nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

C.A. de Concepción Concepción, nueve de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece Marcelo Brunet Bruce, abogado, con domicilio en domicilio reservado, recurre de protección a favor de nombre reservado y en contra de la I Municipalidad de Concepción, organismo público del giro de su denominación, Rut RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, Alcalde y representante legal de la recurrida, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región del Biobío, Chile.

Indica que el recurrente, desde el año 2007 trabajó en la administración de salud de la Municipalidad de Concepción, desempeñándose como técnico en enfermería de nivel superior (TENS) en el Servicio de Atención Primario de Urgencia (SAPU) del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Santa Sabina.

Refiere que con fecha 23 de noviembre de 2022, por medio de resolución exenta 4945 de la Comisión de Medicina Preventiva (COMPIN), el señor nombre reservado recibió carta “MAT: Evaluación por Salud Irrecuperable de Funcionario Público”, que concluyó que el recurrente presentaba un estado de salud recuperable.

Agrega que, con fecha 27 de diciembre de 2022 el señor nombre reservado fue notificado, por carta al domicilio, de haber sido evaluado del 30 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2021, por haber hecho uso de 200 días de licencia médica, sin antes darle un aviso por parte de la administración o algún llamado por la dirección del CESFAM, de tal evaluación.

Señala que el señor nombre reservado presentó sus descargos dentro del plazo fijado, con carta de reconsideración, acompañando exámenes médicos y los respectivos certificados e informes por la enfermedad que padece; que hubo 30 personas que quedaron fuera del proceso sin saber el criterio que se les aplico; que entregada la documentación, en enero del año 2023, transcurrió más de transcurrió más de un año sin que el señor nombre reservado pudiera saber u obtener respuesta del proceso.

Respecto al hecho denunciado, expone que el 15 de abril de 2024 el señor nombre reservado fue notificado por la subdirección de RR.HH. de la Municipalidad de Concepción, del Decreto Alcaldicio nº 1246, de 27 de marzo de 2024, por el cual se le comunicó del cese de sus funciones, por salud incompatible con su cargo, “por haber hecho uso de licencias médicas por 180 días, durante el período comprendido entre octubre de 2019 a octubre de 2021, lo que excede los 6 meses en los últimos dos años, según lo establecido en el art. 147, letra a) y artículo 48 inc. 1º, de la Ley nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”. Lo anterior, no obstante, y según indica, su representado se desempeñó en el periodo evaluado y durante todos los años posteriores hasta el día que fue notificado. Agrega que el recurrente no solo estaba de alta médica en esos días, sino que el propio COMPIN señaló que su enfermedad calificaba en “recuperabilidad”, por lo que el funcionario que lo suscribió no solo dictó un acto administrativo fundado en antecedentes contradictorios, sino que pretende por medio de una declaración ideológicamente falsa, fundar una vacancia en forma abiertamente ilegal, y que en efecto, el COMPIN señaló que el funcionario nombre reservado, tenía salud recuperable de las licencias que tuvo que asumir.

Lo descrito lo lleva a sostener que el proceso ha sido extemporáneo, pues no se cumplieron los plazos autoimpuestos por la recurrida; que fue un proceso improvisado; que nunca hubo claridad, pues se ocultaba todo tipo de información al ser solicitada.

Argumenta que todos estos hechos contrarían el Derecho, la razón y los más elementales criterios de justicia, pues la autoridad competente, en uso de sus facultades y previo cumplimiento de los procesos internos de calificación y desempeño de los empleados respectivos, considerando el interés del Servicio, determinó, en la oportunidad legal, prorrogar las contratas en los términos señalados por existir justificación legal o presupuestaria para ello, señalando que una interpretación contraria, importaría aceptar que la decisión de permanencia de un funcionario con contrato indefinido, se halla sujeta a la mera voluntad del Alcalde, quien podría en virtud de circunstancia subjetiva, anticipar su término por motivos ajenos a la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, deber que toda Autoridad, por mandato del artículo 5° de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, está llamada a cumplir.

Refiere que el acto recurrido viene a conculcar, respecto a su representado, el derecho a la vida e integridad física y síquica; la igualdad ante la ley; y el derecho de propiedad.

En cuanto a lo ilegal y arbitrario del acto contra el cual se recurre, señala, que el acto carece de fundamentación, por cuanto omite precisar las razones fácticas que conducen a prescindir de los servicios del actor, sin que la expresión “razones de buen servicio” sea suficiente para poner fin a una relación que se prolongaba por más de diez años, sin que se indique en la resolución que sus servicios ya no eran necesarios. lo que a su juicio permite concluir que la resolución recurrida es ilegal porque contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, por no expresar los fundamentos de la decisión que se cuestiona, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley, produciendo en consecuencia que el señor nombre reservado haya discriminado arbitrariamente en comparación a otros empleados que, desempeñándose en cargos de planta y con más tiempo de cesación de servicios en el cargo, permanecen en ellos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios, razón que no ha sido invocada por la autoridad recurrida; que respecto a la declaración de recuperabilidad de la salud del funcionario COMPIN, contrario a lo señalado por la recurrida, declaró que la salud del funcionario es recuperable, por lo que el documento que se cita como fundamento la institución, no es compatible con los motivos indicados por la recurrida; que el funcionario al momento de su desvinculación había sido dado de alta, y que la normativa vigente establece la obligatoriedad de un informe previo de la COMPIN, con el objeto que éste organismo estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que al emanar del órgano técnico competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151, del Estatuto Administrativo.

Denuncia además la ausencia de un procedimiento establecido para contradecir lo señalado por el ente municipal, pues no existe una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del Servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa. Refiere que, en la especie, se trata de un funcionario cuya salud es totalmente recuperable, por lo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, por cuanto no se encuentra exenta del control jurisdiccional, cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, y que más allá de la supuesta incompatibilidad con las labores, la resolución debe fundarse en antecedentes técnicos que determinan que necesariamente la medida adoptada, y que la COMPIN debió evaluar además tal circunstancia, por cuanto la sola declaración de recuperabilidad de la salud, sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al Jefe de Servicio para declarar la vacancia del cargo.

En virtud de lo reseñado, solicita tener por interpuesta la presente acción, a efectos que se adopten todas las medidas que este Tribunal estime pertinentes para revertir la injustificada vacancia del cargo del recurrente, nombre reservado , dejándola sin efecto, y reincorporando sin más al funcionario desvinculado en los cargos y grados que ostentaban a la fecha de su término ilegal de relación administrativa -dentro de tercero día de que quede ejecutoriada esta sentencia- ordenándose al Municipio pagar las remuneraciones correspondientes al período que medie entre la interposición de este recurso y la fecha, si procediere, en la que se acoja por parte de esta Corte el recurso deducido en autos, con expresa condenación en costas.

Informó por la recurrida, el abogado Giovanni Péndola Belmar, solicitando el rechazo de la acción, en atención que la Ilustre Municipalidad de Concepción, no ha incurrido en conducta vulneratoria de garantías constitucionales alguna, obrando con pleno apego a la legalidad administrativa y sanitaria vigente, siendo perfectamente procedente la desvinculación por vacancia de la recurrente, por salud incompatible.

Funda su petición, en primer lugar, en estimar que el recurso de protección no es la vía idónea, para oponerse a la resolución recurrida, sino que el Reclamo de Ilegalidad Municipalidad, reclamación prevista en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, considerando que se trata de actos administrativos dictados por el alcalde o sus funcionarios.

En cuanto al fondo, señala que el artículo 147, letra a), de la ley Nº 18.883, prevé que los funcionarios municipales cesarán en el cargo por declaración de vacancia, entre otras causales, por salud incompatible con su desempeño. Luego, el artículo 148, inciso primero, de ese texto legal, señala que “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”, y que el inciso 3º de la citada disposición agrega que el alcalde, para ejercer tal facultad, deberá requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud, lo anterior, en coordinación con la Ley de Atención de Salud Primaria (número 19.378) en su artículo 48 letra g) que rige a los funcionarios de la salud municipal; que, como puede advertirse, el informe de la COMPIN sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad de la salud del servidor es determinante para que el Alcalde pueda ejercer posteriormente la atribución de declarar el cese de funciones por salud incompatible con el desempeño del cargo, aplicando de esta manera el criterio contenido en el dictamen Nº 7.587, de 2020 de la Contraloría General de la República, entre otros; que su representada envió los antecedentes de recurrente a la COMPIN, la cual señaló mediante el pertinente acto administrativo que la salud de aquel era recuperable, y que a consecuencia de ello, la corporación edilicia quedó habilitada para hacer uso de la causal de desvinculación por salud incompatible, sin perjuicio de ello, y para que el acto administrativo terminal fuese fundado es que se decretó un procedimiento al efecto, contenido en el “Protocolo: Desvinculacion Por Computo De Licencia Medica”, donde se indica la forma en que la administración ejercerá aquella facultad dando chances al funcionario de descargar, y que aquel fue puesto en conocimiento mediante correo electrónico institucional de conformidad al punto 9 pagina 11 de aquel protocolo, ello con anterioridad al uso del artículo 147 de la Ley 18.883 (salud incompatible con el cargo); que en el decreto que declara la salud incompatible -nº 2558-22 del 25 de noviembre del 2022- en su punto 4 de la parte resolutiva, se le hace saber al funcionario que hay un procedimiento para reclamar, y además se le adjunta para mayor conocimiento; que de conformidad al referido protocolo, si el funcionario no descarga, se entenderá ejecutoriada la resolución de desvinculación por salud incompatible para el desempeño del cargo, mientras que sí descargara, aquel será conocido por una comisión compuesta por la Sub Directora de Recursos Humanos de Salud Municipal, por la Directora de Salud Municipal, por el abogado de la Municipalidad, y por un profesional médico, lo anterior en aras de mantener o revocar la desvinculación por salud incompatible, adjuntando a este recurso las actas de la Comisión como del Decreto enviado al funcionario, manteniendo la calificación de salud incompatible. Lo anterior a su juicio daría estricto cumplimiento al artículo 41 de la Ley 19.880 en la fundabilidad del acto administrativo y al debido proceso.

Advierte que, desde un punto de vista de la discrecionalidad técnica, la administración municipal si está en condiciones de hacer un análisis en salud y de proponer al Alcalde, dado que la comisión en cuestión está compuesta por profesionales de la salud.

Agrega, que el concepto salud incompatible no está definido legalmente, por tanto, debe ser construido dentro del ejercicio de una potestad discrecional, siempre guardando respeto a principios como la legalidad, razonabilidad, racionalidad, y proporcionalidad del acto administrativo, y que dicho ello, la Administración que representa, entiende que la “incompatibilidad” refiere a aspectos del funcionario, que escapan a la mera “recuperabilidad” de su salud, que es más bien concreta, empírica, y exclusivamente científica; que de manera sabia, el legislador la deja a un organismo técnico como es la COMPIN; que el análisis que hace la Administración de la incompatibilidad es en abstracto contrastándolo con el cargo del funcionario, ya que el mismo artículo 148, , indica “salud incompatible con el desempeño del cargo…”, de modo que no es una incompatibilidad en general, no es una incompatibilidad puramente técnica, no es una incompatibilidad singularmente considerada, sino que en función del “cargo”, siendo ello un análisis que el legislador no le brinda a la COMPIN, quien solo se puede pronunciar de la “irrecuperabilidad” en el puro sentido técnico, siendo entonces la Administración empleadora, quien está en posición de hacer esa ponderación de “salud versus desempeño del cargo”. Así, la incompatibilidad se pondera en abstracto, contrastando la situación sanitaria del funcionario con su cargo a diferencia de la mera “recuperabilidad” que es en concreto, sin contrastarlo con otros aspectos, determinando la COMPIN empíricamente si aquella se configura o no, estando desprovisto aquel análisis de otros elementos a ponderar que dicen relación al entorno funcionario del reclamante, como el ya señalado “cargo”, y que son propios de la entidad empleadora Administradora a fin de determinar si la patología (recuperable) del funcionario es aun compatible con las funciones que desempeña. Con todo, las ponderaciones que la recurrida Administración tuvo en consideración en aras de determinar la salud incompatible con el cargo, y que se contienen en el pertinente protocolo y fueron ponderas por la comisión, correspondieron a, retorno a las funciones del funcionario a evaluar; diagnostico por enfermedad grave; diagnostico de las licencias medicas presentadas; situaciones especiales. Señala que los criterios señalados anteriormente apuntan a un análisis en abstracto de la incompatibilidad, tomando en consideración si el funcionario, ha hecho el intento de retornar sus labores, la gravedad de la patología versus a las labores que realiza, el tipo de diagnóstico como situaciones especiales. De tal forma, evacuado los descargos del reclamante es que la comisión en cuestión procedió a ponderar la incompatibilidad de marras, concluyendo que sí cumplía los criterios para ser desvinculado.

Postula que, la potestad discrecional está correctamente ejercida y fundada, debiendo tenerse presente, que la comisión tuvo a la vista hoja de vida funcionaria donde figura el número y duración de las licencias del reclamante; que el procedimiento anterior no es algo que surgió por generación espontánea, sino que siguiendo los lineamientos de la Excelentísima Corte Suprema (Rol N° 45.020-2021. al efecto, que abogan por un proceso previo a la desvinculación para declarar la incompatibilidad; y que tanto a Contraloría General de la República como la Corte Suprema reconocen la procedencia de la desvinculación por salud incompatible en la medida que se hubiere hecho con pleno apego al Principio de Legalidad (Rol nº 819-2024). En cuanto a los vicios de procedimiento que señala la recurrente, como supuestas incongruencias de los actos administrativos preparatorios y terminales, refiere que debe aplicar el principio de conservación del acto administrativo, del artículo 13° inciso tercero de la Ley 19.880, no manifestando la recurrente ningún perjuicio, pudiendo hacer sus descargos en el fondo sin ningún problema, no avizorándose como los vicios de forma alegados pudiesen haber afectado su derecho a defensa; que el mismo argumento vierte en lo que concierne a las notificaciones de los actos administrativos, dado que, de existir alguna eventual anomalía con aquellas aplica la notificación tacita de la Ley 19.880, del artículo 47, pudiendo el recurrente realizar adecuadamente todas sus alegaciones de fondo. Razones que lo llevan a solicitar el rechazo al recurso, con costas.

Informó, nombre reservado, Profesional, Presidenta COMPIN Concepción Región del Bio Bio. Indica que, de acuerdo a información recopilada en Sistema, el usuario nombre reservado fue evaluado por la Comisión médica de COMPIN Provincial Concepción, dentro de las esferas de sus competencias, a fin de establecer la irrecuperalibilidad laboral. Lo anterior, por solicitud de evaluación realizada por el empleador a través de Ord. N°648 de fecha 06 de julio de 2022.

Refiere que, el Estatuto de las funcionarios públicos y municipales está fijado por la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda; y por la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para los funcionarios Municipales, respectivamente. Ambos cuerpos normativos regulan expresamente la expiración de funciones por causa de salud incompatible, disponiendo las condiciones que se deben cumplir para que opere la causal, así como los requisitos de legalidad, formalidad y comunicación al afectado.

Indica que respecto a la declaración de “salud incompatible", el artículo 151 del Estatuto dispone que el Jefe Superior del Servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Agrega que el inciso segundo de esa norma previene que no se considerará para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de ese estatuto -esto es, por accidente del trabajo y enfermedad profesional-, y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo, es decir, aquellos reposos vinculados con la maternidad, aportando que el artículo 63 de la ley N° 21.050 agregó un inciso tercero al artículo antes transcrito, el que dispone que “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Que en virtud de lo anterior, la COMPIN, conforme a las facultades delegadas, procedió a evaluar los antecedentes del recurrente, así como su historial de licencias médicas e informes aportados por el empleador, determinándose, por la Comisión Médica a través de Resolución Exenta N°4945 del 23.11.2022, la recuperabilidad laboral del paciente, conforme a la normativa legal. Dicha Resolución fue notificada al empleador y al usuario conforme a los procedimientos legales y administrativos establecidos en estas materias. De lo expuesto, desprende que la resolución de evaluación que realiza la COMPIN, constituye para el empleador que lo solicita un antecedente sobre la recuperabilidad o no del estado de salud del servidor público, respecto de la compatibilidad y cumplimiento de las funciones laborales designadas, considerando además que dicho dictamen y valoración, es realizada por un organismo técnico especializado, y revestidos legalmente para dichas facultades, según la normativa vigente, refiriendo que, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, el empleador se encuentra igualmente facultado para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causa. Indica lo anterior, según lo instruyó el dictamen N°17.351 del 17.07.2018 de la Controlaría General de la República, en el que concluyó que, en el evento que el informe de la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y en caso contrario, esto es, si esa institución informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad, pues en tal caso correspondería que la comisión médica pertinente conozca del asunto, a fin de que esta última entidad pondere declarar la salud irrecuperable de dicho trabajador, concluyéndose en el mismo, que no puede entenderse por la vía interpretativa que, frente a un informe de la COMPIN que declare que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra impedida de ejercer la facultad de declarar su salud incompatible, pues si aquella hubiese sido su intención, el legislador lo habría señalado expresamente, por lo que la pretensión planteada por la recurrente necesariamente requiere de una modificación legal.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, esta Corte desestimará la alegación de improcedencia interpuesta por la recurrida, la Ilustre Municipalidad de Concepción, al no estar afincada en la vulneración de un derecho indubitado de la actora, producto del actuar arbitrario o ilegal de las recurridas, ya que la incidencia propuesta dice relación con el fondo del asunto que debe conocer y resolver esta Corte.

CUARTO: Que, ahora bien, el acto que en la especie se estima ilegal y arbitrario por la recurrente, consiste, en esencia, que el día 15 de abril de 2024 el señor nombre reservado fue notificado por la subdirección de RR.HH. de la Municipalidad de Concepción, del Decreto Alcaldicio nº 1246, de 27 de marzo de 2024, por el cual se le comunicó del cese de sus funciones, por salud incompatible con su cargo;

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a la causa, y de la relación de sucesos descritos por las partes, es factible dar por cierto que, el recurrente nombre reservado, trabajó desde el año 2007 en la administración de salud de la Municipalidad de Concepción; que el recurrente hizo uso de licencias médicas por 180 días durante el período comprendido entre octubre de 2019 a octubre de 2021; que el recurrente fue evaluado por la COMPIN Provincial Concepción, en virtud de solicitud de evaluación realizada por el empleador a través del Ord. N°648 de fecha 06 de julio de 2022; que la COMPIN, a través de Resolución Exenta N°4945 del 23 de noviembre 2022, declaró la recuperabilidad laboral del paciente; que por Decreto Alcaldicio nº 1246, de 27 de marzo de 2024, se le comunicó al recurrente del cese de sus funciones, por salud incompatible con su cargo.

SEXTO: Que, el artículo 147 letra, de la Ley N° 18.833, que aprueba el Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales, dispone que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; mientras que el art. 148 del referido estatuto prescribe que “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

SÉPTIMO: Que, según se estableció por el dictamen N°17.351 de 17 de julio de 2018, de la Controlaría General de la República, “…se desprende que la resolución de la evaluación que realice la COMPIN constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado, realiza acerca de la condición de salud de ese empleado. Atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal. En la situación opuesta, esto es, si la COMPIN informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad.”

OCTAVO: Que, de lo anterior, nada obsta concluir que aun cuando la COMPIN estima que la salud del funcionario es recuperable -como en el caso de autos- el Alcalde se encuentra igualmente facultado para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, haciendo uso de la facultad que le reconoce el art. 148 inc. 1º, de la Ley 18.883;

NOVENO: Que, parece indiscutido que el recurrente acumuló más de seis meses de licencia médica en un lapso de dos años; y que esas ausencias no obedecieron a reposos médicos derivados de las excepciones contempladas en el artículo 114 de la Ley nº 18.883 y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo, esto es, no se trató de licencias médicas otorgadas accidentes en actos de servicio o enfermedades a consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones; ni se le otorgaron licencias destinadas a la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar;

DÉCIMO: Que, de los antecedentes analizados, se puede concluir que la Ilustre Municipalidad de Concepción, cumplió con todas las exigencias legales y administrativas para declarar vacante el cargo servido por el actor, por tener éste salud incompatible con el servicio, dictando al efecto, la Municipalidad de Concepción, el Decreto Alcaldicio nº 1246, de 27 de marzo de 2024, DÉCIMO PRIMERO: Que, de lo expuesto, no se advierte en el devenir del acto recurrido que se se haya cometido alguna arbitrariedad o ilegalidad que pueda serle reprochada por esta acción de protección, razón por la cual el presente recurso habrá de ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma Corte Suprema de Justicia sobre la materia, se resuelve:

I.- SE DESESTIMA, SIN COSTAS, la alegación de improcedencia, opuestas, Ilustre Municipalidad de Concepción.

II.- SE RECHAZA, SIN COSTAS, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en contra de la Iluestre Municipalidad de Concepción.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó el abogado integrante Maximiliano Escobar Saavedra, quien no firma por encontrarse ausente, atendido a motivos profesionales.

N° Protección 13.242–2024.