nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción Luc Concepción, veintiocho de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

1°.- nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, labores de casa, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ignoro profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado, (Ferretería el Ladrillo).

Afirma que es dueña de una vulcanización ubicada en domicilio reservado, de la comuna de Laja, actividad que realiza en el inmueble antes citado en virtud de un contrato de arriendo suscrito, ante el Sr. nombre reservado de la comuna de Laja, don nombre reservado, con fecha 11 de octubre de 2022, como se acredita con el contrato que acompaña.

Adiciona que el domingo 19 de mayo de 2024, mientras un trabajador pasó por la vulcanización, le informó que se encontraba con los candados cortados y con nuevos candados, además soldadas las entradas, lo que pudo constatar al apersonarse en el local comercial.

Mediante un llamado hecho por la hija de don nombre reservado, a su empleado nombre reservado, esta le manifestó que la propiedad le pertenecía a su padre y que coordináran una hora para sacar las herramientas que se utilizan para vulcanizar neumáticos. - Sostuvo que don nombre reservado, ha cometido un acto ilegal y arbitrario, ya que señalando que es el nuevo propietario del inmueble, procedió a cerrarlo impidiéndole hacer uso comercial del inmueble y dejando sus cosas en su interior sin previo aviso, en forma realmente matonesca, y tomándose la justicia en su mano, por actos que él o sus dependientes realizaron.

Dice que como consecuencia de ello no pudo seguir con su actividad comercial, como tampoco ha podido entregar trabajos encomendados en el periodo que comprende entre el 13 y 19 de mayo del presente año.

Dicho acto, dice, ha violado su derecho a la propiedad, y a desarrollar actividad económica.

Señala como infringidas las garantías de los N° 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República:

1°.- La igualdad ante la ley.

La igual ante la ley se ve violada gravemente, toda vez que, don nombre reservado, ha ejecutado una acción que la deja en la más completa indefensión, toda vez que existe una auto tutela, pues ha cortado los candados y soldado las entradas a su local comercial. - 2°.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

En el actuar ilegal y arbitrario don nombre reservado, la ha dejado en la más completa indefensión ya que ha ejercido acción en forma unilateral, violenta, e ilegal y arbitraria, al tomarse el local comercial que arrienda.

21° El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.- Con el actuar del recurrido, se le ha privado de su derecho al desarrollo de una actividad económica, que viene desarrollando desde varios años, (desde el año 2020) en este local, sin problema alguno.

24° El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Se ha violado su derecho de propiedad sobre el local que arrienda y posee en ese carácter desde el año 2020, facultades del dominio que le han sido entregadas a través del contrato de arriendo y el cual no entiende como don nombre reservado, atribuyéndose facultades que no posee, le ha despojado de su derecho de propiedad sobre el local que arrienda, privándola de cualquier derecho, en su actitud matonesca en contra de una mujer.

En definitiva solicitó sea acogido el recurso y que se declare:

1.- Que existen por parte de la recurrida actos arbitrarios e ilegales que perturban los derechos constitucionales señalados anteriormente (Derechos consagrados en los N° 2, 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República).

2.- Que no ha existido un racional justo y debido proceso, en el despojo en la propiedad que arriendo.

3.- Que esta Corte tome las providencias del caso para restablecer el imperio del derecho.

4.- Se ordene instruir un proceso criminal por la eventual comisión de delitos.

5.- Todo lo anterior con una ejemplar condena en costas.

2°.- Informó el abogado Mario Eduardo Barrueto Osses, en representación del recurrido nombre reservado, manifestando que el señor nombre reservado, conocido de su representado y pareja de la recurrente, el mismo que en el libelo del recurso es individualizado como dependiente y en la denuncia ante carabineros que consta en autos, como pareja de la recurrente- le comentó a don nombre reservado, a fines del año pasado, que la propiedad en que mantenía su taller estaba a la venta, ya que ellos no la seguirían trabajando.

En este contexto, su representado se contactó con la dueña de la propiedad, doña nombre reservado, y luego de tratativas verbales, mediante escritura pública de compraventa celebrada en la Notaría de Laja, de fecha 5 de abril del año 2024, Repertorio N° 246/2024, se concretó el negocio y se compró el inmueble de autos, el que se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces a fojas 457 vta. N° 252 correspondiente a este año 2024.

Antes de concretar la compra la señora nombre reservado, le señaló a su representado que ahí mantendrían herramientas de trabajo de don nombre reservado, situación conocida, y que dentro del mes las retirarían, coordinando con él al efecto. Hizo presente que la mayoría de los muebles que ahí se encuentran corresponden a neumáticos en mal estado, y solo existe una máquina de cambio de neumáticos, 2 gatas hidráulicas y algunas herramientas (lo que, de ningún modo, es mobiliario suficiente para el funcionamiento de una vulcanización). La señora nombre reservado, también aseguró que don nombre reservado ya no le arrendaba, toda vez que de común acuerdo habían terminado el contrato, que él no ocupaba la propiedad y le entregó a su representado un contrato de arrendamiento, con el nombrado nombre reservado, que acompañó al informe.

Así las cosas, continua diciendo el informante, doña nombre reservado entregó el inmueble a don nombre reservado el mismo día de la venta, mediante la entrega de las llaves de los candados.

Su representado compró dicho inmueble para establecer una sucursal urbana de su ferretería “El Ladrillo”, ya que la casa matriz queda ubicada en el sector rural de la comuna. Para comenzar su funcionamiento, debe obtener ciertos permisos, contratar la empresa que fuera a rellenar y estabilizar el terreno para construir, lo que toma tiempo, y en ese contexto, la propiedad permaneció desocupada de moradores.

Es efectivo que reforzó la parte en que van los candados, ni siquiera los ha cambiado, toda vez que regularmente inspecciona su propiedad, y le preocupaba (y aún le preocupa) que puedan robar las herramientas que don nombre reservado (o la recurrente) mantienen en el lugar; entonces, al encontrar signos de estar forzado el fierro, lo reforzó para evitar su forzamiento, pero jamás le ha impedido a nombre reservado que retire su mobiliario, según lo informado por doña nombre reservado, en cuanto este procedería retirando las herramientas que ahí le quedaban. Es un hecho notorio y conocido en la comuna que la propiedad se encuentra sin movimientos de hace meses, lo que la hace un blanco fácil para ladrones.

En cuanto, a la recurrente, añade que su representado no la conoce, y menos a la empresa “SOCIEDAD nombre reservado S.A.” la que tendría un contrato de arrendamiento con la señora nombre reservado, quien le vendió la propiedad a don nombre reservado, contrato de fecha 11 de octubre de 2022, y cuya vigencia se establece hasta el 11 de junio del presente año, de lo que se enteró a propósito de este recurso, ya que la vendedora le informó y dio copia de otro contrato ya extinguido, que también acompaña.

Al ser notificado de este recurso, se contacté con la vendedora, doña nombre reservado, quien le aseguró que el contrato de arrendamiento había expirado, que ella no recibía rentas de arrendamiento desde hace meses, y que estuviera tranquilo que ella hablaría con estas personas, y se comunicaría con él. Lo cierto es que a la fecha no ha vuelto a contactarse.

Adicionalmente sostuvo que la recurrente comparece en forma personal, señalando ser dueña de una vulcanización, para luego señalar que la Sociedad nombre reservado SpA, es la que tendría un contrato de arrendamiento con la señora nombre reservado, es decir, no se estaría afectando en caso alguno a la recurrida, persona natural, más ella no ha acreditado de ningún modo ser la representante de la empresa señalada, y como los eventuales perjuicios a dicha empresa, pueden afectar derechos garantizados por esta acción de protección respecto de la recurrente.

Arguyó, también que el libelo proteccional no es claro en sus peticiones, por un lado, señala que se afectan derechos de la recurrente, y por otro lado habla de perjuicios a una persona jurídica.

El libelo proteccional sufre de la falta de atribución directa respecto de su representado en los hechos denunciados. En ningún capítulo del recurso se señala cuál habría sido la manera en que su representado pudo vulnerar en específico los derechos fundamentales invocados, sino lo hace en forma genérica, limitándose a decir su representado puso candado y soldó las rejas de un determinado lugar, y que esto provocaría las afectaciones reclamadas.

Dijo que es poco probable que su representado haya afectado algún derecho de la recurrente, en circunstancias que no la conoce, y que lo único que ha hecho fue reforzar el cierre de su propiedad, que se encuentra deshabitada.

En suma, concluyó, que la recurrente, precaviendo algún eventual perjuicio para la persona jurídica Sociedad nombre reservado SpA, pretende revivir un contrato de arrendamiento que tuvo con la anterior dueña, el que se encuentra extinguido, toda vez que no hay pago de renta, ni se ocupa, ni ocupaba el inmueble objeto de estos autos.

Su representado no se explica el motivo de este recurso, sino la búsqueda de algún tipo de indemnización por parte de la vendedora, en relación con el contrato señalado.

Es claro que su representado no ha vulnerado derecho alguno, y acá el problema es entre arrendador y arrendatario, y no con un tercero quien solo ha realizado actos respecto de los cuales da derecho el dominio.

Por último, no existe este acto vulneratorio de garantías constitucionales, y es claro que nombre reservado arrendó en su momento el inmueble de autos y que dicho inmueble fue vendido, luego, a su representado, que dicho inmueble fue entregado a su representado; que la empresa Sociedad nombre reservado SpA, que no es parte de esta acción constitucional mantiene un contrato de arrendamiento con la ex dueña del inmueble, contrato que esta ha señalado encontrarse extinguido hace meses, de mutuo acuerdo, y respecto del que, evidentemente, no ha recibido rentas desde su término, y además en caso contrario, lo estaría por extinción del derecho del arrendador, y de creer lo contrario la recurrente, debe reclamar en el Tribunal Civil correspondiente, y no aprovechar lo sumario e informal de este procedimiento. Toda vez que, el problema de la recurrente es con su supuesta arrendadora, toda vez que su representado simplemente ha tomado posesión y ejecutado actos de dueño en su propiedad, la que se encontraba sin moradores hace más de un mes, según se constata en autos y lo refuerzan las diligencias que se solicitan.

Por ello solicitó rechazar la acción constitucional intentada en contra de su representado, con expresa condenación en costas.

3°.- Habiéndosele solicitado informe, compareció nombre reservado, chilena, viuda, labores de hogar, cedula nacional de identidad Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, y señaló que los hechos relatados en el libelo del recurso de autos, y que la afectan en calidad de arrendadora, no se condicen con la veracidad, con la cual las personas que de buena fe se encomiendan negocios jurídicos, y que es de la esencia de los contratos.

Así las cosas en orden cronológico, relató los hechos que son la historia de la formación y finalización de un contrato de arrendamiento:

De común acuerdo con don nombre reservado, cedula de identidad N° RUT reservado acordaron celebrar contrato de arrendamiento, de un local tipo comercial, ubicado en domicilio reservado. Este contrato de arrendamiento comenzaría regir desde fecha 01 de julio del año 2020 hasta el día 01 de julio del año 2022, y, se le dio como aumento de plazo renovable por periodo de un año.

En este contrato, el arrendatario don nombre reservado, se comportó siempre de la mejor manera y con mucho respecto a su persona, en lo tocante al canon de arriendo, jamás dejó de pagar el acuerdo alcanzado en el contrato, el cual se encuentra en la carpeta digital y que alberga esta causa de autos. Como se señala expresamente en el contrato, y, si ninguna de las dos partes decía poner término al contrato de arrendamiento, este de pleno derecho se extendía por plazo de un año calendario, y así sucesivamente por periodos de igual plazo. Ósea técnicamente el contrato de arrendamiento, entre don nombre reservado y su persona, debía extenderse hasta el día 01 de julio del año 2022, y así sucesivamente, si ambos no decían ponerle fin al contrato.

Antes de acabar el plazo del este contrato, ya antes indicado, don nombre reservado, le comunicó que debía cambiar rubro o nombre (ya no recuerdo con exactitud, pues tiene 80 años y es adulta mayor) y que por esa razón debían firmar en notaria una modificación del contrato de arrendamiento, a fin que con este pudiere facturar, y que eso le pedían en el Servicio de Impuestos Internos, a los cual accedió, pues jamás tuve problemas alguno con él en calidad de arrendatario.

En la oficina de Notaria de la comuna de Laja, y con fecha de 11 de octubre de 2021, se dio cuenta que ahora aparecía una mujer que firmaría el contrato, (personalmente jamás había visto a esa persona, a la cual hoy y respecto al Recurso de autos sabe que se llama nombre reservado) fue la única vez que la vio, jamás ella le ha pagado el arriendo, ni menos la ha llamado, ni ha tenido contacto de ninguna naturaleza con esa persona, ni menos ella le pidió celebrar un contrato de arrendamiento. El contrato que en esa oportunidad se firmó, y que también obra en la carpeta virtual formada en atención a este recurso, el contrato decía “Sociedad nombre reservado” lo firmó con la seguridad y creyendo que se trataba de don nombre reservado, el mismo arrendatario que anterior ya habían celebrado contrato de la misma especie, y así lo creyó siempre, pues era don nombre reservado, quien atendía el local, quien le pagaba el arriendo, quien de continuo lo veía en el lugar arrendado, y fue el quien le comunicó que terminaría con el negocio y con el arrendamiento, pues estaba en proceso de comprar otro terreno donde pondría su taller de vulcanización.

Agregó que la recurrente cae en bastantes contradicciones; 1.) En el parte policial del fecha 19 de abril del presente año, ella declara su estado civil como soltera, teniendo la calidad de divorciada; 2.) Se presenta como dueña de hogar, pero actúa como recurrente diciendo que es dueña de un negocio comercial; 3.) Indica que es arrendataria desde el año 2020, pero en el documento del arriendo aparece desde octubre del año 2021. Estamos en presencia de una persona que no honra la buena fe, y que además en su recurso solicita se persiga penalmente delitos que jamás han ocurrido.

Con fecha 27 de febrero del presente 2024, se comunicó con don nombre reservado, indicándole que la propiedad la ponía en venta, y que se la ofrecía a él, y que le daba la oportunidad como arrendatario. Él le comunicó que no podría comprar, que estaba viendo otro terreno donde pondría su taller, y fue el entonces que él le comunicó que comenzara a correr el mes de garantía, así entonces le comunicó que lo vendería a otra persona.

El 05 de abril se vendió la propiedad a don nombre reservado, recurrido en estos autos. Este nuevo dueño, manifestó que conoce a don nombre reservado, ya que vive en el mismo sector, y que conversaría con él a fin de coordinar en la entrega de la propiedad. A la semana siguiente más menos el día 12 de abril, personalmente conversó con don nombre reservado, manifestándole que el terreno ya había sido vendido.

Por lo demás, la recurrente en ningún momento subió a la causa de autos algún Boucher que acredite pagos de arrendamiento, solo subió boletas y facturas, que indican la dirección de San Martin número 522, pero en ningún caso lo que es esencial en un contrato de arrendamiento, que es el pago de la obligación principal y que acredita cumplimiento de la relación contractual.

En mérito de lo expuesto solicitó tener por evacuado el informe y rechazar la acción constitucional intentada.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, la recurrente sostiene que el recurrido habría roto los antiguos candados, puesto otros nuevos y hasta habría soldado los accesos al local comercial que ella dice arrendar, impidiéndole así desarrollar su actividad en el rubro de la vulcanización.

El recurrido negó los hechos, sostuvo que él adquirió el inmueble en el que funcionaba un local comercial, asegurándole la vendedora que los arrendatarios anteriores ya no desarrollaban actividad en él, si bien habían dejado algunas especies muebles allí, ya que el contrato de arriendo había terminado, por lo que él le informó a ella que recibiría el local y estaría a la espera que esos ocupantes anteriores concurrieran a retirar su cosas.

Habiéndose aludido a una tercera persona como arrendadora del inmueble y/o anterior propietaria del mismo, se le requirió informe a ella y ésta manifestó que si bien hubo un contrato de arriendo, el arrendatario le informó que se cambiaría a otro lugar y –ante el aviso de que vendería el inmueble- él le dijo que “le comenzara a correr el mes de garantía”, por lo que le vendió la propiedad al recurrido, con quien firmó escritura pública.

TERCERO: Que, el presente es un procedimiento especial, breve y de urgencia, destinado a obtener protección de ciertas garantías constitucionales que son señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que requiere la existencia de una situación de hecho que amerite otorgar la protección solicitada. Es decir, debe justificarse plausiblemente la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que justifique el otorgamiento del amparo constitucional que se pide.

CUARTO: Que, reiteradamente se ha dicho que la presente no es una vía declarativa de derechos, sino una que –atendida su calidad de ser un procedimiento breve y urgente- requiere de la existencia de un derecho indubitado para que pueda prosperar.

No corresponde, por ello, que en la presente sede cautelar esta Corte indague o declare la efectiva existencia o actual vigencia del contrato de arriendo invocado por la recurrente, o si ella cesó en el pago de las rentas como postuló la tercera persona a quien se le requirió informe; tampoco es del caso que esta Corte determine si se vendió o no el mentado inmueble y se verificó, además, la transferencia del dominio, y si se produjeron o no las eventuales consecuencias que ello irrogaría al contrato de arriendo aludido, toda vez que ello implicaría que este tribunal deba interpretar las respectivas conductas de los involucrados y los eventuales actos jurídicos que se afirma habrían realizado; adicionalmente, se ha de tener presente que expresamente el recurrido controvierte lo afirmado por la recurrente, de modo que todos los hechos planteados aquí se encuentran controvertidos.

Toda la situación descrita involucra pronunciamientos declarativos con implicancias ajenas a esta sede cautelar y de urgencia, de lo que se desprende que las cuestiones planteadas corresponden a materias todas las cuales están reservadas a ser discutidas en un procedimiento propiamente declarativo, que respete cabalmente la bilateralidad de la audiencia y en el cual las partes concernidas tengan la posibilidad de debatir adecuadamente, con amplias facultades de rendir pruebas y de presentar sus alegaciones ante un tribunal competente para conocer del asunto.

No hay, pues, un derecho indubitado que requiera el urgente amparo que la presente vía cautelar supone como requisito de procedencia.

QUINTO: Que, así las cosas, resulta razonable concluir que no puede establecerse la existencia de alguna actuación arbitraria o ilegal por parte del recurrido, como tampoco la existencia de alguna vulneración de una garantía constitucional que esta Corte deba proteger por esta vía cautelar.

SEXTO: Que, por consiguiente, no concurriendo los presupuestos para que pueda prosperar la presente acción constitucional, ella será desestimada.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior y habida cuenta que el recurrido reconoce que en el inmueble aludido existen especies que serían de propiedad de la recurrente y que ésta ha dicho le son necesarias, en ejercicio de las facultades cautelares que la presente acción concede a esta Corte, se dispondrá que la recurrente deberá manifestar dentro de un plazo que se le fijará, si ella efectivamente retirará las especies que, perteneciéndole, todavía se encontrarían en el citado local comercial, para que, en el evento de una respuesta afirmativa, el recurrido le permita su retiro, previa una coordinación, debiéndose realizar ello ante un ministro de fe, cuya intervención será de cargo de la recurrente.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Sin perjuicio de lo anterior, se dispone que el recurrido deberá permitir a la recurrente que retire las especies muebles que quedaren en el interior del inmueble aludido en la presente acción; para ello la recurrente deberá manifestar, dentro del plazo de diez días corridos, luego de la ejecutoria respectiva, si efectuará o no el retiro de tales especies; y, en el caso de respuesta afirmativa, se deberá coordinar lo pertinente con el recurrido para el retiro, diligencia que deberá realizarse en presencia de un ministro de fe, cuya intervención deberá ser solventada con cargo a la recurrente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro titular Juan Ángel Muñoz López.

N°Protección-14587-2024.