nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE Y OTROS

C.A. de Concepción.

Concepción, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Banco Estado, de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), y en contra de la Tesorería General de la República.

Narra que producto de la situación económica en que se encontraba, con fecha 15 de noviembre de 2017 debió solicitar la liquidación voluntaria de sus bienes en los términos establecidos en la Ley 20.720, bajo el rol C-7469-2017 ante el 3° Juzgado Civil de Concepción. En dicho procedimiento, ofreció todos sus bienes para el pago de las deudas existentes, dictándose la resolución de término con fecha 12 de noviembre de 2020, para luego certificarse que se encontraba ejecutoriada el 3 de diciembre del mismo año. En consecuencia, y al amparo del artículo 255 de la referida ley, se han extinguidos por el sólo ministerio de la ley y para todos los efectos legales, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación.

Entre ellas, la deuda con el Instituto Profesional Virginio Gómez, ascendente a la suma de $2.159.676, por concepto de dos años de estudio financiados mediante el Crédito con Aval del Estado, otorgado por Banco Estado, y cuyo pago estaba siendo demandado ante el 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción en causa ROL C-4938-2012.

Relata que ni el referido Instituto ni el Banco concurrieron al procedimiento verificando su crédito o solicitando la exclusión de éste, en consecuencia, se extinguieron dichas acreencias y debió ser eliminado de sus registros como persona deudora.

Expone que no obstante lo anterior, el 17 de mayo del 2023, al solicitar a la Tesorería General de la República la devolución de los impuestos a la renta correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, esta no se efectuó a consecuencia del procedimiento concursal ROL C-7469- 2017, ya antes referido, y que luego, el 18 de junio de 2023, se le informó lo siguiente: “Al respecto de su solicitud ticket N°790010, podemos informar, que: según registro del servicio de Tesorerías ( TGR) los dineros fueron liberados, pero a su vez retenidos por mandato judicial, del Banco del Estado de Chile, deuda de Crédito Universitario.”

En otro aspecto, expone que al consultar la página de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), aún se le registra como deudor moroso del crédito universitario, desconociendo con ello efecto extintivo de la resolución de término dictada en el procedimiento concursal ya referido.

También narra que en contra del Instituto Profesional Virginio Gómez, no obstante lo anterior, igualmente debió recurrir de protección en causa Rol 4.690-2021, para que en definitiva la sentencia de 12 de agosto de 2021 dispusiera: “II.-Que acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Instituto Profesional Virginio Gómez, ordenándose al recurrido eliminar de sus registros de morosidad aquellas deudas de la actora contraídas con anterioridad al 15 de noviembre de 2017, y que se refieran al crédito con aval del Estado otorgado en su oportunidad.”

Expresa que el actuar de las recurridas le ha conculcado el derecho establecido en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, el cual asegura: “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”. En concreto, dicha vulneración se produce al momento de informar su incumplimiento, en circunstancias que la deuda se encontraba extinta por resolución judicial, afectando con ello su prestigio y crédito público, exponiéndola como una persona incapaz de cumplir sus obligaciones.

Que, dicho actuar resulta arbitrario, toda vez que es caprichoso e infundado, desconociendo el efecto de la resolución dictada en el procedimiento concursal, y también es ilegal, por cuanto limita los efectos propios de la resolución de término establecido en el artículo 255 de la Ley 20.720, y desconoce lo prescrito en el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 19.628, que ordena: “Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo legal”.

En lo pertinente termina pidiendo: “Se ordene a las recurridas, Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), Banco del Estado de Chile y Tesorería General de la República, a adoptar todas las medidas necesarias, tendientes a eliminar de los registros comerciales y bancarios a esta parte, y en especial a Banco del Estado de Chile o Tesorería General de la República, según corresponda, se ordene la devolución de los impuestos a la Renta retenidos, de los años tributarios 2021, 2022 y 2023.”

A folio 6 informa nombre reservado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, señalando que el procedimiento concursal de liquidación es un juicio de carácter universal y colectivo, el cual se extiende a todos los miembros de un determinado status jurídico, tornando en partes de la ejecución colectiva a todos aquellos que tenían la calidad de acreedores del deudor al tiempo de dictarse la resolución de liquidación, siendo la verificación de sus créditos, la única vía mediante la cual estos pueden ejercer las acciones tendientes a perseguir el pago de sus créditos.

Que, en dicho contexto, los acreedores tienen el plazo de treinta días contado desde la fecha de la publicación de la resolución de liquidación, para que se presenten con los documentos justificativos, bajo apercibimiento de ser afectados por los resultados del juicio. La universalidad del concurso, continua argumentando, persigue la desaparición completa de las deudas del deudor sin nueva citación, de ahí que los acreedores deban verificar sus créditos, ya que de otro modo, una vez firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del procedimiento, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley, y para todos los efectos legales, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación.

A continuación, expone que de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 6 de la Ley 20.720, una vez finalizado el procedimiento, la superintendencia debe proceder a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos del deudor en el Boletín Concursal, según lo establecido en la Ley 19.628, lo cual realizó, no existiendo publicación alguna respecto de la recurrente.

A folio 11 informa la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), exponiendo en primer término el funcionamiento del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, para posteriormente explicar que la recurrente efectivamente financió sus estudios, durante dos años, de Técnico en Administración en el Instituto Profesional Virginio Gómez, siendo el Banco del Estado de Chile quien lo administró y otorgó. Declara que el año 2011 se certificó la deserción académica de la recurrente, y en consecuencia, se generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas del referido financiamiento, dado que pagó solo tres cuotas.

Por lo anterior, expone que el Banco Estado de Chile presentó demanda ejecutiva, dando cumplimiento a las obligaciones propias de la administración y cobro de los referidos créditos, en virtud de la Ley N°20.027 y de su Reglamento, y solicitó también el pago de la Garantía por Deserción Académica. En definitiva, el Banco Estado era titular del 10% de deuda, y el Instituto Profesional Virginio Gómez del 90% restante.

Expone que el artículo 17 de la Ley 20.027, establece lo siguiente: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor del crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora de la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.”, lo cual se refuerza con lo dispuesto en el artículo 44 de la referida ley, Pues bien, expone que el referido instituto profesional le informó a la comisión la deuda existente, por la suma de 87,5790 UF - correspondiente al 90% de la deuda garantizada- y luego ella remitió los antecedentes de la deuda informada por la casa de estudios, a la Tesorería General de la República.

A continuación expone textualmente lo siguiente: “Conforme se ha sido posible verificar, en autos sobre Liquidación Voluntaria de la recurrente, Rol N°7469-2017, del 3° Juzgado Civil de Concepción, con fecha 27 de abril de 2018 se dictó resolución de liquidación, y durante el plazo concedido por el tribunal, ni el acreedor Banco del Estado de Chile, ni el IP Dr. nombre reservado, concurrieron a verificar sus respectivas acreencias, por lo que una vez dictada la resolución de término del procedimiento, con fecha 12 de noviembre de 2020, por el solo ministerio de la ley, se extinguieron los saldos insolutos de las obligaciones derivadas del Crédito con Garantía Estatal.

En razón en lo anterior, la institución de educación superior, IP Dr. nombre reservado, debió abstenerse de informar a la Comisión la deuda de doña nombre reservado, para su remisión por parte de este servicio a la Tesorería General de la República, toda vez que no existían saldos pendientes de pago.”

Argumenta que su actuar no es arbitrario o ilegal, ya que procedió a requerir de inmediato al Banco del Estado de Chile, la restitución de los montos retenidos y cuyo destino era el Instituto Profesional Virginio Gómez, correspondientes a la devolución de impuestos del proceso de Operación Renta del año 2023, considerando que la deuda se encuentra extinguida. Es más, asevera que la retención de impuestos de la recurrente fue abonada con fecha 19 de julio de 2023, estando disponibles los montos retenidos.

Por tanto, solicita el rechazo de la presente acción, toda vez que faltaría el presupuesto fáctico indispensable para que el recurso pueda ser acogido, y en consecuencia no existe vulneración alguna del derecho consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, ni medida alguna que pueda adoptarse para restablecer el imperio del derecho.

A folio 24, informa la Tesorería General de la República, señalando que la devolución de los remanentes de pago, debidamente autorizado y liberado por el Servicio de Impuestos Internos para los años tributarios 2021, 2022 y 2023, no pudo ser restituida a la recurrente puesto que el 12 de abril de 2023, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), ingresó retención, por todas las devoluciones de Renta, por deuda generada con ocasión del Crédito con Aval del Estado, por la suma de 87.58 Unidades de Fomento, en favor del acreedor Banco del Estado de Chile.

Expone que al tenor de la Ley 20.027 y su Reglamento, le corresponde efectuar las retenciones que le informe la entidad crediticia acreedora e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. En consecuencia, sólo se ha limitado a dar cumplimiento a las obligaciones que le ha impuesto la ley, por lo cual su actuar no puede considerarse arbitrario o ilegal como se pretende.

Termina señalando que actualmente la recurrente no registra deuda en su cuenta única.

En folio 25 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho vulnerado. Es entonces, requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o carente de razonabilidad o fundamentación de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas, y que las medidas que se ordenen, permitan cumplir con la finalidad perseguida, esto es restablecer el imperio del derecho y salvaguardar los derechos vulnerados.

2.- Que, como se consignó en lo expositivo, el acto que la recurrente reprocha de ilegal y arbitrario y que sirve de fundamento al recurso, es mantener vigente en los registros bancarios y comerciales, y en especial en los del Banco del Estado de Chile y Tesorería General de la República, su calidad de deudora del Crédito con Aval del Estado, que adquirió producto de los dos años cursados en el Instituto Profesional Virginio Gomez, no obstante el proceso de liquidación voluntaria de sus bienes seguido ante el 3° Juzgado Civil de Concepción en causa bajo el rol C-7469-2017 -en los términos establecidos en la Ley 20.720– y cuya sentencia definitiva se encuentra firme. Desconociendo con dicho proceder, el efecto extintivo sobre sus deudas y en consecuencia, el deber de ser eliminada de los registros como persona deudora.

A consecuencia de hallarse aun en los registros, se le ha retenido la devolución de los Impuestos a la Renta correspondientes a los años tributarios 2021, 2022 y 2023, por parte de la Tesorería General de la República. Al ser eliminada de estos, pide que la tesorería se los restituya.

3.- Por su parte, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, reconoce el efecto liberador de la sentencia dictada en el procedimiento ya referido, y expone a continuación que de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 6 de la Ley 20.720, una vez finalizado el procedimiento procedió a la eliminación de los datos de la recurrente en el Boletín Comercial, según lo establecido en la Ley 19.628, no existiendo publicación alguna respecto de la recurrente.

4.- La Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), señaló a su vez, que el Instituto Profesional Virginio Gómez, debió abstenerse de informar a la Comisión la deuda, para su remisión por parte de este servicio a la Tesorería General de la República, toda vez que no existían saldos pendientes de pago.

Que procedió a requerir al Banco del Estado de Chile, la restitución de los montos retenidos correspondientes a la devolución de impuestos del proceso de Operación Renta del año 2023, y que la retención de impuestos de la recurrente fue abonada con fecha 19 de julio de 2023, estando disponibles.

5.- La Tesorería General de la República indicó, en lo pertinente, que actualmente la recurrente no registra deuda en su cuenta única, y que se limitó a ejecutar lo solicitado por las entidades acreedoras.

6.- Analizado lo pedido por la recurrida, en el sentido que: “Se ordene a las recurridas, Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), Banco del Estado de Chile y Tesorería General de la República, a adoptar todas las medidas necesarias, tendientes a eliminar de los registros comerciales y bancarios a esta parte, y en especial a Banco del Estado de Chile o Tesorería General de la República, según corresponda, se ordene la devolución de los impuestos a la Renta retenidos, de los años tributarios 2021, 2022 y 2023.”, y lo expuesto en los informes de cada uno de los recurridos, esta Corte estima que no hay medida alguna que pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, toda vez que ya fueron eliminadas de los registros correspondientes las deudas anteriores al procedimiento de liquidación voluntaria a que se sometió, y estar disponibles los fondos referentes a la operación renta de los años tributarios que reclama, por ende, el presente recurso ha perdido oportunidad y será rechazado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de Banco Estado, de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), y en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Oportunamente dese cumplimiento con lo previsto en el numeral 14 del Auto Acordado más arriba aludido, comunicándose la sentencia a las partes.

Redacción del abogado Integrante Felipe Muñoz Levasier.

No firma el abogado redactor Sr. Muñoz, por encontrarse ausente.

Rol Protección: 13.937-2023.