nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

C.A. de Concepción xsr Concepción, veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece recurriendo de protección el abogado Felipe Andrés Vivanco Vargas, en representación de nombre reservado. Dirige el recurso en contra de la Municipalidad de Concepción.

El acto que reprocha ilegal y arbitrario es el Decreto de Cese de Funciones Nº 1250, de 27 de marzo del 2024, que declara vacante por salud incompatible, el cargo de planta grado 5 que detentaba la recurrente en la Dirección de Administración de Salud Municipal (DAS) del municipio recurrido, sin cumplirse con el presupuesto legal del artículo 151 de la Ley Nº 18.834, esto es, sin haber requerido la corporación edilicia el informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez como entidad especializada, sobre la condición de salud no apta e irrecuperable de la actora en el cargo.

El Decreto de cese le fue notificado el 15 de abril del 2024 y actualmente se halla impugnado con recurso de reposición presentado el 22 de abril pasado, aún pendiente de resolver.

Señala que su representada es enfermera de profesión y que se desempeñaba como tal en el consultorio CESFAM Juan Soto Fernández desde hace veinte años, a partir del 22 de marzo de 2004, grado 5 en la Categoría de Planta de la Dirección de Administración de Salud Municipal (DAS) de la Municipalidad de Concepción. En esa Administración también se desempeñó como Gestora de Sector, Encargada de PNI, Enfermera Clínica, Funcionaria Subrogante en diversas reparticiones del Centro de Salud Familiar, entre otros. En el año 2021 se desempeñó como Encargada de Vacunación del COVID-19. Su hoja de vida registra que en los últimos tres años ha mantenido una conducta de carácter intachable, proba y atingente al cargo que ha detentado hasta la fecha de este recurso de protección.

El 12 de abril de 2024, mientras ejercía sus funciones, la contactaron telefónicamente desde la Dirección de Administración de Salud Municipal, citándola para el día 15. En la reunión del 15 le notificaron personalmente el decreto de cese, por medio de nombre reservado, Subdirectora de Recursos Humanos, esgrimiendo la aplicación de la medida de destitución de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 144, 147 y 148 de la ley 18.883. El artículo 148 trata sobre la facultad del alcalde de considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, pero para ello debe requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, según dispone en su inciso tercero, la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. El municipio soslayó este requisito de validez y no pidió a la entidad especializada el informe sobre la condición de salud de la enfermera recurrente.

Agregó que en el decreto de cese se le indica el período de licencias médicas cuestionadas entre los meses de octubre del año 2019 a octubre del año 2021, es decir, más de dos años y seis meses de los períodos comprendidos en el Decreto Sancionatorio, es decir, abarcando dos períodos de calificación en favor de la actora y que acreditan que cualquier hecho que se le quiera imputar habría decaído por el mero transcurso del plazo comprendido, como también los períodos de calificación de funcionaria a favor de su persona. Añade que la actora tiene un hijo con trastorno del espectro autista y una hija con depresión, circunstancias que gatillaron en la recurrente un trastorno adaptativo y depresivo, utilizando 131 días de licencia médica. Las licencias del período noviembre 2019 a febrero 2020 fueron emitidas por psiquiatra. Las licencias de junio y julio 2020 se las extendieron no porque tuviera problemas laborales, sino porque su hija fue diagnosticada con depresión mayor con trastorno disociativo e ideación suicida y psicosis. Las licencias de los meses de agosto a septiembre del año 2020 se las extendieron por dolor que la aquejaba hace un tiempo con diagnóstico de fractura por estrés de calcáneo en pie izquierdo y mononeuropatía; primero vio un traumatólogo, que la derivó a un neurólogo. Todas las licencias médicas fueron aprobadas por la Isapre Nueva Masvida S.A. Y el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) indicó expresamente en Resolución Exenta Nº 556, de 2 de febrero del 2022, que la actora tiene una salud del tipo recuperable.

Aclaró el abogado que entre licencia y licencia la recurrente se incorporó varias veces al trabajo, incluso trabajó sábados y domingos, lo que se comprueba, por ejemplo, en el calendario 2021, cuando tuvo que organizar y dar comienzo a la Campaña de Vacunación contra el Covid-19. Lo dicho da fe que la salud de la actora es idónea para su cargo y desvirtúa la causal de destitución invocada por el municipio. Cuando la destituyeron se encontraba ejerciendo su cargo con normalidad, desde antes que se incoara el proceso sancionatorio y en el período posterior a las licencias médicas cuestionadas, lo que se demuestra del registro de asistencia. Es más, el año 2024 fue ascendida.

Sostuvo que por Resolución Exenta Nº 4940 de 23 de noviembre del 2022, se solicitó a la actora realizarse una nueva evaluación por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), que volvió a acreditar su estado de salud de carácter recuperable. Extrañamente, dice, en el Decreto de Cese de Funciones Nº1250 de 27 de marzo del 2024 sólo se menciona la Resolución Exenta Nº 556 de 2 de febrero del 2022, pero omite la Resolución Exenta Nº4940. Pero sin lugar a dudas ambas resoluciones, la N°556 y la N°4940, a más de los informes médicos, son prueba fehaciente de que el estado de salud de la recurrente no es incompatible con el cargo.

Estima que el decreto impugnado es ilegal y arbitrario. Ilegal, porque vulnera abiertamente el tenor de los artículos 148 y 151 la Ley N°18.883, que reconocen a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez como el único órgano idóneo para determinar si la salud es irrecuperable o incompatible con el cargo. Arbitrario, comoquiera que sólo un año y medio después de presentar el último informe, venga a desvinculársele, lo que constituye una verdadera desviación de poder y abuso de derecho. Además, no tiene ningún fundamento razonable ni objetivo que justifique la necesidad de la Municipalidad para removerla del cargo que detentaba, sin cumplir con la legalidad y justificación necesarias de todo acto administrativo. No basta esgrimir la ausencia laboral justificada por licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo; debió sopesarse la Hoja de Vida de Funcionario Intachable de la recurrente y sus calificaciones, que dan cuenta de su historial laboral. Vulnera la resolución los principios de contradictoriedad, de transparencia y de probidad contenidos en la ley 19.880.

Agregó que ha de tenerse presente que las disposiciones relativas a la salud incompatible como causal de declaración de vacancia del cargo, difieren de los criterios adoptados en otros cuerpos normativos en relación con la autorización de las Licencias Médicas de los trabajadores y la eventual declaración de invalidez. Por otra parte, el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del Servicio, en la que el Funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues no todas las situaciones son idénticas, por lo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, lo que no por ello se encuentra exenta del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.

Denuncia conculcadas las garantías de los numerales 2, 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja este recurso, con costas, ordenándole a la recurrida que deje sin efecto el Decreto de Cese de Funciones Nº 1250, de 27 de marzo del 2024 en que se declara vacante el cargo de la actora; que se sirva dejar sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga la validez del acto recurrido; que se ordene restituir a doña nombre reservado en el cargo de Funcionaria Planta Grado 5 del CESFAM Juan Soto Fernández de la Dirección de Administración de Salud Municipal (DAS) de la Ilustre Municipalidad de Concepción; que se ordene la restitución de las diferencias de remuneraciones que se devenguen durante la tramitación del presente recurso de protección, en la medida que éste sea acogido; que se dispongan por la Corte las demás medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho; que se ordene que dentro del plazo de cinco días corridos desde que se dicte la sentencia en autos, la municipalidad recurrida deberá dar cumplimiento a lo que se ordene en ella.

Informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región del Biobío, por medio de su presidenta nombre reservado. Dijo que la recurrente fue evaluada por la Comisión Médica de COMPIN Provincial Concepción, dentro de las esferas de sus competencias, a fin de establecer la irrecuperalibilidad laboral por solicitud de evaluación realizada por el empleador a través de Ord. N°1269, de 22 de diciembre de 2023.

Agregó que son la Ley N°18.834, Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos y municipales, sistematizado por el D.F.L N°29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, y la Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para los funcionarios Municipales, los cuerpos normativos que regulan expresamente la expiración de funciones por causa de salud incompatible, disponiendo las condiciones que se deben cumplir para que opere la causal, así como los requisitos de legalidad, formalidad y comunicación al afectado. Respecto a la declaración de “salud incompatible”, el artículo 151 del Estatuto dispone que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerara para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de ese estatuto, esto es, por accidente del trabajo y enfermedad profesional, y el Título II del Libro II del Código del Trabajo, es decir, aquellos reposos vinculados con la maternidad. El artículo 63 de la ley N° 21.050 agregó un inciso tercero al artículo 151, el que dispone que “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Agregó que esa COMPIN, conforme a las facultades delegadas, procedió a evaluar los antecedentes de la señora nombre reservado, así como historial de licencias médicas e informes aportados por el empleador, determinándose por la Comisión Médica a través de Resolución Exenta N°556 del 2 de febrero del 2022, la recuperabilidad laboral del paciente. Atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN estime que la salud de la funcionario es recuperable, el empleador se encuentra igualmente facultado para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de éste por esa causa. Lo anterior, según Dictamen N°17.351, del 17 de julio de 2018, de la Controlaría General de la República, en el que concluyó que, en el evento que el informe de la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y en caso contrario, esto es, si esa institución informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad, pues en tal caso correspondería que la Comisión Médica pertinente conozca del asunto, a fin de que esta última entidad pondere declarar la salud irrecuperable de dicho trabajador. Ese dictamen concluyó que no puede entenderse por la vía interpretativa que, frente a un informe de la COMPIN que declare que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra impedida de ejercer la facultad de declarar su salud incompatible, pues si aquella hubiese sido su intención, el legislador lo habría señalado expresamente, por lo que la pretensión planteada por la recurrente necesariamente requiere de una modificación legal.

Acompañó al informe copias de la Resolución Exenta N°556, de 2 de febrero de 2022, del expediente administrativo de la actora y del Dictamen N°17351, de 11 de julio de 2018.

Informó la recurrida Municipalidad de Concepción, por medio del abogado Giovani Péndola Belmar, solicitando el rechazo de la acción, por no ser esta sede la vía idónea para resolver el conflicto planteado y por no haber incurrido la Corporación en acto ilegal ni arbitrario.

En primer lugar, alega que este recurso de protección no es la vía idónea para resolver el asunto, porque el recurso de impugnación específico consagrado en el ordenamiento jurídico es la reclamación prevista en el artículo 151 de la Ley N° 18.695.

En lo que concierne al fondo, dijo que no existe acto ilegal ni arbitrario de parte de la Municipalidad. Procedió la Administración a remitir los antecedentes de la recurrente a la COMPIN, la cual señaló mediante el pertinente acto administrativo que la salud de ella era recuperable. Entonces, el municipio quedó habilitado para hacer uso de la causal de desvinculación por salud incompatible.

Explicó el abogado que el artículo 147, letra a), de la ley Nº 18.883, prevé que los funcionarios municipales cesarán en el cargo por declaración de vacancia, entre otras causales, por salud incompatible con su desempeño. Luego, el artículo 148 inciso primero señala que “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”. Su inciso tercero agrega que el alcalde, para ejercer tal facultad, deberá requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud. Lo anterior en coordinación con la Ley de Atención de Salud Primaria (número 19.378) en su artículo 48 letra g) que rige a los funcionarios de la salud municipal.

Agregó que el informe de la COMPIN sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad de la salud del servidor es determinante para que el alcalde pueda ejercer posteriormente la atribución de declarar el cese de funciones por salud incompatible con el desempeño del cargo (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 7.587, de 2020 de la Contraloría General de la República entre otros cumulo de dictámenes invariables en el sentido anterior). Si la COMPIN estima que la salud del funcionario que ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años es recuperable, la autoridad se encuentra facultada legalmente, a posteriori, para declarar la mencionada causal de incompatibilidad. En la situación opuesta, esto es, si se informa que la salud es irrecuperable por parte de la COMPIN, no podrá declararse la posterior incompatibilidad, pues nace para el funcionario el derecho a acceder a los beneficios de seguridad social propios de dicha declaración (aplica dictamen Nº 33.241, de 2019 de la Contraloría General de la República).

En la especie, sí se solicitó a la COMPIN su pronunciamiento, quien señaló que la salud de la actora era recuperable. Para que el acto administrativo terminal fuese fundado, decretaron un procedimiento al efecto, contenido en “protocolo: desvinculación por computo de licencia médica”, en donde se indica la forma en que la Administración ejercerá aquella facultad dando chances al funcionario de descargar. Aquel fue puesto en conocimiento mediante correo electrónico institucional de conformidad al punto 9 página 11 de ese protocolo, con anterioridad al uso del artículo 147 de la Ley 18.883 (salud incompatible con el cargo).

Además, en el decreto que declara la salud incompatible número 2564-22, del 25 de noviembre del 2022, en su punto 4 de la parte resolutiva se le hace saber a la funcionaria que hay un procedimiento para reclamar. Si el funcionario no descarga, se entenderá ejecutoriada la resolución de desvinculación por salud incompatible para el desempeño del cargo. En cambio, si descarga, aquel será conocido por una comisión compuesta por enfermera y Sub Directora de Recursos Humanos de Salud Municipal (doña nombre reservado), matrona y Directora de Salud Municipal (doña nombre reservado), abogado (don Giovani Péndola Belmar) y médico (don nombre reservado / don nombre reservado) en aras de mantener o revocar la desvinculación por salud incompatible. Por manera que hubo estricto cumplimiento al artículo 41 de la Ley 19.880 en la fundabilidad del acto administrativo y al debido proceso.

Desde un punto de vista de la discrecionalidad técnica, esa Administración sí está en condiciones de hacer un análisis en salud, a proponer al Alcalde, dado que la Comisión en cuestión está compuesta por profesionales de la salud.

Aclara que el concepto “salud incompatible” no está definido legalmente; por tanto, debe ser construido dentro del ejercicio de una potestad discrecional, siempre guardando respeto a principios como la legalidad, razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, etcétera, del acto administrativo. Esa administración entiende que la “incompatibilidad” refiere a aspectos del funcionario (a) en comento que escapan a la mera “recuperabilidad” de su salud, que es más bien concreta, empírica, exclusivamente científica etc. y que, de manera sabia, el legislador la deja a un organismo técnico como es la COMPIN. El análisis que hace la Administración de la “incompatibilidad” es en abstracto contrastándolo con el “cargo” del funcionario ya que el mismo artículo 148, ya señalado, indica “salud incompatible con el desempeño del cargo…”, de modo que es una incompatibilidad en función del “cargo”, siendo ello un análisis que el legislador no le brinda a la COMPIN, quien sólo se puede pronunciar de la “irrecuperabilidad” en el puro sentido técnico, sino a la Administración empleadora quien está en posición de hacer esa ponderación “salud versus desempeño del cargo”, en abstracto, contrastando la situación sanitaria del funcionario con su cargo a diferencia de la mera “recuperabilidad” que es en concreto, sin contrastarlo con otros aspectos, determinando la COMPIN empíricamente si aquélla se configura o no, estando desprovisto aquel análisis de otros elementos a ponderar que dicen relación al entorno funcionario del reclamante.

Después se refiere a las cuatro ponderaciones que esa Administración tuvo en consideración en aras de determinar la salud incompatible con el cargo, y que se contienen en el pertinente protocolo, ponderadas por la Comisión.

Primero, retorno a las funciones del funcionario a evaluar. Se evalúa la permanencia del funcionario en sus labores después del corte evaluado para 180 días.

En segundo lugar, diagnóstico por enfermedad grave. Se revisan los antecedentes aportados por el funcionario y se excluyen aquellos que presenten patología grave, que le impidan al funcionario el desarrollo de sus funciones presenciales. Tales como, Cáncer, Hospitalizaciones, Cirugías en el periodo evaluado (nótese que el cáncer está excluido por dictamen E127453N21 de la Contraloría General de la República).

En tercer lugar, diagnóstico de las licencias médicas presentadas. Bajo criterio médico, se evalúa diagnósticos que presenta el funcionario en su historial de licencias médicas.

Por último, situaciones especiales. Se excluyen de la declaración de salud incompatible aquellas licencias que estén descritas en el punto 6, letra c del protocolo vigente, para la desvinculación por computo de licencias médicas, como “retorno a la funciones del funcionario”, “diagnostico por enfermedad grave”, “diagnóstico de licencias médicas presentadas”.

Aclara que los criterios señalados anteriormente apuntan a un análisis en abstracto de la incompatibilidad, tomando en consideración si el funcionario ha hecho el intento de retornar sus labores, la gravedad de la patología versus a las labores que realiza (por ejemplo, es distinta la ponderación en un chofer cuya enfermedad podría causar un accidente de tránsito que a la de un administrativo), el tipo de diagnóstico como situaciones especiales donde tenemos a los funcionarios con enfermedades críticas como el cáncer.

La actora presentó el siguiente descargo: diagnóstico de Colitis y gatroenteritis, trastorno adaptativo y ánimo depresivo ansioso, episodio depresivo grave sin síntomas psícóticos, trastorno de pánico, fractura de estrés de calcáneo pie izquierdo, neuropatía del NPC v/s NTP pie izquierdo, discopatía L4-L5, con evidencia de radiculopatía, lumbago con ciática, a la revisión de antecedentes se observan licencias médicas asociadas a múltiples diagnósticos.

Evacuados los descargos, la Comisión procedió a ponderar la incompatibilidad de marras, de la siguiente manera:

En el criterio retorno a sus funciones, se evalúa hoja de vida y registro de asistencia, funcionarla no presenta retorno a sus actividades laborales en el periodo evaluado.

En el criterio diagnóstico por enfermedad grave: funcionaría presenta informes médicos que no respaldan enfermedades como Cáncer, hospitalizaciones y/o cirugías en el periodo evaluado.

En el criterio situaciones especiales: a la revisión de los antecedentes aportados por la funcionaria como descargos, no se observa ingreso de licencias médicas que están descritas en el punto 6 letra C del Protocolo Vigente “Desvinculación por computo de Licencias Médicas”. Cumple criterios para desvinculación.

Como corolario, dice el informante que la potestad discrecional fue correctamente ejercida y fundada, tras un procedimiento previo a fin de que la recurrente tuviese la chance de ser oída en aras de motivar adecuadamente el acto administrativo impugnado, dentro del contexto de una potestad discrecional. Además, que la Comisión tuvo a la vista la hoja de vida funcionaria donde figura el número y duración de las licencias de la reclamante. En consecuencia, tampoco existió una vulneración a las garantías constitucionales conculcadas.

Pide, en consecuencia, que se rechace en todas sus partes este recurso de protección. En subsidio, para el caso que se acoja el recurso, pide que sólo se anule el acto administrativo para que la Administración pueda volver a revisar los antecedentes, lo dicho en virtud del principio de deferencia y separación de poderes, no pudiendo el Poder Judicial tomar decisiones de orden administrativo, las cuales corresponden al Poder Ejecutivo, sin que pueda reemplazarlo para tales efectos.

En apoyo a sus defensas, cita jurisprudencia.

Acompañó al informe copia del “Protocolo: desvinculación por cómputo de licencia médica”; del Decreto Alcaldicio que declara la salud incompatible dando chance de descargos número 2564-22 del 25 de noviembre del 2022; del que lo mantiene número 1250-24 del 27 de marzo del 2024, de la resolución COMPIN declarando la salud recuperable del recurrente, número 575 del año 2022; de la hoja de vida funcionaria del reclamante, con historial de licencias médicas, de las actas de comisión Salud Municipal evaluando salud incompatible con el cargo, primera y segunda sesión, de la evaluación médica realizada por la Comisión y suscrita por sus miembros, de los descargos administrativos de la recurrente, del decreto 44-2024 que aprueba contrato de honorario del médico don nombre reservado, del contrato de honorarios del médico nombre reservado Valle con Municipalidad de Concepción, del título de Médico de nombre reservado y cédula de identidad, de la inscripción EUNACOM de don nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- El recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal. Requiere para su procedencia la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

2.- La recurrente tilda de ilegal y arbitraria la decisión adoptada por la recurrida, contenida en el Decreto Alcaldicio N° 1250, de 27 de marzo de 2024, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, sin haber requerido previamente el respectivo informe de Compin y por carecer de un análisis fundado de todos los antecedentes relevantes.

3.- La recurrida por su parte sostuvo que no existió ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que se impugna, que sí se requirió el informe de Compin, donde se concluyó que la salud de la recurrente era recuperable, quedando con ello facultada para decretar la salud incompatible y, consecuencialmente, la vacancia del cargo, respetando el procedimiento y condiciones reguladas en el protocolo dictado al efecto por la Municipalidad de Concepción.

4.- De los antecedentes aportados a la causa, resultan ser hechos indubitados los siguientes: a) que la recurrente hizo uso de licencia médica por enfermedad o accidente común por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años a la fecha de la dictación del acto impugnado (desde octubre de 2019 a octubre de 2021), sin mediar una declaración de salud irrecuperable; y b) que la Comisión de Medicina Preventiva (COMPIN) se pronunció constatando el estado de salud recuperable de la evaluada (por Resoluciones Exentas 556, de 2 de febrero de 2022 y 4940, de 23 de noviembre de 2022).

5.- El artículo 64 de la Ley 21.050 incorporó un inciso tercero nuevo al artículo 148 de la Ley N° 18.883 que contiene el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, cuyo tenor es el siguiente: “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Nuestro Máximo Tribunal ha señalado que “…la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que al emanar del órgano técnico competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público; y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151, del Estatuto Administrativo” (sentencia de 29 de agosto de 2023, rol N° 141.453-2023, considerandos séptimo y octavo). Ello es homologable al sentido de la norma del artículo 148 de la Ley N° 18.883, aplicable para el caso que nos ocupa, constituyendo la única interpretación que materializa la intención del legislador y que permite dar sentido a la dictación de la Ley Nº 21.050, puesto que de otra forma aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

Si bien la supuesta incompatibilidad con las labores, debe fundarse en antecedentes técnicos que determinan que necesariamente la Compin debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al Alcalde para declarar la vacancia del cargo.

6.- En la especie, habiendo declarado la Compin que la salud de la actora es recuperable, la actuación de la recurrida, que declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 de la Ley Nº 18.883, es ilegal y ha vulnerado los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 artículo 19 de la Constitución.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Concepción y, en consecuencia, se deja sin efecto el acto recurrido que declaró la vacancia del cargo desempeñado por la recurrente, por salud incompatible, y se ordena que la Municipalidad deberá reincorporar de inmediato a la funcionaria en su cargo y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Oportunamente dese cumplimiento con lo previsto en el numeral 14 del Auto Acordado más arriba aludido, comunicándose la sentencia a las partes.

Redacción del ministro Rodrigo Cerda San Martín.

Aunque concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, no firma la ministra señora Vivian Alexandra Iza Miranda, por estar haciendo uso de licencia médica.

N°Protección-14127-2024.