nombre reservado con BANCO DE ESTADO DE CHILE

C.A. de Concepción Concepción, siete de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

PRIMERO: En estos autos, rol 12.670-2021, comparece el abogado don José Francisco Rodríguez Moraga, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, supervisor de buceo, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del Banco del Estado de Chile, representado por doña nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, y pide acogerlo, decretando las medidas pertinentes para el restablecimiento del derecho y, en definitiva, que esta Corte ordene al banco recurrido eliminar todo registro interno en que su representado, el Sr. nombre reservado aparezca como deudor, o, en su defecto, se ordene a la recurrida exhibir el título ejecutivo suscrito por su representado, en virtud del cual se fundamenta su registro como deudor moroso; para el caso que esta Corte estime no procedentes dichas medidas, ordene al banco recurrido que don nombre reservado debe ser sujeto a una nueva evaluación comercial para obtener un crédito hipotecario.

Funda su recurso en que su representado fue demandado por Banco del Estado de Chile ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción, en causa caratulada “Banco del Estado de Chile con nombre reservado”, rol N° C-6680-2020, en la cual se le estaba cobrando una aparente deuda que figuraba asociada a su RUT, dictándose sentencia interlocutoria en la misma causa, de fecha 03 de marzo de 2021, la cual acogió el desistimiento de la demanda ejecutiva, solicitada por la demandante, existiendo certificación de encontrarse firme o ejecutoriada, de fecha 31 de mayo de 2021. Con lo anterior, dicho procedimiento terminó, está afinado y sin posibilidad de iniciarse otro juicio ejecutivo a su respecto.

Manifiesta que su representando, que al enterarse que existe sentencia por desistimiento de la demanda, en causa rol C-6680-2020, con fecha el 27 de septiembre de 2021, acudió a la sucursal del Banco Estado de Curanilahue, con la finalidad de solicitar un crédito hipotecario, ya que tiene desea adquirir una vivienda propia, ante lo cual el banco respondió que el recurrente tiene una deuda castigada con dicha entidad, siendo rechazada la solicitud de crédito hipotecario.

Relata que con la finalidad de conocer el origen de la deuda castigada, decide obtener desde la página de internet de Dicom, un informe de deudas Platinum Equifax, de fecha 01 de octubre de 2021, apareciendo en dicho informe sin deudas informadas, no entendiendo el rechazo del Banco Estado ante la solicitud de un crédito hipotecario, entendiendo que es sin causa justificada y arbitraria, dado que en primer lugar existe un desistimiento de la demanda ejecutiva del mismo banco, y, en segundo lugar, su representado no se encuentra informado en DICOM, no teniendo deudas y gozando a la fecha de un buen comportamiento bancario y financiero.

Señala que, manteniendo la recurrida una medida arbitraria y de carácter ilegal, esta conducta debe ser subsanada y el recurrente sujeto a una nueva evaluación comercial, dado que su representado goza de trabajo estable, con contrato indefinido, percibe un sueldo de $1.300.000 mensuales y goza de un buen estado de salud.

Estima que es necesario que la recurrida efectúe las gestiones conducentes a excluir a su mandante de todo listado interno de deudores que exista, siendo este de carácter ilegal y arbitrario, con la finalidad de poder optar a todo tipo de beneficios y prestaciones que ofrece Banco Estado, como sería en este caso, un crédito hipotecario.

En cuanto a los derechos que estima vulnerados y que nuestra Carta Fundamental asegura a todas las personas, menciona el derecho a la honra, consagrado en el numeral 4º del artículo 19 de la Constitución Política, estimando que este derecho es concebido como la buena fama o reputación de la cual goza una persona en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general, íntima e indisolublemente unida a la dignidad de la persona y a su integridad, sobre todo de naturaleza psíquica. Por eso, es acertado también calificarla de un elemento del patrimonio moral del sujeto, de un derecho suyo de índole personalísimo.

En el asunto que nos ocupa, la conducta de la recurrida afecta directamente la valoración a nivel económico y social de su representado. Agrega que, de seguir soportando esta situación, su cliente seguirá viéndose afectado en su valoración social, puesto que, los registros de deudores, muestran a su representado como una persona sin riesgos y sin deudas, no así a vistas del Banco Estado, quien de forma arbitraria mantiene una deuda castigada, violentado la garantía establecida en el artículo 19 N° 2, inciso 2°, de la Constitución Política la que se ve conculcada, toda vez que se le priva o dificulta de modo importante su derecho constitucional de optar a créditos en el sistema financiero y comercial para adquirir bienes y servicios, situación que no puede ser vulnerada a merced de un acto arbitrario carente de fundamentación objetiva y legal, como lo es un listado interno de deudores que mantiene Banco Estado.

Por último, argumenta que se vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 numeral 24 de la Carta Magna.

De esta forma, de acuerdo con lo ya señalado, es claro que la inclusión de su representado en el registro interno de deudores le impide poder suscribir -voluntariamente- contratos de mutuo necesarios para la obtención de bienes muebles e inmuebles necesarios para mejorar su calidad de vida.

Solicita, en suma, que se acoja el recurso de protección, ordenándose a la recurrida eliminar todo registro interno en que su representado aparezca como deudor; o, en su defecto, se ordene al banco recurrido exhibir el título ejecutivo suscrito por mi representado, en virtud del cual fundamenta su registro como deudor moroso. Para el caso que esta Corte estime no procedentes dichas medidas, solicita que se ordene al banco recurrido que don nombre reservado debe ser sujeto a una nueva evaluación comercial para obtener un crédito hipotecario.

SEGUNDO: Informando el Banco del Estado, a través de don Andrés Kuncar Oneto, abogado, en representación del recurrido Banco del Estado de Chile, pide el rechazo de la acción, con costas.

Manifiesta que no se cumplen ninguno de los requisitos de procedencia del recurso de protección, en particular porque resulta imprescindible establecer la comisión, por parte de la recurrida, de un acto ilegal o arbitrario que afecte derechos prexistentes e indubitados del recurrente don nombre reservado, de manera que, estima, corresponde rechazar el presente recurso.

Argumenta que la recurrente sostiene que el Banco del Estado de Chile incurrió en una actuación arbitraria e ilegal consistente el rechazo de un crédito hipotecario por la existencia de deuda castigada, no obstante haberse terminado la causa ejecutiva seguida en su contra, amén de no registrar deudas en Dicom y gozar de un buen comportamiento bancario y financiero.

Expresa que su representada, tal como indica el recurrente, con fecha 27 de septiembre de 2021, a su solicitud de crédito hipotecario, le informa que registra en la institución una deuda castigada y por ende no procede el otorgamiento del crédito.

A este respecto la recurrida funda el rechazo a la contratación del crédito hipotecario solicitado por el recurrente en una condición objetiva prevista en la Ley N° 19.496 y, específicamente, en el “Reglamento sobre Información al Consumidor de Créditos Hipotecarios”, aprobado por decreto supremo N° 42, de 14 de marzo de 2012, de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de julio de ese mismo año, basado ello en comportamiento “Deuda Castigada SBIF (CMF) últimos 6 meses”.

Señala que efectivamente el Banco del Estado de Chile inició ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción la causa ejecutiva Rol C-6680-2020, la cual pretendía el cobro de un pagaré suscrito por el recurrente por la suma de $1.092.308.-, por concepto de capital, más un interés del 2,27% mensual, el cual se obligó a pagar en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas $48.572.- cada una, salvo la última cuota de $48.561.-, todas con vencimiento los días 20 de cada mes, venciendo la primera de ellas, el día 20 de enero del 2011. Don nombre reservado dejó de pagar dicho desde la cuota con vencimiento al día 20 de mayo de 2011, inclusive y por ello es que entonces se inició la causa referida.

Aclara que, si bien el Tercer Juzgado Civil de Concepción hizo lugar a la petición de desistimiento de la demanda ejecutiva presentada por el Banco del Estado de Chile en contra de la recurrente, se trata en este caso de un desistimiento especial con expresa reserva de derechos para entablar acción ordinaria posterior, según lo previene el artículo 467 del Código de Procedimiento Civil. En esas condiciones el tribunal aceptó el desistimiento, lo que significa que en este caso particular se ha extinguido únicamente la acción de cobro ejecutivo, quedando vigente la acción ordinaria para perseguir el cumplimiento de las mismas obligaciones de la demandada -actual recurrente de protección- mientras éstas se encuentran vigentes y no prescriban.

Argumenta que la recurrente de autos no ha acreditado en esta sede de protección que la acción ordinaria para el cobro de la deuda por parte del Banco del Estado de Chile se haya extinguido, lo que trae como consecuencia la posibilidad cierta que dicho acreedor pueda iniciar un juicio ordinario para el cobro de las obligaciones pendientes de la actora. De lo que precedentemente expuesto es posible colegir que, si bien la causa ejecutiva al día de hoy está concluida por desistimiento, ello no significa que la deuda del demandante que dio origen a la misma no exista. Y sobre esto es importante destacar que si bien el demandado, hoy recurrente, dedujo excepción de prescripción en la causa ejecutiva esta no se resolvió ni se declaró.

Sostiene que en los registros de su representada existe a nombre del recurrente una deuda impaga desde mayo de 2011, lo cual conforme lo establece el capítulo B-2 II.1.D de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, constituye una causal legítima de castigo de deuda. Agrega que el recurrente indica que en el Dicom Equifax que solicitó, no le aparece ninguna deuda a su nombre, por ende, no entendería el motivo o la causa del rechazo realizado por el Banco, específicamente de donde proviene la deuda que le impediría contratar el crédito. Sobre ello, destaca primeramente que su representada informó al cliente, de forma veraz y oportuna, cuál era la deuda castigada al momento de informar el rechazo y además que conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General de Bancos y en el Capítulo 18-5 Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, no corresponde informar las morosidades de estas características y es por ello que entonces no aparece en el Dicom solicitado.

Manifiesta que no mantener deudas en Dicom no significa que el recurrente tenga un derecho adquirido per se para contratar créditos con el Banco del Estado de Chile, sino que este, al igual que todos los clientes del banco, se debe atener a las políticas internas comerciales objetivas. Por lo demás, aceptar o rechazar una solicitud de apertura de algún producto bancario es una facultad única y exclusiva de cada Institución Bancaria, a quien le asiste la facultad de ponderar, en relación a su política de riesgos, si el interesado o solicitante califica o no como sujeto de crédito, por lo que colige que no le asiste al recurrente un derecho indubitado para acceder a la contratación de un crédito hipotecario. Finalmente, en cuanto a lo indicado por el recurrente en el sentido que goza de buen comportamiento bancario y financiero destaca que, ello no es cierto, ya que desde mayo de 2011 dejó de pagar las cuotas de un crédito solicitado a su representada.

En cuanto a las alegaciones en contra del recurso, alega en primer lugar, la extemporaneidad de este, toda vez que la acción constitucional se interpuso ante esta Corte, con fecha 29 de octubre de 2021, y el mismo recurrente sostiene que el rechazo por parte de Banco del Estado de Chile a la solicitud de crédito hipotecario fue realizada de forma presencial el día 27 de septiembre del presente año en la sucursal de la comuna de Curanilahue. Atendido lo anterior, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula, debido a que han transcurrido más de 30 días corridos entre la ocurrencia del supuesto acto vulneratorio e ilegal y la interposición del presente recurso, por lo que la presente acción resulta extemporánea y debe ser rechazada.

Sin perjuicio de esta alegación de extemporaneidad, estima que el recurso de protección de autos, no es el medio idóneo para resolver la controversia planteada, ya que no existen derechos indubitados, toda vez que la pretensión del recurrente excede las materias que pueden ser conocidas por una especial acción de naturaleza cautelar, como lo es el recurso de protección, ya que lo discutido se refiere a si a la fecha de solicitud del crédito hipotecario, el recurrente efectivamente tenía o no alguna deuda con el Banco, si dicha deuda aparecía o no en los registros de deudores, el motivo del castigo de dicha deuda, si ello es o no una causal para negar un crédito de las características del solicitado por don nombre reservado, entre otras cuestiones. De acuerdo a la recurrida, existiría una controversia sustancial que, para los efectos que plantea el recurrente, requiere un análisis que permita determinar si la negativa de su representada, de otorgar un crédito hipotecario, es o no justificada.

Asimismo, debe existir la posibilidad de las partes de rendir prueba idónea con el fin de determinar si el actuar de su representada fue o no justificado, asunto que sin duda excede del marco de una acción constitucional. De este modo, no existiendo derechos indubitados a favor del recurrente, y muy por el contrario, atendido lo declarado por el recurrente y lo informado por esta parte, existen hechos en controversia, por lo que debe ser materia de prueba y, por tanto, sujeto a un procedimiento declarativo. En su caso, estima que debe sujetarse al procedimiento establecido en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores también requerirá un examen exhaustivo de tipo declarativo.

Asevera que los derechos cuya protección se solicita no son preexistentes e indubitados ya que el recurrente, -como expresamente lo indica este-, simplemente solicitó un crédito y en base a dicha solicitud y la evaluación que su representada está expresamente autorizada a realizar se le negó, por ende dicho crédito jamás ingresó a su patrimonio, simplemente existió a su respecto una mera expectativa, por lo cual no corresponde conocer por esta vía cautelar lo planteado por el recurrente, ya que los derechos que indica habrían sido vulnerados por Banco del Estado de Chile, no tienen el carácter de indubitados y preexistentes.

Expone que el actuar del banco en ningún caso fue arbitrario e ilegal por ende sin duda no vulneró ninguna de las garantías señaladas, debido a que el rechazo del crédito fue sobre la base de un estudio del cliente que se permite expresamente realizar a la instituciones bancarias y una causal objetiva establecida por la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, la cual es la morosidad en un crédito por más de 90 días, específicamente la morosidad en el pago de un crédito comercial solicitado el año 2010.

Termina solicitando se rechace el recurso de protección, con costas.

Acompañó a su informe, los siguientes documentos: 1.- Pagaré reajustable de Operación 7808998 suscrito por don nombre reservado; y 2.- Ebook de causa civil Rol C-6680-2020 seguida ante Tercer Juzgado Civil de Concepción y caratulada “Banco del Estado de Chile con nombre reservado”.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en lo pertinente, dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, números”, entre otros, 2°, 4° y 24°, podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte “..de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

2°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

3°.- Que la recurrida alega, en primer término, la extemporaneidad del recurso toda vez que el acto que se estima arbitrario e ilegal, ha sido la negativa del Banco del Estado de Chile a otorgar un crédito hipotecario a la recurrente, situación que como esta misma señala en su recurso, le fue conocida a más de 30 días de la interposición del recurso.

4°.- Que, la alegación de extemporaneidad habrá de ser desestimada, teniendo presente para ello que la negativa a otorgar un crédito hipotecario por parte del Banco recurrido se ha mantenido en el tiempo, situación esta última que habilita a recurrir de la misma en la forma que lo hizo el recurrente, por todo lo cual se estima que el recurso fue interpuesto dentro de plazo.

5°.- Que, en cuanto al fondo del asunto, la recurrente alega -según lo referido- que se le niega el otorgamiento de un crédito hipotecario en el Banco del Estado de Chile, en razón de tener un crédito de consumo impago.

Que de acuerdo a los antecedentes que obran en este recurso, don nombre reservado suscribió a la orden del Banco Del Estado de Chile, un pagaré el 3 de septiembre de 2010, por la suma de $1.092.308.-cuyo pago debía hacerse en 36 cuotas iguales y sucesivas a partir del 20 de enero de 2011.

Que, con fecha 18 de noviembre de 2020, se interpuso ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción, por parte del Banco Estado de Chile, un juicio ejecutivo de obligación de dar en contra del recurrente, don nombre reservado, causa rol C-6680-2020. Dicho juicio terminó por desistimiento del ejecutante, con reserva de su derecho para entablar acción ordinaria.

6°.- Que, de acuerdo a lo señalado por las partes, existiría por parte de don nombre reservado y a favor del Banco del Estado de Chile, una deuda impaga y castigada, la que no se encuentra informada a la Comisión para el Mercado Financiero (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras), por tratase de una deuda de más de 90 días de morosidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero.

Queda claro entonces, que la deuda por la cual se le niega el crédito hipotecario al recurrente es una deuda castigada, precisamente por haber perdido mérito ejecutivo, según consta de la causa civil, ya aludida.

7°.- De este modo, queda en evidencia que la respuesta otorgada por el banco recurrido, resulta ser ilegítima puesto que se fundaría en la existencia de una deuda castigada, lo que permite presumir que es posible que al actor se le haya otorgado un trato diverso al brindado al resto de los solicitantes de sus productos, debido a que el banco recurrido consideró para su negativa antecedentes financieros que se encuentran caducos conforme a la normativa vigente.

En efecto, si bien es cierto toda entidad bancaria o financiera posee la libertad de contratar únicamente con quien cumpla los parámetros de solvencia, liquidez y endeudamiento fijados por la ley y, la autoridad reguladora y/o la propia institución, en la oferta y ejecución de las operaciones enumeradas en el artículo 69 de la Ley General de Bancos debe respetar, frente a los interesados y eventuales clientes, los parámetros mínimos se encuentran previstos en la ley Nº 19.946, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, dentro de los cuales figura “el no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios” (Artículo 3º, literal c).

8°.- Que, por otra parte, en relación a la deuda atribuida al recurrente, resulta improcedente que se considere la misma, toda vez que la morosidad aludida perdió vigencia tras haberse efectuado el castigo de la deuda por parte del acreedor, circunstancia que al tenor del artículo 6 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, configura el dato en cuestión en uno de categoría dudoso a la luz de esa disposición, toda vez que ha operado un cambio de los hechos o circunstancias tras la acción del acreedor referido. A este respecto cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 9 de la referida ley que señala: “En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos”.

9°.- Que, de esta manera, el banco recurrido al asilar la determinación impugnada en la morosidad en un crédito por más de 90 días, específicamente la morosidad en el pago de un crédito comercial solicitado el año 2010, torna su actuar en ilegal y arbitrario, al fundamentarse en datos financieros del actor que han perdido vigencia a estos efectos, puesto que se le considera insolvente, cuando en realidad no lo es, amenazando el legítimo ejercicio de su derecho a la igualdad ante la ley, de manera tal que el arbitrio de marras debe ser acogido, en los términos que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que:

I.- Se rechaza la excepción de extemporaneidad;

II.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado, José Francisco Rodríguez Moraga a favor de don nombre reservado, en contra de Banco del Estado de Chile, quién deberá evaluar nuevamente los antecedentes del recurrente, sin considerar ningún elemento financiero de aquél que se encuentre caduco, procediendo entregar al actor, a la brevedad, en el caso que la solicitud sea denegada, un informe detallado y circunstanciado con las razones del rechazo a su solicitud de productos bancarios o financieros, debiendo indicar con precisión cuál es el requisito incumplido y la forma como éste ha sido satisfecho.

Acordada con el voto en contra del ministro Álvarez Órdenes, quien estuvo por rechazar el recurso por estimar que el recurrente no ha demostrado la existencia de un derecho indubitado y preexistente, que deba ser protegido mediante esta acción constitucional, requisito de procedencia ineludible, pues con ello se vulnerarían las facultades privativas que les asisten a estas sociedades comerciales conforme a lo dispuesto en el artículo 69 N°1 y 7 de la Ley General de Bancos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante, Constanza Cornejo Ortiz y del voto en contra, su autor.

N°Protección-12670-2021.