nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS VIII DR

C.A. de Concepción Concepción, diez de diciembre de dos mil veintiuno.

En estos antecedentes Rol Corte 12691-2021 comparece deduciendo recurso de protección el abogado Oscar Labarca Sufray, con domicilio en domicilio reservado, en beneficio de doña nombre reservado, RUN RUT reservado, trabajadora dependiente, domiciliada en domicilio reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Del Biobío, representado legalmente por su Director Regional, don Cristian Alberto Gómez Castillo, ignoro profesión u oficio, o por quien le suceda o subrogue legalmente, todos domiciliados en domicilio reservado

Expone que la Ley N° 21.323, publicada en el Diario Oficial de 6 de abril de 2021, estableció el bono clase media y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media. Se establecieron como beneficiarios en la ley mencionada “las personas naturales, incluyendo aquellas que se encuentren organizadas como empresas individuales, según lo contemplado en el inciso segundo del número 10 del artículo 2° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.” Que respecto a los requisitos para ser beneficiario del denominado “bono de clase media”, la ley impuso como condiciones copulativas: a) Que la persona en cuestión hubiere tenido un ingreso promedio mensual durante el año 2019, igual o mayor al ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años; b) Que durante el segundo semestre del año 2020 (desde julio a diciembre), hubiere experimentado una disminución de su ingreso promedio, de al menos un 20%, en comparación con su ingreso promedio del segundo semestre del año 2019.

Señala que el monto del bono clase media, para aquellos trabajadores cuyo ingreso promedio mensual del año 2019 fuere menor a $ 1.500.000, ascendería a la suma de $ 500.000 (quinientos mil pesos). Que la Ley N° 21.323, entregó facultades al Servicio de Impuestos Internos, para la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios, así como para poder interpretar e impartir instrucciones, y conocer de los reclamos respecto a este beneficio estatal. Particularmente, el SII, estableció una ventana especial en su sitio web, donde las personas podrían consultar con su RUN y clave tributaria, respecto al cumplimiento o no de los requisitos para ser beneficiario de esta ayuda estatal. A su vez, el Servicio de Impuestos Internos, para efectos de la aplicación de los beneficios estatales contemplados en la Ley N° 21.323, dictó las Resoluciones Exentas N° 39, 40 y 41, todas ellas de fecha 16 de abril del año 2021.

Expresa que, cabe destacar, que la Ley N° 21.323, en ningún caso excluye como beneficiarios del “bono clase media”, a aquellos trabajadores dependientes que a la vez están pensionados por vejez, pero siguen desempeñando labores para sus respectivos empleadores, en la medida que cumpliesen con el ingreso promedio mensual exigido y el porcentaje de disminución de ingresos en comparación al segundo semestre del año 2020 en relación al mismo periodo del año 2019.

Detalla que, doña nombre reservado, es trabajadora dependiente desde hace más de 30 años, en el puesto de vendedora en la Importadora Phanter, empresa local ubicada en el centro de la comuna de Concepción. Que a partir del mes de enero del año 2018, se pensionó por vejez en su AFP, al cumplir los requisitos legales para ello, sin que ellos significase una interrupción en el desempeño de sus labores como trabajadora dependiente para la misma empresa. Que a partir del mes de agosto del año 2018, doña nombre reservado, al ya estar pensionada por vejez, ejercicio su derecho de no seguir cotizando el 10% de su sueldo mensual para el Fondo de Pensiones en AFP Capital, tal como la faculta el inciso primero del artículo 17 de la Decreto Ley N° 3500. Esta norma, permite que el pensionado por vejez que siga prestando labores como trabajador dependiente, pueda ser optar por eximirse de su obligación de cotizar 10% de su remuneración imponible para el Fondo de Pensiones, manteniendo su obligación de cotizar para salud sobre su remuneración imponible. Que doña nombre reservado, trabajó ininterrumpidamente todo el año 2019 para su empleador, recibiendo ingresos mensuales producto de su remuneración.

Argumenta que, a partir del mes de abril del año 2020, producto de la contingencia sanitaria a consecuencia del COVID-19, la empresa Importadora Phanter, (empresa empleadora de la recurrente) al igual que gran parte de las tiendas comerciales de la comuna de Concepción, debió disminuir la jornada de trabajo de sus trabajadores, para efectos de cumplir con los aforos de personal exigido para el funcionamiento de local. Que como consecuencia de ello, los trabajadores de la empresa suscribieron diversos anexos de contrato de trabajo, disminuyendo su jornada laboral, y disminuyendo consecuencialmente su remuneración mensual. Que esta reducción de la jornada laboral de los trabajadores, entre ellos su representada, se mantuvo durante el segundo semestre del año 2020, mientras se imponían restricciones de funcionamiento y aforo, como consecuencia del estado sanitario de niveles de contagio que mantenía la comuna de Concepción. Que cabe señalar, que particularmente la señora nombre reservado, ya había sido beneficiaria del bono clase media establecido en la Ley N° 21.252 (publicada en el Diario Oficial el 1 de agosto del año 2020), y que imponía como requisito básico, tener un ingreso promedio mensual para el año 2019 superior a $ 400.000 (cuatrocientos mil pesos). Que en este contexto, doña nombre reservado, convencida de que cumplía los requisitos para ser beneficiaria del bono clase media 2021, ingresó al portal dispuesto por el SII, para corroborar que cumplía con los requisitos para ser beneficiaria del bono clase media contemplado en la Ley N° 21.323.

Puntualiza que, al ingresar a la plataforma dispuesta por el Servicio de Impuestos Internos, doña nombre reservado recibió un aviso de que no era beneficiaria del bono clase media, porque sus ingresos mensuales para el segundo semestre del año 2019 eran de $ 0 (cero pesos), y sus ingresos mensuales para el segundo semestre del año 2020 igual era de $ 0 (cero pesos). De esta manera, el Servicio de Impuestos Internos, le informaba inicialmente que ella no cumplía ni con el requisito de ingreso (no registraba ningún ingreso mensual, $ 0 cero pesos, en ambos periodos), ni con la disminución de ingresos exigida del 20%. Que convencida de que esta información era errónea, y ejerciendo el derecho de reclamo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 21.323, doña nombre reservado, recopiló los documentos que le exigían para presentar su reclamo, entre ellos: contrato de trabajo, anexos de contrato, liquidaciones de sueldo mensuales, entre otros descritos en la misma plataforma web del Servicio de Impuestos de Internos. Que entendiendo que el error referido a que tuvo ingresos por $ 0, durante el año 2019 y durante el año 2020, se basaba en que el Servicio de Impuestos Internos, únicamente estaba utilizando la información aportada por la AFP Capital, para la cual no cotiza para pensiones desde agosto del año 2018, ejerciendo su opción contemplada en el artículo 17 del DL 3500, en su calidad de pensionada por vejez, explicó esta situación en su reclamo, y acompañó toda la documentación pertinente, para acreditar esta situación particular, sus ingresos promedio del año 2019, y sus ingresos promedio del año 2020.

Dice que, particularmente, en su reclamo de fecha 28 de abril del año 2021, Reclamo Folio N° 0000455930, presentado en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, su representada señaló lo que textualmente transcribe. Que adjuntó a su reclamo de fecha 28 de abril de 2021, diversos documento, los que detalla.

Expresa que, mediante correo electrónico recibido con fecha 30 de septiembre del año 2021, a la casilla correo reservado, el Servicio de Impuestos Internos, respondió el reclamo sobre este beneficio estatal ingresado el 28 de abril de 2021, el que transcribe. Que la respuesta genérica del SII, indica, que la persona en cuestión no cumplía con el requisito de ingreso mensual promedio el año 2019, ni con el porcentaje de disminución de ingreso, sin considerar ningún análisis de los antecedentes y documentos aportados en el reclamo ingresado con fecha 28 de abril del año 2020. Que frente a esta respuesta por correo electrónico, el abogado que suscribe, consultó del caso concreto, a través de una línea telefónica de atención de consulta 600- 329-2011, dispuesto como línea de consulta sobre estos beneficios estatales. En la oportunidad, la operadora presumiblemente funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, explicó a este letrado que el Servicio únicamente consideraba como ingresos mensuales los informados por la AFP, y que la persona no registraba cotizaciones en la AFP, era considerada sin ingresos mensuales para el SII, aunque acreditase tener realmente esos ingresos. De igual modo, la operadora explicó a dicho letrado, que la respuesta al reclamo dada por el SII, no era susceptible de ningún tipo de recurso administrativo, por disponerle expresamente así la Resolución Exenta N° 41 del Servicio de Impuestos Internos de fecha 16 de abril del año 2021.

Detalla que, el acto arbitrario e ilegal del que se acciona de protección, es la respuesta al reclamo folio N° 0000455930 ingresada por doña nombre reservado en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, por el bono clase media contemplado en la Ley N° 21.323. Esta respuesta, al reclamo administrativo, fechada el 29 de septiembre de 2021, fue notificada con fecha 30 de septiembre de 2021 a su representada, a la casilla de correo electrónico ingresada. Que esta respuesta al reclamo administrativo, no es susceptible de ningún tipo de recurso administrativo. Así lo dispone la resolución exenta N° 41 del SII del año 2021, en su literal C, sobre reglas comunes, número 5. Que este acto administrativo es además ilegal, toda vez que considerando una única fuente de información, particularmente los ingresos informados por AFP Capital, (para una persona pensionada por vejez, y que ya no cotiza para el sistema de pensiones, pero sigue siendo trabajadora activa), considera a una persona carente de ingresos, y la excluye de un beneficio estatal que le corresponde.

Argumenta que, en el caso concreto el SII, cuenta además con toda la información tributaria de los agentes retenedores de la persona reclamante, particularmente las Declaraciones Juradas de Renta N° 1887, donde los empleadores informan las rentas de sus trabajadores. Es más, esta misma información disponible en el sitio web del SII, para la contribuyente, fue acompañada al reclamo, pero no fue tenida en cuenta de ningún modo por el SII.

Puntualiza que el Servicio de Impuestos Internos, utilizando una única fuente de información (la aportada por la AFP, sobre las cotizaciones recibidas), y omitiendo el uso de otra información disponible para el mismo Servicio de Impuestos Internos, ha considerado errónea e injustificadamente a una persona, como carente de todo ingreso mensual para los años 2019 y 2020; no ha considerado la documentación y antecedentes presentados en el reclamo ingresado ante el mismo Servicio, y ha negado arbitraria e injustificadamente de un beneficio estatal contemplado en la Ley N° 21.323 a una persona a quien legalmente le correspondía.

Reitera expresando que la ley N° 21.323 no excluye de los beneficiarios al “bono clase media” a aquellos trabajadores dependientes que, a la vez, son pensionados por vejez, ni en este último caso, incluye como un requisito legal para acceder a dicho beneficio, realizar cotizaciones del 10% al fondo de pensiones que administra la AFP. Que su representada cumplía con todos los requisitos exigidos por la Ley N° 21.323 para ser beneficiaria del bono clase media, y el Servicio de Impuestos Internos actuando ilegal y arbitrariamente, le ha negado dicho beneficio pecuniario, a pesar de haber demostrado fehacientemente que cumplía con dichos requisitos. Que esta respuesta administrativa, es arbitraria, toda vez que carece de la motivación suficiente, requisito común a todo acto administrativo. Particularmente, la respuesta dada al reclamo, no considera el contenido del reclamo, ni el contenido de la documentación acompañada por su representada, para acreditar indiscutiblemente ante el SII, que ella sí había tenido ingresos promedios por remuneraciones el año 2019, en el monto exigido por la Ley N° 21.323, y que además había tenido una disminución de sus ingresos mensuales del segundo semestre 2020, en más de un 20%, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley.

Dice que, no basta con que el acto cumpla con contener su “motivación” (expresión formal de los motivos que justifican su pronunciamiento), sino que además, es necesario que dichos motivos resulten eficaces y suficientes para sostener la decisión adoptada. Al haber una errónea apreciación de los hechos, como ocurrió en este caso, se ven contaminados los motivos del acto administrativo, y, en consecuencia, éste se encuentra viciado, carece de los motivos que justifican su decisión, con independencia de que formalmente se haya expresado la motivación.

Expresa que, en el caso concreto, la falta de motivación suficiente del acto administrativo reclamado, se traduce en una serie de interrogantes, que no podemos responder: ¿Qué requisito legal no se cumple en el caso de doña nombre reservado? ¿Acaso su ingreso promedio del año 2019 fue inferior a lo requerido en la ley? ¿Acaso la disminución de ingresos fue inferior al 20%, entre el segundo semestre año 2020 y mismo periodo del año 2019? ¿Están excluidos de los beneficios de la Ley N° 21.323 los trabajadores dependiente, que por estar pensionados por vejez ya no cotizan al fondo de pensiones, tal como se los permite el DL 3500?. La ilegalidad y arbitrariedad acusada se reafirma al examinar la normativa especial aplicable a las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos. En particular se refiere a lo dispuesto en la letra a) del numeral cuarto del artículo 8 bis del Código Tributario. Entonces, de conformidad a la norma citada, toda actuación del Servicio de Impuestos Internos debe indicar con precisión las razones que la motivan, esto es, expresar los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión, sea que la respectiva norma legal lo disponga expresamente o no.

Señala que el actuar de la recurrida atenta contra la garantía de igualdad ante la ley establecida en el numeral 2° del artículo 19 de nuestra actual Constitución Política. Ello porque en el caso concreto: a) Se le niega de manera arbitraria la obtención de un aporte fiscal a una persona que cumple plenamente con los requisitos para su otorgamiento, de acuerdo a la Ley N° 21.323; b) En la adopción arbitraria de la decisión denegatoria del Servicio de Impuestos Internos, no se tomaron en consideración los antecedentes aportados por el administrado para hacer valer sus derechos frente al actuar del Servicio de Impuestos Internos; c) El acto administrativo que desechó el reclamo folio N° 0000455930, al expresar de manera insuficiente su motivación, se vuelve ilegal por incumplir lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 19.880, y en el artículo 8 bis, numero 4 letra a) del Código Tributario.

Asimismo, expresa que el actuar de la recurrida atenta contra la garantía al derecho de propiedad establecida en el numeral 24° del artículo 19 de nuestra actual Constitución Política. Esto es así, por cuanto a través de su actuar arbitrario e ilegal, el Servicio de Impuestos Internos priva a doña nombre reservado, de una suma de dinero que efectivamente le correspondía como beneficiaria del bono clase media contemplado en la Ley N° 21.323, al cumplir plenamente con los requisitos establecidos por el legislador.

Señala que, en cuanto al plazo para deducir este recurso, es del caso señalar, que si bien el acto administrativo del cual se reclama, se encuentra fechado en su encabezado como 29 de septiembre de 2021, lo cierto es que el correo electrónico con dicha respuesta, fue remitido a la casilla de correo electrónico en la madrugada del sábado 30 de septiembre de 2021, a la casilla correo reservado, y el contenido de dicha respuesta sólo fue conocida personalmente por la recurrente de protección al día lunes siguiente, el 2 de octubre de 2021, mediante el reenvío del correo a la casilla correo reservado. Sin perjuicio de ello, el conocimiento real sobre la actuación arbitraria e ilegal del Servicio de Impuestos Interno, en su negativa a considerar otros antecedentes de ingresos mensuales por fuentes de distintas a la información suministrada por la AFP, sólo fue conocida por este letrado y representada, mediante el llamado telefónico efectuado con fecha 7 de octubre de 2021 a la línea de atención telefónica 600-329-2011, línea de atención del SII para consultar sobre estos beneficios estatales.

Por lo expuesto, solicita acogerlo en todas sus partes con expresa condena en costas, disponiendo el inmediato restablecimiento del imperio del derecho, específicamente, ordenando como medida de protección, que: a) Que se ordene al Servicio de Impuestos Internos, dejar sin efecto el acto fechado el día 29 de septiembre del año 2021, que desestimó el reclamo administrativo folio N° 0000455930 ingresado por nombre reservado con fecha 28 de abril del año 2021, sobre la negativa a considerarla en el aporte estatal denominado bono clase media contemplado en la Ley N° 21.323; b) Que el Servicio de Impuestos Internos, estime la información del reclamo aportada por mi representada, y la considere como legítima beneficiaria del bono clase media establecido en la Ley N° 21.323, informando para ello a los organismos públicos encargados de cursar el pago del beneficio, c) Que la recurrida sea condenada al pago de las costas de la causa.

Informó el recurso nombre reservado, Director Regional, de la VIII Dirección Regional Concepción, del Servicio de Impuestos Internos, expresando que la recurrente solicitó al Servicio el “Bono Clase Media 2021”, regulado en el Título II, de la Ley N° 21.323, publicada en el Diario Oficial de fecha 06 de abril de 2021. Dicha solicitud fue denegada, en atención a que la contribuyente no cumplía con los siguientes requisitos establecidos en la referida ley: a) Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020 se encuentra entre $326.500 y $408.125; b) Ingreso Promedio Mensual 2019 entre $298.833 y $2.000.000 ($311.934 y $2.087.680 montos actualizados a abril de 2021); c) Disminución de al menos 20% de los ingresos durante Segundo Semestre 2020.

Expresa que, con fecha 28 de abril de 2021, la actora interpuso reclamo de acuerdo con lo previsto en el artículo 18, de dicha Ley. Mediante respuesta de fecha 29 de septiembre de 2021, notificada por correo electrónico, de fecha 30 de septiembre de 2021, se le comunicó el rechazo de su reclamo, el cual transcribe. Posteriormente, con fecha 08 de octubre de 2021, a las 13:20 horas, don Oscar Labarca Sufray, efectuó una llamada telefónica a su Servicio para consultar sobre el rechazo al reclamo presentado por la recurrente, en el que se le indicó que para determinar los ingresos de los distintos periodos se consideraron las cotizaciones previsionales. Finalmente, con fecha 30 de octubre de 2021, la recurrente deduce la presente acción de protección.

Señala que, de lo expuesto precedentemente se sigue que, la acción de protección, de naturaleza cautelar, no es la vía idónea para conocer del asunto de marras, toda vez que, lo discutido tiene que ser resuelto en un procedimiento de naturaleza declarativa, donde las partes puedan hacer valer sus alegaciones y defensas, que sea apto para discutir y declarar derechos. Abona lo antes expuesto sentencia, de fecha 11 de febrero de 2021, dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en autos sobre recurso de protección, causa Rol N° 4.937-2020, en donde también se discutía el rechazo por parte de este Servicio a la petición de acceso a los beneficios sociales establecidos en la Ley N° 21.323.

Expone que, a mayor abundamiento, para que pudiese acceder a la declaración solicitada por la acción cautelar, respecto de la procedencia del Bono Clase Media 2021, necesariamente tendría que verificar si es que ésta cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.323. En definitiva, el recurso de protección interpuesto debe ser rechazado, toda vez que la acción establecida en el artículo 20, de nuestra Carta Fundamental, no ampara meras expectativas de las personas, sino que únicamente derechos indubitados o no controvertidos, los cuales no concurren en el caso de marras.

Detalla que, del artículo 6°, inciso 1°, y artículo 7 de la Constitución Política de la República, así como de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 2°, se desprenden los principios de legalidad y competencia de los actos de la Administración, que rigen el actuar de todos los órganos del Estado y, por tanto, los del Servicio de Impuestos Internos.

Argumenta que, con fecha 06 de abril de 2021, se publicó la Ley N° 21.323, que estableció un nuevo bono clase media y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media en los casos que indica. En particular, el Bono Clase Media 2021, al que hacemos referencia, se encuentra regulado en el artículo 4°, de la norma antes indicada, y contempla un monto de aporte que dependerá del tramo en que se encuentre el beneficiario, en relación con el promedio mensual de sus rentas según el detalle que se adjunta. En esta materia totalmente extratributaria, el legislador encargó a dicho Servicio: (1) efectuar la recepción de las solicitudes formuladas por los contribuyentes; (2) realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento; (3) determinar y calcular el monto del aporte y beneficio; e, (4) informar al Servicios de Tesorerías para otorgar el aporte y el beneficio y proceder al pago.

Puntualiza que, la Ley N° 21.323, en su artículo 3°, estableció exigencias para acceder a este beneficio, indicando que, para ser titular era necesario que cumplir con los siguientes requisitos copulativos: 1.

Ingreso promedio mensual de rentas percibidas en el año calendario 2019, sea igual o mayor al ingreso mínimo mensual promedio del año 2019, el que no debe exceder de $2.000.000. El ingreso mínimo mensual promedio del año 2019 fue fijado en $311.9341; 2.

Que experimenten una disminución de, al menos, el 20% de su ingreso promedio del segundo semestre 2020, en relación al ingreso promedio del segundo semestre 2019; 3. No haber obtenido indebidamente alguno de los beneficios regulado en la Ley N° 21.252.

Por otra parte, el inciso segundo del artículo 4° de la misma ley, establece otra hipótesis para acceder al bono, aun no cumpliéndose todos los requisitos señalados anteriormente, en la medida que el Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020 se encuentra entre $326.500 y $408.125. La norma señala expresamente: “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, aquellos Beneficiarios cuyo Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020 sea igual o mayor al ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad, vigente al 1 de marzo de 2021, e inferior o igual a $408.125, tendrán derecho al Bono Clase Media por el monto establecido en la letra a) del artículo siguiente, sin que les resulten aplicables los requisitos de los numerales 1 y 2, literal a), del artículo 3 de la presente ley”. En esta parte, tiene presente las definiciones de “Ingreso Promedio Mensual 2019”, “Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019” y la de “Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020”, se encuentran contenidas en el artículo 2°, de la ley en comento, las que señala.

Dicce que, el legislador reguló expresamente los requisitos que deben cumplir las personas para acceder al Bono Clase Media 2021; estableciendo, además, la forma en que éstos habrían de ser medidos; en concreto, el ingreso promedio 2019 (IPM 2019), el ingreso promedio segundo semestre 2019 (IPSS 2019), y el ingreso promedio segundo semestre 2020 (IPSS 2020), se determinan según las cotizaciones previsionales.

Expone que, en el caso de autos, la recurrente alega haber cumplido con el ingreso promedio del año 2019 y haber tenido una disminución de ingresos superior al 20% entre el segundo semestre del año 2019 y el segundo semestre del año 2020, cuestión que dice acreditar mediante distintos documentos. Sin embargo, ninguno de ellos cumple con el requisito previsto en el artículo 3°, de la Ley N° 21.323, en orden a que el certificado de cotizaciones previsionales para pensiones refleje dicha disminución. En efecto, de las rentas de la recurrente y de los documentos que las acrediten, cabe señalar que ha aportado certificados emitidos por Previred, los que dan cuenta del pago de cotizaciones de salud y por otros conceptos, pero no de pensiones, correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2019 y de julio a noviembre de 2020, así también de sus bases de datos aparece que para el año 2019, se presentó una declaración de los impuestos anuales a la renta en que se declaró un monto anual de rentas exentas del Impuesto Global Complementario por $4.992.148, y para el año 2020 no declaró rentas afectas, por lo anterior al no poder compararse sus ingresos de acuerdo a los conceptos establecidos por la ley, en cuanto los certificado de cotizaciones, no refieren a las cotizaciones previsionales para pensiones y para el año 2020 no existe declaración de los impuesto anuales a la renta, de lo cual, en definitiva, no resulta posible verificar de una modo ajustado a los parámetros de la ley respectiva un cumplimiento de los requisitos para acceder al bono clase media.

Señala que, en lo que se refiere al asunto de autos, este Servicio solo ha dado cumplimiento a lo preceptuado en la Ley N° 21.323, que establece que el único documento idóneo para impugnar el rechazo de la petición de acceso al Bono Clase Media 2021, es el certificado de cotizaciones previsionales para pensiones, emitido por la AFP respectiva. A mayor abundamiento, en el caso de marras, se tuvo a la vista la información que detalla, resultando de manifiesto que la recurrente no cumple con los requisitos necesarios para acceder al bono.

Expresa que, uno de los requisitos sine qua non de la acción interpuesta dice relación con la existencia de una actuación u omisión arbitraria e ilegal, cuestión que, como se ha señalado a lo largo del presente informe no concurre en el caso de marras, toda vez que lo obrado por este Servicio se ha ajustado en todo momento a las facultades que el legislador le confirió mediante la dictación de la Ley N° 21.323, a objeto de que, entre otras cosas, verificara el debido cumplimiento por parte de los peticionarios del “Bono Clase Media 2021”, de los requisitos para acceder a dicho beneficio. Debiendo, en consecuencia, rechazarse la acción interpuesta.

Detalla que, en la especie, no se produce la infracción de cada una de las garantías fundamentales denunciadas como vulneradas por la recurrente en el libelo de su recurso, así respecto del derecho de igualdad ante la ley, reitera que, el Servicio tras la revisión de los antecedentes aportados por la actora resolvió que ella no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.323. Luego, la denunciada discriminación carece de sentido desde que, la base de comparación la construye la recurrente respecto de aquellas personas que sí cumplían los requisitos para acceder al beneficio en análisis. En segundo, las alegaciones de la recurrente parecieran encaminarse a cuestionar la validez del acto administrativo por carecer éste de la debida fundamentación, lo que corresponde a un vicio de nulidad del mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.880, pero que, en caso alguno se vincula con una infracción de la garantía en estudio. Por otra parte, resulta relevante recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, para realizar el análisis de rigor, relativo al trato distinto o discriminatorio que la infracción de la igualdad ante la ley requiere, resulta fundamental aportar prueba en tal sentido, so pena de rechazarse el recurso por resultar imposible el análisis que la constatación de tal vulneración; cuestión que en caso alguno se ha realizado, en estos autos. Efectivamente, la recurrente no ha demostrado en forma alguna que haya recibido un trato diferente de aquellos contribuyentes que se encuentran en su misma situación, esto es, que no cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley N° 21.323 hayan percibido indebidamente el “Bono Clase Media 2021”. Debido a lo anterior, deberá rechazarse la alegación a una supuesta vulneración. Para apoyar sus dichos, cita sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en autos Rol N° 16.660-2017.

Respecto al derecho de propiedad, la recurrente carece de un derecho indubitado respecto del “Bono Clase Media 2021”, desde que, tal pretensión se encuentra controvertida por dicho Servicio al no cumplir la actora con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.323. Resultando pertinente agregar que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, el mentado beneficio no ha ingresado a su patrimonio. Así careciendo la recurrente de un derecho indubitado, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, se colige que ésta solo tiene una mera expectativa, no pudiendo, en consecuencia, lesionarse su derecho de propiedad respecto de la entrega de un beneficio social sobre el cual aún no tiene derecho alguno. Abonan lo antes expuesto, entre otros, los siguientes fallos: Sentencia, dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, en autos sobre recurso de protección, causa Rol N° 494-2010, y sentencia, dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en autos sobre recurso de protección, causa Rol Nº 79.896- 2019.

Finaliza argumentando que, de lo expuesto en los acápites precedentes, se sigue que la presente acción de protección debe ser rechazada, con costas, en atención a que: 1. Ésta no es la vía idónea para conocer del asunto; 2. El actuar de este Servicio se ha enmarcado dentro de la normativa legal vigente, no existiendo la omisión arbitraria y/o ilegal que se imputa y 3. Inexistencia de la conculcación de las garantías fundamentales denunciadas como infringidas.

Se complementa el informe de la recurrida, en el sentido de señalar el Servicio si la recurrente fue o no beneficiaria del bono clase media establecido en la Ley N° 21.252., informando que la recurrente solicitó el Bono Clase Media establecido en la Ley N° 21.252, conforme a la cual se estableció un mecanismo de financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de las personas de clase media, con motivo de la propagación de la enfermedad denominada COVID-19, publicada el 01 de agosto de 2020, solicitud que fue autorizada con fecha 07 de agosto de 2020, otorgándole el beneficio por un monto de $500.000. Para los cálculos del beneficio se consideró un ingreso promedio mensual de $400.792 para el año 2019, y un ingreso del mes julio de 2020 de $200.313 (mes previo al que realiza la solicitud), existiendo una caída del ingreso del 49%, cumpliendo en consecuencia con los requisitos establecidos en dicha ley para acceder al beneficio. Que, sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que, lo informado corresponde a un beneficio estatal para la clase media distinto del que se discute en el presente recurso de protección, encontrándose éste regulado en la Ley N° 21.323, publicada con fecha 06 de abril de 2021, que establece un nuevo bono clase y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media, la cual define los requisitos específicos que deben cumplir los solicitantes, y que en el caso de autos no cumple la actora conforme se explicó fundamente en el informe previamente evacuado en la causa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Además, esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

2.- El acto arbitrario e ilegal en que funda su recurso la parte recurrente, lo hace consistir, en síntesis, en el rechazo infundado por parte de la recurrida del reclamo realizado por la primera, por el no otorgamiento del llamado bono de clase media, contemplado en la Ley N° 21.323, plasmado en la Resolución de 29 de septiembre de 2021, añadiendo que cumplía todos los requisitos normativos de procedencia, lo que ha sido controvertido por la entidad recurrida, a la luz de los dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 del aludido cuerpo normativo.

3.- El punto central de la discusión discurre acerca de la forma de cálculo del porcentaje de disminución del ingreso promedio mensual y el modo de acreditación de éste, debiendo recurrir al texto normativo para dilucidar estos aspectos.

Conforme al artículo 3° de la Ley N° 21.323, tendrán derecho al bono en cuestión los beneficiarios que cumplan los siguientes requisitos copulativos: a) que su Ingreso Promedio Mensual 2019 sea igual o mayor al ingreso mínimo mensual promedio del año 2019 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad, debidamente reajustado a la fecha de la solicitud y en el caso específico de este beneficio, que dicho Ingreso Promedio Mensual 2019 no exceda de la cantidad de $2.000.000; b) que hayan experimentado una disminución de, al menos, el 20% de su Ingreso Promedio Segundo Semestre de 2020, determinada según la variación porcentual respecto de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019; c) que a la fecha de la publicación de esta ley no tengan montos pendientes de restitución por haber obtenido indebidamente el Aporte Fiscal y/o el beneficio, conforme a la ley N° 21.252.

Previo a ello, el artículo 2° del mismo cuerpo legal definió los siguientes conceptos:

N° 4. Ingreso Promedio Mensual 2019: corresponde al promedio mensual de la suma de las rentas que se indican a continuación, percibidas o devengadas, según corresponda, durante el año calendario 2019, determinado como el mayor valor entre los literales que siguen, dividido por doce: b) Remuneración imponible determinada en base a las cotizaciones previsionales para pensiones.

N° 5. Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019: corresponde al promedio mensual de la suma de las rentas que se indican a continuación, percibidas o devengadas, según corresponda, durante los meses de julio a diciembre del año calendario 2019, dividido por seis: a) Remuneración imponible determinada en base a las cotizaciones previsionales para pensiones.

N° 6. Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020: corresponde al promedio mensual de la suma de las rentas que se indican a continuación, percibidas o devengadas, según corresponda, durante los meses de julio a diciembre del año calendario 2020, dividido por seis: a) Remuneración imponible determinada en base a las cotizaciones previsionales para pensiones.

Además el artículo 5° de esta ley señala la forma en que se determina el Bono Clase Media, esto es, aplicando una escala según el Ingreso Promedio Mensual 2019 y para los beneficiarios cuyo Ingreso Promedio Mensual 2019 sea una cantidad hasta $1.500.000, el Bono Clase Media será de $500.000. Tramo al cual postuló la recurrente.

Por su parte, el artículo 17 otorgó facultades al Servicio de Impuestos Internos para habilitar una plataforma para solicitar el Bono, para la verificación de su procedencia y las demás funciones necesarias para su aplicación, agregando que para estos efectos utilizará la información administrativa que se encuentre a disposición del Servicio y la información que reciba de otros organismos, ya sea que se utilice directamente o que se infiera de ella la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. En este mismo orden de ideas, el Servicio, conforme a las normas del Código Tributario, podrá realizar notificaciones, comunicaciones, interpretar e impartir instrucciones, emitir resoluciones, hacer efectivo lo señalado en el artículo 16 y demás actuaciones que sean pertinentes para cumplir con la finalidad de verificar, otorgar y determinar los beneficios que contempla esta ley.

Finalmente el artículo 18 regula el reclamo ante el Servicio, quien resolverá sobre la base de los antecedentes que proporcione el propio reclamante, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y los otros organismos públicos relacionados, en la forma que establece el artículo 123 bis del Código Tributario.

4.- Atendidos los términos en que fueron enunciados los preceptos antes señalados, es efectivo lo aseverado por la recurrida en el sentido que los conceptos de ingreso promedio mensual e ingresos promedio segundo semestre de 2019 y 2020 se encuentran definidos legalmente, de modo que los entes aplicadores debemos estarnos a tal determinación normativa, en cuya base se alude a la “remuneración imponible determinada en base a las cotizaciones previsionales para pensiones”.

5.- Al rechazar el Servicio recurrido el reclamo presentado por la recurrente, en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley N° 21.323, resolvió de la siguiente manera: “Según la información disponible, usted no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.323 para acceder al beneficio Bono Clase Media cuyo plazo de postulación finalizó el 17 de Mayo”. Acto seguido detalló que no cumplía con Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020 (entre$326.500 y $408.125), pues es igual a $0; Ingreso Promedio Mensual 2019 (entre $311.934 y $2.087.680 montos actualizados a abril de 2021), pues es igual a $0; Disminución de al menos 20% de los ingresos durante Segundo Semestre 2020. Finalmente contiene un enlace para acceder a las fuentes de información consideradas para determinar el cumplimiento de los condiciones.

6.- En consecuencia, si bien es efectivo que en la determinación de la procedencia del bono la ley recurre a la noción de remuneración imponible determinada en base a las cotizaciones previsionales para pensiones, lo que permite concluir razonablemente que la información más idónea provendrá de las AFP y de la Superintendencia respectiva, lo cierto es que el sentido del Bono Clase Media era beneficiar a todas las personas que, durante la pandemia, hayan visto disminuidos considerablemente (más de un 20%) sus ingresos percibidos, ya como trabajadores dependientes ya como empresarios de aquellos a que se refiere el artículo 2°, de modo que la forma de cálculo del llamado ingreso promedio no tiene la idoneidad de alterar los requisitos contemplados en el artículo 3° que, en esencia resulta de comparar los ingresos promedio respectivos, debidamente acreditados, con información confiable.

Puede entenderse que el Servicio rechace sumaria e inicialmente el bono con la mera referencia a que la solicitante no cumple con los requisitos de procedencia, analizada someramente la información previsional y tributaria general de ella, sin embargo no parece excusable la falta de fundamentación suficiente cuando se pronuncia respecto del reclamo especial del artículo 18, pues en dicho caso la decisión debe ser suficientemente motivada, por imperativo del artículo 41 de la Ley N° 19.880, y resuelta sobre la base de los antecedentes proporcionados por la reclamante, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y los otros organismos públicos relacionados, en la forma que establece el artículo 123 bis del Código Tributario. Ello es especialmente exigible ante la especial situación en que se encuentra la recurrente, vale decir, una persona pensionada por vejez que continuó trabajando y que, en agosto de 2018, optó por no continuar cotizando en el sistema previsional, conforme lo dispone el artículo 17 del Decreto Ley 3.500, quien aporta información relevante tendiente a demostrar que ha experimentado una disminución superior al 20% de sus ingresos en el período que cubre el beneficio en cuestión, la que no aparece ponderada debidamente en la resolución impugnada.

7.- Así las cosas, nos encontramos ante un acto administrativo infundado, pues sólo contiene meras conclusiones sin apoyo de razones suficientes, fácticas y jurídicas, que por lo mismo deviene en arbitrario y vulneratorio del derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, de modo que se accederá a la tutela solicitada en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la presente acción constitucional interpuesta a favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional del Biobío, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución de 29 de septiembre de 2021 que desestimó el reclamo presentado por la recurrente ante el rechazo de su solicitud de Bono Clase Media, debiendo dicho organismo pronunciarse nuevamente respecto de dicho reclamo, dentro del plazo de treinta días administrativos, contados desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, con los respectivos fundamentos de hecho y de derecho, que se hagan cargo de la información aportada por la peticionaria.

Regístrese, comuníquese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro Rodrigo Alberto Cerda San Martín.

N°Protección-12.691-2021.