nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Concepción rtp Concepción, once de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, cesante, con domicilio en San Pedro de la Paz y deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-S-32132-2025, de fecha 13 de marzo de 2025, notificada con fecha 14 de marzo del mismo año, resolución que confirma el rechazo de las licencias médicas por reposo injustificado .

Relata que desde los 16 años trabaja en el área de la construcción, primeramente, como jornal, luego como gasfiter desde el año 1982, y que luego de tener 30 años en dicho oficio comenzó a tener problemas en sus rodillas, lo que originó una primera licencia médica el 30 de septiembre de 2018 por rotura de ligamentos cruzados, debiendo ser operado con fecha 5 de noviembre del mismo año, continuando con licencia médica producto de la recuperación.

Añade que continuó con las molestias ahora en la rodilla derecha y en abril de 2019, una resonancia magnética dignosticó “artrosis de la rodilla derecha, condropatia interna leve, desplazamiento lateral degenerativo de la tibia. Alteraciones degenerativas, desgarro de la asta posteromedial del menisco interno, amputación del borde libre a nivel del cuerpo. Alteraciones tipo I del asta anterior y posterior del menisco externo. Esguince leve del ligamento colateral medial proximal, Leve derrame articular. Pequeño quiste poplíteo no complicado.” producto de lo cual fue nuevamente operado otorgándose licencia médica.

Señala que, pese a estar en reposo por su licencia médica y en uso de terapias kinésicas, no mejoraba, por lo que su tratante, médico traumatólogo adulto, con especialidad en ortopedia, ordenó suspender las sesiones kinesiológicas por 2 meses para evaluar mejoría, evidenciando a los dos meses que no existía mejora, por lo que inicia trámite de pensión con fecha 3 de enero de 2020 por el padecimiento de sus rodillas, pero no siendo evaluado por dichas patologías, concluyendo el dictamen que padecía hipertensión arterial con un menoscabo de la capacidad de trabajo del 1.0, no alcanzando claramente los porcentajes para ser pensionado.

Inicia un segundo trámite de pensión para evaluar sus verdaderas patologías, con fecha 12 de agosto de 2020, presentando además fuertes dolores en el hombro izquierdo, debido a “Signos de tendinosos y tendinopatía insercional, del supraespinoso y subescapular. Discretos signos de artrosis acromioclavicular” conforme indico el examen realizado. Señala que continua con licencia médica por esta nueva patología, mientras el segundo trámite de pensión dictaminado con fecha 24 de enero de 2021 indicó “Impedimento: artrosis rodilla y matatarsalgia crónica, M-17, diabetes meilitus E-11, HTA-I10. Menoscabo de la discapacidad de trabajo: 25% rechazando el trámite nuevamente.

Inicia un tercer trámite de pensión en julio de 2021 resolviendo la Superintendencia de Pensiones, Comisión médica “impedimento: Gonartrosis-M17, diabetes Mellitus 2 Nir-e11, Hipertensión arterial-I10; Menoscabo de la discapacidad de trabajo: 25%, rechazando nuevamente el trámite de pensión. Relata que lo anterior lo llevó a presentar un recurso de protección ante esta Corte, Rol 11169-2021, por no pago de licencias médicas, recurso que fue acogido y ordenó el pago de las mismas.

Señala que, en diciembre de 2021, se opera del manguito rotador, donde se le dispusieron 20 sesiones kinesiológicas, las cuales no surtieron efecto, debiendo infiltrarse para paliar el dolor y la falta de funcionalidad, presentando las licencias médicas N° 69347019-6, 70087306-0, 76128301-4, extendidas desde el 21 de abril de 2022, y las licencias médicas N°73359241-9, 74757745-5, 77370472-4, 78812980-7, 80059677-7, 81339291-7, 83561940-0, 84907584-5, 88768508-8, 89886587-8, todas las cuales fueron rechazadas por el mismo fundamento de reposo injustificado, presentando un nuevo recurso de protección, Rol Corte 785-2024, en la cual fue acogido nuevamente y ordenó practicar todos los exámenes médicos presenciales que fueran necesarios para establecer el real estado de salud del recurrente, sentencia que fue apelada y en donde la Corte Suprema confirma y ordena el pago inmediato de sus licencias médicas rechazadas.

Manifiesta que, con fecha 13 de marzo de 2025 la Superintendencia de Seguridad Social dicta resolución exenta N° R-01-S-32132-2025, que confirma el no pago de las licencias médicas N°s 91216194-3, 92447376-2, 95422146-6 extendidas a contar de 9 de septiembre de 2023, y las licencias N°96029954-K, 97326000-6, 99681607-9, 100767331-7, concluyendo que el reposo no se encontraba justificado y que según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no era posible acreditar existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuanto consideran que la patología ha sido declarada irrecuperable, agregando que la patología de rodilla fue reconocida como irrecuperable mediante trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 22/04/2021, que concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 25%, reconociendo la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, pero no siendo éstas suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 1.450 días.

Indica que en la actualidad su porcentaje de invalidez fue rebajado conforme a lo resuelto por la Superintendencia de pensiones quien sostuvo “Que, la patología de rodilla fue reconocida como irrecuperable mediante trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 22 de abril de 2021, que concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 25%,” pero la nueva resolución de la Superintendencia de Pensiones julio de 2024, indica que las patologías degenerativas de las rodillas en dicha fecha equivalen a un 15%, bajando el porcentaje de discapacidad, resolución que se vuelve infundada al sostener ellos mismos, que la patología de la rodilla es incurable.

Sostiene que le resulta incomprensible el hecho que por las mismas patologías, la COMPIN y SUCESO antes autorizaban sus licencias médicas y ahora se las denieguen, en circunstancias que sus patologías son idénticas y han aumentado.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso, por cuanto se ha producido una afectación arbitraria e ilegal a sus derechos fundamentales por parte de la SUSESO, al dictar la resolución recurrida de manera infundada lo que afecta su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24; la igualdad ante la ley dispuesto en el artículo 19 Nº 2; su derecho a la integridad física y psíquica artículo descrito en el artículo 19 Nº 1 y su derecho a la salud prescrito en el artículo 19 Nº 9, además del hecho que la decisión de la recurrida carece de justificación, pues no se ha ordenado peritaje médico, y mantiene el rechazo de las licencias médicas, sin un análisis clínico riguroso.

Pide se deje sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-S-32132-2025 de fecha 13 de marzo de 2025, y se ordene autorizar las licencias médicas N°s 91216194-3, 92447376-2, 95422146-6 extendidas a contar de 9 de septiembre de 2023, y las licencias N°96029954-K, 97326000-6, 99681607-9, 100767331-7, así como las dictadas con posterioridad, o las medidas que esta Corte estime pertinentes, con costas de la recurrida.

Informa por COMPIN Región del Biobío su presidenta, nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, por las razones de hecho y de derecho que expone en su informe.

Señala, en resumen, que la Comisión ha rechazado varias licencias médicas del paciente, fundamentando su decisión en los criterios de evaluación y la falta de justificación para el extenso período de reposo, debido a que el paciente ha acumulado un total de 2.242 días de reposo laboral por patologías traumatológicas desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2024, de los cuales sólo 1.807 días fueron autorizados inicialmente.

Indica que la Isapre Cruz Blanca S.A. fue la primera en rechazar estas licencias médicas alegando que el reposo era injustificado, sin una causa médica clara ni antecedentes que confirmaran la necesidad de una incapacidad tan prolongada. Agrega que, tras una reevaluación de los antecedentes, la COMPIN ratificó el rechazo de siete licencias médicas específicas N° 91216194-3, 92447376-2, 95422146-6, 96029954-k, 97326000-6, 99681607-9, 100767331-7, argumentando que no se justificaba la extensión del reposo médico y que no existían antecedentes clínicos que acreditaran una prolongación más allá del período previamente autorizado. Cada una de estas licencias médicas fue objeto de variadas resoluciones exentas de la COMPIN las que ratificaron la decisión de la Isapre y rechazaron, tanto los reclamos como los recursos de reposición interpuestos por el paciente.

Señala que, a lo largo de este tiempo, se realizaron varios peritajes médicos al recurrente, el primero en abril de 2019, y el traumatólogo nombre reservado autorizó las licencias médicas y sugirió el alta seis meses después de la operación, señalando que el reintegro laboral podría retrasarse según la actividad del paciente. Sin embargo, en octubre de 2019, el Dr. nombre reservado concluyó que el paciente presentaba un "compromiso severo de su capacidad funcional" y no estaba en condiciones de reinsertarse a su trabajo, sugiriendo una reevaluación en 30 días. Un tercer peritaje, realizado nuevamente por el Dr. Arévalo en noviembre de 2019, volvió a autorizar las licencias médicas, indicando que, debido a su actividad laboral (gásfiter), el paciente no podía reintegrarse, y que, a un año de la cirugía, existía la posibilidad de no lograr una recuperación completa, aunque el resultado final fuera funcional.

Añade que, por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social ratificó el rechazo de varias de las licencias médicas. La Superintendencia concluyó que el reposo prescrito no estaba justificado, ya que no era posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el período reclamado. Uno de los argumentos clave fue que la patología de rodilla del paciente había sido declarada "irrecuperable" en abril de 2021, con un menoscabo del 25% de su capacidad de trabajo. Sin embargo, indica que, a pesar de reconocer lesiones crónicas e irreversibles, éstas no se consideraron suficientes para una pensión de invalidez bajo el D.L. N° 3.500, lo que no justifica la prolongación del reposo más allá de los 1.450 días previamente autorizados.

Indica que la Superintendencia también consideró que, en cuanto a la patología de hombro, el informe médico no detallaba la evolución clínica ni la necesidad de cambios en el tratamiento, ni acreditaba asistencia regular a terapia kinésica. En suma, la Superintendencia argumentó que el paciente ha estado con reposo desde septiembre de 2018 y que, a pesar de los tratamientos, no ha logrado reintegrarse laboralmente, lo que indica que el reposo ya no cumple con su rol terapéutico.

Argumenta que la COMPIN ha actuado dentro de sus facultades legales, amparándose en los artículos 14, 16, 21 y 48 del D.S N° 3/84 sobre el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, el D.S. N° 7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales, y la Ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Señala que la tramitación de las resoluciones se ajustó a la normativa y fue realizada por la autoridad competente. Pide rechazar el recurso, por no existir un acto arbitrario o ilegal que vulnerara las garantías fundamentales del recurrente, lo que lleva al rechazo de la acción cautelar presentada.

Informó por la Superintendencia de Seguridad Social, la abogada Andrea Cisternas Tiemann alegando en primer término, la improcedencia de este arbitrio, fundado, en que la materia sobre la que realmente trata esta acción dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el Nº18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y que no está amparado en la numeración taxativa establecida en el artículo 20 de dicho texto Constitucional, por lo que pide se declare la improcedencia del recurso, con costas.

En cuanto al fondo, luego de referirse acerca del marco jurídico que regula esta materia, sostiene en síntesis que el recurrente presenta una incapacidad permanente, producto de que su patología de rodilla, la cual es crónica e irrecuperable y no resulta modificable con reposo. Agrega que los estudios clínicos evidencian lesiones crónicas e irreversibles, lo que significa que el reposo continuo no tiene un rol terapéutico y que la patología no es temporal.

Informa que el recurrente tiene un dictamen de invalidez ejecutoriado con fecha 28 de octubre de 2021 que reconoce un 25% de menoscabo en su capacidad de trabajo, porcentaje que no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, situación que demuestra a su entender, que su incapacidad es permanente, impidiendo la autorización de más licencias médicas ya que han perdido su carácter temporal y terapéutico.

Indica que para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador presente una patología que le impida trabajar y que dicho impedimento para trabajar sea temporal, es decir que exista la posibilidad real y cierta de que la persona recuperará la capacidad de trabajo y se reincorporará a la vida laboral.

Manifiesta que el criterio general sostenido por esa Superintendencia ha sido el de no autorizar las licencias médicas en que la patología tiene carácter irrecuperable, en consideración a que la licencia médica es un beneficio esencialmente temporal, cuyo objeto es ayudar a la persona trabajadora a recuperar su salud y permitirle reincorporarse a sus labores habituales. Tal criterio se desprende de los artículos 1, 2, y 7 del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, disposiciones de acuerdo con las cuales la licencia faculta para ausentarse temporalmente del trabajo. Por tanto, para autorizar una licencia médica se debe atender a la finalidad terapéutica del reposo, es decir, que éste tenga como efecto que la persona se recupere y que pueda reintegrarse laboralmente.

Indica que la acción de protección no es la vía adecuada para este tipo de controversias, ya que está destinada a proteger derechos indubitados y preexistentes. Relata que, en este caso, la discusión versa sobre la legalidad de una resolución técnica que involucra evaluaciones médicas, lo que constituye un conflicto que debe zanjarse por procedimientos específicos y no por una acción cautelar. Por lo tanto, sostiene que el recurrente no es titular del "derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral" porque no se cumplen los requisitos legales de temporalidad, habiendo desaparecido esta característica esencial con la cronicidad e irreversibilidad de su patología. Manifiesta que las revisiones sucesivas de la Isapre, COMPIN y Superintendencia confirmaron la improcedencia de autorizar las licencias médicas.

Indica que los antecedentes médicos del recurrente, de 62 años, incluyen licencias médicas que van desde el 28 de septiembre de 2018 hasta el 01 de noviembre de 2024 por gonartrosis y síndrome de manguito rotador, acumulando 2.226 días de reposo laboral. Señala que a pesar de las cirugías en 2018 y 2021, y su consecuente rehabilitación, sus patologías son crónicas e irreversibles, y el reposo mantenido no ha revertido la incapacidad. Por su parte, los dictámenes de invalidez de 2020 y 2021, aunque rechazan una pensión por no alcanzar el 50% de menoscabo, sí le reconocen un 25% de incapacidad de carácter permanente.

Señala que el recurrente presentó una segunda solicitud de reconsideración con fecha 10 de diciembre de 2024, impugnando el dictamen N° R-01-UME-179678-2024 del 19 de noviembre de 2024, que había confirmado la decisión de la Subcomisión Concepción - COMPIN Región del Bío Bío de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 91216194-3, 92447376-2, 95422146-6 por un total de 90 días a partir del 09 de septiembre de 2023, emitidas por ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. bajo la causal de diagnóstico irrecuperable. Adicionalmente, el recurrente reclamó por el rechazo de las licencias médicas N° 96029954-K, 97326000-6, 99681607-9, 100767331-7, por un total de 120 días también por la misma causal.

Indica que la superintendencia confirmó el rechazo de éstas, por no ser posible acreditar una incapacidad laboral temporal durante el período de reposo reclamado, ya que la patología del actor ha sido declarada irrecuperable. Hace presente que el paciente ha permanecido con reposo por concepto de licencias médicas desde septiembre de 2018 y a pesar de los tratamientos realizados, el recurrente no ha logrado reincorporarse laboralmente, situación que no permite autorizar las licencias médicas, dado que el reposo no cumple su rol terapéutico. Esta decisión se formalizó en la Resolución Exenta N° R-01-S-32132-2025, de 13 de marzo de 2025.

En resumen, indica que la Superintendencia ha estudiado los antecedentes en varias ocasiones, concluyendo que el reposo prescrito no está justificado, pues la patología de rodilla es irrecuperable y la de hombro no presenta informes que justifiquen la incapacidad funcional o la necesidad de reposo continuo. Además, sus comorbilidades son crónicas, no modificables con reposo, y no se acredita tampoco el rol terapéutico del mismo. Pide el rechazo del recurso, en todas sus partes, con costas.

Informó la Superintendencia de Pensiones indicando que el presente recurso no contiene reproche alguno hacia la Superintendencia de Pensiones, pues no se le acusa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales.

En cuanto al fondo indica que el recurrente ha presentado cuatro solicitudes de pensión y calificación de invalidez, todas rechazadas por las Comisiones Médicas competentes. La última solicitud fue suscrita por el actor el 4 de agosto de 2023 y mediante Dictamen de Invalidez N°010.10695/2023, de 28 de diciembre de 2023, la Comisión Médica Regional de Concepción acordó rechazar la solicitud de invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes le provocan una pérdida de su capacidad de trabajo de un 34%, es decir inferior al mínimo legal para acceder a pensión de invalidez parcial, esto es un 50% de menoscabo laboral. El actor interpuso un reclamo, el cual fue rechazado y confirmando lo resuelto.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la improcedencia de la acción alegada por la SUSESO:

Primero: Que la recurrida funda esta alegación en el hecho que el recurso objeto de estos autos se relaciona con asuntos relativos a la seguridad social contemplados en el Nº18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, para lo cual existe un proceso especialmente reglado para conocer y resolver este tipo de materias, y que no se encuentran amparadas por la acción constitucional de protección.

Esta alegación será desestimada, ya que la existencia de procedimientos administrativos disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, ante un eventual rechazo o reducción de una licencia médica, no es obstáculo para deducir este recurso, en especial, considerando que el inciso primero parte final del artículo 20 de la Carta Fundamental, dispone que se puede accionar “…sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer ante las autoridades o los tribunales correspondientes”, cuyo es el caso en que los derechos que se invocan vulnerados son aquellos contemplados en los Nºs 1 y 24 del artículo 19 II.- En cuanto al fondo:

Segundo: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de carácter extraordinario y naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esta misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario y/o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Tercero: Que, el acto contra el cual se recurre y que se tilda de arbitrario e ilegal, es la Resolución Exenta N° R-01-S-32132-2025, de fecha 13 de marzo de 2025 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, que ratifica el rechazo de las licencias médicas N° 91216194-3, 92447376-2, 95422146-6, y que además se pronuncia sobre las licencias médicas 96029954-k, 97326000-6, 99681607-9, 100767331-7 todas rechazadas por la causal de por reposo no justificado, decisión que a juicio del recurrente, vulnera sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nºs. 1º, 2°, 9°y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por su parte la COMPIN, en relación las licencias médicas recurridas N° 91216194-3, 92447376-2, 95422146-6, 96029954-k, 97326000-6, 99681607-9, 100767331-7; ratificó el rechazo realizado por la ISAPRE Cruz Blanca, por no justificar la extensión del reposo medico prolongado; sin antecedentes clínicos que acrediten la extensión más allá del periodo previamente autorizado. Conforme a ello, dicho organismo confirma que el rechazo de las licencias médicas fue debido a que estamos en presencia de patologías declaradas crónicas e irrecuperables y cuyo reposo no cumple el rol terapéutico de las mismas.

Cuarto: Que, previamente y en razón de las patologías crónicas sufridas por el recurrente, éste ya había obtenido, vía interpelación de esta Corte, la debida protección cautelar y de urgencia en situaciones idénticas a la descrita, según dan cuenta los Roles de ingreso N° [cuenta reservada] y 785-2024.

En ambos casos, tanto COMPIN y SUCESO daban cuenta también, que el rechazo de las licencias médicas se debía a la salud irrecuperable del actor, la cual fundamenta en una resolución de formato tipo, en donde no consta, la evaluación del paciente por parte de dicha comisión médica. En tanto que, ahora SUSESO ratifica el rechazo dispuesto por la COMPIN, el que fundamenta, en síntesis, en que la no aprobación de las licencias obedece al carácter crónico e irrecuperable de las patologías que padece el actor, y que fundamenta en el criterio sustentado por ese organismo. En efecto dispone: “Que analizados los antecedentes adjuntos, estos permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, configurando así una incapacidad permanente”.

Quinto: Que, se ha informado a su vez, que el recurrente ha iniciado, al menos en cuatro oportunidades su trámite de pensión de invalidez, el cual ha sido siempre rechazado por no alcanzar un porcentaje superior al 50% de menoscabo en las evaluaciones efectuadas, en consecuencia, al día de hoy, el recurrente no se encuentra pensionado.

Sexto: Que por su parte el “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional” dispone en su artículo 22: “La Unidad de Licencias Médicas podrá elevar a consideración de la Compin los antecedentes de cualquier trabajador que se encuentre acogido al régimen de licencia médica y cuya afección se estime de naturaleza irrecuperable. Lo anterior se entiende sin perjuicio del dictamen obligatorio de dicha Compin, en los casos establecidos por la ley y este Reglamento.”

Séptimo: Que por su parte, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, contenido en el Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Del mismo modo, el artículo 11 de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada y pormenorizada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Octavo: Que de esta manera, el recurrente se encuentra en una situación evidentemente contradictoria por disposición de ambas entidades estatales, por cuanto, por una parte, las licencias médicas reclamadas han sido rechazadas, en razón de su diagnóstico de patología declarada irrecuperable por ser crónica, diagnóstico que ha motivado el rechazo al pago del subsidio que las respetivas licencias generan y, por otra parte, otra entidad pública, como la Superintendencia de Pensiones, no da lugar a dicho trámite de pensión de invalidez por considerar que aún mantiene un porcentaje de capacidad de trabajo, todo lo cual deja al recurrente en una total indefensión.

Noveno: En otras palabras, según la tesis de la recurrida, el actor sufre dolencias crónicas en un grado inferior a aquel que le permitiría obtener una pensión de invalidez, razón por la cual debe seguir trabajando; y como la cronicidad de sus patologías impediría que alcance el estado de sanación, debe seguir soportando las molestias y dolores de esas dolencias, tanto físicos como psicológicos.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo inaceptable que resulta una situación como la descrita, cabe aclarar que el carácter permanente o incurable de una enfermedad no significa que los síntomas adversos de la misma no puedan ser reducidos, paliados, menguados, por medio del reposo médico, permitiendo que quien la padece pueda desarrollar una vida con mejor calidad y bienestar, considerando especialmente que se trata en el caso en estudio, del principal derecho garantizado por nuestra Constitución Política y que estaría siendo vulnerado en su esencia.

Undécimo: Que, en este orden de ideas, la conducta de la recurrida, al negar el pago del subsidio correspondiente, basada únicamente en el carácter crónico de las enfermedades que padece el actor, no sólo carece de sustento normativo sino que, además, resulta arbitraria e ilegal, al establecer diferencias arbitrarias respecto a aquellos pacientes cuyas patologías no son crónicas, afectando el derecho de propiedad del actor, al privarlo del subsidio al que tiene derecho, de manera que el arbitrio deducido debe ser acogido, ordenando el pago del subsidio relacionado con las licencias médicas materia del presente recurso.

Duodécimo: Que como corolario, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el porqué del acto que pronuncia, su sustento material y las normas jurídicas aplicables al caso que debe resolver, lo que en el presente caso no acontece, concluyendo que, la situación de contradictoriedad causada al recurrente, unido al estado de indefensión y vulnerabilidad en que queda quien acude frente a dos órganos del estado con decisiones contradictorias, no cabe sino concluir que existe un acto ilegal y arbitrario, de parte de la recurrida al decidir ratificar el rechazo de las siete licencias médicas, dispuesto por la COMPIN Región del Bio Bío, por salud irrecuperable, patología de carácter crónico, debido a que aquello no se condice con los demás antecedentes que obran en autos, a lo cual se suma el hecho que, de los documentos de las licencias en que constan el rechazo, también se consigna que el usuario no puede en la actualidad acogerse al trámite de pensión por invalidez.

De esta manera, se vulneran tanto el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como el derecho a la propiedad del usuario, debido a que duda cabe respecto al hecho que el no pago de las licencias médicas ya indicadas, repercute en el patrimonio del actor, al impedir su acceso al subsidio por enfermedad, lo que en forma indefectible deriva en que éste, no pueda recuperar su salud física, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

a) Que se rechaza, sin costas, la alegación de improcedencia de la acción planteada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

b) Que se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-S-32132-2025, de fecha 13 de marzo de 2025 dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social, ordenando que, la COMPIN autorice las referidas siete licencias médicas y adopte las medidas que sean pertinentes para que se proceda al pago de los subsidios por incapacidad laboral que de ellas deriven.

Regístrese, y en su oportunidad archívese.

Redacción de la abogada integrante Marta Araneda Fraile.

N°Protección-1294-2025.