nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

C.A. de Concepción Concepción, uno de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

En folio 1 de estos autos Rol Corte N°Protección-12742-2024 comparece patrocinada por la abogada Patricia Geraldinne Cid González, con domicilio en domicilio reservado, en Concepción, nombre reservado, paramédico, domiciliada en domicilio reservado.

Deducen recurso de protección en contra de la Municipalidad de Concepción, representada legalmente por su alcalde, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en Concepción.

El acto que denuncia ilegal y arbitrario como fundamento del recurso es el Decreto Alcaldicio N°1251-2024, de 27 de marzo de 2024, que mantiene lo resuelto en el Decreto Alcaldicio N°2561, de 25 de noviembre de 2022, que declaró, por un lado, la salud de la recurrente incompatible con el cargo que desempeña, de técnico paramédico en el Departamento de Salud Municipal de Concepción, CESFAM Pedro de Valdivia, por haber hecho uso de más de 180 días de licencia médica dentro de dos años calendario comprendidos entre octubre de 2019 y octubre de 2021, y, seguidamente, que la actora cesará en sus funciones, derechos y obligaciones a partir del quinto día hábil administrativo a contar del día de la notificación del decreto; lo anterior conforme lo establecido en los artículos 147 letra a) y 148 inciso primero de la Ley 18.883 y artículo 59 de la ley 19.880.

Explicó que la paramédica recurrente ingresó al servicio el año 2014, inicialmente con reemplazos, después a plazo fijo a partir de enero del año 2014, en calidad de planta. Se desempeña en el CESFAM de Pedro de Valdivia. Siempre tuvo buenas calificaciones y nunca una anotación de demérito. Durante la pandemia entregó la profesional lo mejor de sí. Pero a partir de junio de 2020 su salud se vio resentida y debió hacer uso de licencias médicas; padeció epicondilitis lateral y síndrome de manguito rotador; además, su padre sobrellevó un cáncer ese año y murió. La actora retornó al trabajo en diciembre de 2020. El año 2021 sufrió una caída en su lugar de trabajo que agravó su dolencia del hombro y fue intervenida. Todas las licencias médicas fueron autorizadas.

En cuanto a los actos que fundan la interposición del recurso, dijo que entre los decretos dictados y los actos administrativos que les sirvieron de base, hay un cúmulo de incongruencias, imprecisiones y falsedades.

Primero que todo, los decretos difieren respecto del período que se evaluó en aras a determinar la irrecuperabilidad de la salud de la recurrente. Mientras el Decreto Alcaldicio N°1251-2024, de 27 de marzo de 2024, refiere que el periodo que se tuvo en evaluación fue desde octubre de 2019 a octubre de 2021, el Decreto Alcaldicio que le precedió, el N°2561, de 25 de noviembre de 2022, dice que el período evaluado fue uno posterior, que va del 31 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2022. Esta incongruencia no es menor, si se considera que el Decreto Alcaldicio N°1251-2024 resolvió luego de que sesionara una comisión médica del municipio, el 30 de enero de 2024, que habría revisado y ponderado los antecedentes que la actora acompañó a los descargos que formuló en contra del Decreto Alcaldicio N°2561, que data del año 2022, para los que acompañó, defendiéndose, documentos para acreditar que fue sometida a cirugía y su pertinente terapia a causa de un accidente durante las horas de trabajo, del cual incluso fueron testigos sus mismos compañeros, antecedentes todos que fueron debidamente tramitados y de los cuales el empleador tuvo conocimiento inmediato.

Añade que en la evaluación con miras a la declaración de incompatibilidad han de considerarse las licencias médicas extendidas que sumen 6 meses continuos, o discontinuos en los últimos dos años, que no se traten de aquellas otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y el Título II, del Libro II, de la Protección a la Maternidad, la Paternidad y la Vida Familiar, del Código del Trabajo. Estima la letrada que cuando el legislador redactó en estos términos el artículo 148 de la ley 18.883, naturalmente estaba estableciendo la obligación previa de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de pronunciarse acerca de la irrecuperabilidad y de la incompatibilidad con el desempeño del cargo, y es de toda lógica, dice, porque el alcalde no es ninguna autoridad competente para diagnosticar y evaluar enfermedades.

En segundo término, es de opinión la abogada que para efectos de hacer la tal declaración de incompatibilidad de salud de un funcionario para el cargo que desempeña, no basta con hacer una evaluación con los criterios que la comisión evaluadora de la Administración empleadora estime pertinente, sino que debe existir un pronunciamiento específico por parte de la Compin, máxime cuando la mentada comisión evaluadora del municipio, mencionada en ambos decretos alcaldicios, estuvo integrada por un obstetra, un abogado, una enfermera y un nutriólogo. Insiste la abogada en la necesidad de pronunciamiento por parte de la Comisión Médica, y en su ausencia, no puede el alcalde ejercer la facultad de desvinculación estatutaria. En la especie, la COMPIN sólo se pronunció diciendo que la salud de la recurrente es recuperable, pero nada dijo acerca de la incompatibilidad. Opina la letrada que el alcalde tiene la creencia de que el ejercicio de la facultad de desvincular a un funcionario municipal invocando la incompatibilidad con el desempeño del cargo está sujeta a su sola potestad discrecional.

Aún en relación a este punto, sostiene la abogada que la correcta lectura e interpretación del artículo 148 de la ley 18.883, se desprende que el legislador ha buscado someter a escrutinio y evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez “toda” materia que diga respecto al estado de salud del funcionario y la relación de este estado de salud con el ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, reprocha al Decreto Alcaldicio N°1251-2024 su falta de motivación, pues no se han apreciado las circunstancias ni razones por las que se han otorgado las licencias médicas, de las cuales ninguna fue rechazada, y porque no se hace cargo tampoco de justificar mínimamente por qué el estado de salud de la actora sería incompatible con el desempeño del cargo, elemento que no puede eludir si se considera especialmente que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez calificó la salud de esta funcionaria como recuperable.

Denuncia conculcadas las garantías de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja este recurso de protección, con costas, y se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1251, de 27 de marzo de 2024, como asimismo dejar sin efecto cualquier acto administrativo que suponga la validez de dicho decreto; además, restituir inmediatamente a la recurrente en el cargo que ejercía en la dotación de salud perteneciente al Cesfam de Pedro de Valdivia Concepción; ordenar el pago de las remuneraciones y beneficios de los que se vio privada como consecuencia de la dictación del decreto N°1251 y que se adopten todas las demás medidas que se juzguen necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección.

Acompañó copias de los siguientes documentos 1.- Notificación de cese de funciones, de 15 de abril de 2024; 2.- Decreto Alcaldicio N°1251 de 27 de marzo de 2024; 3.- Decreto Alcaldicio N°2561 de 25 de noviembre 2022; 4.- Resolución Exenta N°145 de Evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, de fecha 12 de enero de 2023 que declara la salud recuperable; 5.- Resolución de Evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, de 29 de abril de 2024 que declara la salud recuperable; 6.- Acta de notificación cargo Ley 21.308 convocado a través de Decreto Alcaldicio N°1034, de 4 de octubre de 2023 y formulario de aceptación del cargo Ley 21.308; 7.- Certificado N°287/24 de 3 de mayo 2024, calificaciones desde el año 2018 al año 2023; 8.- Documento denominado actividades de capacitación año 2018, 2019, 2021, 2023 otorgado por la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración de salud de la I. Municipalidad de Concepción; 9.- Certificado N°272 de 25 de abril de 2024 otorgado por Policía de Investigaciones de Chile, Departamento de Migraciones y policía internacional Concepción; 10.- Publicación Diarioconcepción.cl, de 17 de abril 2024, en que el Alcalde Álvaro Ortiz Vera, se refiere las desvinculaciones asegurando que están justificadas.

Por escrito de folio 12 acompañó la abogada copias de 1.- Triage de fecha 12 de abril 2021, del mismo Cesfam; 2.- Licencia médica otorgada por el médico Dr. nombre reservado, del mismo Cesfam en que se desempeñaba la actora, de fecha 13 de abril de 2021; 3.- Certificado de defunción de nombre reservado, padre de la actora; 4.- Certificado de nacimiento de la recurrente.

En folio 5 informó la Municipalidad de Concepción, por medio del abogado Giovanni Péndola Belmar, solicitando el rechazo del recurso, por no ser la vía idónea para resolver el conflicto planteado y porque el actuar de la autoridad edilicia se ha ajustado a derecho.

En primer lugar, estima que este arbitrio constitucional no es la vía idónea para impugnar el acto administrativo que se denuncia agraviante, por existir al efecto como procedimiento específico la reclamación prevista en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, siendo improcedente conocer y resolver la materia por medio de la presente acción cautelar, destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no ocurre en la especie.

En cuanto al fondo, dijo que el artículo 147, letra a), de la ley Nº 18.883, prevé que los funcionarios municipales cesarán en el cargo por declaración de vacancia, entre otras causales, por salud incompatible con su desempeño. Luego, el artículo 148, inciso primero, de ese texto legal, señala que “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”. Su inciso tercero agrega que el alcalde, para ejercer tal facultad, deberá requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud. Ese informe de la COMPIN sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad de la salud del servidor es determinante para que el alcalde pueda ejercer posteriormente la atribución de declarar el cese de funciones por salud incompatible con el desempeño del cargo (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 7.587, de 2020 de la Contraloría General de la República entre otros cumulo de dictámenes invariables en el sentido anterior). Si la COMPIN estima que la salud del funcionario que ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años es recuperable, la autoridad se encuentra facultada legalmente, a posteriori, para declarar la mencionada causal de incompatibilidad. En la situación opuesta, esto es, si se informa que la salud es irrecuperable por parte de la COMPIN, no podrá declararse la posterior incompatibilidad, pues nace para el funcionario el derecho a acceder a los beneficios de seguridad social propios de dicha declaración (aplica dictamen Nº 33.241, de 2019 de la Contraloría General de la Republica).

En la especie, la municipalidad cumplió con el requisito de pedir a la COMPIN el informe de rigor contemplado en el aludido artículo 148, sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad de la salud de la servidora. La Compin respondió, por resolución exenta N°2499, de 1 de junio de 2022, que la salud de la recurrente era recuperable. Con la evacuación de su informe, dejó habilitada a la municipalidad para hacer uso de la causal de desvinculación por salud incompatible.

Añade que para que el acto administrativo terminal fuese fundado, decretaron un procedimiento al efecto, contenido en “Protocolo: desvinculación por cómputo de licencia médica”, que adjunta, a fin de notificar a la recurrente de su salud incompatible, concediéndole un plazo para sus descargos. Aquel fue puesto en conocimiento mediante correo electrónico institucional, de conformidad al punto 9, página 11 de aquel protocolo. Siguiendo este protocolo, si el funcionario no hace descargos se entenderá ejecutoriada la resolución de desvinculación por salud incompatible para el desempeño del cargo. Por otro lado, si los formula, aquél será conocido por una comisión compuesta por enfermera y Sub Directora de Recursos Humanos de Salud Municipal (nombre reservado), matrona y Directora de Salud Municipal (nombre reservado), abogado (nombre reservado) y médico (nombre reservado / Eudoro nombre reservado), en aras de mantener o revocar la desvinculación por salud incompatible. Dice que todo puede verificarse de las actas de comisión, en el decreto enviado al funcionario manteniendo calificación de salud incompatible, en el decreto que declara la salud incompatible dando chance de descargos número 2561-22, del 25 de noviembre del 2022, y en el decreto que lo mantiene número 1251-24 del 27 de marzo del 2024.

Agrega también que el legislador deja a la Compin como organismo técnico la revisión de la recuperabilidad de la salud de una persona, como cuestión científica, empírica. En cambio, la declaración de la incompatibilidad es en abstracto y debe contrastarse con el “cargo” del funcionario que se evalúa. De ahí que la norma legal indique “salud incompatible con el desempeño del cargo”, análisis que el legislador le brinda a la Administración empleadora, pero no a la COMPIN, quien sólo se puede pronunciar de la “irrecuperabilidad” en el puro sentido técnico.

Sostiene que la “Administración empleadora”, la municipalidad, en aras de determinar la salud incompatible con el cargo de la funcionaria recurrente y siguiendo el predicho “protocolo”, ponderó variables como retorno a la funciones del funcionario después del corte evaluado para 180 días, diagnóstico por enfermedad grave, como cáncer, operaciones, hospitalizaciones, y diagnóstico de licencias médicas presentadas en el historial de sus licencias.

Refiere que evacuado los descargos de la recurrente, la Comisión en cuestión procedió a ponderar la incompatibilidad de su salud, determinando textualmente lo siguiente: “Observaciones: Funcionaría informa mediante descargo que presenta diagnóstico de Epicondílftis de codo Izquierdo; refiere accidente laboral por caída ocurrida dentro del horario de sus funciones. Según informe de la ACHS los antecedentes de evaluación concluye que la contingencia no corresponde a una patología cubierta por la ley N° 16.744; los antecedentes entregados por la funcionaría indican que la lesión del codo y hombro son de fechas anteriores al evento de caída; a la revisión de los antecedentes aportados, sus licencias evidencian múltiples diagnósticos. Criterios a evaluar: Retorno a sus funciones, se evalúa hoja de vida y registro de asistencia, funcionaria no presenta retorno a sus actividades laborales en el período evaluado; diagnóstico por enfermedad grave, funcionaría presenta informes médicos que no respaldan enfermedades, como cáncer, hospitalizaciones y/o cirugías en el periodo evaluado; situaciones especiales a la revisión de los antecedentes aportados por la funcionaría como descargos y no se observa ingreso de licencias médicas que están descritas en el punto 6 letra C del Protocolo vigente Desvinculación por computo de Licencias Médicas. Cumple criterios para desvinculación”.

En cuanto a los vicios de procedimiento denunciados por la recurrente, como supuestas incongruencias de los actos administrativos preparatorios y terminales, aplica el principio de conservación del acto administrativo del artículo 13 inciso tercero de la Ley 19.880, no se avizora cómo los vicios de forma alegados pudiesen haber afectado su derecho a defensa, no manifestando la recurrente ningún perjuicio y habiendo hecho sus descargos en el fondo sin ningún problema.

Termina diciendo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el proceder de la municipalidad; que hubo un proceso previo a la desvinculación para declarar la incompatibilidad de la salud de la recurrente y que se dio estricto cumplimiento al artículo 41 de la Ley 19.880 en la fundamentación del acto administrativo y al debido proceso.

Acompañó al informe copias del 1.- Protocolo desvinculación por cómputo de licencia médica; 2.- Resolución COMPIN número 2499 del año 2022 declarando la salud recuperable de la recurrente; 3.- Hoja de vida funcionaria de la reclamante; 4.- Licencias médicas de la recurrente; 5.- Actas de Comisión Salud Municipal evaluando salud incompatible con el cargo, primera y segunda sesión; 6.- Evaluación médica realizada por esa comisión y suscrita por sus miembros; 7.- Descargos administrativos de la recurrente.

En folio 6 informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Biobío, por medio de nombre reservado, su presidente subrogante.

Dijo que la Municipalidad de Concepción le solicitó, por medio del oficio ordinario N°237, de 7 de marzo de 2024, vía plataforma web https://compin.cerofilas.aob.cl/, registrado con la ID 31597156, la evaluación de la funcionaria respecto a la condición de irrecuperabilidad de la salud.

La Compin evaluó los antecedentes de la actora, así como su historial de licencias médicas e informes aportados por el empleador, determinando, a través de la resolución de evaluación folio 17421940, del 29 de abril de 2024, la recuperabilidad laboral de la señora nombre reservado. La determinación fue notificada al empleador y a la paciente evaluada, conforme a los procedimientos legales y administrativos.

Respecto a la declaración de “salud incompatible”, el artículo 151 de la ley 18.834 prescribe que “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Añade el informante que conforme a la disposición legal trascrita, la resolución de evaluación que esa Compin realizó como organismo técnico especializado –en este caso, resolviendo que la salud de la actora es recuperable– constituye para el empleador sólo un antecedente sobre la recuperabilidad o no del estado de salud del servidor público respecto de la compatibilidad y cumplimiento de las funciones laborales designadas, y el empleador igualmente queda facultado para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia por esa causa. Cita dictamen 17351 de la Contraloría General de la República, de fecha 11 de julio de 2018.

Acompañó al informe copia de la resolución de evaluación folio 17421940, del 29 de abril de 2024, del expediente administrativo de la actora y del dictamen 17351 de la Contraloría General de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto proteger a las personas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

SEGUNDO: Que, en la especie, se tilda de ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio N°1251-2024, de 27 de marzo de 2024, que mantiene lo resuelto en el Decreto Alcaldicio N°2561, de 25 de noviembre de 2022, el que declaró, por un lado, la salud de la recurrente incompatible con el cargo que desempeña, de técnico paramédico en el Departamento de Salud Municipal de Concepción, CESFAM Pedro de Valdivia, por haber hecho uso de más de 180 días de licencia médica dentro de dos años calendario comprendidos entre el 31 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2022, y, seguidamente, que la actora cesará en sus funciones, derechos y obligaciones a partir del quinto día hábil administrativo a contar del día de la notificación del decreto; lo anterior conforme lo establecido en los artículos 147 letra a) y 148 inciso primero de la Ley 18.883 y artículo 59 de la ley 19.880, actos a los que reprocha haber sido dictados pese a que la COMPIN declaró que la salud de la funcionaria era recuperable, y en el caso del Decreto Alcaldicio N°1251-2024, que carece de fundamentos y contiene incongruencias respecto del anterior, como ser el período que se evaluó para medir la incompatibilidad de la salud de la recurrente.

TERCERO: Que, por su parte, la Municipalidad recurrida ha informado que tanto el decreto alcaldicio que declara la salud de la recurrente incompatible con el cargo que desempeña (N°2561/2022), como el que lo mantuvo (N°1251/2024), se ajustan a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 18.883, habiéndose cumplido con el trámite de pedir informe sobre la recuperabilidad de la salud de la funcionaria, en los términos prescritos por el artículo 148 de la ley 18.883, sin que la declaración de la autoridad sectorial de ser “recuperable” la salud de la actora impida al municipio declarar a su respecto el cese en su cargo por la mencionada causal de incompatibilidad; por el contrario, con la sola expedición del informe de la Compin queda a posteriori facultado legalmente el municipio para hacer tal declaración de incompatibilidad con el desempeño de la función pública. Cosa distinta hubiera sido que la Compin hubiere informado que la salud de la recurrente es irrecuperable, pues en ese caso hubiera nacido para ella el derecho a acceder a los beneficios de seguridad social propios de dicha declaración, lo que no aconteció.

Argumentó también el abogado de la recurrida que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el asunto, comoquiera que existe el procedimiento específico de reclamación previsto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695.

CUARTO: Que, son circunstancias fácticas que emanan de los documentos acompañados por las partes y por la Compin a los autos, las siguientes:

a).- A la época de los hechos, la recurrente señora nombre reservado se encontraba contratada por la Municipalidad de Concepción como funcionaria del Departamento de Salud Municipal, desempeñándose como técnico paramédico, categoría C, nivel 13, con 44 horas semanales en el Centro de Salud Familiar de Pedro de Valdivia;

b).- La recurrente hizo uso de 331 días de licencia por enfermedad o accidente común durante el período comprendido entre el 31 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2022, según se expresa en el Decreto N°2561, y de más de 180 días durante el período comprendido entre octubre de 2019 y octubre de 2021, según se consigna en el Decreto N°1251;

c).- Por ordinarios N°477, de 12 de mayo de 2022, y N°237, de 7 de marzo de 2024, la Municipalidad de Concepción requirió a la Comisión de Medicina Preventiva un informe sobre la condición de recuperabilidad de salud de la recurrente;

d).- La Comisión de Medicina Preventiva evaluó a la actora y declaró su recuperabilidad laboral mediante resoluciones exentas N°2499, de 1 de junio de 2022; N°145, de 12 de enero de 2023, y folio 17421940, de 29 de abril de 2024;

e).- A través del Decreto Alcaldicio Nº2561, de 25 de noviembre de 2022, la municipalidad declaró su salud incompatible con el cargo que desempeña, concediéndole 20 días hábiles administrativos para formular descargos o deducir recurso de reposición, de no hacerlo quedaría ejecutoriada la decisión;

f).- En acta de evaluación DAS de 30 de enero de 2024, la comisión de salud municipal compuesta por los profesionales que la suscriben, ponderó los descargos de la recurrente, manteniendo la declaración de incompatibilidad de la salud de la funcionaria con el cargo que servía, quedando habilitado el municipio para resolver, y g).- Por Decreto Alcaldicio N°1251, de 27 de marzo de 2024, se mantuvo lo resuelto en el Decreto Alcaldicio Nº2561, conservando a firme la declaración en el cese de funciones de la señora nombre reservado.

QUINTO: Que, la norma del artículo 148 de la Ley N° 18.883 ordena: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

“No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo”.

“El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

SEXTO: Que, la disposición legal transcrita autoriza al alcalde de una municipalidad a resolver que la salud de un determinado funcionario es incompatible con el desempeño de su cargo, si éste ha presentado licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años; la única exigencia que le impone la norma es que el señalado funcionario sea evaluado previamente por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respecto de la irrecuperabilidad de su salud.

SÉPTIMO: Que, en el caso en estudio, se cumplió con la exigencia antedicha; la COMPIN informó que procedió a evaluar los antecedentes de la usuaria, así como el historial de licencias médicas e informes aportados por el empleador, determinándose por la Comisión Médica la recuperabilidad laboral de la paciente.

OCTAVO: Que, por consiguiente, el proceder de la municipalidad recurrida no puede ser calificado de ilegal ni arbitrario, pues la determinación la adoptó en uso de sus atribuciones legales y obedece a la cantidad de días de que hizo uso de licencias médicas la funcionaria, tal como se admite expresamente en el recurso, las que no tuvieron su origen ni en un accidente laboral ni en una enfermedad profesional, como tampoco se relacionaron con la maternidad, debiendo desecharse el argumento de la recurrente de que algunas de ellas se le extendieron luego de ser operada por haberse agravado su dolencia de un hombro enfermo con ocasión de un accidente que habría sufrido en su trabajo, comoquiera que de la Hoja de Vida de la funcionaria acompañada a los autos por la municipalidad recurrida, se comprueba que todas las licencias médicas de las que ha hecho uso durante el periodo y mientras ha permanecido en el servicio, han sido calificadas “enfermedad o accidente común”, incluso la propia licencia folio 3-0512777650-7, extendida el 13 de abril de 2021, que la actora dice se le extendió en razón de un accidente en su lugar de trabajo. Y, por otra parte, se cumplió con oír a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respecto de la irrecuperabilidad de su salud, la que determinó que ésta es recuperable.

En tal sentido se resolvió por la Excma. Corte Suprema en los autos rol N° 14423 -2024, sentencia dictada el 3 de enero de 2025.

NOVENO: Que, en abono a lo anterior, cabe tener presente el Dictamen de la Contraloría General de la República, N°E188441, de 24 de abril de 2022, que ratifica el criterio expuesto en el dictamen N°17.351, de 2018, que concluyó que en el evento de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo si se configura la causal objetiva de haberse hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años, al tenor de lo dispuesto en los artículos 151 de la Ley N°18.834 y 148 de la Ley N°18.883, criterio que se sustenta en que la facultad de declarar incompatible la salud con el cargo habría sido suprimida por el legislador al establecer el mecanismo por el cual proteger a los funcionarios de una declaración de salud irrecuperable que no cause la respectiva pensión, mediante el informe previo de la Compin, lo que no se ha hecho, pues subsisten en el texto legal ambas causales diferenciadas.

Lo recién anotado que se aviene con el principio de servicialidad, en virtud del cual es deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la que, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, de manera que dicho cargo sea proveído en forma y oportunamente para cumplir con la función pública encomendada.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, en el caso de autos, tampoco figuran elementos que permitan calificar como arbitrario el ejercicio de la facultad que la ley entrega al edil, pues el uso de dicha potestad legal se encuentra debidamente fundada, más cuando la causal de salud incompatible dice relación con requisitos de carácter objetivo, resultando suficiente con sumar los tiempos de licencias concedidas a la funcionaria, habiéndose acreditado que hizo uso de licencias médicas por un término que excede los 180 días en dos años, dejando de cumplir con sus funciones por más de seis meses.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, la misma naturaleza de lo pretendido en último término por la funcionaria recurrente, en cuanto solicita que sea esta Corte la que ordene a la Municipalidad de Concepción restituirla inmediatamente en el cargo que ejercía, junto con el pago de sus remuneraciones, determinan que no sea este arbitrio constitucional la sede adecuada para resolverlo, pudiendo haber hecho uso de herramientas legales más adecuadas para tratar de revertir la situación que denuncia agraviante, como el recurso de reclamación previsto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695.

DUODÉCIMO: Que, así las cosas, descartada la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida y, por consiguiente, la posible afectación de las garantías constitucionales invocadas, el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Patricia Geraldinne Cid González en representación de nombre reservado en contra de la Municipalidad de Concepción, Regístrese, notifíquese, comuníquese una vez que este fallo quede firme y en su oportunidad archívese.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

N°Protección-12742-2024.