Protección contra Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior

C.A. de Concepción rtp Concepción, dieciocho de enero de dos mil veintidós.

Vistos:

Compareció en este proceso Rol N° 13.476-2021, Libro Protección, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, “por sí” (sic) y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región del Biobío, e interpuso Acción de Protección de garantías constitucionales en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por nombre reservado, Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en domicilio reservado, por lo que califica de omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva, solicitada el 03 de octubre de 2019, por cuanto, en su concepto, dicha omisión vulnera la garantía de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República de Chile, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880.

Expone, en síntesis, que la recurrente se encuentra en el país como residente temporaria, en virtud de visa otorgada por la autoridad correspondiente.

Agrega que el 3 de octubre de 2019, previo vencimiento de su visa como residente temporal, requirió el beneficio de permanencia definitiva, lo que consta en solicitud N°1551866.

Añade que la actora fue notificada por parte del Departamento de Extranjería y Migración que debía “subsanar documentos”, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para cumplir con ello, lo que habría cumplido dentro del término otorgado. Precisa que el 17 de julio de 2020, la tramitación correspondiente avanzó a la etapa de revisión documental, lo que según afirma, consta en el comprobante que acompaña.

Dice que, pese a lo anterior, no ha recibido ninguna respuesta por parte del recurrido, ni se ha liberado la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado.

Concluye solicitando que se acoja esta acción constitucional, ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informó Francisco Javier Alarcón Calderón, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mandatario judicial de nombre reservado, Jefe del antedicho organismo, señalando, en síntesis, que mediante Resolución Exenta N°13276, de 19 de noviembre de 2018, se otorgó visa de residente temporaria a la actora nombre reservado. Posteriormente, el 03 de octubre de 2019, la recurrente solicitó ante esa autoridad permiso de permanencia definitiva.

Posteriormente, según Resolución Exenta N°21421261, de 10 de diciembre de 2021, se le informó que la referida solicitud se encuentra en aquella etapa de análisis resolutivo, consistente en la validación de pago de los derechos y en la revisión de antecedentes aportados por instituciones externas sobre antecedentes delictuales de la persona extranjera, según corresponda, de conformidad a la Circular N°12 del Servicio Nacional de Migraciones.

Explica, entre los antecedentes de derecho, que al ofrecer esa autoridad migratoria un constante pronunciamiento respecto del estado actual de todas las solicitudes de permanencia definitiva ingresadas a su sistema informático, a través de la emisión de las correspondientes resoluciones exentas, circunstancia que según el informante acredita una actividad constante por parte de esa autoridad en la tramitación de todas las solicitudes recibidas de esa naturaleza, no es posible configurar bajo ningún respecto alguna hipótesis de silencio administrativo en los términos de los artículos 64 y 65 de la Ley N°19.880.

Luego cita y transcribe normas legales y administrativas que rigen la materia de este recurso y concluye que la autoridad recurrida no incurrió en las ilegalidades y arbitrariedades que le atribuye el recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se refieren, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho o voluntad infundada de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos ya señalados, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes que se encuentran protegidas 2°) Que la acción constitucional de que se trata dice relación con la dilación que se atribuye a la recurrida, quien no se ha pronunciado mediante un acto terminal acerca de la solicitud de permanencia definitiva de la parte recurrente, que ponga fin al procedimiento y que se refiera al fondo de su petición de permanencia definitiva en Chile. Por lo anterior, se pide la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, a fin que se proceda a la resolución de su solicitud;

3°) Que al informar, el recurrido, alega que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por la Carta Fundamental por cuanto, en su concepto, las actuaciones de la autoridad fueron realizadas según las normas especiales del procedimiento previstas en el Decreto Ley N°1.094 y el Decreto Supremo N°597, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880, no existiendo en consecuencia derechos constitucionales de la parte recurrente que hayan sido vulnerados o conculcados;

4°) Que en la especie se está ante una tramitación administrativa llevada a cabo conforme a los artículos 125 y 135 del Decreto Supremo N° 597, Reglamento de la Ley nombre reservado, Decreto Ley N°1.094.

Igualmente, los antecedentes proporcionados por las partes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, habilitan para concluir que en la especie se trata de persona de nacionalidad venezolana, que solicitó visa de permanencia definitiva el 3 de octubre de 2019 y a la fecha de interposición de este recurso, 18 de noviembre de 2021, no existe resolución final acerca de la solicitud;

5°) Que sin perjuicio de lo informado por la recurrida, en cuanto a que la solicitud de la persona recurrente se encuentra aún en trámite y pendiente de resolución, lo cierto es que precisamente se ha recurrido en contra de la demora o tardanza en pronunciarse mediante acto administrativo terminal acerca de la solicitud de permanencia definitiva en Chile, habiendo la parte recurrente acompañado todos los antecedentes necesarios para ello;

6°) Que si bien conforme a los artículos 81 y 133 del Reglamento nombre reservado, la permanencia definitiva de la parte recurrente se encuentra en actual tramitación, y por tanto, ésta se encuentra de manera regular en el país, de acuerdo a los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que norman las bases de la tramitación administrativa que rige los actos de los órganos de la Administración del Estado, en casos como el presente, el procedimiento debe impulsarse por la autoridad con la finalidad específica de hacer expeditos los trámites que deben cumplirse para arribar a una oportuna decisión, evitando la dilación del procedimiento. Lo anterior pese a las circunstancias de hecho que vive domicilio reservado, lo que si bien es explicación hábil para aceptar un retraso, no lo es al punto de entender uno de la magnitud del que se trata;

7°) Que la Excma. Corte Suprema de Justicia ha manifestado, en caso similar al presente, causa Rol N° 49.865-2021, lo siguiente: “Cuarto: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente...”

8°) Que, en consecuencia, atendida la fecha de la solicitud y el tiempo transcurrido, se concluye que no se ha dado aplicación a los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad previstos en la Ley 19.880, afectando la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente y afectando a la parte solicitante en términos tales que a pesar del tiempo transcurrido y los trámites y requisitos planteados, no se ha resuelto el fondo de su petición administrativa, acogiéndola o denegándola, encontrándose obligada la autoridad, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, a emitir dicho pronunciamiento en forma oportuna.

9°) Que en razón de todo lo señalado, resulta pertinente acoger esta acción de protección, pues la conducta de la recurrida resulta arbitraria y contraria a la normativa vigente, al dilatar en forma reiterada el pronunciamiento acerca de la permanencia definitiva, vulnerando así el derecho de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile, específicamente a través de la dilación de pronunciamiento respecto de la solicitud de permanencia definitiva.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta por Pablo Daniel Peñaloza Parra a favor de nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por la referida parte recurrente, dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia, comunicándolo a los interesados.

Acordada contra el voto del ministro Sr. Gutiérrez, quien fue de opinión de rechazar este recurso de protección, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones:

Primera: Que de la lectura de la normativa transcrita en el fallo puede concluirse que el acto recurrido es legal, por cuanto fue pronunciado por la autoridad facultada para disponerla, en un caso previsto por la ley y con observancia de las formalidades legales.

En lo que dice relación con la supuesta arbitrariedad, que se sustenta fundamentalmente en la tardanza en la tramitación de las visas de la persona amparada, debe decirse que ello no fue producto de un capricho de la autoridad recurrida, sino que la Administración se vio enfrentada a diversos obstáculos impedientes para prestar el normal servicio de tramitación de las visas a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela. Ha importado también una dificultad especial por la excepcional cantidad de solicitudes que se reciben, los que significan un porcentaje mayor del universo total de visaciones que los consulados de Chile tramitan en todo el subcontinente sudamericano;

Segunda: Que el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley nombre reservado, señala: "La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades".

Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento nombre reservado.

A su vez, el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento nombre reservado, señala: "Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva...".

Por su parte, el artículo 157 establece, en lo pertinente a este recurso: "En general, la residencia legal en el país puede acreditarse con alguno de los siguientes documentos vigentes: …5. Comprobante establecido en el artículo 135°” (se refiere a la efectividad de existir solicitud de residencia definitiva);

Tercera: Que a consecuencia de lo anteriormente señalado, estando en tramitación la solicitud de la persona extranjera se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pues la regularidad en el país de ella, tiene fundamento en el artículo 157 del Reglamento de la Ley nombre reservado transcrito precedentemente, por lo que este disidente entiende que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

No firma el ministro señor Gonzalo Rojas Monje, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol N° 13.476-2021. Protección.