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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 126515-202219 ene 2023

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
19 de enero de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Concepción
Sala
Tercera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 126515-2022, sentencia de 19 de enero de 2023

Resumen

Se rechaza sin costas el recurso de protección: la cámara instalada en el domicilio de la recurrida solo da una visión perimetral de su entrada y garage, sin afectar la privacidad de la recurrente, y el conflicto es de índole vecinal.

Texto íntegro

Concepción, diecinueve de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, enfermera, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, domiciliada en domicilio reservado. Ello, por los actos ilegales y arbitrarios que amenazan, perturban y privan el ejercicio de los derechos garantizados en el artículo 19 números 4 y 5 de la Constitución Política de la República, a ella y su familia, esto es, el derecho a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar.

Explica que su familia se compone por quien recurre y sus padres, ambos mayores y en el caso de su padre, le aqueja un delicado estado de salud, con los cuales desarrolla su vida familiar y doméstica, en un pasaje cerrado y estrecho, ubicado en el sector llamado “La Pradera dos”, Pasaje cuatro, de la comuna de Chiguayante. En dicho inmueble, llevan a cabo su vida privada, deseando que así continúe, sin perturbaciones, amenazas ni privaciones arbitrarias ni indebidas.

Señala que justo al lado de su casa vive la recurrida nombre reservado, junto con su familia, quien tiene instalada una cámara de filmación apuntando, aparentemente hacia la calle, o mejor dicho, al pasaje donde se encuentran ubicadas sus casas.

Precisa que el día 11 de noviembre de 2022, en el contexto de una discusión con la recurrida, que fue subiendo de tono, al momento de grabar los insultos proferidos por aquélla, se percataron con su familia que la cámara de grabación instalada en el inmueble de ésta apunta no sólo a la extensión del Pasaje Cuatro, sino que directamente a su casa. Es más, la recurrida habría señalado que gracias a su cámara ella puede ver por cual entrada del pasaje acceden a su casa, asegurando tener todo grabado.

Refiere que la convivencia con la recurrida no es fácil, ya que en muchas de las discusiones que han tenido, ésta ha admitido que espía su vida familiar, que sabe a qué hora están en casa, quién está en ella, quien no y cuando ésta queda sola, argumento que ha utilizado para amedrentarlos, asegurando que en su ausencia algo podría ocurrir en su hogar.

Reitera que por la propia recurrida se han enterado que la cámara instalada por ella no tiene solamente objeto de vigilar lo ocurrido en la calle, sino que especialmente vigilar sus movimientos, vida privada y todo lo que ocurre dentro de su propiedad. En tal sentido, respecto al emplazamiento y dirección del dispositivo, afirma haber constatado que se encuentra instalado en una ampliación del inmueble que sirve de hogar a la recurrida, apuntando directamente hacia el pasaje y toda la entrada de su casa, siendo un aparato que funciona permanentemente, tanto de día como de noche, lo que le consta por los destellos luminosos emitidos, de modo que los moradores de la casa Nº 6.097, pueden filmar a su voluntad todo lo que ocurre en su hogar, de día y de noche.

Sostiene que en virtud de lo expuesto, lo que ocurre en sus vidas ya no es privado, puesto que la recurrida y su familia, al instalar la cámara, emplazarla en un ángulo dirigido a su casa y controlar el funcionamiento de ésta, sin consentimiento alguno de su parte y, aún más, contra su voluntad, en forma permanente, arbitraria y sin derecho, amenaza, perturba o derechamente les priva de mantener una vida privada en lo más íntimo que tiene un ser humano, que es el lugar donde se encuentran sus habitaciones.

Estima que el actuar de la recurrida supone una inaceptable intromisión que lesiona gravemente su derecho a la privacidad, cuya protección se encuentra asegurada en la Constitución Política de la República en el artículo 19 Nº4, y asimismo vulneran la inviolabilidad de su hogar, asegurado en el numeral 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita acoger el presente recurso de protección, haciendo cesar de inmediato a la recurrida del uso o instalación de cámaras de monitoreo exterior, emplazadas en el antejardín de la casa Nº 6.097 del pasaje cuatro de La Pradera dos, la que se encuentra dirigida o apuntando hacia su hogar y el de su familia, que habitan la casa Nº 6.091 del mismo pasaje y sector, impidiéndosele en forma absoluta de captar imágenes, audio o filmar cualquier lugar o dependencia de la citada casa; además de ordenar toda otra medida tendiente al restablecimiento del imperio del derecho, especialmente aquellas destinadas a garantizar el respeto y protección de la vida privada y la inviolabilidad del hogar de quienes habitan la casa Nº 6.091, con costas.

Informó la recurrida, doña nombre reservado, quien señala que su familia se compone por quien comparece, su cónyuge y tres hijos, desempeñándose laboralmente en un emprendimiento de elaboración de tortas situado en su domicilio, razón por la cual instaló una cámara de seguridad el 30 de agosto del año 2020, la que graba el acceso a su lugar de trabajo. El dispositivo antes referido tiene un ángulo de 46° a partir del lente, lo que le da una visualización perimetral de entrada y salida exclusivamente a su propiedad.

Manifiesta que si bien el domicilio de la recurrente corresponde a la casa pareada a su propiedad, la visibilidad de ésta se ve impedida debido a la presencia de ligustrinas en el perímetro de su cerco, por lo que es imposible que pueda vulnerar la privacidad de su hogar.

Expresa en cuanto a la convivencia con la recurrente y su familia, que aquella ha sido dificultosa desde antes de la instalación del dispositivo, remontándose a la época en la que iniciaron su vida familiar junto a su domicilio, es decir, desde el año 1997, generándose desde el primer día los conflictos con la familia de la recurrente, puesto que su padre tenía estacionado un bus en el antejardín de su casa, limitando el acceso a la misma. Afirma que si bien nunca les manifestado su molestia, acabó permitiéndole tácitamente que dejase el bus en ese lugar. Sin embargo, en una ocasión en que un familiar sufrió una complicación grave de salud, no fue posible prestarle atención médica inmediatamente, ya que el padre de la actora no quiso mover el bus, obstaculizando el paso. Lo anterior, habría desencadenado una seguidilla de conflictos entre ambas familias, lo cual y ante amenazas en su contra de agresiones por parte de la recurrente y su familia, la motivaron, por temor, a resguardarse con este dispositivo.

Refiere que la instalación de la cámara resguarda su seguridad, además, frente al aumento de robos en la zona, al ser su casa la última del pasaje, permite una vista de éste, lo que beneficia a sus vecinos, incluso a la recurrente en caso de necesitarlo.

Hace presente que la familia de la actora, en múltiples ocasiones ha salido de su domicilio para discutir con sus clientes que vienen a buscar sus pedidos, demorando no más de 10 minutos, toda vez que se posicionan en parte del cerco de ellos, aun cuando no obstaculizan la entrada y salida de vehículos de su domicilio. Menciona que madre de la recurrente, ha agredido verbalmente a una de sus hijas, por estacionar su vehículo frente al domicilio, incluso tomando fotografías del mismo, con la finalidad de amedrentarla.

Destaca que la instalación del dispositivo se llevó a cabo por un equipo de profesionales con vasto conocimiento en el rubro, por lo que, al momento de determinar su ubicación, ésta se pensó con la finalidad de no afectar a nadie, todo lo contrario, permite el resguardo de sus vecinos, quienes ante cualquier necesidad de visualizar las imágenes pueden solicitarlas, siéndoles entregadas sin problemas. Sumado a ello, la visibilidad del domicilio de la recurrente se ve impedida por el cerco de ligustrinas que rodea el perímetro, por lo que es muy difícil que se pueda tener conocimiento del flujo de personas que ingresan o salen de su domicilio.

Explica que el dispositivo en cuestión graba 24 horas, borrándose luego la grabación y siendo reemplazada por una nueva, lo que implica que no cuenta con un registro histórico de los movimientos que se realicen, ni mucho menos de quienes entran y salen del lugar. Respecto del incidente que menciona la recurrente, señala no tener registros del mismo, ya que en ese instante el dispositivo no estaba grabando, lo que refleja que, si bien la finalidad es grabar las 24 horas, en la práctica la grabación no es continua, siendo imposible que tenga un historial de los movimientos y que en la actualidad la cámara no cuenta con memoria y su uso es sólo a modo de citófono.

Cita jurisprudencia en la que se resolvió que este tipo de discusiones se enmarcan en un conflicto vecinal sujeto a la competencia de los Juzgados de Policía Local y, en el caso de las municipalidades y sus funcionarios respecto de las cámaras de video vigilancia, conforme dispone el artículo 20 de la Ley 19.629, con referencia al artículo 4 letra J) de la Ley 18.695, por lo que la acción intentada no resulta ser una vía idónea para resolver este tipo de conflictos, debiendo optarse en este caso por los procedimientos jurisdiccionales existentes al efecto.

Termina solicitando el rechazo del presente recurso, por carecer de fundamento jurídico y no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias imputables a su persona, que afecten derechos fundamentales de la recurrente y su núcleo familiar, en relación a los hechos en que se funda el recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2.- Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario o sea producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

3.- Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario denunciado por la recurrente, consiste en la instalación por parte de la recurrida, de una cámara de filmación apuntando al pasaje donde se encuentran ubicadas sus respectivas casas, -que son pareadas-, y, en particular, la entrada a la suya, lo que supone una intromisión que lesiona su derecho a la privacidad y la inviolabilidad de su hogar, protegidos en el artículo 19 números 4 y 5 de la Carta Fundamental.

4.- Que, la recurrida, solicitó el rechazo del recurso, expresando que, si bien es efectivo que instaló una cámara de seguridad el 30 de agosto de 2022, lo fue para su resguardo y grabar el acceso a su lugar de trabajo, ya que se dedica a la elaboración de tortas en su domicilio; que ésta tiene un ángulo de 46° a partir del lente, lo que le da una visualización perimetral de entrada y salida exclusivamente a su propiedad. Añade que, debido a la presencia de ligustrinas en el perímetro del cerco de la propiedad de la actora, resulta imposible que con dicha cámara se pueda vulnerar la privacidad de su hogar. Asimismo hace presente la existencia de dificultades en la convivencia con la recurrente y su familia.

5.- Que, de los hechos expuestos por las partes, fotografías y videos acompañados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, aparecen acreditados los siguientes hechos:

a) Que tanto la recurrente como la recurrida, tienen su domicilio en domicilio reservado, siendo sus casas pareadas; b) en el pasaje que separa las 2 viviendas, existe una cámara de color verde ubicada en la parte alta de la propiedad de la recurrida; c) una puerta del domicilio de la actora, se ubica dentro del pasaje antes referido, cuyo cerco de fierro encuentra cubierto parcialmente con ligustrinas; d) el pasaje indicado sirve de garage de la recurrida; e) según el Informe Técnico acompañado por la demandada en folio 10, de 2 de enero de 2023, suscrito por nombre reservado de “Electro Chiguayante SPA”, “se instala cámara según las necesidades del cliente, dentro de su domicilio, domicilio reservado° a partir del lente, lo que le da una visualización perimetral de la entrada y salida de su propiedad, específicamente el garage del domicilio. La cámara no afecta la privacidad de ningún vecino, tampoco cuenta con un sistema de almacenamiento para la grabación por solicitud de la clienta al momento de la venta del producto. La cámara le permite intermediar con sus clientes al momento de citófono para el retiro de tortas y dulces”, señalando las especificaciones técnicas de la misma.

6.- Que, en mérito a los hechos establecidos precedentemente, se puede concluir que la cámara de seguridad instalada en la parte alta del domicilio de la recurrida da una visión perimetral de la entrada y salida de su propiedad, específicamente de su garage, no afectando la privacidad de ningún vecino, entre los que se encuentra la recurrente.

7.- Que, por lo demás, la discusión se enmarca en un conflicto de índole vecinal, el que se encuentra sujeto a la competencia de los Juzgados de Policía Local, y, en el caso de las municipalidades respecto de las cámaras de video vigilancia, conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley 19.628 sobre Protección de la vida privada, con referencia al artículo 4 letra j) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto a la seguridad pública a nivel comunal.

8.- Que, atendido lo antes expuesto, el presente recurso será rechazado, siendo innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.

9.- Que la recurrente no será condenada al pago de las costas, por estimar estos sentenciadores que tuvo motivo plausible para accionar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redacción de la ministra Vivian Toloza Fernández.

ROL: 126.515-2022. Protección.