nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Concepción Concepción, veintidós de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO:

En estos antecedentes, don nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, y nombre reservado, postulante de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, en favor de don nombre reservado, ingeniero informático, interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por doña nombre reservado, o por quien lo subrogue o reemplace legalmente, por cuanto en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de una resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por la médico tratante -que será individualizada más adelante- se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone como hechos en que funda la acción los siguientes: Con fecha 16 de diciembre de 2022 el recurrente ingresa a -Programa de Salud: Adulto- de CESFAM Pedro de Valdivia, y seguidamente lo derivan a Programa de Salud Mental, en adelante PROSAM. Tal ingreso y posterior derivación en CESFAM es motivada porque don nombre reservado provenía de atención particular con médico psiquiatra Dra. nombre reservado, quien lo deriva a “Salud Mental CESFAM Pedro de Valdivia para psicólogo y médico”, con diagnóstico de Trastorno mixto de ansiedad y depresión el 30 de noviembre de 2022.

En su Control de Ingreso PROSAM de fecha 23 de diciembre de 2022 realizado por la profesional médico nombre reservado, que consta en su Historia Clínica, puede leerse lo que sigue: "Paciente en controles con psiquiatra particular extra sistema, actualmente con licencia desde hace aprox. 2 meses, con diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo. Paciente informático, refiere que había muchos días que dormía muy poco, dos horas por alta carga laboral. Por una falla técnica de caída de programas, paciente sintió que él colapsaba absolutamente, se sintió sobre pasado. Siente que en ese momento no podía resolver nada más, como 'bloqueado'. Paciente refiere haber estado varios meses tolerando situaciones difíciles en su trabajo. Desde que llegó a trabajar ahí casi no duerme por ser trabajo sin horario y alta carga laboral (...) Además cumplía funciones que no estaban dentro del contrato. Además, tuvo un accidente porque explotó un computador en su cara, sus jefes no se preocuparon ni abrieron botiquín 'para no gastarlo' le dijeron que no fuera a la Mutual.

(...)

Este año en aprox. Mayo inicia sintomatología ansiosa intensa, cuando retomaron presencialmente, porque su trabajo se duplicó. Antes lograba cumplir con planificación diaria, pero luego no alcanzaba y empezó a trabajar más en su casa.

(...) Desde ese momento no pudo volver al trabajo. Inicia controles con psiquiatra.

Paciente se siente muy triste, muy frustrado, duerme mal, se siente lábil, y cansado, llora por la frustración de no poder desarrollar lo que le gusta, siente temor de lo que siente, se siente totalmente bloqueado para intentar volver a programar algo, siente no ser capaz de resolver otro problema, angustia.

Siente apoyo por parte de su pareja. Se mezcla sentimiento de culpabilidad por no haber sabido parar antes ese ritmo de trabajo. Se siente más distante de su hijo.

Continua con consumo de OH.

Paciente ha pensado querer ahogarse en el mar (...)".

En lo sucesivo, posterior a su ingreso a PROSAM, don nombre reservado ha asistido a diversos controles con psicólogo(a), enfermero(a) y médico, de manera continua, lo que se acredita con Historia Clínica del paciente que acompaña. En resumen, de todas esas atenciones, la constante continúa, siendo su labilidad emocional, angustia y ansiedad, especialmente por su trabajo, el cual aún no se siente preparado para retomar. Por añadidura, hace presente que se encuentra cursando tratamiento farmacológico de Quetiapina y Sertralina. Con fecha 31 de enero de 2023, asiste a control con médico nombre reservado, en el cual la profesional, emite una licencia médica de 30 días para don nombre reservado, atendida su imposibilidad de reintegrarse al trabajo todavía, habida cuenta de su estado de salud mental. Con fecha 2 de marzo de 2023, el médico tratante nombre reservado, renueva licencia médica por 30 días. Por lo anterior, don nombre reservado, al día de cada emisión de las referidas licencias médicas no podía volver a su trabajo, dado que las funciones que realiza en su trabajo son altamente demandantes y exigentes, incompatibles con su diagnóstico médico psiquiátrico, ya que, de hecho, fueron el catalizador que desenlazó su afección de salud mental.

Todo lo dicho anteriormente, su imposibilidad de trabajar y el no pago de sus licencias médicas por el órgano competente, ha llevado a que el médico tratante, emitiera dos Informes Médicos a solicitud del paciente, los cuales se acompañan. Fundamentalmente y en su parte medular, el médico expone en segundo Informe de fecha 10 de marzo de 2023: "En concordancia con informes médicos previos, tanto de especialista como de médico tratante en CESFAM, paciente continúa con tratamiento farmacológico (con Sertralina y Quetiapina, supervisado por familiar) y en psicoterapia por cuadro ansioso depresivo severo, caracterizado por síntomas de ansiedad psíquicos y somáticos, así como sintomatología depresiva propiamente. En informe anterior se detallan síntomas presentados al inicio del cuadro y primeros meses de tratamiento, los cuales en gran medida fueron gatillados por un contexto de sobrecarga laboral y Burnout (también descrito en informe previo)".

En cuanto al acto recurrido, se recurre contra la Resolución Exenta N° R-01-UME-77582-2023. dictada por SUSESO, con fecha 9 de junio de 2023, en la cual resuelve rechazar las licencias médicas N°82033899-5, que otorgaba 30 días de reposo, desde el 31 de enero de 2023; la N°83123820-8, que otorgaba 30 días de reposo desde el 02 de marzo de 2023, extendidas por un total de 60 días. Dicha resolución exenta, señala textual en lo pertinente: "Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 82033899-5, 83123820-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados, tanto por los informes médicos complementarios como por la ficha clínica institucional presentada, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado.”

La Suseso al confirmar el rechazo de las licencias ya señaladas que realizó la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez, incurre en un acto arbitrario, ya que, solo con ver los antecedentes médicos aportados por la recurrente y sin ser evaluada en ningún momento por algún médico especialista de la COMPIN o SUSESO -de acuerdo al artículo 21 de Reglamento de Autorización de licencias médicas por servicios de salud e Instituciones de Salud Previsional- tomó la decisión de rechazar las licencias de la recurrente, es decir, nunca se cercioraron que el Trastorno mixto de ansiedad y depresión que padece el recurrente es efectivo al día de hoy.

A mayor abundamiento, el reglamento ya mencionado, establece en su artículo 16 que: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", hecho que, por cierto, no ocurrió.

La conducta del organismo recurrido fue arbitraria e ilegal, tanto, en la parte de la resolución que sostuvo que no se justificaba el reposo prescrito por las licencias médicas -rechazadas-, como en cuanto no decretó la realización de nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el objeto de cerciorarse efectivamente del estado de salud actual de la recurrente.

El acto recurrido es ilegal, ya que, infringe los artículos 16 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos -en lo relativo a la motivación de los actos administrativos- y el artículo 16 del D.S. N°3 del año 1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico, sin expresar las razones médicas en que se sustenta el rechazo, y sin señalar los hechos en que se basa tal decisión denegatoria, vulnerando la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República. Además, el actuar de la recurrida representa también una vulneración al número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que señala "La Constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales". Lo anterior, porque al mantener el rechazo de la referida licencia médica, constituye una privación de la remuneración monetaria a la cual tiene derecho el trabajador. Esta situación afecta consecuencialmente, su derecho de propiedad.

Solicita se acoja el recurso, ordenando dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-77582-2023, emitida el 9 de junio del 2023 y ordene el pago de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas Nos 82033899-5 y 83123820-8, extendidas en favor del recurrente o lo que se determine conforme al mérito de autos.

Informa don Francisco Ortega Bello, abogado, en representación de la recurrida Suseso, solicitando en primer lugar se declare la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar que es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales. Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso, ya que el recurrente reclamó mediante presentación de fecha 29 de marzo de 2023, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región del Biobío, que confirmó el rechazo de las licencias médicas Nos 82033899-5 y 83123820-8, extendidas por un total de 60 días, a contar del 31 de enero de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, previo estudio de los antecedentes y con su mérito, su parte, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados, tanto por los informes médicos complementarios como por la ficha clínica institucional presentada, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-77582-2023, de 09 de junio de 2023.

Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que está confirmado en el artículo 3 de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, que dispone que "La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inciso segundo del mismo artículo indica que: "La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley N° 16.395 señala que: "En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley N° 16.395, modificado por la señalada Ley N° 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: "Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley N° 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: "Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo ya señalado, señala que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario "...sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19.”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Solicita finalmente el rechazo del recurso.

Informa doña nombre reservado, Presidente (S) COMPIN Región del Bio Bio, en relación con licencias médicas N° 82033899-5 y 83123820-8, fueron rechazada por la no justificación del reposo medico prolongado (157 días); los antecedentes clínicos aportados son insuficientes, además, no acredita psicoterapia que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y/o detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar, plan de tratamiento y/o prescripción farmacológica, por lo que no se justifica la extensión del reposo médico más allá del periodo previamente autorizado (97 días) considerando, además, guía referencial de reposo médico y reintegración laboral en personas con problemas y/o enfermedad mental MINSAL 2010 y D.S 7/2013 guías clínicas, relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la improcedencia de la acción:

1.- Que, la recurrida Suseso alegó que la materia objeto del presente recurso pertenece al campo de la Seguridad Social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no se encuentra amparado por la acción de protección.

2.- Que, sin embargo, en este caso, el recurrente no reprocha la vulneración de su derecho a los beneficios de seguridad social, sino que la concurrencia o no de los requisitos de procedencia de uno de tales beneficios, como lo es el subsidio por enfermedad o incapacidad laboral, lo que claramente afecta su derecho a la vida y el derecho de propiedad que le correspondería sobre el monto en dinero del subsidio, garantías que sí se encuentran protegidas por la Constitución Política de la República, por lo que esta alegación será rechazada.

II.- En cuanto al fondo:

3.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

4.- Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable para la plausibilidad de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías fundamentales preexistentes y protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

5.- Que el acto que se alega como arbitrario o ilegal es la Resolución Exenta N° R-01-UME-77582-2023. dictada por Suseso, con fecha 9 de junio de 2023, en la cual resuelve rechazar las licencias médicas N°82033899-5, que otorgaba 30 días de reposo, desde el 31 de enero de 2023; la N°83123820-8, que otorgaba 30 días de reposo desde el 2 de marzo de 2023, extendidas por un total de 60 días, por reposo no justificado, sin realizar peritaje médico previo que controvirtiera los informes de su médico tratante y su historia clínica, documentos acompañados al recurso, acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales que señala.

6.- Que, mediante esta acción constitucional, la recurrente solicita que se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, alegando que la arbitrariedad de la resolución recurrida se encuentra en su fundamento ya que para confirmar el rechazo de las licencias médicas denegadas, se justificó i en la insuficiencia de los informes médicos, lo que controvierte la recurrente, según está plasmado en los documentos emitidos por el especialista tratante.

7.- Que, en consecuencia, se trata en la especie de resolver si efectivamente el rechazo de las licencias que se alega constituye o no un acto que afecte a la recurrente, en cuanto se encuentra revestido de ilegalidad o de arbitrariedad, para posteriormente discernir acerca de si se está o no ante eventos que impliquen también una vulneración de garantías constitucionales.

8.- Que, para resolver lo anterior, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud del año 1984, señala que “…en caso de rechazo de una licencia (…) la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por el los artículos 40 inciso final y 41 inciso 4º de la misma ley, las que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, tanto en su sustento material y como jurídico.

9.- Que, como ya se dijo, en los antecedentes a que alude la Suseso para adoptar su decisión de rechazo, se encuentran los informes de los médicos tratantes que justificarían las licencias médicas otorgadas existiendo opiniones contradictorias al momento de evaluar la necesidad de otorgar el descanso laboral, como tratamiento en la recuperación de la salud de la recurrente, desde que por una parte la Suseso, basada en los antecedentes médicos aportados, entiende que no se justifica, pero de otro lado, los profesionales que han otorgado las licencias, las estiman necesarias para el tratamiento.

10.- Que, en razón de lo anterior, el acto impugnado debe ser calificado como ilegal y arbitrario, al carecer del fundamento o motivación exigidos por los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, privando la Resolución Exenta referida por la recurrente, del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, al impedirle acceder al subsidio por incapacidad laboral que de las licencias autorizadas se deriva, vulnerándose el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, dado que el rechazo de sus licencias médicas importa la imposibilidad de recibirlo, afectando con ello su patrimonio.

11.- Que, según se dirá en lo resolutivo, el recurso será acogido, sólo en cuanto se ordenará la realización de un peritaje médico actualizado a la recurrente para que así la autoridad pueda resolver, con los fundamentos adecuados, la procedencia de la autorización de las licencias reclamadas.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. Que, se rechaza la alegación de improcedencia de la acción deducida por la recurrida.

II. Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto debiendo disponerse por la Suseso la práctica de un informe médico pericial siquiátrico que constate personalmente la patología que afecta al recurrente en relación a los documentos acompañados al recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas rechazadas y una vez cumplida dicha diligencia, la entidad recurrida se pronunciará, fundadamente, acerca de las licencias médicas materia de este recurso.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Esquerré Pavón.

No firma el abogado integrante señor Waldo Ortega Jarpa no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Protección-14234-2023.