nombre reservado con INSPECCION PROVINCIALE DEL TRABAJO DE CONCEPCION Y OTRO.

C.A. de Concepción Concepción, catorce de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Alexis Jerez Paz, en representación de doña nombre reservado, profesora; de doña nombre reservado, fonoaudióloga y de doña nombre reservado, profesora; todas ellas por sí y en representación del Sindicato de Empresa Congregación Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia Escuela Santa Catalina de Siena, N° 8011072 en el Registro Sindical Único, domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, representada por don nombre reservado y en contra de don nombre reservado, Jefe Unidad Relaciones Laborales de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en razón del manifiesto acto ilegal y arbitrario consistente en el no reconocimiento del derecho consagrado en la Ley N° 21.235, especialmente en lo que respecta a la prórroga de su mandato sindical en los términos expuestos en el inciso 4° del artículo único de la referida Ley.

Señala que el 3 de octubre del 2017, se constituyó el Sindicato de Empresa Congregación Dominicas Misionera de la Sagrada Familia Escuela Santa Catalina de Siena, R.S.U. 1072, en cuyo acto de constitución resultaron electos como directorio del mismo, los siguientes socios:

a) Doña nombre reservado, CI N.° RUT reservado, como presidenta, con mandato desde el 03 de octubre del 2017 al 03 de octubre 2021;

b) Don nombre reservado, CI N.° RUT reservado, secretario, con mandato desde el 03 de octubre del 2017 al 03 de octubre 2021; y c) Doña nombre reservado, CI N.° RUT reservado, tesorera desde del 03 de octubre del 2017 al 03 de octubre 2021.

Luego, el 27 de enero de 2020, don nombre reservado, presentó su renuncia a la empresa por lo que se procedió a una elección complementaria del cargo vacante, resultando electa doña nombre reservado, CI N.° RUT reservado, quien asumió como Secretaria, desde el 27 de enero 2020, con mandato hasta el 03 octubre 2021.

Expresa que 18 de marzo de 2020, por medio del Decreto 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, el que estuvo vigente hasta el pasado 30 de septiembre de 2021. En dicho contexo, el 29 de mayo de 2020, entró en vigencia la Ley N° 21.235, que suspendió temporalmente los procesos electorales de directivas y delegados sindicales y prorrogó la vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados sindicales en los casos que indica.

Explica que el sindicato recurrente tiene contrato colectivo vigente con su empleador, hasta el próximo 29 de diciembre de 2021, y en el contexto de la preparación del proyecto de contrato colectivo, para dar inicio al proceso de negociación colectiva reglada, las recurrentes solicitaron información a la Inspección del Trabajo, entidad que hizo presente que a su juicio el sindicato se encontraba en receso, ya que el periodo de vigencia de su directorio habría concluido el pasado 03 de octubre.

La recurrentes hicieron presente a la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, que a su respecto les son aplicables las normas contenidas en la Ley N° 21.235 y observaron ante la recurrida que el Dictamen 2225-40, de 14 de septiembre de 2021, dictada por la misma recurrida fijó el sentido y alcance de la referida ley, estableciendo claramente, tal y como lo hace la misma Ley comentada, el derecho que a ellas asiste en el sentido de hacerles aplicables dichas normas jurídicas, verificándose por tanto en la especie, la correspondiente suspensión temporal del proceso electoral de la directiva sindical y la prorroga de la vigencia del mandato del directorio del Sindicato de Empresa Congregación Dominicas Misionera de la Sagrada Familia Escuela Santa Catalina de Siena, R.S.U. 1072.

Precisa que referido dictamen establece 2 hipótesis: procesos eleccionarios de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de funcionarios iniciados antes de la declaración de estado de excepción constitucional y procesos eleccionarios que debieron iniciarse durante dicho estado de excepción, siempre que, al igual que en la situación anterior, no hubieren podido finalizar antes de la fecha de publicación de la Ley N° 21.235.

Expresa que conforme a lo dispuesto en los Estatutos vigentes del sindicato recurente, artículo 8°, inciso 1°, dispone “Para ser candidato a director, el socio interesado deberá hacer efectiva su postulación por escrito en duplicado al secretario. En su ausencia se seguirá el siguiente orden de prelación: presidente, tesorero y cualquiera de los directores, no antes de 15 días ni después de 2 días anteriores a la fecha de la elección.”. Luego, el artículo 9° del mismo Estatuto, dispone: “Para los efectos de que los candidatos a directores gocen de fuero, la directiva de la organización sindical o la comisión si correspondiera, deberá comunicar por escrito al empleador y a la Inspección del Trabajo respectiva la fecha de elección de la mesa directiva, para lo cual tiene como plazo un máximo de 15 días anteriores a la celebración de ésta.”. Atendido que la vigencia original del actual directorio era el 03 de octubre de 2021, el proceso de renovación del directorio debió iniciarse 15 días antes de dicha fecha, esto es el 16 de septiembre del año en curso, es decir, en plena vigencia del estado de excepción constitucional.

Explica que la correcta interpretación de la Ley N° 21.235 importa que todas aquellas renovaciones de directorios sindicales, cuyos procesos se iniciaron desde el 18 de marzo de 2020 y que debieron finalizar antes del 29 de mayo de 2020, no quedarán amparados por las disposiciones de la ley comentada y por lo tanto, todos aquellos procesos de renovación de directorios sindicales iniciados desde el 18 de marzo de 2020 y que debieron imperiosamente finalizar después de la fecha de publicación de la Ley N° 21.235, quedaran amparados por las normas del referido cuerpo legal.

Menciona, además, que las normas de la referida Ley son aplicables a sus representadas por lo dispuesto en el inciso 4° del artículo único del referido texto legal, cuando expresamente señala: “En los casos señalados en el inciso primero, la vigencia del mandato sindical de directores y delegados sindicales, así como de directores de las asociaciones de funcionarios regidas por la ley N° 19.296, se entenderá prorrogada por el número de días que restaba para el término del plazo del mandato original al momento de decretarse el estado de excepción constitucional antes mencionado, contados desde el cese de dicho estado de excepción constitucional, o de su prórroga, el que nunca podrá ser inferior a quince días hábiles.”

Sin embargo, dice que el pasado miércoles 27 octubre de 2020 el recurrido nombre reservado, desde su cuenta de correo electrónico institucional informó lo siguiente: “Período de mandato por estatuto, 48 meses. Sobre el particular, en el registro informático llevado por la Dirección del Trabajo aparece que el mandato sindical en referencia se extendía desde el 03.10.2017 a similar data del año en curso.

De acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de la República en sus artículos 6° y 7°, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, estos órganos actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, y ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes y que todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

En este sentido la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 2° dispone que los órganos de tal Administración someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Agrega que ellos deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. De acuerdo al mismo precepto legal, todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.

En lo concerniente a esta repartición pública, el ordenamiento jurídico le ha conferido las atribuciones indicadas en el DFL-2 de 1967, su Ley Orgánica, entre las cuales no se incluye la facultad para prolongar o reducir el período de vigencia en el mandato de los directorios de las organizaciones sindicales.

En resumen, la Dirección del Trabajo carece de competencia para prolongar o reducir el período de vigencia en el mandato de los directorios de las organizaciones sindicales, puesto que ello implicaría una intervención de la Administración del Estado en sus asuntos internos.

Por otra parte, el Código del Trabajo dispone en el quinto inciso de su artículo 235, que el mandato sindical durará no menos de dos años ni más de cuatro y los directores podrán ser reelegidos, agregando dicho precepto legal que el estatuto determinará la forma de reemplazar al director que deje de tener tal calidad por cualquier causa.

Vale decir, la norma vigente establece un tiempo mínimo y un tiempo máximo en la duración del mandato sindical, pudiendo los directores ser reelectos al término del mismo. En otras palabras, el mandato sindical ha de renovarse a través de procesos eleccionarios, sin que su vigencia pueda extenderse más allá de la fecha establecida en el estatuto de la organización para el vencimiento del mismo.

Ahora bien, la ley N.° 21.235, publicada en el Diario Oficial con fecha 29.05.2020, suspendió temporalmente procesos electorales de directivas y delegados sindicales, prorrogando la vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados sindicales en los casos indicados por esa normativa.

De acuerdo a lo dispuesto por dicho texto legal, en el primer inciso de su único artículo, los procesos electorales de directivas sindicales, de delegados sindicales regidos por el Código del Trabajo o de directivas de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado regidas por la ley N°19.296, que se hubieren iniciado antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del decreto supremo N.° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o aquellos que debieron iniciarse durante dicho estado de excepción, y que en ambos casos no hubieren podido finalizar antes de la fecha de publicación de esta ley, se entenderán suspendidos de pleno derecho, en el estado en que se encuentren.

Siguiendo la explicación brindada por el Servicio a través del Dictamen N° 2225/40, de 14.09.2021, la precitada ley N° 21.235 contempla para tal efecto dos hipótesis respecto de su ámbito de aplicación, a saber:

a) Procesos eleccionarios de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de funcionarios iniciados antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, de fecha 18.03.2020, en virtud del Decreto Supremo N°104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública siempre que, en ambos casos, no hubieren podido finalizar antes de la fecha de publicación de la ley en estudio.

b) Procesos eleccionarios que debieron iniciarse durante dicho estado de excepción, siempre que, al igual que en la situación anterior, no hubieren podido finalizar antes de la fecha de publicación de la ley en análisis.

Al tenor de los antecedentes examinados, se puede ver que la situación de la especie no tiene cabida en alguna de las dos hipótesis expuestas, considerando que el mandato cuya prórroga se solicita comenzó mucho antes de la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile, el día 18.03.2020 habiendo expirado con posterioridad al cese del referido estado de excepción constitucional, ocurrido con fecha 30.09.2021.

En definitiva, la Dirección del Trabajo carece de competencia para prolongar o reducir el período de vigencia en el mandato de los directorios de las organizaciones sindicales, dado que ha sido el legislador, quien estableció el período mínimo y máximo de duración del señalado mandato.”

Afirma que el profundo error de interpretación de los recurridos es un acto arbitrario e ilegal que conculca las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2 y 19, toda vez que la vulneración a dichos derechos, mantiene a las recurrentes en la incertidumbre de poder desarrollar su función sindical, en especial atención al proceso de negociación colectiva reglada que deben en la proximidad temporal enfrentar. En cuando a la igualdad ante la ley, por medio del acto administrativo, emanado del Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, se está dando un trato diferente ante la ley a sus representadas, al no reconocerles el derecho a aplicarse a su respecto las normas de la Ley N° 21.235.

Termina pidiendo que se acoja el presente recurso y se aplique respecto de las recurrentes la prórroga de su mandato sindical en los términos establecidos en el inciso 4° del artículo único de la Ley N° 21.235 y se emita por las recurridas los correspondientes certificados de vigencia de la directiva del sindicato recurrente en el que conste la prórroga de vigencia de su mandato, con costas.

SEGUNDO: Que, informó Luis Molina Gacitúa, abogado, por la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de Concepción y el recurrido don nombre reservado, solicitando resolver lo que en derecho y en los hechos corresponda, con costas del recurso.

Primero, señala que es pacífico el hecho que el mandato de los dirigentes expiraba, originalmente, el 3.10.2021 y que la ley en cuestión suspendió los procesos electorales de sindicatos y otras organizaciones, hasta el día 30 de septiembre de 2021, fecha en que terminó la última prórroga del estado de excepción constitucional general en Chile.

En cuanto a la vigencia de la directiva aludida en estos autos, ante la duda, el recurrido Sr. nombre reservado formuló la consulta al nivel central de la Unidad de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, respuesta que fue remitida a las recurrentes vía correo electrónico y cuyo contenido trascribe en el informe.

Así, entonces, la Inspección del Trabajo de Concepción informó a la directiva sindical en los términos que lo hizo el nivel central de la Dirección del Trabajo y la opinión vertida en el mensaje transcrito expresa la hipótesis del Servicio en el asunto en comento.

En cuanto al fondo de la discusión, estima que la vigencia de la directiva sindical de la organización quedará supeditada a lo que en definitiva se resuelva en autos, haciendo presente que su representada no se opone abiertamente a lo expuesto por la recurrente, pero tampoco de ninguna manera acepta su pretensión derechamente.

TERCERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

CUARTO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

QUINTO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él; es la no existencia de razones que justifiquen una actuación o voluntad no gobernada por la razón: Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos, o bien, acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídico. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil. Privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

SEXTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes, son hechos no discutidos los siguientes:

1.- Que, el 3 de octubre del 2017, se constituyó el Sindicato de Empresa Congregación Dominicas Misionera de la Sagrada Familia Escuela Santa Catalina de Siena, R.S.U. 1072, en cuyo acto de constitución resultaron electos como directorio del mismo, los siguientes socios: a)

Doña nombre reservado, CI N.° RUT reservado, como presidenta, con mandato desde el 03 de octubre del 2017 al 03 de octubre 2021; b) Don nombre reservado, CI N.° RUT reservado, secretario, con mandato desde el 03 de octubre del 2017 al 03 de octubre 2021; y c) Doña nombre reservado, CI N.° RUT reservado, tesorera desde del 03 de octubre del 2017 al 03 de octubre 2021.

2.- Que ante la renuncia a la empresa de don nombre reservado, con fecha 27 de enero de 2020, se procedió a una elección complementaria del cargo vacante resultando electa nombre reservado, CI N.° RUT reservado, quien asumió como Secretaria, desde el 27 de enero 2020, con mandato hasta el 03 octubre 2021.

3.- Que, con fecha 18 de marzo de 2020, por medio del Decreto 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, el que estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2021.

SÉPTIMO: Que, el día 29 de mayo de 2020, entró en vigencia la Ley N° 21.235, que suspendió temporalmente los procesos electorales de directivas y delegados sindicales y prorrogó la vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados sindicales en los casos que indica.

Al efecto, dicho texto señala en su artículo único.- “Los procesos electorales de directivas sindicales, de delegados sindicales regidos por el Código del Trabajo o de directivas de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado regidas por la ley Nº 19.296, que se hubieren iniciado antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del decreto supremo Nº 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o aquellos que debieron iniciarse durante dicho estado de excepción, y que en ambos casos no hubieren podido finalizar antes de la fecha de publicación de esta ley, se entenderán suspendidos de pleno derecho, en el estado en que se encuentren”.

“En caso de que el estado de excepción constitucional de catástrofe se prorrogue parcialmente en una o más regiones del país, la suspensión afectará solamente a dichas regiones. Tratándose de organizaciones sindicales o de asociaciones de funcionarios que afilien a trabajadores que presten funciones en distintas regiones, se mantendrá suspendido el proceso electoral hasta que se levante el estado de excepción constitucional en la última región en la que éste deba realizarse”.

“Con todo, si la organización sindical respectiva o aquellas asociaciones de funcionarios regidas por la ley N° 19.296 estimaren que existen las condiciones para realizar el proceso electoral, éste podrá ser llevado a efecto de conformidad a sus normas estatutarias y disposiciones legales vigentes”.

“En los casos señalados en el inciso primero, la vigencia del mandato sindical de directores y delegados sindicales, así como de directores de las asociaciones de funcionarios regidas por la ley Nº 19.296, se entenderá prorrogada por el número de días que restaba para el término del plazo del mandato original al momento de decretarse el estado de excepción constitucional antes mencionado, contados desde el cese de dicho estado de excepción constitucional, o de su prórroga, el que nunca podrá ser inferior a quince días hábiles”.

“Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero a cuarto del artículo 235 del Código del Trabajo y del artículo 17 de la ley Nº 19.296, el número de afiliados de la organización o asociación respectiva que será considerado, corresponderá al que existía a la fecha en que se declaró el referido estado de catástrofe. En todo caso, ese número deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos antes referidos para la siguiente elección”.

“La suspensión establecida en la presente ley no se aplicará tratándose de la constitución de nuevas organizaciones sindicales, regulada por los artículos 221 y siguientes del Código del Trabajo ni respecto de la constitución de nuevas asociaciones de funcionarios, según lo dispuesto en los artículos 8° y siguientes de la ley N° 19.296”.

OCTAVO: Que, conforme al estatuto acompañado, la directiva del Sindicato de Empresa Congregación Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia Escuela Santa Catalina de Siena, inscipción N° 8011072 en el Registro Sindical Único, cuyo directorio –integrado por tres miembros-, de acuerdo al tenor del artículo 7°, durará en sus funciones por 4 años, pudiendo ser reelegidos.

En la especie, como se adelantó, en sus inicios estuvo integrado por: a) Doña nombre reservado, como presidenta; b) Don nombre reservado, como secretario; y c) Doña nombre reservado, como tesorera, cuyo mandato se extendía desde el 03 de octubre del 2017 al 03 de octubre 2021 y que debido a la renuncia presentada por el señor nombre reservado el 27 de enero de 2020, se procedió a una élección complementaria para este último cargo, resultando electa doña nombre reservado, como secretaria, cuyo mandato se extendía hasta el mismo día 03 de octubre del año 2021.

Luego bien, de acuerdo al artículo 8° del citado estatuto, en lo que refiere al proceso eleccionario, “para ser candidato a Director, el socio interesado deberá hacer efectiva su postulación por escrito en duplicado al secretario. En su ausencia se seguirá el siguiente orden de prelación: presidente, tesorero y cualquiera de los directores, no antes de 15 días ni después de 2 días anteriores a la fecha de la elección”, de modo que en este escenario la convocatoria a nuevas elecciones debía realizarse el día 16 de septiembre del año en curso, y, al tenor del artículo único de la ley 21.235 la situación de hecho objeto de la presente acción cautelar se encuentra dentro de aquellos procesos electorales de directivas sindicales que “debieron iniciarse durante dicho estado de excepción, y que en ambos casos no hubieren podido finalizar antes de la fecha de publicación de esta ley, se entenderán suspendidos de pleno derecho, en el estado en que se encuentren”, por lo que, en concepto de esta Corte, la recta interpretación a dicho precepto es que se debe entender prorrogado de pleno derecho el mandato de la directiva del Sindicato de Empresa Congregación Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia Escuela Santa Catalina de Siena, hasta que se de inicio y culmine el proceso de una nueva elección de miembros de dicho sindicato, ello en mérito a que todas aquellas renovaciones de directorios sindicales, cuyos procesos se iniciaron desde el 18 de marzo de 2020 y que debieron finalizar antes del 29 de mayo de 2020, no quedarán amparados por las disposiciones de la Ley en comento y, por ende, todos aquellos procesos de renovación de directorios sindicales iniciados desde el 18 de marzo de 2020 y que debieron finalizar después de la fecha de publicación de la Ley N.° 21.235 -29 de mayo de 2020-, quedan amparados por las normas de dicho cuerpo legal.

NOVENO: Que, al no enterderlo de esta forma, la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, a través del Jefe de la Unidad de Relaciones Labores, ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal por medio de la dictación del acto administrativo atacado en la presente acción cautelar, conculcando con ello la garantía fundamental prevista en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al dar a las actoras un trato desigual ante la ley, al no reconocerles el derecho a aplicarse a su respecto las normas de la Ley N° 21.235, esto es, prorrogando de pleno derecho el mandato de la directiva del Sindicato de Empresa Congregación Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia Escuela Santa Catalina de Siena.

Asimismo, se entiende vulnerado el numeral 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República en lo que toca a la autonomía de la libertad sindical, al imponer a las actoras una voluntad ajena al no reconocer a su respecto el artículo único de la Ley N.° 21.235, obligando a la realización de un proceso eleccionario de renovación de directorio sindical, y que la negativa de la emisión del certificado que da cuenta de la vigencia del actual directorio sindical, importa privarlas de su derecho a negociar colectivamente en los términos establecidos en el Código del Trabajo para el caso de una negociación reglada, proceso en el que, atendida la fecha de vencimiento del contrato colectivo actualmente vigente del sindicato con la empresa, caduca el 29 de diciembre de 2021, en circunstancias que el plazo para la presentación del proyecto de contrato colectivo, en los términos que establece el Código del Trabajo, venció el día 15 de noviembre del año en curso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que disponen los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales SE ACOGE, sin costas, el intentado por el abogado Alexis Jerez Paz, en representación de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; todas ellas por sí y en representación del Sindicato de Empresa Congregación Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia Escuela Santa Catalina de Siena en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, representada por don nombre reservado y en contra de don nombre reservado, Jefe Unidad Relaciones Laborales de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, y se ordena que los recurridos deberán prorrogar el mandato sindical de las recurrentes en los términos establecidos en el inciso 4° del artículo único de la Ley N° 21.235 y emitir los correspondientes certificados de vigencia de la directiva del sindicato recurrente en el que conste la prórroga de vigencia de su mandato.

Oportunamente dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del citado Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Jordán.

ROL 13.055-2021 Protección.