nombre reservado con IILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

Concepción, once de enero de dos mil veintidós VISTO:

Comparece Hans Laurie Fuentes, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Resolución de 03 de septiembre de 2021, contenida en el Decreto Alcaldicio N° 1731, dictada por el Alcalde de la Municipalidad de Talcahuano, notificada con fecha 30 de septiembre de 2021, que resuelve rechazar el recurso de reposición administrativo presentado por el recurrente de autos en contra del Decreto Alcaldicio N° 686, del 25 de marzo de 2021 manteniendo firme la medida disciplinaria de término inmediato del contrato de trabajo pronunciada.

Explica que su representado fue objeto de Sumario Administrativo en el cual, habiéndose agotado la etapa administrativa, se dictó el Decreto alcaldicio N° 686 del 25 de marzo de 2021, de la Municipalidad de Talcahuano, que resolvió poner término de inmediato al contrato de trabajo de Jefe del Departamento de Educación Extraescolar del Departamento de Educación Municipal de Talcahuano. Agrega que recurrió contra esa resolución y solicitó que dicho decreto alcaldicio sea dejado sin efecto y en su reemplazo se dicte uno que absuelva de los cargos formulados al recurrente o, en subsidio, aplique una sanción menor a la decretada; sin embargo, lo anterior fue rechazado en virtud de resolución de fecha 03 de septiembre de 2021, contenida en el Decreto Alcaldicio número 1731, notificada con fecha 30 de septiembre de 2021.

Señala que se alegó la improcedencia de la reapertura del sumario administrativo y formulación de cargos, pues estima que es arbitrario fundar la reapertura del sumario en la circunstancia de no estar notificado el sobreseimiento el trabajador, por cuanto la obligación de notificar aquella decisión administrativa recaía en el propio empleador y no lo hizo, no pudiendo el empleador utilizar en su favor su propia negligencia, de no haber notificado el sobreseimiento al trabajador y perjudicar con ello al empleado reabriendo un sumario ya fenecido. Agrega que se torna arbitraria e ilegal la reapertura del sumario fundada en la existencia de sentencias recaídas en juicios laborales entre la Municipalidad de Talcahuano y terceras personas, si bien es cierto lo hechos ventilados en dichos juicios dicen relación con el recurrente, éste no fue parte de dichos procesos judiciales y como tal no le son oponibles dichos fallos.

Estima que no procede la reapertura del sumario administrativo más aun cuando con los mismos hechos, antecedentes y mérito del sumario administrativo, según resolución de fecha 19 de noviembre de 2019, se propuso el sobreseimiento de nombre reservado y dicha resolución fue confirmada por el Alcalde de la Municipalidad de Talcahuano.

Reclama que la resolución contenida en el decreto alcaldicio respecto del cual se recurre es arbitraria en cuanto a sus fundamentos y se torna por tanto ilegal, pues infringe la normativa pertinente, agregando que el acto arbitrario e ilegal en relación a la omisión en Decreto Alcaldicio impugnado de los estatutos jurídicos aplicables, pues el fundamento del decreto alcaldicio impugnado omite la aplicación de elementos, como circunstancias atenuantes, que de manera expresa la ley mandata considerar y que de haber sido consideradas la decisión de la autoridad comunal habría sido otra.

Alega vulnerados el derecho de propiedad, la libertad y protección del empleo, debido proceso e igualdad ante la ley y finaliza solicitando tener por interpuesto recurso de protección y que, en definitiva, se ordene dejar sin efecto la resolución de 03 de septiembre de 2021, contenida en el Decreto alcaldicio N° 1731 y, en consecuencia, se mantenga firme el decreto alcaldicio N° 2804 del 20 de noviembre de 2019, que sobreseyó a su representado o, en subsidio, se ordene a la Municipalidad de Talcahuano hacer aplicable el artículo 120 de la Ley 18.883, en el sentido de hacer concurrente o aplicables circunstancias atenuantes si existieren y con el mérito de ello resolver la medida disciplinaria.

Compareció la abogada Estefanía Estrada Rivas, en representación de la Municipalidad de Talcahuano, señalando que en la especie se han cumplido todos los requisitos del acto administrativo para su validez, tal como aparece en el sumario respectivo.

Explicó que en cuanto al primer argumento sostenido por el recurrente, referido a que no debía ordenarse la reapertura del sumario toda vez que el proceso disciplinario ya se encontraba afinado por la dictación del Decreto N° 2804, vulnerando así el artículo 61 de la Ley N°19.880, dicha conclusión no es efectiva toda vez que el Decreto N° 2804 nunca fue notificado al señor nombre reservado por lo que el proceso no se encontraba afinado, pudiendo procederse a la reapertura del respectivo sumario. Arguyó que, conforme lo dispone el artículo 51 inciso segundo de la Ley N° 19.880, los actos administrativos tendrán efectos individuales una vez que hubieren sido notificados en la forma prevista en el artículo 45 de la misma ley. A su turno, el artículo 138 de la Ley N° 18.883 dispone que toda medida disciplinaria decretada en un proceso sumarial debe ser notificada, naciéndole desde la fecha de su notificación el plazo para deducir los recursos legales tal como lo indica el artículo 139 de la citada ley. Por lo tanto, era necesaria la notificación personal de la resolución que sobreseía al señor nombre reservado, para que el citado decreto no pudiera ser modificado como él pretende. En consecuencia, el asunto sometido a conocimiento en el sumario administrativo no se encontraba firme en los términos del artículo 61 de la Ley N° 19.880.

En cuanto a que las sentencias dictadas en los juicios laborales no podrían dar por cierto o acreditado los supuestos hechos del Señor nombre reservado porque él no era parte o no habría rendido prueba en ellos, se debe tener presente que el fiscal, conforme lo dispone el artículo 133 de la Ley N° 18.883 dispone de amplias facultades para realizar la investigación pudiendo valerse de todos los medios de prueba, dentro de los cuales se encuentran las sentencias judiciales, y si bien es cierto que conforme lo dispone el artículo 119 de la Ley N° 18.883 la responsabilidad civil es diversa a la laboral, lo transcendental, como se indica en el decreto por el cual se sanciona al recurrente, es que el fiscal pondere la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y que ponderada conforme a ella, arribe a la conclusión de que los hechos investigados son objeto de reproche o no, sin perjuicio de que pueda solicitarse un término probatorio y rendir prueba al respecto para desvirtuar los hechos dados por acreditados conforme al mérito del proceso, conforme lo dispone el artículo 136 de la citada ley, por lo que no ha existido por parte de la Municipalidad de Talcahuano ningún acto arbitrario e ilegal.

Explicó, también, que al recurrente señor nombre reservado se le acusó de haber incurrido, entre otras conductas, en la contravención al principio de Probidad Administrativa establecida en la letra b) del artículo 72 de la Ley N° 19.070, artículos 160 letras a y b del Código del Trabajo, cuya infracción, según lo ordenado en el artículo 123, inciso segundo, de la Ley N° 18.883, debe ser sancionada con la destitución si los hechos vulneran gravemente el aludido principio, correspondiéndole al Alcalde determinar la gravedad de la falta cometida, de modo que el hecho de considerar aquella como una infracción grave al principio de la probidad administrativa es una decisión que compete al sancionador, en ejercicio de sus prerrogativas y de acuerdo al mérito del sumario.

En cuanto a lo arbitrario e ilegal de la medida de destitución impuesta, refiere que al estar asignada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves al citado Principio de Probidad Administrativa, como aconteció en este caso, la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer la destitución, sin que pueda aplicar otra medida, ni analizar las circunstancias que podrían aminorar la responsabilidad de aquellos, agregando que los hechos indagados configuraron, conforme con la valoración que hizo el investigador, a partir de las pruebas allegadas al sumario, contravenciones graves al principio de probidad administrativa, las que, según lo previsto en el inciso segundo del citado artículo 123, tienen asignada, como sanción específica, la destitución, por lo que amerita que esas infracciones sean castigadas con aquella medida, en armonía con variados dictámenes de la Contraloría al respecto.

Explica que habiendo sido tramitado en conformidad a la ley un sumario administrativo y estando dentro de las facultades legales la medida adoptada, no puede existir arbitrariedad e ilegalidad por lo que un recurso de protección sobre esta materia no puede prosperar, por lo que no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna y, por el contrario, el término de la relación laboral que se reclama por esta vía fue la culminación de un procedimiento administrativo tramitado en forma legal, por quienes tuvieron facultades para hacerlo, actuando dentro de la esfera de su competencia y en la forma que prescribe la ley.

Finaliza tener por evacuado el informe requerido y en definitiva, rechazar el recurso deducido en contra de la Municipalidad de Talcahuano, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°) Que la conducta que el recurrente imputa a la recurrida y que estima ilegal y arbitraria consiste en haber pronunciado la Resolución de 3 de septiembre de 2021, contenida en el Decreto Alcaldicio N° 1731, dictada por el Alcalde de la Municipalidad de Talcahuano, que resuelve rechazar el recurso de reposición administrativo presentado por el recurrente de autos en contra del Decreto Alcaldicio N° 686, del 25 de marzo de 2021 manteniendo firme la medida disciplinaria de término inmediato del contrato de trabajo pronunciada.

Por su parte la recurrida sostiene, en síntesis, que dicha decisión se sustenta en el sumario administrativo tramitado legalmente en contra del recurrente, en uso de las facultades legales respectivas, sin que exista ningún vicio en el pronunciamiento y existiendo mérito para adoptar la medida disciplinaria adoptada, por infracción a la probidad.

3°) Que del mérito de los antecedentes acompañados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, aparece que la municipalidad recurrida, en virtud del Decreto Alcaldicio N° 3416, de 14 de diciembre de 2018, dispuso instruir un sumario administrativo a fin de determinar la responsabilidad administrativa en los hechos denunciados en demanda laboral hecha por la persona que se indica, en causa Rol T-389-2018 del ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, designando como fiscal a la Directora de Asesoría Jurídica que se indica.

Adicionalmente, en virtud del Decreto Alcaldicio N° 882, de 27 de marzo de 2019, se dispuso instruir un sumario administrativo al funcionario nombre reservado, dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal de Talcahuano, a fin de determinar responsabilidad administrativa en los hechos denunciados en Oficio N° 21 de 25 de marzo de 2019, de la Dirección de Asesoría Jurídica, designando como fiscal a la misma Directora de Asesoría Jurídica antes señalada. El Oficio N° 21 precedentemente aludido solicita ordenar la realización de un sumario administrativo para averiguar los hechos denunciados en contra de don nombre reservado en la causa RIT T-389-2018 del ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.

En el referido sumario administrativo existe constancia que el 28 de marzo de 2019 se dispuso la suspensión preventiva de funciones del indiciado nombre reservado, a quien se le notificó personalmente de ello con la misma fecha.

Si bien es cierto que luego de llevarse adelante varias diligencias investigativas y que, a propuesta de la fiscal investigadora el 20 de noviembre de 2019 se dictó el Decreto Alcaldicio N° 2804 que sobreseyó al funcionario investigado, posteriormente y sin que mediara notificación a éste, la misma fiscal –invocando lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N° 18.880- solicitó la reapertura del sumario debido a que el 11 de diciembre de 2019 se dictó sentencia condenatoria en juicio laboral seguido en contra de la Municipalidad de Talcahuano, por conductas de acoso sexual cometidas por el funcionario investigado. Conforme a ello se dictó el Decreto Alcaldicio N° 233 de 27 de enero de 2020, por el cual se dispuso reabrir el sumario administrativo ordenado instruir en virtud del Decreto Alcaldicio N° 3416.

Tras realizar nuevas diligencias investigativas y disponerse el cierre del sumario, el 18 de enero de 2021 la fiscal designada formuló cargos en contra del funcionario nombre reservado, prosiguiéndose con la tramitación de la causa hasta la dictación del Decreto Alcaldicio N° 686, de 25 de marzo de 2021, que dispuso aplicar la medida disciplinaria de término inmediato del contrato de trabajo de Jefe del Departamento de Educación Extraescolar del Departamento de Educación Municipal de Talcahuano, por haberse vulnerado el principio de probidad al haberse acreditado conductas constitutivas de acoso laboral y/o sexual en los juicios laborales que se indican y que dieron origen a la tramitación del sumario administrativo.

En contra de este último acto administrativo, de naturaleza sancionatoria, la defensa del aquí recurrente dedujo recurso de reposición y respecto de lo resuelto en esa etapa impugnativa ahora interpuso la presente acción cautelar.

4°) Que, atendida la naturaleza cautelar de la presente acción de protección ella no puede constituirse en una instancia declarativa de derechos ni tampoco puede erigirse en un sustituto de los procedimientos administrativos respectivos expresamente previstos en la ley para revisar la legalidad o el mérito de las actuaciones de la Administración.

5°) Que, en este escenario, es preciso considerar, además, que la naturaleza propia de esta acción constitucional y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y resolver materias propias de un procedimiento declarativo, como en el caso de autos, donde la recurrente esgrime una serie de argumentos y alegaciones sobre la ilegalidad de la decisión de reabrir el sumario administrativo después de haber sobreseído al funcionario investigado, sin haberse notificado dicha resolución de sobreseimiento a éste, habiéndose alegado por la recurrida que lo ocurrido no es más que una consecuencia de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 18.880 que dispone que los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general y que, en el presente caso, el referido acto de sobreseimiento no fue notificado ni publicado, de modo que no produjo efectos jurídicos. Asimismo, concierne al fondo, a la decisión de mérito, determinar si las sentencias dictadas en los aludidos juicios laborales en que se estableció la existencia de las conductas de acoso a funcionarias por parte del aquí recurrente, pueden o no constituir prueba suficiente de los actos atribuidos al actor y por los cuales se le sancionó. En fin, también es una cuestión de mérito, determinar la procedencia de las circunstancias atenuantes que echa en falta de aplicación el actor.

La determinación de los derechos de cada parte no es posible declararla por esta vía cautelar, que –como ya se dijo- no es una instancia declarativa de derechos.

6°) Que, es por ello que al establecerse la presente acción, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se prescribe que la Corte de Apelaciones respectiva adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

7°) Que, en consecuencia, no apareciendo de lo relacionado que la autoridad recurrida haya actuado fuera de las facultades legales de que estaba dotada al decidir el rechazo del recurso de reposición en contra del acto administrativo mediante el cual adoptó la medida disciplinaria que aquí es cuestionada, ni habiéndose constatado la irregularidad del procedimiento que denuncia el actor, no puede tenerse por satisfecha la exigencia básica que constituye la piedra fundamental sobre la cual se construye una acción cautelar como esta, cual es que se determine la existencia de un acto arbitrario o ilegal que amague o conculque alguna garantía constitucionalmente protegida.

8°) Que, conforme a lo expuesto la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Talcahuano.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Juan Ángel Muñoz López.

Rol N° 12.716-2021 - Protección.