nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION DEL BIOBIO (ACUM 13266-2021)

C.A. de Concepción Concepción, siete de marzo de dos mil veintidós.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 13104-2021, comparece deduciendo recurso de protección el abogado Remberto Valdés Hueche, con domicilio en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado. Dirigen el recurso en contra de la Secretaria Ministerial de Educación del Biobío, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado. Funda su recurso en que su representada es la representante legal de la Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán, desde su creación el año 2017 y administra media docena de establecimientos. Acompaño certificado. Por diferencias que se explicarán con uno de los ex socios de la Corporación, el sr. Rodrigo Sotomayor Julio, existen discrepancias en torno a la representación legal de la misma, y se inició un irregular proceso de invalidación por decisión de la SEREMI recurrida, conforme el art. 53 de ley 19880, tendiente a la revisión de la resolución que había ratificado a su representada en su calidad de Rte. Legal de una Corporación en abril de 2020.Que, estando pendiente el plazo para descargos, se dictó este 9 de noviembre de 2021, resolución que decreta la invalidación, atropellando el derecho esencial de la debida AUDIENCIA de los interesados.

Señala que, el problema y urgencia de la resolución, es que producto de este error, se generan gravísimas consecuencias, porque se estaría despojando de la representación legal a su mandante. Y ocurre que el sr. nombre reservado, no es cualquier personaje, su único afán es quedarse con el poder de la Corporación, y es investigado por delitos de falsificación de documentos, precisamente ante la SEREMI, como asambleas fraudulentas y especialmente, falsificó una supuesta renuncia de su representada a su cargo de presidenta. En resumidas cuentas, sin respeto del derecho a defensa, la SEREMI está validando a un imputado por delitos de ejercicio ilegal de la profesión, prevaricación, amenazas, apropiación indebida, extorsión y falsificación de documentos. Que, en este escenario, cualquier cosa puede pasar. Ya el año pasado, en abril de 2020, en una situación similar, el sr. nombre reservado intentó cambiar la plaza y administración de la cuenta bancaria de la Corporación, lo que motivó la presentación de urgencia de un recurso de protección conocido bajo el rol 8437-2020 de esta I.C., el que si bien fue rechazado, lo fue por estimar esta I.C. que aquella situación ya se encontraba bajo el amparo del derecho, por las 4 querellas criminales que se interpusieron en su contra. Por suerte, en aquella oportunidad, no logró su objetivo bancario. Y hoy, entonces la situación es gravísima, porque por un error del proceso, se esté dando pie a nuevos eventuales fraudes y perjuicio para la Corporación.

Detalla que la SEREMI recurrida dio inicio al proceso en virtud de la resolución exenta n° 1438 de 29 de septiembre de 2021 y dio plazo de 7 días para presentar descargos a la Sra. nombre reservado y al sr. nombre reservado. Destaca de esta resolución, la imprecisión de su fundamento y fines, pues alude a un proceso sobre cancelación de personalidad jurídica. Que, por resolución exenta n° 1524 de 18 de octubre de 2021 se concedió ampliación de plazo de 3 días para responder de lo anterior, y se remitió copia del expediente. Que, mediante presentación de 21 de octubre de 2021, sobre incidente previo, se exigió la aclaración de la resolución por invocar cuestión impertinente (de cancelación de personalidad jurídica) y se requiere además que se incorpore como interesada, a la otra socia, la Sra. nombre reservado.

Expresa que, por resolución N° 1585 de 29 de octubre de 2021, se acogió la petición de Aclaración, se corrige recién allí el procedimiento y se incorpora a la Sra. nombre reservado, a quien se ordena notificar en virtud del art. 46 de la ley 19880, esto es, por carta certificada. Y a todos los interesados, se concedió un exiguo plazo de 3 días para evacuar descargos. Que dicho plazo de 3 días, contradice el plazo mínimo para impugnar la resolución, que es de 5 días para recurso de Reposición, restringiendo el derecho al recurso. Que, con fecha 4 de noviembre de 2021 fue presentado recurso de Reposición y se agregó una solicitud de ampliación de plazo de conformidad con el art. 26 de la ley 19880, en relación a aquel plazo de 3 días que había sido otorgado. Paralelamente, desde el 29 de octubre señalado, debía ser notificada la Sra. nombre reservado para sus descargos, pero solo ocurrió recién el 10 de noviembre de 2021. Acompaña fotografía y el comprobante de recepción de Correos de Chile.

Expone que por resolución de 9 de noviembre de 2021, se dictó la resolución exenta 1674, que: a.

Primero, dio por notificada falsamente a la Sra. nombre reservado. b. Segundo, invalida la resolución objeto del proceso administrativo. c. Tercero, rechaza la reposición y petición de aumento de plazo pedida por esta parte. Lo raro de todo esto, es que resulta imposible que se hubiere realizado cualquier notificación por el cierre del establecimiento por aplicación de protocolos COVID durante toda la semana entre el 2 y 5 de noviembre de 2021. En efecto, existió un caso sospechoso de variante delta del virus, y que fue informado precisamente a la SEREMI recurrida por decretarse suspensión completa de clases desde el 2 de noviembre de 2021 y hasta el 5 de noviembre de 2021, para desarrollarlas de modo remoto. Acompaño correos electrónicos que así lo acreditan. Incluso más, realizadas las averiguaciones correspondientes en las oficinas de Correos de Chile, confirmaron que no se pudo entregar misiva alguna toda la semana porque precisamente se encontraba cerrado el establecimiento.

Se plantea ¿qué pasó entonces? ¿Por qué el SEREMI dio por notificada a la Sra. nombre reservado sin estarlo? Estima que debe haber un error, y que debe ser enmendado para la bondad del procedimiento. Pero hay más, aun en el peor de los casos, de acuerdo al mismo art. 46 de la ley 19880, cuando se notifica por carta certificada, se debe entender que ella se produce al tercer día de ingresada en Correos de Chile, es decir, en la situación más conservadora, aquel 29 de octubre, donde igualmente se obtiene que al día 9 de noviembre de 2021, no había vencido el plazo para la Sra. nombre reservado evacuar sus descargos. En efecto, de haber ingresado a Correos de Chile el 29 de octubre, solo se pudo haber entendido notificada a la Sra. nombre reservado al tercer día, esto es, el 4 de noviembre (teniendo presente el feriado del 1 de noviembre), y entonces, los 3 días le vencían precisamente el martes 9 de noviembre.

Manifiesta que, por otro lado, la resolución recurrida fue arbitraria e ilegal cuando rechazó la petición fundada de 4 de noviembre de 2021, sobre aumento de plazo para descargos a su parte. El art. 26 de la ley 19880, contempla un derecho absoluto, y que más aún debe cautelarse en procesos de invalidación de actos que afectan a particulares. Que, su representada fue ratificada en el cargo por diversos actos de la propia autoridad, los que detalla, por lo que no se entiende la negativa del SEREMI de conceder una simple petición de aumento de plazos, y más todavía, cuando se trataba de una resolución enmendada - aclarada, recién a partir del 29 de octubre pasado. Como no fue respetado el derecho a ampliación de plazo, se infringió el derecho a descargos, y con ello, el requisito pilar de estos procedimientos, de otorgar debida audiencia a los interesados.

Refiere que, los descargos de los interesados son fundamentales en proceso de invalidación donde la Administración contradice sus actuaciones anteriores, pues viene a retirar un acto que antes, dio la razón a un administrado. Los descargos, son el único medio de defensa que la ley 19880 dispuso, y en este procedimiento ese derecho fue socavado. Dentro de los argumentos que serían parte del debate, y que no se dejó exponer, es que ya la misma SEREMI había resuelto una petición de invalidación respecto de la misma resolución que hoy fuera invalidada, y en ese proceso la petición fue rechazada por resolución exenta 885 de 3 de junio de 2021, y luego confirmada por resolución n° 1123 de 30 de julio de 2021.

Otra línea argumental deviene por las nulas facultades de la Superintendencia de Educación para “constatar” infracciones a los Estatutos de una Corporación, cuestión que es de exclusivo conocimiento de los Tribunales de Justicia. Así también, se ventilaría el Principio de Confianza Legítimo, por los actos ratificatorios de la propia autoridad, y el hecho de que existe procedimiento pendiente – como así lo reconoce la resolución 1674 - que resolverá sobre precisamente la invalidación de la resolución que había dado representación legal al propio sr. nombre reservado.

Señala que, sr. nombre reservado ha actuado de formas reñidas con el Ordenamiento jurídico y que están siendo investigadas por el Ministerio Público, todo lo cual detalla en su recurso.

Señala que los Derechos Constitucionales vulnerados son el art. 19 nº 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República. Que existe un acto arbitrario e ilegal, que perturban y ponen en peligro los derechos fundamentales expresados, por lo que son derechos cuyo imperio debe ser restablecido del modo que expresa, y sin perjuicio de las medidas que se estime pertinentes.

Por lo expuesto, solicita se acoja el recurso, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio de los derechos conculcados, ordenando: 1) Dejar sin efecto la resolución exenta n° 1585 de 29 de octubre de 2021, que concedió exiguo plazo de 3 días para descargos, por vulnerar el derecho al recurso. 2) Dejar sin efecto la resolución exenta n° 1674 de 9 de noviembre de 2021, que decreta invalidación y rechaza reposición y aumento de plazo para descargos, junto con resolver en fecha pendiente de vencimiento para descargos de la Sra. nombre reservado. 3) Disponer que la SEREMI recurrida debe dictar resolución que conceda plazo para evacuar descargos, no menor a 5 días hábiles. 4) A todo evento, disponer que la SEREMI recurrida debe dictar resolución que conceda el aumento de plazo solicitado en presentación de 4 de noviembre de 2021, para evacuar descargos. 5) A todo evento, disponer que la SEREMI respete el derecho a evacuar descargos a la Sra. nombre reservado y, solo una vez concluido ese trámite o vencido los plazos respectivos, se proceda a dictar resolución respecto al fondo del asunto. 6) Todo lo anterior con expresa condena de costas.

Acompañó 1. Comprobantes de recepción de correspondencia de correos de Chile de fecha 10 de noviembre de 2021. 2. Correo electrónico del sr. Director nombre reservado, de fecha 30 de octubre de 2021, que informa suspensión de clases desde el 2 de noviembre de 2021 y aplicación de protocolos Covid. 3. Correo electrónico de 2 de noviembre de 2021, del sr. Director nombre reservado a la SEREMI de educación, informando que por aplicación de protocolos Covid, el cambio de modalidad a forma remota. 4. Correo electrónico de 2 de noviembre de 2021, del sr. Director nombre reservado a la SEREMI de educación, informando que se extiende el trabajo remoto también entre el 3 y 5 de noviembre de 2021. 5. Expediente administrativo en archivo pdf, y que incluye: a) Resolución exenta n° 1438 de 29 de septiembre de 2021, que inicia el proceso. b) Presentación de 12 de octubre de 2021 sobre ampliación de plazo. c) Resolución exenta n° 1524 de 18 de octubre de 2021, que autoriza ampliación de plazo. d) Presentación de 21 de octubre de 2021 sobre Incidente Previo. e) Resolución exenta n° 1585 de 29 de octubre de 2021, que tiene por aclarado los puntos que indica, declara calidad de interesada a la Sra. nombre reservado y establece plazo de 3 días efectuar alegaciones, y que solo fue notificada el 10 de noviembre de 2021. f) Presentación de 4 de noviembre de 2021 sobre reposición y ampliación de plazo para descargos. g) Resolución n° 1674 de 9 de noviembre de 2021, que decreta invalidación y rechaza reposición, estando vigente plazo para descargos. 6. Certificados de registro emitido por la SEREMI de Educación Región del Biobío, en que consta doña nombre reservado como representante legal. 7. Informe del Ministerio Público sobre las diversas investigaciones contra el sr. nombre reservado, y que fue evacuado en el recurso de protección 8437-2020. 8. El informe del SEREMI sr. Fernando Peña Rivera, evacuado el 4 de junio de 2020 en recurso de protección 8437-2020. 9. Resolución 885 de 3 de junio de 2021, que ya rechazó el mismo proceso de invalidación. 10. Resolución 1123 de 30 de julio de 2021, que confirmó ese rechazo. 11. Ordinario DFI N° 0099 de 22 de enero de 2021, del Superintendente don Cristian O’ Ryan Squella, que refrenda que estos asuntos deben someterse a los Tribunales de Justicia. 12. Escritura pública de mandato judicial de Notaría Espinosa de Concepción para obrar por la recurrente doña nombre reservado.

Informó nombre reservado, Gerente de Canales Empresa Correos Chile, quien señala que realizada la búsqueda en sus sistemas del número de envío indicado en la solicitud, informa que corresponde al Servicio Documento Express, servicio que tiene características distintas al Servicio Carta Certificada ya sea en su regulación y condiciones. Que, el envío Documento Express N° 999097728223, fue admitido en la Planta Concepción el 26 de octubre de 2021, cuyo remitente es la Seremi Educación Región del Biobío, con domicilio en domicilio reservado y su destinatario es la señora nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, fue entregado en la dirección de destino con fecha 2 de noviembre de 2021, a nombre reservado, C. I. N° RUT reservado.

Informó don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío, quien señala que de conformidad a resolución exenta 1674, de 09 de noviembre de 2021, se concedió recurso jerárquico respecto de la materia que es objeto del recurso, elevándose los autos al Subsecretario de Educación. Al concederse el recurso, esa autoridad queda desasida de la causa, el expediente se vuelve intangible para esa autoridad, ingresando a la esfera de competencia de su superior jerárquico. Que, el Seremi se encuentra legal y constitucionalmente inhibido de efectuar cualquier tipo de actuación en un expediente administrativo que ya ha sido elevado al superior respectivo, se produce en este caso, el desasimiento administrativo por haber quedado firme la resolución que concede el recurso jerárquico. En consecuencia, encontrándose el expediente en competencia legal del Subsecretario de educación, el recurso debería haberse intentado en la Corte de Apelaciones de Santiago, que corresponde al domicilio del funcionario público legalmente competente, para que aquella Corte, si lo estima del caso, ordene al sr. Subsecretario devolver el expediente y la competencia a ese inferior jerárquico.

Señala que el letrado de la recurrente comparece en representación de la Sra. nombre reservado, por lo que las supuestas vulneraciones de garantías constitucionales corresponderían a otra persona, la Sra. nombre reservado, razón suficiente para haber declarado inadmisible el presente recurso. Que, el recurso se dirige contra actos administrativos de trámite, pues no existe aún acto administrativo alguno de carácter terminal que se haya dictado en el proceso administrativo. Que, la resolución exenta 1674, del 09 de noviembre de 2021 se vuelve intangible para esa autoridad, ingresado a la esfera de la competencia de su superior jerárquico. Que, el recurso impetrado resulta constitucionalmente inapto para satisfacer la pretensión anuladora que el remedio constitucional lleva envuelta en su petitorio, bajo la nomenclatura de “dejar sin efecto”.

Sobre el fondo del recurso, expresa que el proceso se inicia por oficio del fiscal de la superintendencia de educación, que estimó configurada una infracción a los estatutos de la Corporación Domingo Parra Corvalán, requiriendo corregir la resolución 575/2020, de 16/04/2020, que reconocía a la recurrente como la representante legal. Ese oficio, debe ser acatado, en cumplimiento de la jerarquía administrativa. En el proceso administrativo, se hizo presente por la recurrida que no se había tenido como parte interesada a nombre reservado, como socia de la corporación, por lo que la resolución 1585, de 29/10/2021; acoge la petición y le reconoce ese carácter, para que efectúe las alegaciones que estime pertinentes. Que, la notificación al domicilio de la corporación era la única admisible, pues nombre reservado no había fijado otro domicilio. Ella no ha comparecido al procedimiento administrativo, no ha pedido aumento de plazo, ni ha designado apoderado. Nadie acusó rebeldía, cuando venció el plazo de tres días que le fuera fijado para presentar sus descargos. Que, en todo caso, era la señora nombre reservado la que debió comparecer, si estimaba vulnerado sus derechos en el proceso administrativo. Aun si se considera el aumento de plazo, de tres a cinco días, éste se encuentra vencido. Que, la notificación fue el 02/11/2021 y la resolución invalidatoria se dictó el 09/11/2021, no habiendo deducido recursos la señora nombre reservado. Que, el recurso de protección no suspende los plazos del procedimiento administrativo. Las imputaciones hechas al señor nombre reservado, no son de competencia de la Seremi. Por lo expuesto, pide rechazo del recurso, con costas.

Acompaña 1. Estampado de Correos de Chile, sobre envío del certificado. 2. Oficio 1099 de 22/09/2021, del fiscal de la Superintendencia de Educación. 3. Resolución exenta 1647 de 2021.

Informó don Flavio Tapia Carmagnani, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de don Rodrigo Sotomayor Julio, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, quien expone que la corporación es sostenedora de seis establecimientos, creados y administrados por nombre reservado y su cónyuge, nombre reservado, entre 1998 y 2004. Que, nombre reservado fue designada como mandataria de las sociedades sostenedoras, por tener título profesional, lo que la habilitaba para representarla ante el Ministerio de Educación. Para tramitar la transferencia de la calidad de sostenedora, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de inclusión escolar, la recurrente fue la mandatada, junto a nombre reservado, el año 2017. Que, constituyen la Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán, transfiriendo a ella la calidad de sostenedora de los establecimientos y quedando como representante legal de la entidad. Que, Rodrigo Sotomayor prestó asesoría jurídica externa, e ingresa como socio a la corporación el 07/01/2020. En la misma asamblea que fue aceptado, nombre reservado renuncia a su calidad de socio y secretario de la corporación, por diferencias con la recurrente. En consecuencia, nombre reservado fue designado secretario de la Corporación. Que, al ingresar, observa diversas irregularidades en el manejo de los fondos, por parte de la recurrente. Se pidió una auditoria externa, para conocer el destino de los dineros percibidos del Estado. Se evidencia una serie de irregularidades, que dan cuenta de una mala administración y utilización de los recursos públicos, mediante contratos ideológicamente falsos, con sociedades constituidas con el contador de la corporación, nombre reservado, por obras que no fueron ejecutadas, por un monto de $1.800 millones.

Manifiesta que, luego, se pidió por la cámara de diputados, una investigación por el uso del dinero fiscal. El superintendente de educación, por su parte, informa una serie de fiscalizaciones por uso de recursos percibidos del estado, en el colegio polivalente nombre reservado. Ello motivó la presentación de querella en contra de la recurrente. Luego, el 24 de febrero de 2020, la recurrente presenta renuncia al directorio y representación de la corporación, por carta de 24/02/2020 y firma de la segunda sesión extraordinaria de directorio. Desde esa fecha, nombre reservado asume como presidente de la corporación, incorporando a nombre reservado como miembro del directorio. Se reconoce el nuevo directorio por la seremi de educación, el 03/04/2020. Desde entonces, la recurrente ha realizado una serie de gestiones para mantenerse en el cargo. El 22/09/2021, el fiscal de la superintendencia de educación, emite oficio 1099, señalando que se constata que se infringe estatuto de la corporación, pues la designación de la recurrente como representante de la misma no se ajusta a derecho, pues al ser nombrada, no contaba con las competencias suficientes para realizar las gestiones que la confirmaron en el cargo. Por ello, se inicia el procedimiento invalidatorio de la resolución exenta 575 de 2020, que autoriza el cambio de representante legal, que deriva en la dictación de la resolución 1674 de 09/11/2021, que resulta adversa al interés de la recurrente. Que, los medios utilizados por nombre reservado son legítimos. En relación a su situación penal, hay dos querellas en su contra. En el rol 1674-2020, el 01/12/2021 se piden iguales medidas que en la orden de no innovar, siendo rechazadas las peticiones, pues no se cumplía con los presupuestos para ello.

Detalla que, en la segunda causa, rol 4425-2020, se pedirá el sobreseimiento definitivo, y que se deje sin efecto la citación a audiencia de formalización para el 22 de marzo, por los mismos fundamentos. En el recurso no se explica ni justifica cómo se verificaría la vulneración de las garantías que invoca.

Refiere que existe cosa juzgada. La misma situación se expuso ya en recurso 8437-2020, en cuanto a denunciar el ejercicio ilegal de la profesión, por parte de nombre reservado y el intento de atribuirse improcedentemente la representación de la corporación. Ese recurso fue rechazado, por estarse discutiendo el mismo tema en sede penal, lo que fue confirmado por la Corte Suprema, estando firme el rechazo. Por lo expuesto, pide rechazo, con costas.

Informó el abogado Claudio Schettino Carmona, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en representación de la Superintendencia de Educación, refiere a sus facultades fiscalizadoras, conforme al art. 48, 49, 57 y 58 de la ley 20.529, sobre sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Que, las facultades se refieren a fiscalizar la rendición de cuentas y el cumplimiento de la normativa educacional, sancionando las infracciones que se detecten. En cuanto a los conflictos que deriven de los incumplimientos de los estatutos de las corporaciones sostenedoras, no son de competencia de la superintendencia, sino que se limita a constatar los incumplimientos y a informar al ministerio de educación, para que se tome las medidas que correspondan. Así, los conflictos deben resolverse en base a los estatutos de la respectiva corporación, que fija su objeto y forma en que debe actuar. En caso de perjuicios para alguna persona, derivados del estatuto de una corporación, el art. 548-4 del Código Civil, establece un procedimiento breve y sumario, a ser conocido por los tribunales ordinarios de justicia. Por la normativa invocada, la superintendencia carece de competencia para informar sobre el recurso.

Complementa informe nombre reservado, quien dice que tiene conocimiento de un supuesto caso positivo de Covid, el 30 de octubre de 2021. Que, cada establecimiento regula su protocolo. La regla general es la continuidad de las clases presenciales y la excepción es la suspensión de las mismas. El protocolo ministerial propone el aislamiento de personas determinadas, no la suspensión del establecimiento completo. No se exige dar cuenta a la seremi de la suspensión. En consecuencia, no tienen conocimiento de la clausura del establecimiento entre el 2 y 5 de noviembre de 2021.

Informó nombre reservado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, quien detalla que el 06/02/2020, Rodrigo Sotomayor ingresa dos escrituras públicas, solicitando su inscripción: una, en la que nombre reservado, como representante de la corporación, le confiere mandato judicial y en la segunda, consta la renuncia a la calidad de socio y director de nombre reservado y se aprueba la designación de Rodrigo Sotomayor. Que, el 13/03/2020; ingresa la escritura en que consta la renuncia al cargo de directora y presidenta del directorio de nombre reservado, asumiendo el cargo Rodrigo Sotomayor. La seremi de Educación autoriza el cambio de representante legal el 02/04/2020, en resolución 539. A su vez, el 07/04/2020, la recurrente pide inscripción de escritura pública en que consta la destitución del secretario de la corporación, Rodrigo Sotomayor, que fue además expulsado de la misma, ratificándose como representante a la recurrente. Que, por resolución 575, de 16/04/2020, se autoriza el cambio de representante legal, asumiendo nombre reservado. Que, el 22/09/2021, la Superintendencia remite oficio 1099, por el que indica que le corresponde a la seremi, en uso de sus atribuciones, corregir la resolución exenta 575, que autoriza el cambio de representante legal y ejercer las acciones que en derecho correspondan. Por ello, se inicia procedimiento invalidatorio, por resolución de 29 de septiembre de 2021, dando plazo de siete días a Rodrigo Sotomayor y nombre reservado, para presentar sus alegaciones. El fundamento es que la citación a la sesión que la ratifica en el cargo, fue convocada por ella misma, en circunstancias que el 24 de febrero de 2020 había renunciado al directorio. Que, frente a diversas peticiones de ampliación de plazo y aclaraciones, se dicta resolución de 29/10/2021, aclarando el objeto del procedimiento administrativo y emplazando a nombre reservado, como tercera interesada. Se le concede el plazo de tres días, siendo notificada el 02/11/2021. Que, el 09/11/2021 se dicta resolución 1647, que invalida la autorización de cambio de representante legal contenida en resolución 575 de 16/04/2020.

Señala que están pendientes de resolución el recurso jerárquico en contra de la resolución 1585 de 29/10/2021 y 1647 de 09/11/2021. Además, se ha pedido en dos ocasiones la suspensión del cumplimiento de esa resolución, mientras no se falle el recurso jerárquico. Que, el actuar del ministerio se ha ajustado a las facultades que legalmente le están reconocidas. No hay vulneración alguna de las garantías que se invoca en el recurso. Por lo expuesto, pide rechazo del recurso, con costas.

Informó nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío (S), quien lo hace en los mismos términos que el primer informe, salvo en lo relativo a la falta de personería.

Informa Correos de Chile, quien manifiesta que el requerimiento de envío, fue recibido el 29/10/2021. Que tenían la información de que se había entregado el 02/11/2021. Pero, al informar los recursos de protección 13888 y 14137, constatan que la entrega fue realizada el 10/11/2021 y por error se indicó una fecha anterior.

Informó nombre reservado, Jefe (S) de la División Jurídica del ministerio de Educación, remitiéndose a lo ya dicho en los informes anteriores.

Se concede orden de no innovar el 29 de noviembre de dos mil veintiuno.

Que en la presente causa, se encuentra acumulada la causa Rol de Protección 13266-2021, este recurso recién referido se interpuso por Nicolás Rodríguez Casas, abogado, en representación de doña nombre reservado, profesora, con domicilio en domicilio reservado. Deduce su recurso en contra de la SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION DEL BIOBIO, representada legalmente por el señor nombre reservado, desconozco profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado. Funda éste en que estando vigente un proceso administrativo, sin que se hubiere escuchado los descargos a su representada, y estando en discusión la representación legal de una Corporación Educacional, el “nuevo” representante se está presentando en los establecimientos educacionales, amenazando con no pagar remuneraciones y no mantener los vínculos de trabajo con trabajadores. La situación es apremiante. Su representada y recurrente es socia adherente de la Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán, desde que fue ingresada en esa calidad en virtud de asamblea extraordinaria de socios que así lo determinó el 7 de enero de 2020. Que, en virtud de esa designación, el directorio de esta Corporación, quedó integrado por doña nombre reservado, como presidenta y socia fundadora, el sr. Rodrigo Sotomayor Julio, como secretario y socio adherente, y doña nombre reservado, como tercera socia y adherente.

Señala que, esta Corporación fue creada en 2017 administra media docena de establecimientos educacionales. Nació con motivo de la Ley de Inclusión, para afincar la administración en instituciones sin fines de lucro. Desde el 7 de enero de 2020, el Sr. nombre reservado comenzó una persecución contra la sra. nombre reservado, con el fin claro y evidente de quedarse con el poder. La amenazó, le envió correos y mensajes de whats app, y diversos actos reprobables del sr. nombre reservado (que se investigan por el Ministerio Público por delitos de amenazas, extorsión, ejercicio ilegal de la profesión, prevaricación, falsificación de documentos y apropiación indebida). En estas circunstancias, el sr. nombre reservado urdió un plan. Inventó una carta de renuncia supuestamente suscrita por la sra. nombre reservado para autoasignarse como representante legal. Con esta falsificación de documento-carta, inventó luego un supuesto Directorio de 24 de febrero de 2020, en que se recibe esta carta falsificada, se autonombra presidente de la institución, y de paso, designa un reemplazante para cargo de secretario a un sr. nombre reservado, quien ni siquiera era socio para detentar esa calidad. Todo a puertas cerradas y falsificando información. Fue así, que obtuvo registro ante la SEREMI, la que le creyó dichos antecedentes fraudulentos, obtuvo transitoriamente la calidad de representante, y dentro de sus primeras actuaciones, acudió al Banco Scotiabank (donde es cliente la Corporación), para adjudicarse la administración de la cuenta bancaria, cuestión que finalmente, no logró por avisos dados por la Fiscalía.

Expone que, ya a esa época, se había tramitado asamblea extraordinaria de socios, donde se aprobó la expulsión del Sr. nombre reservado, por sus inaceptables conductas. En virtud de este ingreso de expulsión, se dictó la resolución n° 575 de 16 abril de 2020, se ratificó como socias de la Corporación a la sra. nombre reservado como presidenta, y a la sra. nombre reservado, como secretaria. Esa calidad se mantuvo intacta desde abril de 2020, e incluso hasta fines de 2020, en que el propio sr. nombre reservado, inició un proceso de invalidación de la citada resolución 575, el que finalmente Rechazó la invalidación, con fecha 30 de julio de 2021. Luego de eso, la calidad de socias de sra. nombre reservado (pdta directorio) y sra. nombre reservado (secretaria), se mantuvo invariable hasta el 9 de noviembre de 2021, en que se acaba de dictar una resolución ilegal y arbitraria, conforme explica.

Expresa que, no obstante, de todo lo dicho, se inició un nuevo e irregular proceso de invalidación por resolución de la SEREMI recurrida, invocando el art. 53 de ley 19880, tendiente a la revisión de la resolución que había ratificado a la sra. nombre reservado en su calidad de repte. Legal en abril de 2020. En este proceso, la sra. nombre reservado NO FUE CONSIDERADA, a pesar de ser la Socia de la Corporación, infringiendo el deber de debida audiencia de los interesados. Solo por resolución de 29 de octubre de 2021, es que fue APROBADA una ACLARACION que pidió la socia sra. nombre reservado, determinándose los fines del procedimiento y ahora, declarándose a mi representada, la sra. nombre reservado, como interesada en el procedimiento. Aquí, es donde se otorgan apenas 3 días para evacuar descargos. Según los antecedentes recopilados, la SEREMI ingresó en la Oficina de Correos de Chile la resolución de 29 de octubre ese mismo día, 29 de octubre. Teniendo presente el feriado lunes 1 de noviembre, al tercer día de ingresado a Correos, se llega al 4 de noviembre, y, los 3 días para descargos no podían vencer sino el martes 9 de noviembre a las 23:59 hrs. Estando pendiente el plazo para evacuar sus descargos, se dictó ese mismo 9 de noviembre de 2021, la resolución que decretó la invalidación, vulnerando el derecho esencial de la defensa y a la AUDIENCIA de los interesados que exige la ley 19880.

Manifiesta que, este grave error está significando que desde ese día se despojó de la representación legal a la sra. nombre reservado, sin siquiera haberse escuchado sus alegaciones, pues claramente no aprueba el re ingreso de una persona que amenaza y falsifica documentos. Este señor es investigado por delitos de falsificación de documentos, precisamente ante la SEREMI, por asambleas fraudulentas y especialmente, falsificó una supuesta renuncia de la sra. nombre reservado a su cargo de presidenta. Hoy, la situación es crítica y gravísima, porque por un error del procedimiento, se esté dando pie a nuevos eventuales fraudes y perjuicios para la Corporación.

Argumenta que la SEREMI recurrida dio inicio al proceso en virtud de la resolución exenta n° 1438 de 29 de septiembre de 2021 y dio plazo de 7 días para presentar descargos a la sra. nombre reservado y al sr. nombre reservado. Destaca de esta resolución, la imprecisión de su fundamento y fines, pues alude a un proceso sobre cancelación de personalidad jurídica. Por resolución exenta n° 1524 de 18 de octubre de 2021 se concedió ampliación de plazo de 3 días para responder de lo anterior, y se remitió copia del expediente. Mediante presentación de 21 de octubre de 2021, sobre incidente previo, se EXIGIÓ la ACLARACION de la resolución por invocar cuestión impertinente (de cancelación de personalidad jurídica) y se requiere además que se incorpore como interesada, a mi representada la sra. nombre reservado. Por resolución n° 1585 de 29 de octubre de 2021, se acogió la petición de Aclaración, se corrige recién allí el procedimiento y se incorpora a la sra. nombre reservado, a quien se ordena notificar en virtud del art. 46 de la Ley 19.880, esto es, por carta certificada. Y a todos los interesados, se concedió un exiguo plazo de 3 días para evacuar descargos. Apuntamos aquí que dicho plazo de 3 días, contradice el plazo mínimo para impugnar la resolución, que es de 5 días para un recurso de Reposición, restringiendo el derecho al recurso. Finalmente, el documento formal en que se notificó a la sra. nombre reservado solo llegó al domicilio el 10 de noviembre de 2021. Allí, apreciando el número de seguimiento, se constata un hecho FALSO: que un 2 de noviembre de 2021, un funcionario de correos de chile entregó la notificación a una sra. nombre reservado, a las 18:06 hrs, cuestión que resulta IMPOSIBLE, porque el establecimiento se encontraba CERRADO por aplicación de protocolos COVID, es decir, la mentira no puede ser más clara. Sea error de Correos, error de la SEREMI, el asunto, es que esta situación NO puede afectar garantías mínimas de defensa en un procedimiento administrativo. Luego, por resolución de 9 de noviembre de 2021, se dictó la resolución exenta n° 1674, que dio por notificada falsamente a la sra. nombre reservado. Además, invalida la resolución objeto del proceso administrativo, rechazando las demás presentaciones.

Dice que, la misiva de Correos de Chile es FALSA. Resulta IMPOSIBLE que se hubiere realizado cualquier notificación durante toda la semana entre el 2 y 5 de noviembre de 2021, por el CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO por aplicación de protocolos COVID, al detectarse un caso sospechoso de variante delta del virus. Esto fue informado incluso a la SEREMI recurrida por el aviso respectivo de decretarse suspensión completa de clases desde el 2 de noviembre de 2021 y hasta el 5 de noviembre de 2021, para desarrollarlas de modo remoto. Acompaño correos electrónicos que así lo acreditan. Incluso más, realizadas las averiguaciones correspondientes en las oficinas de Correos de Chile, CONFIRMARON que NO se pudo entregar misiva alguna toda la semana porque precisamente se encontraba cerrado el establecimiento. ¿Por qué el SEREMI dio por notificada a la sra. nombre reservado sin estarlo? Estimamos que debe haber un error, y que debe ser enmendado para la bondad del procedimiento. Acompaña declaración jurada de la funcionaria sra. nombre reservado, quien declara que NO estuvo en el establecimiento aquel 2 de noviembre, ni recibió jamás correspondencia alguna por nadie en lugar alguno. Pero a todo evento, el art. 46 de la ley 19880, cuando se dispone notificar mediante carta certificada, prescribe que se debe entender que ella se produce al TERCER DIA de ingresada en Correos de Chile, es decir, en la situación más conservadora, aquel 29 de octubre, donde igualmente se obtiene que al día 9 de noviembre de 2021, no había vencido el plazo para la sra. nombre reservado evacuar sus descargos. Este precepto regula que “… Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda. En efecto, de haber ingresado a Correos de Chile el 29 de octubre, solo se pudo haber entendido notificada a la sra. nombre reservado al tercer día, esto es, el 4 de noviembre (teniendo presente el feriado del 1 de noviembre), y entonces, los 3 días le vencían precisamente el martes 9 de noviembre. Importancia de lo que se está discutiendo. Los descargos de los interesados son fundamentales en proceso de invalidación donde la Administración del Estado viene a CONTRADECIR sus actuaciones anteriores, pues viene a retirar un acto que antes, dio la razón a un administrado. Los descargos, son el único medio de defensa que la ley 19880 dispuso, y en este procedimiento ese derecho fue privado, vulnerando en esencia el derecho a la igualdad ante la ley. Junto con las advertencias anteriores, agrega, que hay un contexto detrás de todo esto: el sr. nombre reservado ha actuado de formas reñidas con el Ordenamiento jurídico y que están siendo investigadas por el Ministerio Público, todo lo cual detalla en el recurso.

Detalla que, cabe ilegalidad en la resolución de 29 de octubre, por infringir el art. 59 de la ley 19880, cuando dio un plazo de 3 días para evacuar descargos, pero que resulta ser plazo menor al que permite la impugnación del acto administrativo, lo que deviene en afectar el derecho al recurso. A todo evento, resulta una conducta arbitraria. Se dio un plazo que contradice los plazos de impugnación administrativos, que alcanzan los 5 días. Se produce indefensión, al impedir el derecho al recurso, desde que obliga a presentar descargos ANTES que se resolviera una reposición, que perfectamente podría determinar una decisión distinta.

Señala que queda clara la privación al derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el art. 19 nº 2 de la Constitución Política de la República (en adelante CPR), por cuanto de forma ilegal y arbitraria, la SEREMI recurrida ha obstaculizado el derecho a audiencia previa, afectando el derecho a defensa, en circunstancias que en misma situación, a otros interesados se habría respetado el derecho a que se resuelva una vez que se presenten todos los descargos. También, se ha privado de la garantía la Debido Proceso, en cuanto el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, del art. 19 n° 3 de la Carta Fundamental, por cuanto se irrespeta la garantía desde que la resolución de 9 de noviembre de 2021, fue dictada por autoridad que al 9 de noviembre de 2021, no estaba en facultades de resolver. Junto con lo anterior, el debido proceso también se configura en el mínimo derecho a defensa, que fue atropellado. Y aun a todo evento, el derecho de propiedad de su representada, a que respete el derecho a su haber, de evacuar los descargos en las oportunidades que permite la ley, conforme el art. 19 n° 24 de la CPR y art. 26 y 53 de la ley 19880.

Expone que las resoluciones denunciadas, son ilegales, en primer lugar, la de 29 de octubre cuando apenas concede un plazo de 3 días para descargos, infringiendo el art. 53 de la ley 19880, que establece que debe darse debida audiencia de los interesados, lo que claramente no se cumple, cuando se concede un plazo que es menor al que permite siquiera impugnar la resolución, de conformidad al art. 59, que no fue aplicado en lo absoluto. Hay ilegalidad también, por la falta de aplicación del art. 46 de la misma ley, en torno a que la notificación debió entenderse practicada solo al tercer día de practicado el ingreso en Correos de Chile, por lo que regía plazo hasta la medianoche del martes 9 de noviembre. Finalmente, las resoluciones denunciadas, fueron dictadas sin razón, motivadas en el capricho, y por tanto, son ARBITRARIAS, desde que por una parte, restringieron el derecho al recurso, y por otra, el derecho a mi representada de evacuar sus descargos. Es arbitrario que se tenga por notificado a quien, cuyo domicilio se encuentra cerrado por protocolos Covid, y no existe persona alguna que reciba la correspondencia. Es arbitrario no respetar el plazo que contempla el art. 46 de la ley 19880.

Que, destaca el hecho de que el SEREMI ya sabía del cierre del establecimiento educacional desde el 2 de noviembre de 2021, por lo que era imposible la notificación de la sra. nombre reservado. Acompaña correo que así lo acredita.

Por lo expuesto, solicita se acoja, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio de los derechos conculcados, ordenando: 1) Dejar sin efecto la resolución exenta n° 1585 de 29 de octubre de 2021, que concedió exiguo plazo de 3 días para descargos, por vulnerar el derecho al recurso. 2) Dejar sin efecto la resolución exenta n° 1674 de 9 de noviembre de 2021, que decreta invalidación estando vigente plazo para evacuar descargos de mi representada. 3) Disponer que la SEREMI recurrida debe dictar resolución que conceda plazo para evacuar descargos, no menor a 5 días hábiles. 4) A todo evento, disponer que la SEREMI respete el derecho a evacuar descargos a la sra. nombre reservado, y solo una vez concluido ese trámite o vencido los plazos respectivos, se proceda a dictar resolución respecto al fondo del asunto. 5) Todo lo anterior con expresa condena de costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Comprobantes de recepción de correspondencia de correos de Chile de fecha 10 de noviembre de 2021. 2. Correo electrónico del sr. Director nombre reservado, de fecha 30 de octubre de 2021, que informa suspensión de clases desde el 2 de noviembre de 2021 y aplicación de protocolos Covid. 3. Correo electrónico de 2 de noviembre de 2021, del sr. Director nombre reservado a la SEREMI de educación, informando que por aplicación de protocolos Covid, el cambio de modalidad a forma remota. 4. Correo electrónico de 2 de noviembre de 2021, del sr. Director nombre reservado a la SEREMI de educación, informando que se extiende el trabajo remoto también entre el 3 y 5 de noviembre de 2021. 5. Expediente administrativo en archivo pdf, y que incluye: a) Resolución exenta n° 1438 de 29 de septiembre de 2021, que inicia el proceso. b) Presentación de 12 de octubre de 2021 sobre ampliación de plazo. c) Resolución exenta n° 1524 de 18 de octubre de 2021, que autoriza ampliación de plazo. d) Presentación de 21 de octubre de 2021 sobre Incidente Previo. e) Resolución exenta n° 1585 de 29 de octubre de 2021, que tiene por ACLARADO los puntos que indica, declara calidad de interesada a la sra. nombre reservado y establece plazo de 3 días efectuar alegaciones, y que solo fue notificada el 10 de noviembre de 2021. f) Presentación de 4 de noviembre de 2021 sobre reposición y ampliación de plazo para descargos. g) Resolución n° 1674 de 9 de noviembre de 2021, que decreta invalidación y rechaza reposición, estando vigente plazo para descargos. 6. Certificados de registro emitido por la SEREMI de EDUCACION región del Biobío, en que consta doña nombre reservado como representante legal. 7. Informe del Ministerio Público sobre las diversas investigaciones contra el sr. nombre reservado, y que fue evacuado en el recurso de protección 8437-2020. 8. El informe del SEREMI sr. Fernando Peña Rivera, evacuado el 4 de junio de 2020 en recurso de protección 8437-2020. 9. Resolución 885 de 3 de junio de 2021, que ya rechazó el mismo proceso de invalidación. 10. Resolución 1123 de 30 de julio de 2021, que confirmó ese rechazo. 11. Ordinario DFI N° 0099 de 22 de enero de 2021, del SUPERINTENDENTE DON CRISTIAN O’ RYAN SQUELLA, que refrenda que estos asuntos deben someterse a los Tribunales de Justicia. 12. Declaración jurada de sra. nombre reservado, sobre No haber recibido correspondencia alguna por cierre de establecimiento. 13. Registro de seguimiento de correos de Chile, donde consta la falsedad de haberse recibido correspondencia en día 2 de noviembre, cuando estaba cerrado el establecimiento. 14. Fotografías de lo ocurrido el 11 de noviembre, con registro de ingreso del sr. nombre reservado y sus seguidores. 15. Correo electrónico de 12 de noviembre sobre informe de las situaciones ocurridas en los establecimientos educacionales, que adjunta Set de fotografías, Informe Escuela Penco, e Informe escuela Lota.

Con fecha 15 de noviembre de 2021, se decretó la acumulación de estos antecedentes a la causa Rol 13104-2021.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, como reiteradamente ha venido estableciendo esta Corte, de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, se deduce que la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración, la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria;

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y, d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Segundo: Que en la especie se tramitan acumulados dos recursos de protección aquel rol 13.104-2021, en favor de nombre reservado, en cuanto recurre en contra de la Secretaría Ministerial de Educación del Biobío, por la dictación las Resoluciones Exentas, emanadas de esa autoridad, N° 1585, de 29 de octubre de 2021, y la N° 1674, fechada 9 noviembre de 2021, las que estiman arbitrarias e ilegales.

Del mismo modo el recurso de protección acumulado, rol 13.266-2021, aparece interpuesto en favor de nombre reservado, y se recurre de protección en contra de la misma autoridad Regional Ministerial de Educación, por la dictación, que estima también arbitraria e ilegal, de las mismas resoluciones signadas y datadas precedentemente.

Ambas recurrentes explican que las resoluciones recurridas fueron dictadas en proceso de invalidación, respecto de la calidad de representante legal, de la Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán, que lleva adelante la Secretaría Ministerial de Educación del Biobío, proceso que fue iniciado Por Resolución Exenta N° 1438 de 29/09/2021, y que dentro de la tramitación del mismo por resolución número 1585 de 29 de octubre de 2021, se ordenó poner en conocimiento de la señora nombre reservado, recurrente de autos, el procedimiento invalidatorio concediéndosele un plazo de 3 días, para evacuar descargos; finalmente exponen, que por Resolución N°1674 de 9 de noviembre de 2021, se invalidó la resolución 575, de ese misma entidad, dictada el 16 de abril de 2020, por la cual se reconocía la calidad de representante legal de la Corporación Educacional ya indicada, creada en el año 2017 a la señora nombre reservado.

Señalan los recurrentes, que respecto de esta última resolución se dedujo recurso jerárquico el que aún se encuentra pendiente de resolver, atribuyen a la recurrida Seremi de Educación el haber obrado en forma arbitraria e ilegal puesto que la Resolución 1585 de 29/10/2021 no fue notificada con fecha 2 de noviembre, como se sostiene, sino con posterioridad, por lo que al dictarse la resolución 1674, el 9 de noviembre de 2021, lo hizo no respetándose el derecho a ser oída, que en dicho procedimiento, tenía, la señora nombre reservado.

En virtud de lo anterior existiendo vulneración en sus garantías constitucionales solicitan se anulen las resoluciones mencionadas.

En lo que interesa, e informando al tenor del recurso la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío, señala que se concedió recurso jerárquico en esta materia elevándose los autos al Sr. Subsecretario de Educación, el que aún se encuentra pendiente, y que desde el punto de vista administrativo, atendido lo anterior, se encuentra desasida su competencia administrativa en la materia, señala además que el recurso se dirige en contra actos administrativos en trámite, no existiendo aún uno de carácter terminal.

Refiere la autoridad informante que por oficio dirigido por el señor Fiscal de la Superintendencia de Educación, que estimó configurada una infracción a los estatutos de la Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán, le fue requerido corregir la resolución 575 del año 2020, de fecha 16 de abril de ese año, que reconocía a la recurrente nombre reservado, como representante legal de dicha corporación, expresa que en el proceso administrativo se hizo presente que existía una socia interesada a la que no se había tenido por parte en el proceso, y por resolución 1585 de 29 de octubre de 2021, se le otorgó a dicha interesada, nombre reservado, un plazo de 3 días, luego señala que al no haber comparecido la señora nombre reservado, toda vez que fue notificada, según indica, el día 2 de noviembre del año 2021, se procedió a dictar la Resolución Invalidatoria N° 1674 el día 9 de noviembre de 2021, no existiendo recursos por parte de la señora nombre reservado, conforme a estos antecedentes, explica no existe acto arbitrario ilegal y pide el rechazo del recurso.

Tercero: Que, si bien en estos antecedentes obra informe de la Empresa de Correos de Chile, evacuado por don nombre reservado, en su calidad de Gerente de Canales de dicha empresa, por el que indicó que el documento expedido es un servicio documento Express, distinto del servicio de carta certificada, y que él mismo fue recibido en la planta Concepción, y siendo su destinatario la señora nombre reservado, que tiene domicilio en la comuna de Coronel, fue entregado en el domicilio domicilio reservado, Lagunillas con fecha 2 de noviembre del año 2021, a nombre reservado; lo cierto es que la misma entidad de correo, pero informando ahora sobre el punto, en los recursos de protección 13.888 y 14.137 de esta Corte, se señala que se constatan que la entrega fue realizada el día 10 de noviembre de 2021 y que por error se indicó una fecha anterior.

Cuarto: Que, en tal escenario fáctico lo cierto es que este último dato respecto de la característica, primero del tipo de carta que fue remitida a la recurrente nombre reservado, no cabe sino concluir que al dictarse la resolución 1674 el día 9 de noviembre del año 2021, por la recurrida, evidentemente, tal resolución aparece dictada y datada, antes de la notificación a una de las socias interesadas de la Corporación Educacional de que se trata, vulnerándose lo prevenido en el artículo 46 de Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, aplicable en la especie, en el que se lee: “… las notificaciones se harán por escrito mediante carta certificada dirigida al domicilio del interesado”. Indicando en el inciso siguiente: “las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda”.

Por demás, resulta patente que la recurrida otorgó en el caso, sólo un plazo de 3 días para que la parte interesada, en un proceso de invalidación de un acto administrativo anterior, hiciera valer sus alegaciones, lo que resulta arbitrario atendida la importancia y envergadura del asunto en discusión, no dando, en el hecho aplicación a lo regulado en el artículo 53 de la ya citada Ley 19.880, que dispone: “Artículo 53. Invalidación: la autoridad administrativa podrá de oficio OA petición de parte invalidar los actos contrarios a derecho previa audiencia del interesado…”.

Con lo señalado además por la empresa de correos queda claro que la recurrida utilizó para notificar a la recurrente, nombre reservado, un canal distinto de la carta certificada a qué se refiere la normativa legal vigente.

Quinto: Conforme lo que se viene indicando y habiéndose constatado irregularidades manifiestas, en el proceso de invalidación seguido por la recurrida, resulta claro que se han violentado garantías fundamentales del debido proceso a qué se refiere el artículo 19 en su numeral 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, que dispone: artículo 19: “La Constitución asegura a todas las personas N° 3, La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”. Inciso quinto. “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previamente legal legalmente tramitado corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

La vulneración anterior torna, además, ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida, afectando la igual protección de la ley de las recurrentes, pues el trato debido igualitario suponía plazos razonables para desarrollar la defensa de sus intereses y un debido emplazamiento.

Sexto: Que, no es óbice para lo que se viene indicando el hecho que en la especie no se haya dictado un acto terminal, como lo indica la recurrida en su informe, puesto que ya, las irregularidades detectadas en el procedimiento administrativo de que se trata, revelan una afectación a derecho constitucionales.

Conforme a lo que se viene indicando, corresponde que esta Corte, arbitre las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho, toda vez que como está indicado, se ha verificado que existen garantías fundamentales amagadas con el obrar de la recurrida.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas, los recursos protección, interpuestos en favor de nombre reservado, y de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 1585, de 29/10/2021, y la Resolución Exenta N° 1674 de 09/11/2021, y las que de ella deriven, dictadas por la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Educación del Biobío, y se dispone que dicha recurrida continuará con el proceso invalidatorio, de que se trata, en el estado de conferir a la socia, de la Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán, nombre reservado nombre reservado, un plazo no inferior de cinco días administrativos, para que pueda efectuar las alegaciones que estime pertinentes, debiendo notificarle tal decisión, por medio de carta certificada, remitida al domicilio respectivo de esta, dictando luego, todas las resoluciones que en derecho correspondan.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción del Ministro Rafael L. Andrade Díaz.

No firma el ministro suplente señor Rodrigo Carvajal Schnettler, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en su suplencia Rol N° Protección 13.104-2021 y 13.266- 2021.