.) EN RELACIÓN A LA ALEGACIÓN DE EXTEMPORANEIDAD DE LOS RECURSOS FORMULADA POR LA RECURRIDA SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

1.- Que la recurrida Servicio de Impuestos Internos en los informes de rigor ha alegado la extemporaneidad de los recursos de protección deducidos por los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado señalando que los actos que le causarían privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de sus garantías constitucionales, serían los siguientes:

1.- La Resolución Interna Nº 10 de 18 de agosto de 2017, mediante la cual la Fiscal a cargo del sumario se pronunció sobre el escrito de descargos presentado por la recurrente, en el que se contenían las solicitudes de pruebas que señala fueron desechadas. 2.- Las Resoluciones Exentas Nºs 2535 y 2934, de 08 de junio de 2017 y 06 junio de 2017, respectivamente, que se pronunciaron sobre las solicitudes de prórroga, efectuadas por la Fiscal, para la investigación del sumario; y 3.- La Resolución Exenta Nº 4811, de fecha 24 de noviembre de 2017, mediante la cual el Subdirector de Contraloría Interna aplicó la medida disciplinaria de destitución, al desatender las atenuantes invocadas durante el proceso.

El recurrente nombre reservado respecto de la resolución Nº 1, interpuso recurso de reposición que fue acogido con fecha 31 de agosto de 2017, y en relación a la resolución Nº 2, no interpuso ningún tipo de impugnación. El recurrente nombre reservado, respecto de la resolución Nº 1, no le causa ningún agravio en ella se accedió a todas y cada una de las diligencias que solicitó, las que se llevaron a efecto en forma oportuna y dentro de la etapa probatoria; y respecto de la resolución Nº 2 no interpuso ningún tipo de recurso. La recurrente nombre reservado en cuanto a las resoluciones signadas con los números 1 y 2, no interpuso recurso alguno.

En lo que respecta a la consideración de circunstancias atenuantes, en los 3 casos, es un asunto de fondo que debe ser ponderado por la autoridad administrativa respectiva.

En este contexto, las alegaciones que se pudieren efectuar respecto de cualquiera de dichas resoluciones, mediante el presente recurso, son extemporáneas, por haber transcurrido más de 30 días desde que tuvieron conocimiento cierto de las mismas, al menos respecto de dos de los supuestos vicios denunciado en los recursos.

2.- Que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

3.- Que en los recursos de protección deducidos por los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, el acto arbitrario o ilegal reclamado consiste en la Resolución SII Nº Ex. 4.811, de fecha 24 de noviembre de 2017, que sanciona a los reclamantes con la destitución de su cargo, y que con fecha 23 de enero de 2018, mediante correo electrónico le son notificadas a los recurrentes la Resolución Nº 74 de fecha 12 de enero de 2018, Resolución Nº 72 de fecha 12 de enero de 2018 , Resolución Nº73 de fecha 12 de enero de 2018, respectivamente, y la Resolución Nº 96 de fecha 18 de enero de 2018, Resolución Nº 94 de fecha 18 de enero de 2018 y Resolución Nº 95 de fecha 18 de enero de 2018, sucesivamente, que resolviendo el recurso de reposición y apelación subsidiaria, respectivamente, confirmaron la medida disciplinaria de destitución aplicada por la Resolución SII Nº Exenta 4.811.

En su informe el SII señala que con fecha 07 de febrero de 2018, por medio de Resolución Nº 6, se dictó sentencia de término del sumario administrativo, remitiendo los antecedentes a la Contraloría General de la República para su Toma de Razón.

4.- Que de conformidad con lo reseñado, cabe consignar que con fecha 23 de enero de 2018 mediante correo electrónico se notificó a los recurrentes las resoluciones que rechazaron el recurso de reposición y el recurso de apelación, y que por Resolución Nº 6 de fecha 07 de febrero de 2018, se dictó sentencia de término del sumario administrativo, remitiendo los antecedentes a la Contraloría General de la República para su Toma de Razón.

Todos los recursos de protección fueron interpuestos con fecha 22 de febrero de 2018.

5.- Que en tal escenario, la alegación de extemporaneidad de los recursos formulada por la recurrida SII debe ser rechazada.

Ello, porque los tres recursos de protección fueron interpuestos dentro del plazo legal de 30 días corridos que contempla el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

II.) EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE LA RECURRIDA SII EN EL SENTIDO QUE EL RECURSO DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA CONOCER DE LA MATERIA DE AUTOS.

6.- Que la recurrida SII, en el informe de rigor de los tres recursos de protección alega que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer la materia de autos, por cuanto el ordenamiento jurídico ha establecido para impugnar lo resuelto en un sumario administrativo el recurso de reposición, el recurso de apelación y el recurso de reclamación que se presenta ante la Contraloría General de la República.

Expresa que el ordenamiento jurídico contienen una vía especial para efectuar las alegaciones e impugnaciones que pretenden los recurrentes sean resueltas por medio del recurso de protección de autos, haciendo caso omiso a que el objetivo del recurso de protección, que es la tutela urgente y privilegiada de derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados pero no la solución de conflictos entre el ciudadano y la Administración.

La legislación vigente establece la medida y oportunidades en que las resoluciones cuestionadas, pueden ser objeto de revisión por parte de las autoridades correspondientes, no siendo ésta la vía idónea.

7.- Que es necesario tener presente que la acción constitucional de protección será siempre procedente cuando alguna acción u omisión que tenga las características de ilegalidad o arbitrariedad atente en contra de alguno de los derechos constitucionales amparados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, siendo indiferente que el problema jurídico tenga un procedimiento especial, o sea, de mayor o menor complejidad, y aun cuando existan otras vías o instancias para atacar el acto ilegal o arbitrario.

La acción constitucional de protección no tiene una finalidad de carácter residual y sólo a falta de otros mecanismos, sino que, por el contrario, atendido su carácter cautelar y de resguardo de derechos individuales, como son las garantías constitucionales, se ha dispuesto por una norma de rango superior que su procedencia es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

En tal escenario, la alegación de la recurrida de que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la materia de autos no puede tener acogida, y así se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

III.) EN TORNO AL FONDO.

8.- Que es necesario consignar que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal o arbitrario y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

9.- Que los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado acotan el acto arbitrario o ilegal a la Resolución SII Nº Ex. 4811, de 24 de noviembre de 2017, por la que se les aplica la medida disciplinaria de destitución de sus cargos, fundados en que emana de un procedimiento arbitrario e ilegal, debiendo retrotraerse el sumario administrativo al término probatorio establecido en el artículo 138 de la Ley Nº 18.834.

Exponen que la resolución impugnada ha sido dictada en un sumario tramitado ilegalmente, el que adolece de los siguientes vicios:

a) Haber denegado diligencias probatorias durante el sumario respectivo, las que en cada caso, señalan; b) Haber prorrogado el término del sumario, sin fundamento, al omitir indicar las diligencias que se desarrollarían; y c) haber aplicado la medida disciplinaria de destitución, desatendiendo la existencia de atenuantes invocadas durante el proceso.

Las garantías constitucionales conculcadas son las previstas en el artículo 19 Nºs 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

10.- Que el Jefe del Departamento de Defensa Judicial Civil Subdirección Jurídica del Servicio de Impuestos Internos informando los recursos indica que con fecha 10 de mayo de 2017, mediante Resolución Exenta Nº 2061, de la Subdirección de Contraloría Interna se ordenó iniciar un sumario administrativo, a fin de establecer las circunstancias relativas a la posible venta y facilitación de facturas, relacionadas con empresas del contribuyente nombre reservado, y determinar la presunta responsabilidad administrativa de funcionarios de la Unidad de Los Ángeles.

Expone que con fecha 05 de junio de 2017 por Resolución Interna Nº 3, 5 y 4, respectivamente, se suspendió preventivamente a los recurrentes, y atendido el número de diligencias a realizar, la Fiscal del sumario solicito en dos oportunidades la prórroga del plazo para verificarlas, a lo cual se accedió oportunamente, y concluida la investigación y dentro de plazo, con fecha 18 de julio de 2017, se formularon cargos, a cada uno de los recurrentes: 2 a nombre reservado, 2 a nombre reservado y 3 a nombre reservado. Al presentar sus descargos, los recurrentes solicitaron la práctica de varias diligencias, las cuales fueron resueltas, en cada caso, con fecha 18 de agosto de 2017. Mediante Resolución Exenta Nº 4811, de 24 de noviembre de 2017, se aplica a los recurrentes la medida disciplinaria de destitución. Finalmente, con fecha 07 de febrero de 2018, se dictó sentencia de término del sumario administrativo, remitiendo los antecedentes a la Contraloría General de la República, para el trámite de Toma de Razón.

En el curso del sumario administrativo, se determinó, además, que los hechos investigados podrían revestir caracteres de delito, por lo que se interpuso querella criminal en la causa RUC 1700386528-2, en la cual, también, se investiga la posible responsabilidad penal de funcionarios del Servicio, entre ellos, los recurrentes.

Sostiene la falta de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del Servicio de Impuestos Internos, por cuanto respecto de los tres vicios denunciados en la tramitación del sumario administrativo, referidos al rechazó de sus solicitudes de diligencias probatorias, ellas fueron resueltas por resolución de fecha 18 de agosto de 2017. En relación a las resoluciones de prórroga del plazo de investigación, cabe señalar que el Fiscal tiene las más amplias facultades para realizar la investigación y reunir los antecedentes que sean necesarios para el correcto desarrollo de aquello; y en torno, a que al aplicarse la medida de destitución, se habrían desestimado las circunstancias atenuantes invocadas, es necesario señalar, que el Servicio estima que el presente recurso no es la vía idónea para pronunciarse respecto de ello, habida consideración que se trata de una cuestión de fondo, de lato conocimiento, siendo competente para ello la autoridad administrativa respectiva.

La actuación de esta repartición, dice el informante, se ha enmarcado en todo momento dentro de las atribuciones que le otorga la ley, razón por la cual, la presente acción constitucional, no puede prosperar.

Explica que no se ha vulnerado la garantía de derecho a la igualdad, ya que durante el proceso sumarial se han cumplido todas y cada de las formalidades previstas en la Ley Nº 18.834, que regulan la responsabilidad disciplinaria, aplicables a todos los funcionarios que incurren en actuaciones que la autoridad estima merecedora de reproche, y no se ha vulnerado el derecho de propiedad porque el derecho sobre el cargo público y sus remuneraciones, no se encuentra comprendido en el derecho de propiedad, sobre bienes incorporales, a que se hace referencia en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, toda vez que la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria, por lo que el cargo que se desempeña participa de tal carácter, y no es susceptible de ser incluido en el ámbito de las relaciones reguladas por el derecho privado.

11.- Que la Fiscal Sumariante doña nombre reservado, informando los recursos, señala que la Subdirección de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos, ordenó iniciar la tramitación de un sumario administrativo mediante la Resolución SII Nº Ex. 2061, de 10 de mayo de 2017, a fin de establecer las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos denunciados ante el Ministerio Público y a la referida Subdirección, correspondientes a posibles actuaciones irregulares de funcionarios de la Unidad de Los Ángeles en la investigación por venta de facturas falsas relacionadas a las empresas del contribuyente nombre reservado y establecer si estuviera comprometida la responsabilidad administrativa de algún o algunos funcionarios del Servicio.

Durante la tramitación del proceso sumarial se suspendió de sus funciones y se formularon cargos a los tres recurrentes, notificándose dos cargos a nombre reservado, dos cargos a nombre reservado y tres cargos a nombre reservado, quienes solicitaron la realización de determinadas diligencias, a lo cual se accedió según consta en el expediente sumarial.

En el referido proceso, mediante Resolución SII Nº Ex. 4811, de 24 de noviembre de 2017, se aplicó a los recurrentes la medida disciplinaria de destitución, la cual fue recurrida por los tres sumariados de reposición y apelación subsidiaria ante el Director del SII, manteniéndose la aplicación de la medida referida, enviándose, con fecha 08 de febrero de 2018, la sentencia de término a la Contraloría General de la República, para efectos del trámite de Toma de Razón, lo que ocurrió con fecha 28 de marzo de 2018.

Enseguida, la informante, analiza cada uno de los vicios denunciados por los recurrentes, entregando los antecedentes, en cada caso, que permiten desestimar las alegaciones de los reclamantes.

12.- Que las formas de hacer efectiva la responsabilidad administrativa son, entre otros, los procedimientos de carácter disciplinario, esto es, la investigación sumaria y el sumario administrativo.

El sumario administrativo tiene por objeto verificar la existencia de los hechos constitutivos de infracción administrativa, determinar la persona del o los responsables y su grado de participación, aplicando una sanción.

13.- Que el sumario administrativo se encuentra regulado en los artículos 128 a 145 del D.F.L. Nº 29, de 2004, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Las etapas del sumario administrativo, son básicamente, las siguientes: Inicio, instalación o constitución de la Fiscalía, indagatoria, formulación de cargos, presentación de descargos, rendición de la prueba, dictamen o vista fiscal, remisión del expediente a la autoridad y aplicación de sanción, absolución o sobreseimiento, y recursos.

14.- Que el sumario administrativo en comento se INICIO por información proporcionada mediante correo electrónico de 28 de abril de 2017 por el Director Regional de la VIII Dirección Regional de Concepción a la Subdirección de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos, que dice relación con la investigación por ventas o facilitación de facturas falsas referidas a empresas del contribuyente nombre reservado, surgiendo antecedentes de posibles actuaciones irregulares de funcionarios ubicados en la Unidad de Los Ángeles del Servicio de Impuestos Internos.

La Subdirección de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos, ordenó iniciar la tramitación de un sumario administrativo mediante la Resolución SII Nº Ex. 2061, de 10 de mayo de 2017, a fin de establecer las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos denunciados ante el Ministerio Público y a la referida Subdirección de Contraloría Interna.

En dicha Resolución se designa Fiscal a doña nombre reservado.

15.- Que con fecha 30 de mayo de 2017, el recurrente nombre reservado fue notificado personalmente de la Resolución SII Nº Ex. 2061 de 10 de mayo de 2017, que ordena instruir el sumario administrativo, y se designa fiscal a doña nombre reservado.

El recurrente nombre reservado fue notificado personalmente el día 01 de junio de 2017.

La reclamante nombre reservado fue notificada personalmente el 01 de junio de 2017.

16.- Que la declaración del inculpado constituye un trámite esencial, cuya omisión infringe la legalidad del proceso afectando el derecho a defensa.

El recurrente nombre reservado prestó declaración indagatoria con fecha 01 de junio de 2017 (fojas 155).

La reclamante nombre reservado declaró con fecha 01 de junio de 2017 (fojas 158).

Finalmente, el sumariado nombre reservado prestó declaración con fecha 30 de mayo de 2017 (fojas 108).

17.- Que por Resolución Interna Nº2 de 01 de junio de 2017, la Fiscal sumariante dispuso la Suspensión Preventiva de don nombre reservado, la que le fue notificada con fecha 01 de junio de 2017.

Por Resolución Interna Nº4 de 05 de junio de 2017 se dispuso la Suspensión Preventiva de doña nombre reservado, la que le fue notificada el 05 de junio de 2017.

Por último, por Resolución Interna Nº 5 de fecha 05 de junio de 2017 se ordenó la suspensión preventiva de don nombre reservado, la que le fue notificada con fecha 05 de junio de 2017.

18.- Que la Fiscal sumariante con fecha 14 de julio de 2017, encontrándose agotada la investigación, procedió al cierre del sumario (fojas 522).

La Fiscal por Reservado Nº07 de 18 de julio de 2017, formula tres cargos a doña nombre reservado (fojas 524); por Reservado Nº 8 de 18 de julio de 2017 formula dos cargos a don nombre reservado (fojas 526); y por Reservado Nº 09 de 18 de julio de 2017, la Fiscal formula dos cargos a don nombre reservado (fojas 528).

El recurrente nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado fueron notificados personalmente de la formulación de cargos con fecha 24 de julio de 2017.

Con igual fecha, los tres recurrentes solicitaron prórroga para efectuar sus descargos.

19.- Que el recurrente nombre reservado formula sus descargos solicitando en el tercer otrosí oficios que indica (fojas 546).

También formula sus descargos don nombre reservado, solicitando en el primer otrosí prueba y apertura de un término probatorio, y en el segundo otrosí, en subsidio, alega atenuantes (fojas 576).

Por último, formula sus descargos doña nombre reservado pidiendo en el primer otrosí prueba y apertura de un término probatorio, y en el segundo otrosí, en subsidio, alega atenuantes (fojas 595).

La Fiscal por Resolución Interna Nº 10 de 18 de agosto de 2017 resuelve, cada uno de los descargos, presentados por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado (fojas 637).

Esta Resolución fue notificada personalmente a los tres recurrentes con fecha 23 de agosto de 2017.

20.- Que con fecha 10 de octubre de 2017 se dicta la Vista y Dictamen del Fiscal, en la que se propone, respecto de los tres recurrentes, la medida disciplinaria de destitución (fojas 740).

La Subdirección de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos por Resolución SII Nº Ex 4811, de 24 de noviembre de 2017 aplica a los recurrentes la medida disciplinaria de destitución (fojas 789).

Es resolución fue notificada personalmente a los tres recurrentes con fecha 28 y 29 de noviembre de 2017 (fojas 790, 792 y 798).

21.- Que con fecha 10 de mayo de 2017, la apoderada de los recurrentes deduce recurso de reposición y apelación subsidiaria en contra de la Resolución SII Nº Ex. 4811, haciendo ver los vicios del procedimiento sumarial.

Con fecha 23 de enero de 2018, le notifican las resoluciones que resuelven ambos recursos, rechazándolos y manteniendo la sanción de destitución.

22.- Que los recurrentes, en el contexto de cada uno de los recursos de protección, alegan que en el sumario administrativo incoado en su contra se han cometidos tres vicios de procedimiento:

a) Haber denegado diligencias probatorias solicitadas durante el sumario.

El reclamante nombre reservado dice que las diligencias probatorias guardan relación con dos oficios, el primero, al Departamento de Contraloría Interna ,para que remitiera la declaración jurada de bienes patrimoniales, y el segundo, oficiar al Ministerio Público a objeto de que se remitiera a esta Fiscalía sumarial, copia de la carpeta administrativa de la causa en la que se investiga la querella deducida por “venta o facilitación de facturas falsas relativas a empresas, del contribuyente nombre reservado C. nombre reservado”.

El recurrente nombre reservado señala que las diligencias probatorias consisten en la declaración de testigos, y la solicitud de oficios, con el fin de someterlos a un contrainterrogatorio y cumplir con la solemnidad del juramento.

Finalmente, la recurrente nombre reservado manifiesta que las diligencias probatorias se acotan a la declaración de testigos, y a la solicitud e oficios b) Haber prorrogado el término del sumario, sin fundamentos al omitir indicar las diligencias respectivas.

La Fiscal en ninguna de las prórrogas menciono las diligencias que no se pudieron evacuar por fuerza mayor, y la Subdirectora de Contraloría Interna, accedió a las prórrogas sin efectuar ningún razonamiento, ni fundamentando sus resoluciones.

c) La autoridad desatendió la existencia de atenuantes invocadas durante el proceso.

La Resolución recurrida no esgrime ningún fundamento para desestimar las atenuantes invocadas, aplicando la medida más gravosa que contempla el Estatuto Administrativo como lo es la destitución.

23.- Que los recurrentes denuncian como primer vicio cometido en el sumario administrativo el haber denegado diligencias probatorias solicitadas durante el sumario.

El recurrente nombre reservado al hacer sus descargos solicitó se despacharan oficios al Departamento de Contraloría Interna, para que remita la Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales. Conforme a la Ley de Transparencia, y b) Oficio al Ministerio Público, Fiscalía de Concepción y/o Los Ángeles, con el objeto que se remitan copias de la carpeta investigativa (RUC Nº1700386528-2) en la que se investiga la querella deducida por venta o facilitación de facturas falsas relativas a empresas del contribuyente, nombre reservado.

Estas peticiones fueron resueltas por Resolución Interna Nº 10, de fecha 18 de agosto de 2017, la cual no fue objeto de ningún tipo de recursos.

En relación a la primera diligencia la Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales se encontraba agregada a fojas 251 de autos, y respecto de la segunda, la Fiscal le hace presente la improcedencia de la diligencia indicándole que la solicitud la debe dirigir a quien corresponda conforme lo dispuesto en el artículo 93 del Código Procesal Penal.

El reclamante nombre reservado al efectuar sus descargos solicitó las siguientes diligencias probatorias: b) Se oficie a la Unidad de Los Ángeles y a la Jefe del Departamento de Asistencia de la VIII Dirección Regional, para que informe el número y tiempo de atenciones del grupo de asistencia de la Unidad de Los Ángeles, durante los años 2014 a 2017, con indicación de los funcionarios a cargo de cada una de las respectivas cajas, c) Se cite a prestar declaración a 6 testigos para que declaren sobre los hechos objeto del sumario, especialmente sobre el sistema de atención de contribuyentes y asesores contables que concurren a la Unidad de Los Ángeles, fijándose audiencia respectiva dentro del término probatorio.

La Fiscal por Resolución Interna Nº 10, de 18 de agosto de 2017 abrió un término probatorio por 10 días, ordenó oficiar al Jefe Unidad y al Jefe de Departamento de Asistencia Regional, y citó a declarar a los testigos en la Unidad de Los Ángeles, especificando el día y la hora que debían comparecer cada uno de los 6 testigos.

Esta resolución se notificó al recurrente el día 23 de agosto de 2017, de manera que tuvo cabal conocimiento del día y hora que debían concurrir sus testigos ante la Fiscalía.

El oficio requerido fue agregado al sumario a fojas 739.

El 29 de agosto de 2017, solicitó que se fije nuevo día y hora para que preste declaración dos testigos, ampliándose el término probatorio, a lo que se accedió con fecha 31 de agosto de 2017, ampliándose en 5 días el término probatorio, fijándose, asimismo, nuevo día y hora para prestar declaración.

El señor nombre reservado y la señora nombre reservado presentaron idéntica lista de testigos, por lo que se les citó a una sola audiencia, lo que puesto en conocimiento de los interesados, por lo que al interrogarse separadamente a los testigos presentados por ambos, primero respecto de los hechos vinculados a la señora nombre reservado, y luego por los hechos vinculados al señor nombre reservado, no se ha vulnerado el debido proceso ni ha existido afectación al ejercicio de su derecho de defensa.

Finalmente, doña nombre reservado al efectuar los descargos solicitó b) oficiar a la asesora de RRHH de la VIII Dirección Regional Concepción y al Jefe de la Unidad de Los Ángeles, para que informe sobre la evaluación de clima organizacional, respecto de problemas personales de la funcionaria nombre reservado, con su representada; c) Oficiar al Jefe de la Unidad de Los Ángeles, de la VIII Dirección Regional Concepción, para que proporcionara copia de los reclamos recibidos durante los años 2014-2017, respecto de la funcionaria nombre reservado; d) Oficiar al Jefe de la Unidad de Los Ángeles y a la Jefa del Departamento de Asistencia de la VIII Dirección Regional, para que informen sobre el número y tiempo de atenciones del grupo de asistencia de la Unidad de Los Ángeles, durante los años 2014-2017; y e) Citar a prestar declaración a los seis testigos que individualiza.

La Fiscal por resolución Interna de fecha 18 de agosto de 2017, dispuso abrir un término probatorio por 10 días, y rechazó los oficios signados con las letras b) y c) por no tener relación con los hechos controvertidos, accedió al oficio de la letra d), y a la citación a declarar a los testigos fijando día y hora para cada uno de ellos, siendo de cargo de la inculpada la comparecencia de los testigos ofrecidos que no sean funcionarios de la Unidad.

La resolución fue notificada a la recurrente con fecha 23 de agosto de 2017 quien dedujo recurso de reposición en su contra, y por Resolución de 31 de agosto de 2017 se accedió a todo lo pedido.

Las solicitudes y diligencias fueron cumplidas según los requerimientos de fojas 689, 704, 690 a 702, 731 a 735.

La señora nombre reservado y el señor nombre reservado presentaron igual lista de testigos, se abrió un término probatorio para que prestaran declaración, luego solicitó ampliación del término probatorio para que presten declaración dos testigos, a lo que se accedió dentro del sumario.

24.- Que los recurrentes denuncian como segundo vicio cometido en el sumario administrativo haber prorrogado el término del sumario, sin fundamentos al omitir indicar las diligencias que se desarrollarían.

La Fiscal del sumario solicitó en dos oportunidades la prórroga del plazo, la primera con fecha 06 de junio de 2017, y la segunda, con fecha 05 de julio de 2017, por existir diligencias pendientes, y además, en la segunda, por la licencia médica de la fiscal.

En la primera prórroga constaban como diligencias pendientes las decretadas a fojas 186 y 187; y respecto de la segunda prórroga se justifica ante la gran cantidad de documentación y antecedentes al expediente sumarial que solo a fojas 522 se procedió al cierre de la investigación.

Las dos prórrogas fueron concedidas por la Subdirectora de Contraloría Interna (S), para continuar con la investigación por resoluciones de fecha 08 de junio de 2017, y 06 de julio de 2017.

Estas prórrogas cumplen con las formalidades que establece el artículo 135 del Estatuto Administrativo, ya que cada una de ellas fue solicitada por la Fiscal y decretada por la autoridad competente, antes del vencimiento del plazo, y porque existían diligencias pendientes de cumplimiento.

La entidad de los hechos investigados, el número se sumariados, la cantidad de antecedentes recopilados y las numerosas diligencias practicadas justifican la extensión del plazo investigativo.

En vinculación con la presente materia, cabe tener presente que, salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para que los órganos de la Administración del Estado o sus agentes desarrollen sus cometidos, no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los organismos públicos. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinaras en que puedan incurrir los funcionarios con motivo de la inobservancia de dichos plazos (Contraloría General de la República. Dictámenes Nº 61.059, de 2011 y 21.876, de 2015).

25.- Que los recurrentes denuncian como tercer vicio cometido en el sumario administrativo el haber desatendido la existencia de atenuantes invocadas durante el proceso al aplicar la medida disciplinaria de destitución.

Los recurrentes manifiestan que se les aplicó la medida disciplinaria más gravosa que contempla el Estatuto Administrativo sin esgrimirse en la resolución atacada ningún fundamento para desatender las atenuantes invocadas.

En la situación del recurrente nombre reservado es reincidente, a lo menos, en uno de los cargos que le fueron formulados, pues con fecha 10 de junio de 2016 se le aplicó la medida disciplinaria de multa del 20% de su remuneración, por cuanto efectúo consultas en el SIIC de determinados contribuyentes, sin que lo justificara el ejercicio de sus funciones.

En relación a la no aplicación de atenuantes en el caso en estudio, cabe señalar que ponderados todos los elementos del procedimiento sumarial, la acreditación de contravenciones graves al principio de probidad obliga al sentenciador a aplicar la máxima sanción que contempla el Estatuto Administrativo, sin que proceda analizar la aplicación de circunstancias que puedan aminorar la responsabilidad administrativa.

En vinculación con la falta de pronunciamiento sobre las atenuantes en la resolución del sumario cabe señalar que corresponde a la autoridad administrativa determinar la gravedad de la falta cometida, de modo que el hecho de considerar aquélla como una infracción grave al principio de probidad administrativa es una decisión que compete al sancionador, en ejercicio de sus prerrogativas y de acuerdo al mérito del sumario. Por tanto, al estar asignada por ley una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves al citado principio de probidad administrativa la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer la destitución, sin que pueda aplicar otra medida ni analizar las circunstancias que podrían aminorar la responsabilidad de aquellos (Contraloría General de la República. Dictamen Nº 20.824, de 2016).

26.- Que en la Resolución SII Nº Ex. 4811, de 24 de noviembre de 2017, en sus considerandos 38º y 39º se indica que, las conductas desplegadas por los funcionarios sumariados, son constitutivas de graves vulneraciones al principio de probidad administrativa, y que habiéndose vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa que debe observar todo servidor público en el ejercicio de sus funciones, corresponde aplicar, conforme lo dispuesto en el artículo 125 del Estatuto Administrativo, la medida de destitución de los funcionarios sumariados.

27.- Que en el caso presente, con fecha 07 de febrero de 2017, por medio de Resolución Nº 6, se dictó sentencia de término del sumario administrativo, remitiendo los antecedentes a la Contraloría General de la República para el trámite de Toma de Razón.

La Resolución Nº 6, de 2018 de la Subdirección de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos fue tomada de razón, mediante oficio Nº 8368, de 2018.

28.- Que no está de más recordar, que el artículo 144 del DFL Nº 29, de 2004 sobre Estatuto Administrativo establece que los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad de la resolución que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no contengan una influencia decisiva en los resultados del sumario.

El vicio de procedimiento sólo afecta la validez del acto cuando recae en algún requisito esencial, lo que en materia de sumarios administrativos ocurre sólo cuando el defecto incide en trámites que tengan influencia decisiva en el resultado del sumario.

Entonces, afecta la legalidad de un sumario la omisión de trámites que priven al inculpado de su derecho a defenderse oportunamente, como ocurre con la declaración del inculpado, la formulación de cargos, la notificación legal de los cargos o de la sanción que se pretende aplicar, todo lo cual respecto de los tres recurrentes se encuentra debidamente cumplido en el sumario administrativo incoado en su contra.

29.- Que del examen del sumario administrativo, se advierte que el expediente fue tramitado de acuerdo con la normativa y jurisprudencia que regulan la materia, cautelándose el derecho fundamental de los recurrentes a un debido proceso, del que forma parte el derecho a la defensa, quienes pudieron hacer uso oportuno de todas las instancias de defensa que se contemplan y la sanción impuesta guarda la necesaria correspondencia con las actuaciones que se reprochan a los reclamantes, cuya conducta fue calificada por la autoridad como una grave transgresión a la probidad administrativa, que se dio por acreditada en base al mérito de los antecedentes del proceso.

30.- Que, por ser la acción de protección una vía de excepción respecto de la posibilidad de revisar actos de procedimiento, sólo es dable examinar si por el acto administrativo respectivo se han vulnerado garantías constitucionales como las que se reclaman en autos cuando existen graves arbitrariedades o ilegalidades en la substanciación de un sumario administrativo, lo que no ha ocurrido en la especie.

31.- Que, en efecto, en el marco de este recurso de protección de un examen atento de los antecedentes del sumario administrativo, que se ha tenido a la vista, como ya se dijo, aparece a la luz de lo dispuesto en el artículo 126 y siguientes de la Ley Nº 18.883, que se dio cabal cumplimiento a sus disposiciones, al dictarse la resolución que ordenó el sumario, al nombrarse el Fiscal y su actuario, al interrogarse a los inculpados, al agregarse elementos de prueba, al formularse los cargos, al escuchar los descargos, al emitirse el dictamen del fiscal, al remitirse el expediente a la autoridad administrativa, al dictarse la resolución por la que se aplica la sanción a los recurrentes, al notificarse dicha resolución a los reclamantes y al deducir éstos recurso de reposición y de apelación en contra de la resolución que les impuso la medida disciplinaria de destitución.

32.- Que un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúna los requisitos legales, cuando es contrario a derecho o a la ley o cuando no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

33.- Que en las condiciones anotadas, la decisión adoptada por la Resolución SII Nº Ex. 4811, de 24 de noviembre de 2017, dictada por el Subdirector de la Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos don nombre reservado no es un acto arbitrario, ya que se funda en el sumario administrativo incoado en contra de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y no está asentada en el capricho o la voluntad desnuda de la autoridad, quien aplicó una sanción contemplada en la ley.

Tampoco es un acto ilegal, por cuanto dice relación con las atribuciones y facultades que la Ley Nº 18.883 y la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos otorga a la Subdirección de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos para disponer la instrucción de un sumario administrativo y resolver dictando una resolución en la cual absolverá a los recurrentes o aplicará la medida disciplinaria correspondiente.

34.- Que en consecuencia, para los sentenciadores los antecedentes allegados al recurso, analizados conforme a las reglas de la sana crítica, no constituyen elementos de convicción para dar por establecido que en el caso subjudice la recurrida haya incurrido en algún acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace a los recurrentes en el legítimo ejercicio de derechos y/o garantías constitucionales enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

35.- Que así las cosas, no habiéndose justificado la existencia de un acto o una omisión que revista el carácter de arbitrario o ilegal atribuida a la recurrida cada uno de los recursos intentados por los recurrentes, no pueden tener acogida.

36.- Que en nada alteran las conclusiones expuestas el resto de la prueba acompañada al recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

a) Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad de los recursos planteada por la recurrida Servicio de Impuestos Internos;

b) Que SE DESESTIMA la alegación que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer de la materia de autos formulada por la recurrida Servicio de Impuestos Internos; y c) Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado, por don nombre reservado y doña nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Regional de Bío Bío, don Jorge Lara Arriagada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular señor Juan Clodomiro Villa Sanhueza.

No firma la ministra señora Carola Rivas Vargas, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en Comisión de Servicio.

Rol 1462-2018 y Acumulados Rol 1463-2018 y Rol 1464-2018. Recursos de Protecional