nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO) Y OTRO

C.A. de Concepción rtp Concepción, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el 19 de diciembre de 2022 se presenta el abogado Matías Ignacio Rusiñol Guerra en favor de nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN, Provincial Concepción, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social SUSESO, por la dictación de la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UME-157703-2022 de 22 de noviembre de 2022, que confirma el rechazo de las licencias médicas psiquiátricas números 63606783-0, 64655232-K, 66399237-6, 67972644-7, extendidas por un total de 120 días a contar del 22 de diciembre de 2021, por reposo no justificado; la que le fue notificada a la recurrente el 25 de noviembre de 2022. Destaca que las referidas licencias fueron otorgadas por médico especialista psiquiatra.

Relata que todas las licencias médicas fueron acompañadas a las recurridas con los correspondientes informes del médico tratante, que transcribe; en donde, en síntesis se explicaba que la paciente demostraba una evolución estacionaria persistente en intensidad de sus crisis de pánico, con leve disminución de las mismas; sin posibilidad de suspender reposo laboral total desde el punto de vista psiquiátrico pues mantiene agorafobia que le impide salir de su hogar. No obstante ello, las recurridas estimaron que el reposo no se encontraba justificado, en circunstancias que la paciente padece de trastorno de pánico severo, refractario con agorafobia, trastorno de adaptación con sintomatología mixta, ansiosa y depresiva. Explica los síntomas y el tratamiento.

Advierte que resolución recurrida carece de fundamentos y vulnera sus derechos y garantías constitucionales, consagradas en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República, de la forma que indica.

Por lo que pide se autoricen las licencias médicas rechazadas y se le pague el subsidio de incapacidad laboral temporal, con costas.

Segundo: Que informando la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región del Biobío, indica que la paciente inicia reposo médico continuo por patologías psiquiátricas con una extensión de 529 días, sin antecedentes clínicos que acrediten las extensión de las licencias más allá del período previamente autorizado de 180 días, considerando, además, la guía referencial de reposo médico y reintegración laboral. Expone la normativa aplicable a la decisión de autorización de licencias médicas y a sus atribuciones al respecto.

Tercero: Que, la Superintendencia de Seguridad Social alega, en primer término, la extemporaneidad del recurso por cuanto se interpuso fuera del plazo de 30 días, como quiera que la señora nombre reservado tenía conocimiento del rechazo de sus licencias médicas desde el 24 de agosto de 2022 cuando sus licencias fueron rechazadas por la COMPIN, aún con anterioridad a la fecha de reclamo a la SUSESO. Cita jurisprudencia.

En segundo término, alega la improcedencia del recurso de protección por cuanto lo discutido corresponde a materias de seguridad social y ello no se encuentra amparado por el recurso entablado.

Por último, pide el rechazo del recurso por cuanto no ha incurrido en ningún acto arbitrario e ilegal, ya que ha actuado dentro de sus facultades puesto que estudiado los antecedentes de la paciente concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, no se encontraba justificado. Añade que la señora nombre reservado no tiene un derecho indubitado a licencia médica.

Añade que el médico especialista de esa , que reviso los antecedentes, concluyó que “los informes entregados eran escuetos y vagos, por lo que no permiten aclarar la complejidad del cuadro de la reclamante, el impacto funcional de los síntomas, su evolución o la necesidad de mayor ajuste de tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico, los reposos reclamados impresionan no justificados por ser reposos prologados y sin claro rol terapéutico.

Explica el sistema de licencias médicas y las Guías Clínicas aplicables a la salud mental.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar o la omisión es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías o derechos protegidos, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, primeramente, con relación a la extemporaneidad que se alega, teniendo solamente presente que el acto administrativo terminal respecto de la aprobación de una licencia médica radica en la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social, que, en la especie, data de 22 de noviembre de 2022, la interposición de la acción constitucional entablada el 19 de diciembre de 2022, no puede considerarse extemporánea y se encuentra interpuesta dentro de los 30 días a que se refiere el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Razón por lo que la alegación de extemporaneidad será desestimada.

Sexto: Que, respecto a la improcedencia también alegada, baste para su rechazo que si bien el pago de una licencia médica corresponde al ámbito de la seguridad social, la recurrente alega vulnerados, no el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, sino los numerales 1 y 24, que si se encuentran amparados por la acción constitucional de protección que otorga el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que se aprecia del expediente de licencias médicas incorporado al proceso, que en los informes del médico tratante se sostiene que “Paciente mantiene severo compromiso funcional, dado por persistencia en presentación de crisis de pánico (según su relato 10 o más veces al día, lo cual resulta convincente acorde a lo observado por el suscrito en su evaluación previa y la actual), con severa respuesta noradrenérgica asociada (nauseas, palpitaciones y desorientación temporo-espacial episódica), asociado a agorafobia y severa interferencia en sus funciones cognitivas superiores (memoria, atención y concentración); con tratamiento farmacológico… No identifico alteraciones sensoperceptivas. Inteligencia clínicamente normal. Afectivamente impresiona con humor depresivo marcado, asociado a labilidad emocional severa y elevados niveles de angustia”.

En el estudio de los antecedentes la SUSESO se consigna y sirve de argumentación en la resolución recurrida, que el reposo no está justificado porque “los informes médicos aportados (no ampliamente fundados, sin descripción clara de la evolución clínica del cuadro o de su compromiso funcional, sin ajustes farmacológicos en consecuencia, sin derivación a dispositivos de mayor complejidad, sin detalles sobre un proceso psicoterapéutico) no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 180 días por la misma patología”.

Octavo: Que, conviene recordar aquí que según el artículo 1° del DS N° 3 de 1984, del MINSAL, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda. En su artículo 5 establece que la licencia médica es un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la COMPIN o ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso. De acuerdo a su artículo 6 la dolencia que afecte al trabajador, y el reposo necesario para su recuperación deberán certificarse por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona; los profesionales mencionados, considerando la naturaleza y gravedad de la afección, el tipo de incapacidad que ésta produzca y la duración de la jornada de trabajo del trabajador, podrán prescribir reposo total o parcial. Conforme a su artículo 14 es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o ISAPRE, en su caso, ejercer el control técnico de las licencias médicas. De conformidad al artículo 16, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa; en todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el artículo 21 consigna que para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguiente medidas: a) practicar o solicitar nuevos exámenes; b) disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; d) solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; y e) disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la COMPIN, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.

Por último, el artículo 30 ordena que completadas 52 (365 días) semanas continuadas de licencia o reposo, corresponderá a la COMPIN autorizar una ampliación de hasta 6 meses más, previo su pronunciamiento acerca de la recuperabilidad del trabajador. Cumplidas 78 (546 días) semanas de licencia, la COMPIN podrá autorizar nuevas licencias médicas, en el caso de enfermedades que tengan un curso prolongado y requieran una recuperación de más largo plazo. En esta última situación, el trabajador estará obligado a someterse a examen médico cada tres meses como mínimo.

Por su parte, el artículo 149 del DFL N° 1 de 1985, del MINSAL, prescribe que los afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Noveno: Que, a su turno, el Decreto N°7 de 2013, Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, dispone en su artículo 3 que tratándose de pacientes que tengan indicación de reposo continuo, deberán tomarse algunas de las medidas contempladas en las letras a), b), d) y e) del artículo 21 del Decreto N°3, a contar de la tercera licencia médica y en base a sus resultados la Contraloría Médica correspondiente podrá determinar la procedencia de la aprobación, reducción o rechazo.

Como guía referencial tal Decreto establece, en relación a las patologías mentales, que entre 15 y 60 días se puede emitir una licencia por médico no psiquiatra; que hasta 180 días por psiquiatra y por períodos de 15 días, contar con peritaje, debiendo considerar tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales; fuera de ese rango se debe pensar en irrecuperabilidad considerando que las medidas generales y terapias accesibles se cumplieron.

Además, la Ley 20.585 sobre Otorgamiento de Licencias Médicas, dispone que las COMPIN podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidos a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes e informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento.

Décimo: Que conforme al Decreto N°1 Reglamento Orgánico de la Superintendencia de Seguridad Social, ésta es la autoridad técnica de control de las instituciones de previsión en los órdenes jurídico, médico, financiero, actuarial y administrativo; y de acuerdo a la Ley 16.395 le corresponde la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley, y debe resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos dentro del ámbito de su competencia y velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen.

Undécimo: Que, contrastado el expediente de licencias médicas y la normativa sobre las mismas, se aprecia que, por un lado se cuestionan los informes del médico tratante, pero no obra ningún informe u otro antecedente emanado de algún profesional médico especialista en patologías de salud mental que se contraponga a lo señalado en los informes de dicho médico.

Lo que se traduce en que la entidad fiscalizadora cuestiona, en definitiva, el tratamiento de que ha sido objeto la paciente, y le traspasa a ésta lo que estima no corresponde a la terapia a realizar, sin ningún atisbo de interés por la recuperación de la salud mental de la paciente, finalidad que tienen las licencias médicas, considerando simplemente insuficiente los informes aportados; en circunstancias que el Reglamento aludido, en su artículo 21, establece que para el mejor acierto de las decisiones que se adopten, los organismos allí reseñados se hallan facultados para practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas o requerir mayores informaciones a los profesionales médicos que emiten las licencias.

Conforme a esto, y no existiendo opinión contraria de otro profesional de la especialidad pertinente, lo lógico y razonable es entender que las licencias médicas dan cuenta de un reposo necesario para recuperar la salud y acorde a la patología de salud mental tratada y que no ha sido cuestionada, la que sabido es tiene avances y retrocesos en el tratamiento, por lo que no resulta extraño que se mantengan los síntomas por extensos períodos de tiempo y se persista en tratamiento farmacológico, el que de no estimarse adecuado requería recabar mayores antecedentes del profesional tratante o realizar los peritajes médicos correspondientes, pero no por ello concluir que el reposo resultaba injustificado.

Duodécimo: Que, así las cosas, y en las particulares circunstancias descritas, el actuar de la recurrida deviene en ilegal, ya que para emitir su decisión ningún antecedente de los que eran exigibles por la normativa sectorial requirió, y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo - y careciendo de opinión profesional en contrario a lo determinado por el médico tratante-, no dispuso la utilización de la aludida herramienta regulada en el artículo 21 del citado Reglamento.

Y este actuar ilegal y arbitrario, vulnera, sin duda, el derecho de propiedad de la actora, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas antes singularizadas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad.

Décimo Tercero: Que, de esta manera, la protección impetrada habrá de ser concedida, ordenando el pago de las licencias médicas reclamadas atendida la data de las mismas y que un peritaje, por dicho motivo, resulta inapropiado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se desestiman las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia planteadas por la recurrida SUSESO;

II.-Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Matías Ignacio Rusiñol Guerra en favor de nombre reservado, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UME-157703-2022 de 22 de noviembre de 2022 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de las licencias médicas psiquiátricas números 63606783-0, 64655232-K, 66399237-6, 67972644-7, y, en consecuencia, estimándose justificado el reposo médico, se ordena el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las mismas.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra suplente Margarita Sanhueza Núñez.

No firma la ministra señora Nancy Bluck Bahamondes, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

N°Protección-128537-2022.