nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO Y OTRO

C.A. de Concepción xsr Concepción, a doce de octubre del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

En estos autos Rol Corte 12.790-2021 comparece deduciendo recurso de protección nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en Concepción.

Dirige el recurso en contra de 1) la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Biobío, representada por su Secretario General Ministerial nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y también en contra de 2) la sociedad Empresa de Servicios, Mecanizados, Aseos y Roces Ltda., nombre de fantasía SERVIMAR Ltda., RUT RUT reservado, representada por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, titular esta última del proyecto Vertedero Licura, ubicado en la comuna de Mulchén.

El acto que denuncia ilegal y arbitrario y que sirve de fundamento al recurso es la Resolución N°878, de 17 de marzo de 2021, expedida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de nuestra región, que autoriza sanitariamente el proyecto “Plan de Cierre de Residuos Urbanos” que ingresara en esa Secretaría la sociedad Empresa de Servicios, Mecanizados, Aseos y Roces Ltda. (SERVIMAR) para el cierre y abandono del vertedero de Licura, en la comuna de Mulchén, ampliando la Seremi por cinco años más el plazo de recepción y disposición de residuos domiciliarios antes del cierre definitivo, pero eludiendo el sometimiento previo del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Explica que el funcionamiento del vertedero se remonta a enero de 1998, cuando el Ministerio de Salud dictó la Resolución Exenta N°59, autorizando a Servimar Ltda. como titular para operar el vertedero de residuos domiciliarios e industriales en el sector Licura, en las cercanías del Km 530 de la Ruta 5 Sur, comuna de Mulchén. Desde esa época, los vecinos del sector han sido víctimas de la ejecución y operación del vertedero, que se encuentra percibiendo a la fecha, basura domiciliaria y desperdicios de diverso tipo provenientes de un total de 201.256 personas, distribuidas en nueve comunas, las que conforme a lo declarado con fecha 18 de enero de 2021 por Servimar en el expediente de Consulta de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ID-2021-1016, presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío, corresponderían a Mulchén, Negrete, San Rosendo, Collipulli, Quilaco, Renaico, Lautaro, Galvarino y Perquenco. Todo este tiempo la operación del vertedero ha contado con la ilegal anuencia de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Biobío, puesto que, sin respeto alguno por las normas establecidas en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, otorgó permisos de continuidad operacional y ampliación del vertedero de Licura mediante resoluciones N°2623, de 24 de marzo de 2016, y N°878, de 17 de marzo de 2021, aun cuando no se cumplió con su sometimiento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ni se ofició, en su expediente de tramitación sanitaria, a los organismos competentes para pronunciarse sobre la necesidad de someter la actividad a evaluación ambiental previa, tal como lo exige dicha normativa.

Durante los últimos veintitrés años y hasta la última reunión sostenida el 8 de octubre de 2021 por una de las comunidades vecinas con autoridades municipales locales, se ha solicitado que se tomen las medidas conducentes al cierre del vertedero, cuyo funcionamiento ha significado para ellos el tener que convivir con un sinnúmero de efectos adversos significativos, tales como a) vectores, es decir, perros vagos, ratones, jotes, tiuques y otras especies cazadoras y carroñeras que provocan estragos en sus cultivos, animales domésticos y salud, y b) malos olores, como son la contaminación por basura dispersada por el viento, alteración de cauces naturales en el lugar de emplazamiento, vertimiento de aguas de contacto en los canales cercanos, pérdida de valor de sus tierras, que se mantienen invariablemente hasta hoy.

Con ocasión de esta reunión de 8 de octubre de 2021, se solicitó al municipio de Mulchén que en ella se diera cuenta del compromiso adquirido por el alcalde en el año 2019 en cuanto a velar por la legítima pretensión y procurar el cierre definitivo del vertedero al cumplirse el plazo de vigencia del permiso otorgado en resolución N°2623 de 2016 (o sea, en marzo de 2021). Se informó a la comunidad que el vertedero cuenta en la actualidad con una nueva resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Biobío, la Resolución N°878, de 17 de marzo de 2021, que bajo el velo o apariencia de autorizar un plan de cierre de proyecto, en el fondo autoriza la continuidad operacional del vertedero por cinco años más, con modificaciones respecto a lo aprobado en las anteriores resoluciones N°59, de 20 de enero de 1998, y 2623, de 24 de marzo de 2016, eludiendo someterlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aumentando el área y volumen de recepción de basura hasta disponer de un total de RUT reservado metros cúbicos de basura, vulnerando la letra O.5 del Decreto 40 RSEIA, en relación con la letra O del artículo 10 de la Ley 19.300, de cuyo análisis sólo es posible concluir que las autorizaciones que han permitido la continuidad del vertedero (de los años 2016 y 2021), por su alcance no podrían haberse otorgado jamás sin previamente evaluar el cumplimiento por parte de Servimar de la normativa ambiental aplicable y su impacto sobre los componentes del medio ambiente y la salud de la población vecina. En concreto, el proyecto ha ido en aumento, pasando el vertedero a ocupar o comprar terrenos aledaños y aumentando el área de intervención y volúmenes de basura recibida, en vez de disminuir su actividad por no contar con las autorizaciones ambientales que le son exigibles, o dar curso a un plan de cierre que no considere continuar con la recepción de residuos como se sigue haciendo, al menos sin su sometimiento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Dice el recurrente que esta complicidad de la autoridad sanitaria para la operatividad ilegal del vertedero, se arrastra desde su génesis, pues la primitiva resolución N°59, de 1998, sólo autorizó al titular a operar el vertedero por el término de tres años, y a la fecha de dictación de la Resolución N°2623 en marzo de 2016, la modificación o continuidad operacional tampoco fue sometida a la necesaria evaluación ambiental, teniendo en cuenta que las normas que así lo exigen se encontraban plenamente vigentes a esa época, obrando la empresa SERVIMAR bajo la total complicidad de la SEREMI de Salud Región del Biobío, que no veló en esa oportunidad por el cumplimiento de las normas de la Ley 19.300 y su Reglamento, como tampoco lo hace ahora al dictar la resolución N°878 en marzo del 2021.

En el documento de Consulta de Pertinencia Ambiental ID-2021-1016, “Continuidad Operacional Vertedero Licura, Comuna de Mulchén”, tramitada ante el Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío, Servimar declara expresamente que la consulta se presenta a tramitación a objeto de cumplir con una solicitud previa de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Biobío. Ante esta presentación, el Servicio de Evaluación Ambiental ofició a la SEREMI de Salud del Biobío (documento digital n°2021081027, de 25 de enero de 2021) para que informara respecto al posible cumplimiento del proyecto de algunas de las condiciones que exigirían su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, respuesta que fue evacuada por la Seremi el 16 de febrero de 2021 (Ordinario N°506), y que sin fundamento ni justificación alguna de fondo o análisis de la normativa aplicable a la luz de las características del nuevo proyecto, resultó negativa, es decir, la SEREMI de Salud opinó que el proyecto de “Continuidad Operacional Vertedero Licura, comuna de Mulchén” no debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que “no modificaría sustantivamente los impactos ambientales del proyecto”.

Añade que es muy extraño que aunque SERVIMAR informó al Servicio de Evaluación Ambiental de la solicitud de pronunciamiento respecto a la pertinencia de ingreso que era exigida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, paralelamente ingresara la empresa en esa Seremi, el 10 de marzo de 2021, el trámite N°2108101746, consistente en una solicitud de autorización sanitaria del “Proyecto y cierre definitivo del vertedero de Mulchén”, sin haber recibido todavía SERVIMAR una respuesta por parte del Servicio de Evaluación Ambiental sobre la pertinencia ambiental de ingreso, pero en cambio sí recibió tan solo cinco días después de pedirla, autorización de parte de la Seremi para proseguir con la recepción o disposición de residuos por sesenta meses y hasta un volumen de RUT reservado m3, ello mediante la impugnada Resolución N°878, de 17 de marzo de 2021.

Agrega el recurrente que a unos días después de haber dictado la Secretaría la resolución exenta N°878, el Servicio de Evaluación Ambiental solicitó a Servimar, por documento digital N°20210810371, de 31 de marzo de 2021, en el expediente de Consulta de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Continuidad Operacional Vertedero Licura, Comuna de Mulchén”, entonces todavía pendiente, antecedentes adicionales de fondo necesarios para emitir fundadamente el pronunciamiento solicitado. Sin embargo, habiendo ya obtenido autorización de parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud para continuar con su actividad recepcionadora de basura, la empresa Servimar presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental, el 2 de mayo de 2021, una solicitud de desistimiento de la Consulta de Pertinencia presentada, sin haber entregado esos antecedentes adicionales que se le pidieron, desistimiento que fue aceptado por el Servicio mediante resolución de 6 de junio de 2021. La carta de desistimiento dirigida el 2 de mayo por correo electrónico está fechada 30 de abril de 2021.

Del modo que lo ha relacionado, dice el recurrente que es evidente como ha obtenido la recurrida empresa Servimar los permisos para operar su negocio de recepción de residuos y evidente también la ilegalidad con que ha obrado la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Biobío, que ha resuelto en tan breve plazo la continuidad un proyecto que involucra impacto potencial en la salud de las personas, todo lo cual se explica por una deliberada desviación de poder.

Acusa un nulo respeto de parte del titular por las normas básicas de manejo y evaluación de este tipo de proyectos, y la total inacción de autoridades como la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Biobío o el municipio de Mulchén, que no han exigido el cumplimiento de la normativa ambiental, como ser los artículos 8 y 10 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Supremo N°40 del Ministerio del Medio Ambiente, que “Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. El aludido artículo 8 prescribe que “los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley”. Y el artículo 10 señala un listado de “proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental”. Dicho listado de proyectos o actividades encuentra su desarrollo reglamentario en el artículo 3 del RSEIA.

Denuncia conculcadas las garantías constitucionales del artículo 19 n°1, el derecho a la vida; la del N°2, derecho a la igualdad ante la ley; la del n°8, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; la del n°24, el derecho de propiedad.

Pide que se acoja este recurso de protección, con costas, y se deje sin efecto la Resolución N°878, de 17 de marzo de 2021, por haber sido dictada en contravención a las normas constitucionales y legales citadas y que exigen para obtener la autorización del Plan de Cierre del vertedero a que se encuentra obligado Servimar, la obtención previa de Resolución de Calificación Ambiental Favorable. Asimismo, que se ordene la paralización definitiva de la recepción de residuos externos en el vertedero Licura, por no contar actualmente con la autorizaciones que permitan su disposición conforme a la normativa sanitaria y ambiental aplicables.

Acompañó al recurso copias de 1.- Resolución N°59, de 20 de enero de 1998 Servicio de Salud Biobío; 2.- Resolución N°2623, de 24 de marzo de 2016 SEREMI de Salud Región del Biobío; 3.- Resolución N°878, de 17 de marzo de 2021 SEREMI de Salud Región del Biobío; 4.- Ingreso de Consulta de Pertinencia Ambiental PERTI-2021-1016; 5.- Ordinario N° digital 2021081027 del SEA a SEREMI de Salud Biobío, de 25 de enero de 2021; 6.- Oficio Ord. 506 de 16 de febrero de 2021 de SEREMI de Salud Biobío a Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío; 7.- Carta 20210810371 de SEA a Servimar, solicita antecedentes adicionales, y 8.- Carta de desistimiento de Consulta de Pertinencia del titular.

Informó el recurso la sociedad Empresa de Servicios, Mecanizados, Aseos y Roces Ltda., nombre de fantasía SERVIMAR Ltda., RUT RUT reservado, a través de nombre reservado, su representante legal. Pide el rechazo del recurso, con costas, alegando primero la improcedencia de éste y seguidamente argumentando que no existe actuación ilegal ni arbitraria de su parte.

Estima que el recurso sería improcedente porque el recurrente no dice su profesión ni su domicilio; porque no comparece por sí ni por sujeto de derecho alguno, careciendo de legitimación activa para recurrir de protección, y porque no expresa cómo se le conculcan o amenazan las garantías constitucionales que invoca.

Respecto del fondo, explica que el giro principal de Servimar es la prestación de servicios de barrido de calles, retiro de residuos domiciliarios no peligrosos y disposición final en vertederos y/o rellenos sanitarios, según sea el caso, explotando varios vertederos entre Concepción y Puerto Varas.

El vertedero de que trata este recurso está ubicado en el sector Licura, Kilometro 535 aproximadamente de la Ruta 5 Sur, comuna de Mulchén. Comenzó a funcionar el 25 de enero de 1998 en virtud de la autorización de funcionamiento dispuesta por la Secretaria Regional Ministerial de Salud a través de resolución Nº59, de 20 de enero de 1998. Aunque a esa fecha ya se había publicado la ley 19.300, sin embargo la autorización para operar el vertedero de Licura fue dictada de conformidad a las normas contenidas en el Decreto 2444 del Ministerio de Salud, ello en atención a que por aplicación del artículo 1 transitorio de la ley 19.300, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental regulado en ella entraba en vigencia con la publicación en el Diario Oficial del reglamento mencionado en el artículo 13, lo que ocurrió el 7 de diciembre 2002, de todo lo que se colige que el vertedero de que se trata inició su funcionamiento dentro del marco de la legalidad vigente.

Agrega que el 5 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº189, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios, otorgando un plazo de cinco años para que los vertederos presentaran un proyecto de readecuación, asimilándose a operaciones en relleno.

Pues bien, en cumplimiento de lo recién dicho y dentro del plazo otorgado, Servimar Ltda. ingresó el 11 de enero 2010 a la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío, un Proyecto de Readecuación, que fue aprobado el 24 de marzo de 2016 a través de la resolución N°2623, autorizando el funcionamiento, fijando las condiciones que debía cumplir y estableciendo también que debía presentar ante esta autoridad sanitaria, iniciado el quinto año de operación, el plan de cierre correspondiente al proyecto. Es en cumplimiento de la exigencia recién referida impuesta por la resolución N°2623, que la empresa ingresó el 25 de enero de 2021 en la Secretaria Regional Ministerial de Salud, la solicitud de autorización sanitaria para el proyecto Plan de Cierre y Abandono Vertedero de Licura, en Mulchén. La autorización fue aprobada por la resolución Nº 878, de 17 de marzo de 2021, que ahora impugna el recurrente. Como se pude ver, dice Recart, el funcionamiento del vertedero y el actuar de Servimar se ha enmarcado siempre al ordenamiento jurídico vigente.

Acompañó al informe copias de 1.- Proyecto Técnico presentado en enero 2010; 2.- Adenda 1 Proyecto Técnico enero 2010; 3.- Adenda 2 Proyecto Técnico enero 2010; 4.- Proyecto Técnico presentado en noviembre 2020.

Informó el recurso la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Biobío, por medio de nombre reservado, su secretaria ministerial subrogante, pidiendo el rechazo del recurso, con costas, alegando en primer lugar la falta de legitimación activa del recurrente para accionar; enseguida, que el actor no explicó ni mínimamente cómo se han conculcado las garantías que denuncia amagadas; también alega la ausencia de acción u omisión, ilegal o arbitraria de parte de la cartera, y finalmente reclama que el asunto está sometido al imperio del derecho y que este recurso está siendo usado como sustituto jurisdiccional de los procedimientos que el ordenamiento jurídico contempla para la resolución del caso.

Dice primero que el recurrente de autos carece de legitimación activa para accionar; que ha deducido este recurso sin señalar que comparezca por sí ni por sujeto de derecho alguno, sino en abstracto a los habitantes del sector Licura en Mulchén; que aunque los derechos que denuncia amagados sean de tercera generación, invocándose la tutela de intereses colectivos, difusos o indeterminados, ello no lo exime de acreditar la existencia de un interés para el ejercicio de la acción como condición mínima de certeza jurídica, lo que en la especie no acontece.

Abona al rechazo del recurso la circunstancia que el recurrente no explica ni mínimamente cómo es que se han vulnerado los derechos que denuncia conculcados, el de la vida y el de propiedad, a más que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación garantizado en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República no se halla cubierto por el recurso de protección.

Sobre la autorización para la ampliación del funcionamiento del vertedero de Licura, materia de estos autos, dice la informante que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Biobío no ha cometido ninguna ilegalidad al expedirla, como pasa a explicar, habiendo siempre obrado dentro de sus facultades legales, previa investidura regular y cumpliendo las formalidades legales, lo que amerita el rechazo del recurso por carecer de objeto y oportunidad.

Explica que el vertedero Licura, ubicado en la comuna de Mulchén, posee autorización de instalación y funcionamiento otorgados por esa autoridad sanitaria, en ese entonces llamado Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N°59, de 20 de enero de 1998.

El año 2016, la empresa Servimar Ltda. presentó una carta, el 19 de febrero de 2016, solicitando reconsiderar el plazo establecido para la operación y plan de cierre del vertedero, adjuntando a su presentación copias de los antecedentes solicitados mediante acta de inspección N°75101, del 19 de enero de 2016, detallando, entre otros aspectos, la cantidad de residuos dispuestos en forma mensual durante el año 2015, listado de las comunas que depositan sus residuos, superficie total del predio propiedad de la empresa y superficie autorizada mediante resolución, plan de manejo de aguas lluvias para época invernal y manejo de percolados. Anteriormente, la empresa había presentado un Informe Técnico, detallando la operación del proyecto y una estimación de su vida útil.

La Secretaría estudió los antecedentes aportados por la empresa y dictó la Resolución Exenta N°2623, de 24 de marzo de 2016, autorizando la ampliación del plazo de funcionamiento y operación del Vertedero Licura por un plazo de cinco años.

El año 2021, dando cumplimiento a lo consignado en esa Resolución Exenta 2623, la Secretaría dictó la Resolución Exenta N°878, el 17 de marzo de 2021, autorizando el Plan de Cierre de Residuos Urbanos, imponiendo a Servimar, en el punto 8 de la parte resolutiva, que deberá presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental un “proyecto de cierre” previo al cierre definitivo, de acuerdo a las normas exigidas en el Decreto Supremo 40, que establece el Reglamento de Evaluación Ambiental.

Añade que antes de dictar esta resolución N°878, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Biobío informó al Director del Servicio de Evaluación Ambiental, por Ordinario N°506, de 16 de febrero de 2021, que el “Proyecto de continuidad operacional Vertedero Licura de la comuna de Mulchén” presentado por el titular Servimar Ltda., consistente en ampliar el plazo de disposición de residuos domiciliarios en el vertedero aprobado sanitariamente, no modifica sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, por lo que éste no requería pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Dice que los actos administrativo señalados y sus peticiones, a juicio de la Secretaría no son de aquellas que se encuadran en las situaciones contempladas en el artículo 5 en relación con el artículo 10 del Decreto Supremo N°40, que Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, relativos el 5 al riesgo para la salud de la población y el 10 a la alteración del patrimonio cultural. De los antecedentes evaluados, se propone ampliar el plazo de operación del vertedero de dos a cinco años, dado que se observa que la capacidad volumétrica es adecuada para dicho plazo. Durante el transcurso del último año del plazo autorizado (o sea, el año cinco), la empresa deberá presentar plan de cierre a ejecutarse una vez cumplido el plazo. Conjuntamente con lo anterior, se deberá exigir a la empresa informar a los Municipios que disponen en el vertedero, de la caducidad de su autorización a lo menos dos años antes de que esto ocurra.

Indicó también que la empresa Servimar Ltda. presenta un sumario sanitario por infracción al Decreto N°189/08, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básica en los rellenos sanitarios, en relación con el artículo 1 del Decreto N°144/61, sumario que rola con el N°218EXP526, en base a acta de inspección 187948-187949 de 29 de junio de 2021, efectuada en terreno en compañía con la fiscalizadora Eloísa Parada, de la Seremi de Salud. En esa inspección se constató in situ la existencia de olores molestos fuera del perímetro de la empresa como al interior; una extensa zona con disposición sin tapar; no existe material disponible para cobertura en zona de trabajo; gran cantidad de aves presentes y quince perros en frente de trabajo; zona de lixiviados se encuentra tapada, por lo que los líquidos son derivados a sector que no es posible determinar, bordeando la zona de trabajo; no existe protocolo Covid 19 al realizar ingreso a la instalación; el vertedero debía realizar cobertura y compactación de las basuras diariamente, lo que no se estaba realizando, pudiendo generar un riesgo para los trabajadores y transporte que opera en vertedero; la empresa debe aplicar las medidas de prevención y de control de aves y de olores e impedir la entrada de animales.

En resumen, todo lo obrado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud se ajustó a la normativa sectorial.

Agrega que este recurso también debe rechazarse por no ser la vía idónea para resolver el conflicto, pues tratándose lo impugnado de un acto administrativo, el régimen recursivo se encuentra establecido en los artículos 59 y siguientes de la ley N°19.880, como ser los recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia Administración que los dictó, así como una invalidación administrativa por la vía establecida en la ley 19.300. Además, siempre le cabe la posibilidad al administrado de recurrir directamente ante Contraloría General de la República ante las ilegalidades que se estarían cometiendo. En definitiva, el recurrente está usando este recurso como sustituto jurisdiccional reemplazando acciones y procedimientos en que puedan discutirse, con latitud e igualdad de oportunidades la controversia.

Por último, dice que el asunto sometido a la decisión de esta Corte ya se encuentra bajo el imperio del Derecho, jurisdicción que entrega en el mismo procedimiento las herramientas legales y recursos procesales ordinarios o extraordinarios al recurrente para tratar de revertir la medida que se pretende impugnar, lo que hace naturalmente improcedente que ello se pretenda llevar a cabo por medio de la presente acción cautelar.

Al informe acompaña la Secretaría copia de los siguientes documentos: 1.- acta de inspección de 19 de enero de 2016; 2.- resolución exenta N°2623, de 24 de marzo de 2016; 3.- resolución exenta N°878, de 17 de marzo de 2021; 4.- ordinario N°506, de 16 de febrero de 2021; 5.- proceso administrativo que autoriza el plan de cierre de residuos urbanos.

Por escrito folio 171421 (23), la autoridad sanitaria acompaña veinticuatro actas de inspección correspondiente a los años 2020 y 2021: las números 183643, 195459, 195478, 180597, 183792, 185058, 185076, 186266, 186714, 186289, 186457 y 187858 del año 2020, y las números 188463, 255587, 25587, 42356, 42325, 42155, 187948, 42404, 51120, 42396, 187882 y 187889 del año 2021.

Informó, asimismo, la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de nombre reservado, el superintendente.

Dijo que el vertedero de Licura no es titular de una resolución de calificación ambiental, instrumento de gestión ambiental fiscalizable por la Superintendencia. Tampoco ha realizado de oficio inspecciones ambientales en el lugar. Añadió que recién por Memorándum n°52878/2021, de 1 de diciembre de 2021, en Expediente N°28576/2021, solicitó a la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia, la realización de actividades de fiscalización y precisamente con ocasión de los hechos descritos en el presente recurso.

A la fecha, en ese Servicio no se han recibido denuncias sobre los hechos de que se trata. Terminó diciendo que la Superintendencia tiene un portal de denuncias, en el enlace https://denuncia.sma.gob.cl.

Adjuntó a su informe copia del Memorándum n°52878/2021.

Por escrito de folio 3598 (31), la misma Superintendencia del Medio Ambiente complementa su respuesta, a petición de esta Corte, y relativamente al resultado de la fiscalización que dispuso el 1 de diciembre de 2021, por Memorándum n°52878/2021, a la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia.

Informó esta vez el Superintendente (S) que el 22 de diciembre de 2021, fiscalizadores de la Superintendencia realizaron una actividad de inspección ambiental al vertedero Licura, con la finalidad de fiscalizar el proyecto, centrándose en los controles de acceso del vertedero, las nuevas áreas de disposición, el frente del trabajo activo y el estanque de acumulación de lixiviados. En la inspección al lugar se constató que el establecimiento no cuenta con una resolución de calificación ambiental. Asimismo, que dentro de los registros de la Superintendencia del Medio Ambiente, el vertedero no cuenta con la calificación como fuente emisora para efectos de los Decretos Supremos N°90/2000 y N°46/2002, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establecen la norma de emisión para la regulación de descargas de residuos líquidos en aguas marinas y continentales y norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas, respectivamente; es decir, el titular no ha iniciado la tramitación de una resolución de programa de monitoreo (RMP) ante la Superintendencia. Se comprobó que el establecimiento recibe residuos sólidos urbanos de origen no determinados. Se verificó también que el establecimiento no cuenta con un tratamiento de los lixiviados, los cuales actualmente se acumulan en un estanque excavado en tierra.

Por todas las constataciones predichas, la Superintendencia del Medio Ambiente se encuentra investigando una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el riesgo ambiental asociado a la ejecución del proyecto materia de autos, de acuerdo a los hechos indicados en el presente recurso y a la denuncia ID 456-VIll-2021 ingresada a los sistemas de la Superintendencia el 11 de diciembre de 2021 por nombre reservado, recurrente en este recurso de protección.

Agregó que mediante el acta de fiscalización ambiental notificada mediante correo electrónico a la empresa Servimar Ltda. el 27 de diciembre de 2021, se le requirió que informara dentro de diez días hábiles, que vencían el 10 de enero de 2022, dos cosas: a) el registro de ingreso de camiones diarios para el periodo 2021, en formato planilla Excel, indicando las toneladas recepcionadas diariamente, y b) las comunas servidas por el vertedero durante el año 2021.

Después se refiere a la denuncia ID 456-VIll-2021, ingresada por nombre reservado a los sistemas de la Superintendencia el 11 de diciembre de 2021, acusando el funcionamiento ilegal del vertedero Licura, sin ser evaluado ambientalmente.

Para un adecuado análisis del caso propuesto por el denunciante, por ordinario N°608/2021, de 21 de diciembre de 2021, la Superintendencia le requirió información a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Biobío, relativa a la identificación del titular del vertedero y representantes legales; acerca de las autorizaciones de funcionamiento y/o autorizaciones sectoriales emitidas por el Servicio al titular del proyecto vertedero Licura de la comuna de Mulchén, desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N°189/2005 del Ministerio de Salud; asimismo, sobre la población atendida por el vertedero (identificación por comunas), volumen de residuos diarios recepcionados y vida útil restante para la recepción de residuos.

A la fecha de este segundo informe que evacua la Superintendencia del Medio Ambiente (7 de enero de 2022), no había recepcionado respuesta de parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Finalmente, hace presente la Superintendencia que en el marco de la denuncia ID 456-VIII-2021, abrió un expediente de fiscalización ambiental para determinar si existe o no infracción a la normativa ambiental vigente.

A este segundo informe acompañó copias 1.- del acta de inspección ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente de 22 de diciembre de 2021 y 2.- del Ordinario N°608, de 21 de diciembre de 2021 dirigido por la Superintendencia a la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Informó el Servicio de Evaluación Ambiental Región de Biobío, por medio de nombre reservado, la Directora Regional.

Dijo que no existe un pronunciamiento de ese Servicio sobre si el proyecto de cierre del vertedero Licura ubicado en la Parcela N°5 del Sector San Luis de Licura, comuna de Mulchén, requiere previo a su ejecución, su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque aun cuando Servimar Ltda. ingresó al sistema de e-pertinencia, el 18 de enero de 2021, una solicitud de consulta de pertinencia de ingreso ID2021-1016, después se desistió de la consulta, renuncia que se aprobó por la Resolución Exenta N°202108101197, de 6 de mayo de 2021, de ese mismo Servicio. Con los antecedentes que a la época de su presentación (enero de 2021) entregó la empresa operadora, no fue posible emitir un pronunciamiento sobre si el proyecto requería ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A raíz del desistimiento de Servimar Ltda., el Servicio de Evaluación Ambiental no pudo conocer los antecedentes adicionales que le fueron solicitados al proponente mediante oficio N°20210810371 el 31 de marzo de 2021. Más detalles de lo acontecido dice el informante que se pueden extraer consultando el enlace https://pertinencia.sea.gob.cl/proceso/pertinencias/obtener/PERTI-2021-1016#/, o bien ingresando al sitio www.sea.cl en el banner de buscador de pertinencias, mediante el ID: 2021-1016.

El vertedero Licura inició su operación en el año 1998, mediante resolución sanitaria N°59, de 20 de enero de 1998, y posterior modificación a través de resolución N°2623, del 24 de marzo de 2016, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Biobío. Lo anterior, es relevante si se considera, que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental entró en vigencia el 3 de abril de 1997.

Después el informante se refiere a aspectos técnicos que habilitan someter un proyecto a Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Dice que el artículo 8 de la Ley N°19.300 dispone que deben ingresar a él no solo aquellos proyectos o actividades nuevos, sino que también sus modificaciones. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se enumeran en el artículo 10 de la Ley 19.300 y más específicamente en el artículo 3 del D.S. N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El artículo 10 en su literal o) dispone que deberán ingresar al SEIA los “Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos y sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos”. A su vez, dicha disposición es precisada por el literal o.5) del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dispone que deberán ingresar a evaluación ambiental “Plantas de tratamiento y/o disposición de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y centros de acopio y clasificación que atiendan a una población igual o mayor a cinco (5.000) mil habitantes.”

En la especie, lo que eventualmente debe analizarse es si el proyecto objeto del recurso de protección reúne o no las características señaladas en la tipología aplicable al proyecto, esto es, el literal o.5) del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en relación con el artículo 10 de la Ley 19.300. Pero la competencia para determinar una eventual elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 bis de la ley 19.300, careciendo el Servicio de Evaluación Ambiental de facultades y competencias en la materia.

No acompañó ningún documento.

Finalmente informó la Municipalidad de Mulchén, por medio de nombre reservado, alcalde subrogante. Dijo que en el municipio no existe alguna solicitud deducida por nombre reservado que diga relación con el funcionamiento del vertedero de basura en la comuna de Mulchén.

Acompañó copias 1.- del Decreto Administrativo N°785, de 1 de julio de 1999, que aprueba el contrato de concesión celebrado entre la Municipalidad de Mulchén y la empresa Servimar Ltda. para la ejecución de los servicios “Localización, Habilitación y Operación de Vertedero de Basura en la Comuna de Mulchén”; 2.- del contrato de concesión Servicio, Localización, Habitación y Operación de vertedero de Basura en la comuna de Mulchén, Municipalidad de Mulchén; 3.- de las Bases Administrativas preparadas para el llamado a licitación pública por la Concesión del “Servicio Localización, Habilitación y Operación de Vertedero de Basura en la comuna de Mulchén”; 4.- de las Especificaciones Técnicas para el aludido llamado a licitación pública; 5.- del Decreto Alcaldicio N°635, de 26 de mayo de 1999, que aprueba dichas Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas; 6.- orden de ingreso de comprobante de pago de la última patente pagada por la empresa Servimar Ltda., de 26 de julio de 2021, válida hasta el 31 de diciembre de 2021.

En autos se denegó la orden de no innovar.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la acción cautelar, a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en estrados el abogado recurrente aclaró que recurre de protección en favor de los habitantes del sector San Luis de Licura y Mirador del Biobío, ambas localidades de Mulchén, en contra de la determinación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Biobío, plasmada en la Resolución N°878, de 17 de marzo de 2021, de ampliar la operación del vertedero de Licura, a cargo de la empresa Servimar Ltda., por otros cinco años, sin someterse el proyecto llamado “Plan de Cierre de Residuos Urbanos”, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, exigible desde abril del año 1997, eludiendo la ley 19.300 y demás normativa anexa, con el beneplácito de la Seremi recurrida.

TERCERO: Que, a su turno, la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud ha solicitado que se rechace el recurso, alegando la falta de legitimación activa del recurrente para accionar; también que el actor no explicó ni mínimamente cómo se han conculcado las garantías que denuncia amagadas; que no es la vía este recurso de protección para resolver un asunto para el cual la propia Administración ha provisto de recursos para impugnar sus resoluciones. En cuanto al fondo, se defendió diciendo que ha obrado dentro de sus facultades legales, previa investidura regular y cumpliendo las formalidades legales, sin cometer acción u omisión ilegal, habiendo ampliado esta vez mediante la impugnada resolución N°878, el 17 de marzo de 2021, un permiso que ya antes en el año 2016 había otorgado por igual lapso mediante Resolución Exenta N°2623, de 24 de marzo de 2016, para la que estudió en esa oportunidad los antecedentes presentados por Servimar Ltda., a propósito del acta de inspección N°75101 de esa Seremi, del 19 de enero de 2016, detallando la empresa la cantidad de residuos dispuestos en forma mensual durante el año 2015, el listado de las comunas que depositan sus residuos, la superficie total del predio propiedad de la empresa y la superficie autorizada mediante resolución, el plan de manejo de aguas lluvias para época invernal y el manejo de percolados, a más de un Informe Técnico. Esta vez, el 2021, en la resolución N°878, amplió esa autorización bajo los mismos presupuestos, teniendo presente que el proyecto de continuidad operacional Vertedero Licura presentado por Servimar Limitada no modifica sustantivamente los impactos ambientales del proyecto y en consecuencia no requeriría pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En estrados, el abogado del Consejo de Defensa del Estado que alegó en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Biobío agregó como motivo para el rechazo, previo por cierto, la extemporaneidad del recurso.

CUARTO: Que, antes de entrar a determinar la existencia o no del acto denunciado en el arbitrio y otros aspectos debatidos por las partes, considerando la alegación efectuada por la recurrida, Secretaría Regional Ministerial del Biobío, en la vista de la causa, el orden lógico de las proposiciones conlleva primeramente a revisar si la acción constitucional propuesta fue o no enderezada dentro del plazo que prevé el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

La recurrida afincó su alegación de extemporaneidad en el hecho que la Resolución N°878 respecto de la que ahora reclama el actor, fue dictada el 17 de marzo de 2021. Luego, como el recurso se ingresó el 2 de noviembre de 2021, su interposición resulta ser con creces extemporánea, según el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

El recurrente afirmó en su libelo que los vecinos afectados se enteraron de la existencia de la Resolución N°878 atacada recién en la reunión de 8 de octubre de 2021 sostenida entre una de las comunidades vecinas con autoridades municipales locales a propósito de cumplirse el plazo de vigencia del permiso otorgado en resolución N°2623 de 2016 y con la finalidad de pedirle cuentas al acalde respecto del compromiso adquirido con su comunidad en cuanto a procurar el cierre definitivo del vertedero.

Teniendo presente que la resolución N°2623 es de 21 de marzo de 2016, resulta inconcuso que los recurrentes no pudieron menos que saber que el plazo de cinco años de vigencia de la operatividad del vertedero Lincura vencían en marzo de 2021 y que el órgano competente debió dictar por aquella época alguna resolución relativa a la continuidad y/o cierre del vertedero, resultando a lo menos dudoso que se hayan enterado de la vigencia de la resolución N°878 sólo en octubre de 2021, estimando estos sentenciadores que lleva la razón la Secretaría recurrida al alegar la extemporaneidad de la acción constitucional propuesta, en la medida que de acuerdo lo establece en lo atingente el N° 1 del Auto Acordado aludido, la acción respectiva se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. En la especie y según lo que se ha dicho, es de toda evidencia que el presente arbitrio fue deducido extemporáneamente, en consideración a la data de la resolución N°878 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, motivo bastante para desecharlo.

QUINTO: Que, respecto a la falta de legitimidad activa alegada por la recurrida en su informe y en estrados, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 2° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, dictado por la Excelentísima Corte Suprema, y que señala que “2º.- El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico”. Así, esta norma consagra la posibilidad de recurrir en favor de terceros debido a la urgencia de poner fin a los hechos que vulneren las garantías constitucionales de cualquier persona, razón por la que esta Corte estima que el abogado recurrente tiene la legitimidad necesaria para interponer la presente acción. Además, en estrados aclaró que interpone el recurso en favor de los habitantes de los sectores San Luis de Licura y Mirador del Biobío, ambos en Mulchén.

SEXTO: Que, resueltos los aspectos formales invocados por la recurrida y por si la extemporaneidad del recurso no resultare suficiente para desestimarlo, cabe analizar los aspectos de fondo de la acción constitucional deducida y sometida al conocimiento de esta Corte.

SÉPTIMO: Que, del recurso, así como de los informes evacuados y de los antecedentes acompañados por las partes a este recurso, aparece que el vertedero de que se trata: a) Se encuentra ubicado en la Parcela N°5 del Sector San Luis de Licura, comuna de Mulchén, distante a 7 Km de la ciudad de Mulchén. El predio tiene una superficie de 10 Ha.; b) Inició su operación en el año 1998, mediante resolución sanitaria N° 59, de fecha 20 de enero de 1998, y posterior modificación a través de resolución N° 2623 del 24 de marzo de 2016, ambas de la SEREMI Biobío. Estas fechas son relevantes si se considera que el SEIA entró en vigencia el 3 de abril de 1997; c) El vertedero atiende a la población de las comunas de Mulchén, Negrete, San Rosendo, Collipulli, Quilaco, Renaico, Lautaro, Galvarino y Perquenco; d) El área de disposición final corresponde a 3,5 há., con una capacidad de 259.000m3 de residuos domiciliarios como destino final.

OCTAVO: Que, como ya se ha precisado, el vertedero de autos comenzó a funcionar el 25 de enero de 1998 en virtud de la autorización de funcionamiento dispuesta por la Secretaria Regional Ministerial de Salud a través de resolución Nº59, de 20 de enero de 1998, en consecuencia y aunque a esa fecha ya se había publicado la ley 19.300, sin embargo la autorización para operar el vertedero de Licura fue dictada de conformidad a las normas contenidas en el Decreto 2444 del Ministerio de Salud, ello en atención a que por aplicación del artículo 1° transitorio de la ley 19.300, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental regulado en ella entraba en vigencia con la publicación en el Diario Oficial del reglamento mencionado en el artículo 13, lo que ocurrió recién el 7 de diciembre 2002.

Por otro lado, el 5 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº189, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios, otorgando un plazo de cinco años para que los vertederos presentaran un proyecto de readecuación, asimilándose a operaciones en relleno. En cumplimiento de tal normativa y dentro del plazo otorgado, la recurrida Servimar Ltda. Ingresó, con fecha el 11 de enero 2010, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío, un Proyecto de Readecuación, el cual fue aprobado el 24 de marzo de 2016 a través de la resolución N°2623, autorizando el funcionamiento, fijando las condiciones que debía cumplir y estableciendo también que debía presentar ante esa autoridad sanitaria, iniciado el quinto año de operación, el plan de cierre correspondiente al proyecto. En cumplimiento de esta última exigencia impuesta por la resolución N°2623, la empresa recurrida ingresó, con fecha 25 de enero de 2021, en la Secretaria Regional Ministerial de Salud, la solicitud de autorización sanitaria para el proyecto Plan de Cierre y Abandono Vertedero de Licura, en Mulchén. La autorización fue aprobada por la resolución Nº 878, de 17 de marzo de 2021, que ahora impugna el recurrente.

NOVENO: Que, a su turno, la Superintendencia del Medio Ambiente, al ser requerida por esta Corte para que informara al tenor del recurso, señaló que por Memorándum n°52878/2021, de 1 de diciembre de 2021, en Expediente N°28576/2021, solicitó a la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia, la realización de actividades de fiscalización y, precisamente, con ocasión de los hechos descritos en el presente recurso.

Además, la referida Superintendencia indicó que el 22 de diciembre de 2021, fiscalizadores de la Superintendencia realizaron una actividad de inspección ambiental al vertedero Licura, con la finalidad de fiscalizar el proyecto, centrándose en los controles de acceso del vertedero, las nuevas áreas de disposición, el frente del trabajo activo y el estanque de acumulación de lixiviados. En la inspección al lugar se constató que el establecimiento no cuenta con una resolución de calificación ambiental. Asimismo, que dentro de los registros de la Superintendencia del Medio Ambiente, el vertedero no cuenta con la calificación como fuente emisora para efectos de los Decretos Supremos N°90/2000 y N°46/2002, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establecen la norma de emisión para la regulación de descargas de residuos líquidos en aguas marinas y continentales y norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas, respectivamente; es decir, el titular no ha iniciado la tramitación de una resolución de programa de monitoreo (RMP) ante la Superintendencia. Se comprobó que el establecimiento recibe residuos sólidos urbanos de origen no determinados. Se verificó también que el establecimiento no cuenta con un tratamiento de los lixiviados, los cuales actualmente se acumulan en un estanque excavado en tierra.

En el mismo informe hizo presente la Superintendencia que, precisamente por las constataciones antes referidas, se inició investigación por una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el riesgo ambiental asociado a la ejecución del proyecto materia de autos, de acuerdo a los hechos indicados en el presente recurso y a la denuncia ID 456-VIll-2021 ingresada a los sistemas de la Superintendencia el 11 de diciembre de 2021 por nombre reservado, recurrente en este recurso de protección.

Se señaló, también que, para un adecuado análisis del caso propuesto por el denunciante, por ordinario N°608/2021, de 21 de diciembre de 2021, la Superintendencia le requirió información a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Biobío, relativa a la identificación del titular del vertedero y representantes legales; acerca de las autorizaciones de funcionamiento y/o autorizaciones sectoriales emitidas por el Servicio al titular del proyecto vertedero Licura de la comuna de Mulchén, desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N°189/2005 del Ministerio de Salud; asimismo, sobre la población atendida por el vertedero (identificación por comunas), volumen de residuos diarios recepcionados y vida útil restante para la recepción de residuos.

DECIMO: Que, en consecuencia los hechos materia del recurso se encuentran sometidos al imperio del derecho, correspondiendo su conocimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, entidad que ha abierto una investigación y fiscalización para establecer si la empresa encargada del vertedero Licura de la comuna de Mulchen ha cumplido con la normativa medioambiental, tanto para la operación como para el programa del cierre del referido vertedero, haciéndose cargo, además, el mismo ente fiscalizador de la denuncia que formulara el recurrente de estos autos, así como de lo expresado por el mismo en este recurso de protección.

UNDÉCIMO: Que, por todo lo que se viene indicando resulta ineludible el rechazo de la presente acción constitucional de protección, sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda ejercer, oportunamente y ante la autoridad que corresponda, una vez finalizado el proceso de investigación y fiscalización aperturado por la Superintendencia de Medio Ambiente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado nombre reservado, en contra de 1) la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Biobío, representada por su Secretario General Ministerial nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y también en contra de 2) la sociedad Empresa de Servicios, Mecanizados, Aseos y Roces Ltda., nombre de fantasía SERVIMAR Ltda., representada por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, titular esta última del proyecto Vertedero Licura, ubicado en la comuna de Mulchén.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Dese oportuno cumplimiento con lo previsto en el numeral 14 del Auto Acordado más arriba aludido.

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

No firma el ministro señor Ascencio Molina, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse con feriado legal.

Rol Nº Protección-12.790-2021.