nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Concepción, catorce de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, técnico en redes de electricidad, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, sociólogo, domiciliado para todos los efectos legales en domicilio reservado, Región Metropolitana; debido a la omisión en el pronunciamiento sobre la solicitud de Residencia Definitiva de 16 de enero del año 2021, lo cual vulnera gravemente sus derechos y garantías fundamentales establecidos en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, referentes al derecho a la vida e integridad física y psíquica de toda persona y a la igualdad ante la ley respectivamente.

Expone que es oriundo de Venezuela, de 32 años de edad, licenciado de técnico en redes de electricidad, estableciéndose en Concepción, en donde encontró trabajo y pudo regularizar sus documentos en el país. Su primera visa fue otorgada el día 12 de marzo del 2018, con duración de un año, el 16 de diciembre de 2018 solicitó la permanencia definitiva, resuelta el 24 de enero de 2020, fecha en la que fue rechazada. No obstante ello, se le otorgó una nueva visa temporaria por Resolución Exenta N°15793 del Ministerio del Interior, la cual fue estampada el 14 de agosto de 2020.

Sostiene que realizó una nueva solicitud de permanencia definitiva el 12 de agosto de 2021, de la que no obtuvo respuesta hasta el día 18 de octubre del 2022, fecha en la que se le da orden de pago a su solicitud de Permanencia Definitiva. Sin embargo, aún no obtiene respuesta, teniendo un 99% de avance en los documentos requeridos, encontrándose actualmente con su número de cédula de identidad vencido.

Estima que nos encontramos frente a una omisión ilegal y arbitraria de parte del recurrido órgano del Estado al no emitir pronunciamiento respecto de la solicitud presentada para la obtención de la Residencia Definitiva en nuestro país, el cual vulnera las garantías constitucionales ya referidas.

Manifiesta que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 7, y 27 de Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, puesto que dichas normas consagran el principio de celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade, que otro antecedente a considerar es lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de la citada ley, los cuales estipulan los plazos, la obligación de cumplirlos, la forma y el procedimiento para dar cumplimiento a ellos.

Alega que esta situación lo mantiene en un claro estado de incertidumbre y vulnerabilidad, toda vez que no tiene certidumbre sobre la fecha en que se dará respuesta, positiva o negativa, a la solicitud presentada cumpliendo con todos los requisitos que solicita la ley.

Solicita tener por interpuesto el presente Recurso de Protección deducido en contra del Servicio Nacional de Migración, por la omisión ilegal y arbitraria frente a la solicitud de Residencia Definitiva presentada, solicitando que se ordene a la recurrida dar una respuesta a su solicitud de Permanencia Definitiva; que se otorgue la aprobación de dicha solicitud a efectos de cesar con el estado de vulneración de las garantías constitucionales del recurrente, establecidos en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, además de que se adopten las medidas que se estime convenientes para el restablecimiento del derecho.

Informó el Servicio Nacional de Migraciones, por intermedio de la abogada Carolina Pía Tapia Fierro, expresando que el recurrente con fecha 12 de agosto de 2021, presentó ante ese Servicio solicitud de permanencia definitiva, la que mediante la Resolución Exenta N°23012391, de 12 de enero de 2023, le otorgó el beneficio solicitado.

Hace presente, no obstante lo anterior, que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación, más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no es la interposición de esta acción, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, afirma que la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, por cuanto la consecuencia directa de la interposición de estos recursos es la urgencia aplicada en responder a este reducido universo de casos, a fin de cumplir los requerimientos judiciales, esto es, dando prioridad a quienes recurren en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad.

Aduce, que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria.

Por lo expuesto, solicita el rechazo de la acción constitucional de protección, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad migratoria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a su representado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida de pronunciarse acerca de su solicitud de residencia definitiva, y que fuera presentada con fecha 12 de agosto de 2021, sin que la autoridad recurrida se haya pronunciado hasta la fecha.

TERCERO: Que de los antecedentes fluye que son hechos incontrovertidos los siguientes:

1.- Que el recurrente presentó su solicitud el 12 de agosto de 2021.

2.- Que tal solicitud fue acogida a trámite, y 3.- Que mediante Resolución Exenta N°23012391, de 12 de enero de 2023, se le concedió el beneficio solicitado por el Servicio Nacional de Migraciones.

CUARTO: Que, entonces, si bien es cierto que existió una demora en la tramitación, tal como se denuncia en el recurso, no lo es menos que en la actualidad ya se ha resuelto lo solicitado y, por lo mismo, no existen medidas eficaces que esta Corte pueda ahora adoptar para restablecer el imperio del derecho, en la medida que a la persona recurrente, se le concedió, por la autoridad administrativa competente, el beneficio solicitado.

QUINTO: Que, en consecuencia, el recurso no habrá de prosperar por falta de oportunidad.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Jordán.

Rol N° 130864-2022- Protección.-