nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción Concepción, catorce de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, en representación procesal de nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado costurera cesante, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de Protección en contra de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado Y; nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado y en la calidad de miembros de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL por la acción ilegal y arbitraria cometida por dicha Comisión, consistente en el pronunciamiento de la Resolución N°C.M.C 11722/2022, de fecha 10 de Noviembre de 2022.— Relata que la Resolución N°C.M.C 11722/2022, otorgado por la recurrida, se denegó la apelación interpuesta contra el dictamen N° 0104673/2022, resolviendo que el cúmulo de enfermedades de que padece la recurrente le provocan una invalidez de un 34% de su capacidad para el trabajo, y que al no alcanzar a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos 50%, se le niega una pensión de invalidez.— Sostiene que hay una contradicción advertida por la recurrente en su apelación dictamen N° 0104673/2022, y que no fue considerada por la Comisión Médica Central, consistente en que “no sólo para negar el derecho de la señora nombre reservado a su pensión de invalidez, sino que ni siquiera se dispuso la suspensión del pronunciamiento de la resolución para la práctica de exámenes y estudios médicos pertinentes, a modo de acreditar todas las patologías descritas y establecer así el grado de invalidez que correspondiera(…), aún cuando fueron acompañados al escrito de apelación los certificados que acreditaban el padecimiento de diversos trastornos mentales. Estos certificados consignan el porcentaje grado de discapacidad de la señora nombre reservado (60%) y que excedían largamente aquel señalado de la Comisión Médica Regional (34%), sin que en su dictamen se señalaran los motivos que se tuvieron en cuenta para la reducción de tal porcentaje”.— Señala que la recurrente acompañó todos los documentos que obraban en su poder y que acreditaban su grado de discapacidad de un 60%: Certificado de Discapacidad emitido por el Registro Civil con fecha 21 de septiembre de 2022; Resolución Exenta N°724 de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, con fecha 09 de Abril de 2008 que contiene el Certificado de Discapacidad, emitido por la Subcomisión Norte de la Región Metropolitana de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) que indica que “La mencionada discapacidad es derivada de los siguientes diagnósticos: 1. TRASTORNO DE PERSONALIDAD DEPENDIENTE (F- 60), 2. RETRASO MENTAL (F-78)”. Añade que este diagnóstico no requiere reevaluación, por lo que resulta plenamente válido para acreditar su actual condición, sin necesitar un nuevo proceso para comprobar los trastornos que le afectan; Informe Electroencefalográfico de fecha 15 de Julio de 2008, realizado en el Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak, firmado por la Médico Neuróloga Dra. nombre reservado, cuyo diagnóstico es OBS. EPILEPSIA GENERALIZADA y TRASTORNO DE PERSONALIDAD INFANTIL; Solicitud de Pensión Asistencial del Centro Comunitario de Salud Mental Familiar de la comuna de Recoleta, perteneciente al Servicio de Salud Metropolitana Norte, firmada por la Médico Psiquiatra Dra. nombre reservado con fecha 28 de Abril de 2008, que consignan el diagnóstico de TRASTORNO DE PERSONALIDAD LIMÍTROFE CON RASGOS INFANTILES, junto con consignar que no procede su recuperabilidad, y que se produce una incapacidad superior a los 2/3; Informe Electroencefalográfico de fecha 15 de Julio de 2008, realizado en el Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak, firmado por la Médico Neuróloga Dra. nombre reservado, cuyo diagnóstico es OBS. EPILEPSIA GENERALIZADA y TRASTORNO DE PERSONALIDAD INFANTIL.— Añade que hoy en día se encuentra en atención psicológica por diagnóstico de Trastorno Limítrofe de la Personalidad, además de tratamiento farmacológico de Sertralina 50 milígramos en la mañana y Quetiapina 25 milígramos por la tarde, como lo consigna el Certificado de Atención Psicológica adjunto, emitido por el profesional Sr. nombre reservado, Psicólogo del Centro Comunitario de Salud Familiar España, encontrándose a la fecha a la espera de una hora de atención psiquiátrica.— Indica como vulneradas las garantías constitucionales de la recurrente, el derecho a la integridad física o psíquica, las que son puestas en peligro con el actuar de la recurrida; la igualdad ante la ley, por ser discriminatorio el actuar de la recurrida toda vez que respecto a otras personas se les califica mediante procedimientos racionales y justos; y la protección de la salud, ya que al negar a la recurrente la pensión de invalidez, se le priva de los recursos para tratar todos sus padecimientos.— Pide que se acoja el recurso, dejando sin efecto la resolución N° C.M.C 11722/2022, y ordenando que se conceda a la recurrente la pensión de invalidez o que se retrotraiga el procedimiento administrativo a la etapa de revisión de su situación de salud y antecedentes médicos, ordenando la realización de exámenes por Inter consultores acreditados ante la Comisión Médica Central, con costas.— A folio 14 informa por recurridos la Dra. nombre reservado en calidad de PRESIDENTA de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL aclarando, primeramente que dicho organismo conoce de manera colegiada los casos que evalúa, y lo hace solo con tres médicos designados para tales efectos en conformidad a la ley, y tanto las Comisiones Médicas Regionales como la Central carecen personalidad jurídica y son supervigiladas por la Superintendencia de Pensiones, que no las representa, ni de la cual dependen, gozando estas Comisiones de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración. Por ello, la representación judicial de las Comisiones Médicas Regionales y de esta Comisión Médica Central corresponde al Consejo de Defensa del Estado, debiendo haberse intentado en contra del Fisco y no en contra de las entidades recurridas, ya que, como se señaló anteriormente, la Superintendencia de Pensiones no tiene atribuciones ni puede intervenir en el proceso de calificación de invalidez y tanto la Comisión Médica Regional como esta Comisión Medica Central carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios.— Alega, en seguida, que la situación reclamada en autos excede el ámbito del recurso de protección, el que tiene por objeto poner remedio o solución, lo más pronto posible, a situaciones de hecho que en un determinado momento son alteradas por un tercero, siempre y cuando dicho acto afecte alguna de las garantías constitucionales que el referido artículo 20 de la Constitución Política de la República señala expresamente. Por esta vía, señala, amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende el recurrente ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como es la Resolución de esta Comisión Médica Central, pues la acción deducida no es el medio idóneo, ya que no se trata de una acción de nulidad de derecho público ni un recurso de casación, y no procede para resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento.— Expone que la señora nombre reservado registra dos procesos de calificación de invalidez; el primero iniciado el 14 de agosto de 2019, y el segundo el 4 de marzo de 2022, siendo este último el que motiva la presente acción, en el cual solicitó calificación de invalidez, alegando como principal enfermedad invalidante una Discapacidad Mental. En este proceso la Comisión Médica Regional de Concepción, requirió evaluación con médico interconsultor psiquiatra, siendo evaluada la recurrente el 26 de julio de 2022, por la psiquiatra, Dra. nombre reservado, quien concluyó en su informe que la recurrente “no consigue aprender de la experiencia, la historia afectiva y laboral ha sido de inestabilidad, con quiebres afectivos y cambios de trabajo frecuentes y de escaso tiempo de duración. Progresiva rigidez e incapacidad de conductas adaptativas laborales y personales, por lo que considera configurado el impedimento por Trastorno mixto de personalidad, con menoscabo en Clase II, rango alto, porque los síntomas tienen una frecuencia constante”, con lo que concuerda la Dra. nombre reservado, Médico asignado de CMR, mediante entrevista telefónica. Recibidos los antecedentes requeridos, la Comisión Médica Regional de Concepción, en Sesión N°180, de 25 de agosto de 2022, procedió a estudiarlos, teniendo en consideración informe de IC psiquiatra, dictaminó lo siguiente: “Impedimento: TX DE PERSONALIDAD; Configurado: Si; Clase: II; Rango: Alto; Porcentaje: 34.” Con ello, señala, la Comisión Médica Regional de Concepción, mediante Dictamen N°010.4673/2022, de 25 de agosto de 2022, determinó rechazar la solicitud de invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidante provocan a la recurrente un 34% de pérdida de su capacidad de trabajo, porcentaje insuficiente para otorgar pensión de invalidez.— De este dictamen, prosigue, apeló la recurrente el 27 de septiembre de 2022, fundada en que no corresponde a la realidad, ya fundada en que si bien existe una capacidad de trabajo residual, ésta se ha visto mermada al punto de no permitirle la subsistencia, considerando su condición y su edad, haciendo además presente que, actualmente, padece de discapacidad psíquica o mental de un 60% según consta en certificado emitido por el Registro Civil, con fecha 21 de septiembre de 2022. El médico asignado de CMC, Dr. nombre reservado, tuvo en consideración evaluación por IC psiquiatra e informe de médico asignado de CMR, y en su comentario señala que impedimento por Trastorno de personalidad fue correctamente evaluado por CMR, en Clase II, rango alto, por lo que sugiere ratificar el Dictamen, ante lo cual, la Comisión Médica Central, en Sesión N° 733, de 26 de octubre de 2022, procedió a revisar los antecedentes del caso, dictaminando: “Impedimentos: TRASTORNO D EPERSONALIDAD; Parcial: 15; Ponderado: 0; Global(%): 34”. Luego, según refiere, mediante Resolución N° C.M.C. 11722/2022, de 26 de octubre de 2022, la Comisión Médica Central determinó que las enfermedades alegadas como invalidante provocan a la recurrente un 34% de pérdida de su capacidad de trabajo, por lo que rechazó el reclamo y confirmó el Dictamen Nº 010.4673/2022, de la Comisión Médica Regional de Concepción, de 25 de agosto de 2022, que declara que no procede otorgar Invalidez.— Refiere luego sobre el procedimiento médico administrativo especial que la ley establece para la evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas, para lo cual gozan de autonomía, debiendo en todo caso actuar con estricto apego a las Normas de evaluación que prescribe la normativa del D.L. N° 3.500 y sus normas reglamentarias, entre las que se contempla que el solicitante de calificación de invalidez podrá aportar los exámenes, informes médicos u otro tipo de antecedentes que desee a la Comisión Médica con el objeto de respaldar su solicitud, los que no podrán ser determinantes por sí solos, pues tanto el “Impedimento” como el “Menoscabo Laboral” son de determinación propia de las Comisiones Médicas.— Arguye que, conforme a lo expuesto, tanto el dictamen de la Comisión Médica Regional como la resolución de esta Comisión Médica Central, se encuentran debidamente motivadas, ya que luego de haberse solicitado interconsulta médica y luego de un debido razonamiento de todos los antecedentes médicos recabados, se realizó un estudio y análisis, necesarios frente a la presentación y reclamaciones realizadas por la recurrente, más allá de que lo resuelto por esta Comisión Médica Central no sea compartido por la recurrente.— En relación a los antecedentes aportados al proceso por la recurrente que indica haber sido tomados en consideración, señala que en lo referente a la Resolución Exenta N°724, de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, de 9 de abril de 2008, que contiene el Certificado de Discapacidad, señala que la Comisión Médica Central no estimó necesaria la práctica de nuevos exámenes, atendido los antecedentes e informes que obraban en el expediente, entre los cuales se encuentran los aportados por la recurrente y que fueron estudiados y analizados, todo lo cual se ajusta a la normativa, no siendo vinculante en este proceso lo resuelto en la declaración de discapacidad decretada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, ya que son dos procesos totalmente distintos, sujetos a normativas y órganos diferentes, que regulan la materia y cuya finalidad es diferente. De, mismo modo, la Ley N°20.422 establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, lo que es totalmente distinto y no guarda relación alguna con la finalidad de la pensión de invalidez común, reglada en el D.L. N° 3.500.— Refuta luego la imputación que hace la relativa al incumplimiento de la exigencia fundamentación de la resolución impugnada, señalando que, luego de haberse tramitado legalmente el proceso de evaluación, el fundamento de la resolución se encuentra en el acta de Sesión respectiva, de la cual se envió copia a la señora nombre reservado.— Descarta también la señalada arbitrariedad en el proceder de la Comisión recurrida, toda vez que la resolución impugnada ha sido el resultado de un procedimiento legal, técnico científico, debidamente razonado a la luz de los resultados de las pericias médicas y exámenes complementarios y de lo previsto para cada impedimento por las Normas de Evaluación, y las evaluaciones fueron analizadas dentro de las atribuciones conferidas por el legislador a la referida Comisión, tanto en la resolución original como en la que resuelve el reclamo en su contra.— Se trajeron los autos en relación.— CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.— Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.— 2°.- Que, en síntesis, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, la recurrente hace consistir la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada en el rechazo de su solicitud de pensión de invalidez, toda vez que, atendiendo a antecedentes presentados por ella al proceso de calificación, se encuentran certificados (de Discapacidad emitido por el Registro Civil con fecha 21 de septiembre de 2022; y la Resolución Exenta N°724 de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, de 09 de Abril de 2008, que contiene el Certificado de Discapacidad, emitido por la Subcomisión Norte de la Región Metropolitana de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN-), los cuales acreditaban el padecimiento de diversos trastornos mentales que consignan el porcentaje grado de discapacidad de la señora nombre reservado de un 60%, que contradicen lo resuelto por la Comisión recurrida, que sólo asignó por este concepto un 34%.— 3º.- Por su parte, la recurrida sostiene: que carece de legitimación pasiva; que la discusión a que da lugar el reclamo de la recurrente no es materia de recurso de protección sino de una acción de lato conocimiento; y que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su proceder. Esto último lo justifica en que, conforme a un procedimiento de análisis y evaluación de los antecedentes llevado a cabo en conformidad a la ley, resolvió fundadamente su solicitud conforme a los criterios técnico y científico, debidamente razonado a la luz de los resultados de las pericias médicas y exámenes realizados, de entre los cuales se encuentran los antecedentes aportados por la solicitante, destacando que la falta de correlato entre la evaluación de la discapacidad hecha por la Comisión recurrida con las practicadas, por una parte, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en 2008, y por otra por el Registro Civil en 2022, se explica porque se trata de procesos totalmente distintos, sujetos a normativas y órganos diferentes, que regulan la materia y cuya finalidades diferentes, que no guardan relación alguna con la finalidad de la pensión de invalidez común, reglada en el D.L. N° 3.500, y sosteniendo que en dicho procedimiento no se ordenó practicar nuevos exámenes médicos a la recurrente por no haber sido considerado necesarios, en atención a los antecedentes que obraban en el expediente.— 4º.- Que, en lo que respecta al marco normativo atingente a la discusión del caso, ha de tenerse en cuenta que el art. 4 del DL 3.500 de 13 de noviembre de 1980 dispone que “Tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta ley que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente: a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo, de al menos, dos tercios, y b) Pensión de invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios.— Las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, lo negará, según corresponda. Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único”.— Por su parte, el Artículo 11 del mismo DL señala que “La invalidez a que se refiere el artículo 4° y la de las personas señaladas en el artículo 7° y en la letra c) del artículo 8° será calificada, en conformidad a las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones", según lo señale el reglamento respectivo, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, en la forma que establezca el reglamento de esta ley(…)”. En el inc.º 5, letra (c) del mismo artículo, se dispone que “La Comisión Médica Central estudiará los antecedentes que le sean enviados y podrá disponer que se practiquen al afiliado nuevos exámenes o análisis, para lo cual oficiará a la Comisión Regional. Los nuevos exámenes o análisis deberán practicarse en un plazo no superior a sesenta días(…).— De esta regla se desprende que es facultativo para la Comisión el requerimiento de nuevos exámenes al afiliado, y no imperativo ni circunstanciado.— El Reglamento del DL 3.500 (el Decreto Nº. 57 de 28 de marzo de 1991) se desprende que también es facultativo el aporte de exámenes a la Comisión por parte del afiliado, los que sólo pueden ser tenidos como complementarios en la evaluación, al disponer en su art. 22 inc. 2º que “El solicitante de calificación de invalidez podrá aportar los exámenes, informes médicos u otro tipo de antecedentes que desee a la Comisión Médica con el objeto de respaldar su solicitud, los que podrán ser entregados en la Administradora o en el Instituto de Previsión Social, según corresponda, conjuntamente con la presentación de la solicitud. En ningún caso la Administradora o el Instituto de Previsión Social podrán negar la solicitud, porque el interesado no aporta los antecedentes antes señalados. No obstante lo anterior, el interesado podrá aportar mayores antecedentes a la Comisión Médica cuando sea citado.” El inc. 3º agrega que “Estos antecedentes no podrán ser determinantes por sí solos en la calificación de la invalidez del solicitante y formarán parte del expediente respectivo.”— En cuanto a lo que respecta a la Comisión Central y sus atribuciones en el procedimiento de reclamo, señala el art. 41 letra (b) del mismo Reglamento que “Previa lectura a viva voz del reclamo y una vez oído el informe del médico relator, el informe del abogado de la Superintendencia de Seguridad Social y del miembro designado para el estudio de los antecedentes, según el caso, el Presidente abrirá debate, al término del cual la Comisión deberá fallar el reclamo o podrá acordar que se practiquen exámenes o análisis al interesado, y deberá requerir antecedentes e informes a los respectivos organismos administradores de la Ley N° 16.744, o al empleador, según corresponda”, contemplando también el carácter facultativo de prerrogativa de requerir la práctica de nuevos exámenes o análisis.— 5º.- Cabe primeramente referirse a la alegación de falta de legitimación pasiva de la recurrida, que basa en la circunstancia de carecer las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central de personalidad jurídica, de modo que su representación judicial corresponde al Consejo de Defensa del Estado.— A este respecto, habiendo sido el recurso presentado en contra de las personas naturales singularizadas en el libelo y en lo expositivo de este fallo, aun cuando la resolución emana solamente de tres médicos designados, se hace en el libelo expresa mención de que se recurre en contra de ellos en su calidad de miembros de la Comisión Médica Central, por lo que la alegación de falta de legitimación pasiva será desechada, sin perjuicio de las consideraciones que siguen.— 6º.- Corresponde ahora detenerse en el análisis de la alegación de la recurrida en torno a no ser el objeto de la discusión del presente arbitrio materia propia de su naturaleza cautelar y de urgencia, que supone la existencia de un derecho indubitado, toda vez que el presente caso requiere de una discusión a desarrollarse en un juicio de lato conocimiento, seguido en un procedimiento declarativo de derechos.— A este respecto, y en vista de que lo solicitado por el recurrente en su libelo consiste en que esta Corte “decrete que los recurridos han actuado en forma ilegal y arbitraria al no conceder a la Señora nombre reservado la pensión de invalidez, vulnerando, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de la garantía constitucional del numeral 1, 2 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, declarando admisible la presente acción de protección y en definitiva acogerla, dejando sin efecto la resolución N° C.M.C 11722/2022, ordenando que se me conceda la pensión de invalidez o que se retrotraiga el procedimiento administrativo a la etapa de revisión de mi situación de salud y antecedentes médicos, ordenando la realización de exámenes por Inter consultores acreditados ante la Comisión Médica Central” resulta claro que no existe en la especie un derecho indubitado, toda vez que la pretensión de la recurrente es controvertida por la Comisión recurrida, lo que requiere, para su resolución, del estudios y análisis propio de una discusión de lato conocimiento, dotado del tecnicismo y especialidad propios del asunto discutido, en que las partes puedan hacer efectivas sus alegaciones y aportar las probanzas que fueren procedentes, todo lo cual que no es propio de la naturaleza cautelar y urgente del arbitrio de protección constitucional, siendo demostrativo de ello el hecho de que la actora apunta su cuestionamiento al porcentaje de invalidez que se le ha atribuido, por ser diverso del que ella estima ser el correcto, todo lo cual se traduce en una evaluación de mérito técnico del procedimiento aplicado por profesionales de la salud.— Luego conforme se viene razonando, y conforme ha sido ya resuelto , resulta improcedente esta acción cautelar para el adecuado debate del asunto planteado que resulta ser incompatible con la rapidez y falta de formalismo propia de esta acción, no pudiendo ésta constituir un sustituto procesal de un juicio de lato conocimiento, motivo por el que el presente recurso será rechazado, según se resolverá.— 7º.- Sin perjuicio de lo antes dicho, cabe dejar consignado que esta Corte tampoco advierte vicios de ilegalidad que reprochar al actuar de la Comisión recurrida, toda vez que en mérito de los antecedentes ventilados en autos fluye que la recurrente presentó una solicitud de pensión de invalidez el 4 de marzo de 2022, con motivo de la cual la Comisión Médica Regional de Concepción requirió su evaluación con un médico interconsultor psiquiatra, la Dra. Dra. nombre reservado, cuyo informe agregado en folio 14, que fundamenta el rechazo de la solicitud en Dictamen de 25 de agosto de 2022, consignándose ahí un menoscabo de la recurrente de un 34%, inferior a lo requerido por ley para tal efecto, criterio que fue luego corroborado por posteriores informes médicos, tanto por la Dra. nombre reservado y luego por el Dr. nombre reservado, quienes, con motivo de apelación de la recurrente, y teniendo a la vista al menos el antecedente más reciente aportado por ella, la evaluación del Registro Civil del año 2022 según se consigna, concordaron con la configuración propuesta por la Dra. nombre reservado, con lo cual la evaluación y calificación de la invalidez fue realizada por la Comisión Médica Regional de Concepción, la que, mediante Dictamen N° 010.4673/202 de 25 de agosto de 2022, rechazó dicha solicitud, criterio que, a la postre, fue confirmado por la Comisión Médica Central que conoció del reclamo de la actora.— Así las cosas, deriva de lo antes dicho que la Comisión recurrida ha llevado a cabo un procedimiento que se ajusta a la ley, no siéndole reprochable la circunstancia de no haber requerido nuevos exámenes, cuestión que, como ha quedado dicho, es legalmente facultativo para ella.— No se vislumbra tampoco arbitrariedad o capricho en el procedimiento cuestionado por la recurrente, el que por el contrario, demuestra ceñirse a los parámetros técnicos, basado en criterio de profesionales facultativos, siendo el informe original, al menos, emitido por especialista del área de la psiquiatría, en cuyos informes se hace descripción detallada de trastorno de que dan cuenta, tal como la ha resuelto la Exma. Corte Suprema en casos análogos al de autos .— Finalmente, esta Corte considera sensata la afirmación de la Comisión recurrida en relación a que los antecedentes acompañados por la contraria carecían de la fuerza y mérito para contrarrestar los antecedentes para resolver la apelación, toda vez que resulta razonable concebir que el examen de la condición de una persona tenga diversas perspectivas y caracterizaciones, en atención a las distintas finalidades y funciones que puede revestir a una atribución de discapacidad en el ordenamiento jurídico, tal como aquella que se efectúa a propósito de la Ley N°20.422, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, como aquella otra relativa a la pensión de invalidez de una persona conforme las reglas del sistema de seguridad social, en particular, del DL 3.500. Asimismo, el antecedente de la Resolución Exenta N°724, de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, que contiene el Certificado de Discapacidad de la recurrente es de fecha de 9 de abril de 2008, no resultando atendible el reproche de no haberle atribuido valor de convicción, dada su pretérita data, y por lo tanto, y considerando además que la normativa antes referida que estos antecedentes no puede ser determinantes por sí solos.— En conclusión, solo cabe descartar la existencia de un vicio de ilegalidad o de arbitrariedad, pues la decisión se mantuvo ajustada al proceder legalmente determinado y sujeta a criterios técnicos de valoración.— 8º.- Que conforme a las reflexiones anteriores, la acción de protección intentada debe ser desestimada, desde que la situación particular descrita por quien recurre, no da cuenta de un actuar arbitrario o ilegal de las personas recurridas, con lo que se hace innecesario pronunciarse acerca de las garantías constitucionales que se claman como vulneradas.— Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de falta de legitimación pasiva opuesta por la recurrida, II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección presentado por doña nombre reservado, en contra de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado Y; nombre reservado, en la calidad de miembros de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL.— Regístrese y archívese en su oportunidad.— Redacción del abogado integrante Sergio Gabriel Galaz Ramírez, quien no firma por no contar con token activo o vigente para firmar,ello por cuanto no fue designado abogado integrante este año ante esta Corte de Apelaciones.

Rol N° 126.511-2022 Protección.— � Así, en casos análogos al de autos:

I. Corte de Apelaciones de Iquique sostiene en autos Rol N° 332-2018 Prot.“SEGUNDO: Que la pretensión del actor consiste en que se dejen sin efecto las resoluciones C.M.C. 3210/2017, de 7 de abril de 2017 y C.M.C. 7202/2018, de 4 de julio de 2018, ambas dictadas por la Comisión Médica Central que confirmaron lo resuelto en el sentido que las enfermedades padecidas por el recurrente no alcanzan a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el 50%.— TERCERO: Que en lo referente a la declaración que persigue el recurrente excede el ámbito de esta acción cautelar, pues constituye una cuestión de derecho que no puede ser dilucidada en un recurso de protección, ya que esta acción constitucional fundamentalmente se encuentra destinada a resolver situaciones de hecho cuya tramitación debe ser breve y sumaria, no admitiendo mayores probanzas y opera sobre la base en que el derecho no se haya discutido por los contendientes, que es justamente la situación que se presenta en el caso sublite, motivo por el cual está vedado, por esta vía, obtener la declaración de un derecho que se encuentra discutido.—CUARTO: Que a mayor abundamiento, resulta improcedente esta acción cautelar pues la naturaleza de la cuestiones debatidas exigen un proceso controversial que permita una prueba adecuada que resulta ser incompatible con la rapidez y falta de formalismo propia de esta acción, no pudiendo ésta constituir un sustituto procesal de un juicio de lato conocimiento que permita determinar la procedencia actual de declarar la invalidez del actor de protección, porque estaría afectado por padecimientos físicos que le provocan invalidez superior a la detectada en el 2016”.— I. Corte de Apelaciones de Talca en autos Rol 2845-2021/ Protección: “Octavo: Que, en cuanto dice relación con el cuestionamiento a la actuación de la Comisión Médica Central, del tenor del recurso se concluye que la actora hizo uso de las instancias administrativas establecidas en la normativa atingente, lo que queda en evidencia desde que el objeto del mismo es impugnar lo resuelto en resoluciones recaídas en un recurso de reposición administrativo y en un recurso de revisión extraordinario, dictadas por aquella. Ello obsta aceptar una vulneración de derechos puesto que, precisamente, la recurrente pudo hacer y, efectivamente hizo uso, de los mecanismos administrativos que la legislación le otorga para lograr la revisión de su situación.— Noveno: Que, por otra parte, es presupuesto de procedencia del recurso protección, la existencia de un derecho indubitado, cuestión que no se da en la especie puesto que la pretensión de la recurrente es controvertida por la Comisión recurrida. Por demás, tal controversia se funda en antecedentes, estudios y análisis que no es dable en esta sede revisar, tanto porque excede del ámbito cautelar, cuanto porque es materia de especialidades médicas ajenas a la competencia de este tribunal, pues corresponden a discusiones de fondo propias de acciones diferentes a la presente. Baste para concluirlo que la actora centra su acción en el cuestionamiento al porcentaje de invalidez que le afectaría como producto de las dolencias que la afectan, lo que conduciría a una evaluación profesional de lo actuado, siendo ello improcedente en esta sede jurisdiccional.— Décimo: Que, así, resulta claro que la finalidad de la acción que nos ocupa se aparta de los objetivos que son propios de una acción cautelar, pues ésta no fue concebida como una instancia declarativa de derechos, sino de protección pronta y eficaz de aquellos existentes e incuestionables - de entre aquellos enumerados en el Art. 20 de la Carta Fundamental - que hubieren sido violentados por hechos manifiestos y vulneratorios, situación que en el caso, como se ha dicho, no se divisa.— Undécimo: Que, de consiguiente, tratándose de derechos no solo controvertidos, sino claramente negados por los organismos administrativos recurridos y, tratándose de materias propias de especialidades médicas resueltas por profesionales competentes, resulta del todo imposible acceder a lo pedido por la actora. A mayor abundamiento, como ya fue esbozado, ha de reiterarse que la naturaleza del asunto debatido haría necesario un procedimiento controversial que otorgue a las partes la opción de acreditar sus asertos y rendir prueba, lo que es incompatible con las características propias de la acción de protección.— I. Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol N° 3119-2016: “CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la recurrente pretende, mediante esta gestión de urgencia, sin que exista un término probatorio al efecto, cambiar los hechos sustento de la resolución recurrida,-que no fue por lo demás aquella que la privó de la pensión que pretendía, sino que la resolución N° C.M.C. 4651/2015 de fecha 8 de septiembre de 2015, dictada por la Comisión Médica Central, contra la cual no se recurrió- lo que resulta improcedente, máxime si se trata de circunstancias fácticas que requieren de conocimientos especiales para su establecimiento, de manera que el presente recurso también será rechazado en cuanto al fondo, por sustentarse en hechos no indubitados.— I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 146685-2022: “Tercero: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que lo solicitado sobrepasa la naturaleza cautelar del presente arbitrio, en cuanto pide un pronunciamiento declarativo sobre circunstancias y derechos discutidos, los que deben ser determinados en un procedimiento de lato conocimiento, fundamentalmente mediante pericias, ajeno a esta sede cautelar.—Cuarto: Que, sin perjuicio de lo anterior, la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, dentro del procedimiento establecido en la ley y con mérito para ello, puesto que se fundó en informes médicos evacuados por especialistas, de manera que no cabe calificarla de ilegal, puesto que reúne los requisitos de validez establecidos en el inciso primero del artículo 7° de la Constitución, que dispone que “los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”.— Quinto: Que, además, tampoco resulta posible calificar de arbitraria la referida resolución, ya que, si bien aquella no consigna los motivos de la decisión, aquellos aparecen consignados en la Sesión N° 146 de fecha 13/07/2022, cuya copia fue entregada a la actora, siguiéndose aquel procedimiento por cuanto se trata de datos personales y sensibles y, por tanto, reservados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° letras f) y g) y 4° inciso primero, de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada”.— I. Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol Nº 131819-2023:“Tercero: Que el actor solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta CMC 9158/22, de 24 de agosto de 2022, dictada por la Comisión Médica Nacional, que determinó que la invalidez que le afecta es parcial y transitoria y que, en su lugar, se ordene a la autoridad recurrida emitir una nueva resolución que califique su invalidez de total, definitiva y que su incapacidad para trabajar supera el setenta y cinco por ciento.—Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que lo solicitado sobrepasa la naturaleza cautelar del presente arbitrio, en cuanto pide un pronunciamiento declarativo sobre circunstancias y derechos discutidos, los que deben ser determinados en un procedimiento de lato conocimiento, fundamentalmente mediante pericias, ajeno a esta sede cautelar”.—

� Corte Suprema, Rol N° 9440-2019: Sexto: Que la decisión del presente asunto pasa por determinar si, efectivamente, puede establecerse que la Comisión Médica Regional de Puerto Montt y la Comisión Médica Central, al negar la invalidez solicitada por la recurrente, incurrieron en un acto arbitrario e ilegal.— Para apreciar este punto es necesario considerar que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, es la Comisión Médica Regional respectiva la que debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales para determinar la procedencia de una pensión de invalidez.— Estas Comisiones Médicas, de conformidad a lo previsto en el artículo 11 del referido Decreto Ley en concordancia con lo dispuesto en los artículos 18 a 36 bis del Decreto N° 57 de 1990 que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N°3.500, tienen su funcionamiento en cada Región del país y, en cuanto a la forma en que operan, se debe indicar que una vez recibida una petición fundada de invalidez, proceden a la designación de un médico cirujano a fin de que asesore el proceso de evaluación y calificación de invalidez, pudiendo adicionalmente requerir al afiliado la realización de exámenes médicos.— Luego, sobre la base de dichos antecedentes y tomando en consideración los criterios establecidos en las “Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional”, estas Comisiones proceden a emitir sus dictámenes en que califican el grado de invalidez del afiliado, siendo dichos dictámenes reclamables para ante la Comisión Médica Central.— Resulta relevante indicar que la Comisión Médica Regional deberá proceder al rechazo de la invalidez en aquellos casos en que el afiliado no presente el requisito de pérdida de a lo menos el 50% de su capacidad de trabajo. Séptimo: Que en consideración a lo antes expuesto, aparece que la determinación de la invalidez de los afiliados viene dada por la tramitación de un procedimiento en que se recaban antecedentes a fin de emitir un pronunciamiento que encuentre su fundamento en los mismos.— Octavo: Que conforme los hechos asentados en el motivo quinto precedente, los dictámenes tanto de la Comisión Médica Regional de Puerto Montt como de la Comisión Médica Central son fruto de la recopilación de antecedentes que realizó la primera. Luego, es sobre dichos antecedentes y por medio de una apreciación técnica que se adoptó la decisión de negar la invalidez solicitada, al constatarse que la misma no alcanza el 50% de la capacidad de trabajo.— Lo anterior descarta la existencia de un vicio de ilegalidad o de arbitrariedad, pues la decisión se mantuvo ajustada al proceder legalmente determinado y sujeta al mérito de los antecedentes médicos recabados”.— Corte Suprema, Rol Nº 13020-2018: “Cuarto: Que el artículo 18 del Decreto Supremo N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del Decreto Ley N° 3.500, otorga a las Comisiones Médicas, en cuanto organismos técnicos, la competencia exclusiva para evaluar el grado de menoscabo laboral que pueda padecer un trabajador, el cual debe ser calificado conforme a la normativa antes mencionada y a la luz de los conocimientos especiales de dichos organismos.—Quinto: Que, en el caso sub iudice es posible concluir, por una parte, que la tramitación de la solicitud presentada por el recurrente se ha llevado adelante con estricto apego a los procedimientos establecidos tanto en la ley como en los reglamentos pertinentes, y, por la otra, que la Comisión Médica Central ha arribado a una conclusión razonada, carente de ilegalidad o arbitrariedad, y que se encuentra apoyada en fundamentos propios de su ciencia o arte. En tal virtud, no ha existido el comportamiento antijurídico invocado por la recurrente como sustento de su arbitrio, por lo que la presente acción cautelar no podrá prosperar”.— Corte Suprema, Rol Nº 31.511-2018: “8°) Que, en consideración a lo antes expuesto, aparece que la determinación de la invalidez de los afiliados, viene dada por la tramitación de un procedimiento en que se recaban antecedentes a fin de emitir un pronunciamiento que encuentra su fundamento en los mismos.— Por consiguiente, la ilegalidad se producirá en aquellos casos en que el procedimiento para el establecimiento de la invalidez no ha sido observado. Por su parte, la arbitrariedad concurrirá en cuanto la decisión se encuentre sustentada en el mero capricho de los miembros de la Comisión, sin atender a los parámetros legales, normativos y técnicos que se han fijado para dichos efectos.— 9°) Que, del análisis de los Dictámenes N° 002.1036/2016 y N° 002.608/2018, desde la perspectiva formal, no se ha infringido norma alguna en la integración de la Comisión Médica Regional de Iquique, pues el legislador exige la presencia de tres médicos cirujanos, número que fue satisfecho en cada sesión.— Ahora bien, en lo sustantivo, los dictámenes mencionados son fruto de la recopilación de antecedentes que fue realizada por la Comisión Médica Regional de Iquique. Luego, es sobre dichos antecedentes y por medio de una apreciación técnica adopta la decisión de negar la invalidez que fue solicitada, al constatarse que la misma no alcanza el 50% de la capacidad de trabajo.— Lo anterior descarta la existencia de un vicio de ilegalidad o de arbitrariedad, pues la decisión se mantuvo ajustada al proceder legalmente determinado y sujeta a criterios técnicos de valoración”.—