nombre reservado con SERVICIO DE NACIONAL DE MIGRACIONES

Concepción veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

Visto y considerando:

1°.- En estos antecedentes Rol Protección N°127.053-2022, Camilo Salvador Samson Jara, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interpone Recurso de Protección en contra del Servicio de Nacional de Migración, con domicilio en domicilio reservado° Piso, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con domicilio en domicilio reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos del ciudadano, nombre reservado, venezolano, pasaporte venezolano N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, garantizados en el Artículo 19 en sus números 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, es decir, Igualdad ante la Ley; libertad de trabajo, su libre elección y libre contratación; el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado. En síntesis señala que el día 28 de enero de 2019, nombre reservado, de nacionalidad venezolana, solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración, hoy Servicio Nacional de Migración, una Visa Sujeta a Contrato; sin embargo, su solicitud fue rechazada con fecha 6 de febrero de 2020, mediante resolución exenta N°23885. Luego, con fecha 10 de febrero de 2021, don nombre reservado interpuso recurso de reconsideración, establecido en el artículo 59 de la Ley 19.880, en contra de la resolución que rechaza su solicitud, y al día de hoy, habiendo transcurrido casi dos años desde interpuesto el recurso, este no ha sido resuelto por la recurrida.

De esta forma, la recurrida incurre en una demora al dilatar un procedimiento administrativo lo cual contraviene lo dispuesto en los artículos 23, 27 y, finalmente, el 5° inciso del artículo 59 de la Ley N°19.880, toda vez que se ha convertido en una espera de casi dos años, solo para que la recurrida se pronuncie sobre el recurso de reconsideración interpuesto, y sin que exista fecha estimada para que se resuelva el recurso interpuesto ante la administración. La autoridad, por tanto, ha incurrido en una demora culpable, lo que ha dado nacimiento a este recurso, ya que existe un trato desigual para con nombre reservado, dejándole en indefensión, sin entregarle una respuesta respecto a su situación migratoria, lo que implica que este no cuenta con la certeza que le otorgaría un acto administrativo terminal que se pronuncie finalmente sobre su situación migratoria.

2°.- Informa Carolina Pía Tapia Fierro, abogada, mandataria judicial del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes del recurso, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En síntesis, respecto de la situación migratoria de nombre reservado, señala que ingreso al país con fecha 24 de agosto de 2018, a través de aeropuerto nombre reservado. Con fecha 29 de enero de 2019, presenta solicitud de visa temporaria la cual es rechazada por resolución exenta N°23885 de fecha 6 de diciembre de 2020. Ante esta resolución el extranjero presenta recurso de reconsideración enviado por carta con fecha 11 de diciembre de 2020, ingresada a nuestro sistema con fecha 10 de febrero de 2021. Con fecha 28 de septiembre de 2022, mediante oficio ordinario N°57842, se le solicito al extranjero recurrente mayores antecedentes que aportar a su solicitud, misiva enviada al domicilio registrado por el extranjero en este Servicio el cual es domicilio reservado, sin embargo, el extranjero no ha remitido al Servicio Nacional de Migraciones los antecedentes solicitados por el oficio antes mencionado. Que, en razón del recurso administrativo interpuesto con fecha 11 de diciembre de 2020, registrado en nuestro sistema con fecha 10 de febrero de 2021, el presente recurso resulta del todo improcedente contraviniendo la normativa legal vigente.

3°.- El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

4°.- En este caso, el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida de pronunciarse acerca del recurso de reconsideración que presentó el 10 de febrero de 2021 en contra de la Resolución Exenta N°23885 de 6 de febrero de 2020 que rechazó su solicitud de Visa Sujeta a Contrato, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado hasta la fecha.

Por su parte, el Servicio recurrido sostuvo que efectivamente la solicitud de visa temporaria del recurrente fue rechazada por Resolución Exenta N°23885 de 6 de diciembre de 2020; que el extranjero presentó recurso de reconsideración enviado por carta con fecha 11 de diciembre de 2020, ingresado a nuestro sistema con fecha 10 de febrero de 2021; que el 28 de septiembre de 2022, mediante oficio ordinario N°57842, se le solicito al recurrente mayores antecedentes que aportar a su solicitud, misiva enviada al domicilio registrado por el extranjero en este Servicio el cual es domicilio reservado, sin embargo, el extranjero no ha remitido al Servicio Nacional de Migraciones los antecedentes solicitados por el oficio antes mencionado.

5°.- Que de los antecedentes relacionados fluye que son hechos no controvertidos en estos autos que el recurrente presentó un recurso de reconsideración el 10 de febrero de 2021 y, que a la fecha de la vista de la causa, la recurrida no ha dado respuesta al referida recurso.

6°.- Dicho lo anterior, lo primero que cabe advertir es la aplicación al presente caso de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 19.880, conforme al cual: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

En este entendido, se evidencia desde luego la efectividad de lo afirmado en el recurso, comoquiera que no se ha emitido acto administrativo terminal alguno que se pronuncie sobre el recurso de reconsideración del recurrente, habiendo transcurrido, desde la data de su presentación hasta la fecha de interposición del recurso de autos, un tiempo que, no sólo desde una mirada normativa sino también desde una perspectiva de racionabilidad, resulta excesivo.

7°.- La anotada omisión constituye, también, una vulneración de los principios de celeridad y conclusivo que se establecen en los artículos 7° y 8° de la aludida Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. En efecto, en virtud del primero se establece que el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites; y, en el segundo, se prescribe que todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

8°.- En consecuencia, y teniendo presente el escenario descrito, el órgano recurrido –actualmente el Servicio Nacional de Migraciones (Ley N°21.325) ha incurrido en un comportamiento, según lo dicho, ilegal, y, además, arbitrario, que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que su actuación –o más bien falta de actuación- importa una discriminación en perjuicio del recurrente en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han obtenido la decisión de sus solicitudes dentro de los plazos razonables que confiere la ley.

Lo anterior no se altera por el hecho que la autoridad haya solicitado nuevos antecedentes, ya que en cualquier caso se encuentra obligada a resolver las solicitudes de los administrados en el término previsto por la ley.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, sólo en cuanto se ordena que el Servicio Nacional de Migraciones deberá pronunciarse, mediante un acto administrativo terminal, sobre el aludido recurso de reconsideración, dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos, luego de ejecutoriada que sea la presente sentencia.

Dicho órgano administrativo deberá informar oportunamente a esta Corte, acerca de la decisión que se adopte. Ofíciese al efecto una vez que este fallo quede firme.

Acordada contra el voto del abogado integrante Marcelo Matus Fuentes, quien fue de la opinión de rechazar la acción constitucional intentada, ya que en este caso no existe la vulneración ilegal, así como tampoco arbitraria, de las garantías constitucionales denunciadas en el recurso.

Dése oportuno cumplimiento al numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Marcelo Matus Fuentes.

Rol Protección N°127.053-2022.