nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S A

C.A. de Concepción Concepción, trece de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Compareció en este proceso Rol N° 126.510-2022 del Libro Protección de esta Corte, la abogada Jessica Lorena Aguilera Tapia, e interpuso en su favor recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, también en adelante “AFP Modelo”, por lo que la recurrente califica como acto arbitrario e ilegal, consistente en no dar una explicación coherente al requerimiento presentado por ella respecto a qué pasó con sus fondos de pensiones del año 2020, cuyas cotizaciones habrían sido pagadas por ella.

Señala, en síntesis, que con fecha 10 de noviembre de 2022, la AFP MODELO, más allá del plazo que tiene para dar respuesta a los requerimientos de los afiliados, le remitió un correo electrónico en respuesta a su solicitud de consulta N°1976735, en donde expresa lo que transcribe en su recurso.

Explica que es trabajadora voluntaria obligada a cotizar conforme a lo establecido en la Ley de Honorarios N°21.133 publicada en febrero de 2019. Dice que lo anterior, significa que la única forma de cotizar en el sistema de AFP es a través de su declaración de renta en el mes de abril de cada año, período durante el cual el Servicio de Impuestos Internos realiza la distribución de sus Pagos Provisionales Mensuales (PPM) retenidos durante el año comercial anterior, para así pagar una serie de ítems en seguridad social, entre ellos, pensiones de AFP, generándose luego el respectivo “Comprobante de Pago de Cotizaciones” que emite cada año el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Aclara que, tal como lo establece la ley de honorarios y lo que se expresa en el propio certificado de Comprobante de Pago de Cotizaciones, en materia de AFP la cotización se abona en la cuenta individual del afiliado entre enero y diciembre del año anterior a la operación renta. Así, por ejemplo, el año 2022 realizó su declaración renta, generándose el respectivo Comprobante de Pago de Cotizaciones, documento respecto del cual se extrae que tuvo una renta imponible de $1.554.992, un cálculo de la cotización en su AFP Modelo por la suma de $857.423, pagándose con sus retenciones la cantidad de $856.849, y generándose una deuda previsional de $574.

Dice que conforme al Certificado Cotizaciones de AFP Modelo, es posible extraer que efectivamente dicha AFP realizó el prorrateo en los 12 meses del año 2021, quedando pendiente sólo una deuda de $574 y que, recién el 29 de noviembre del año recién pasado, la AFP le comunicó por correo que debía “cancelar” (sic) a través de PREVIRED.

Agrega que recurre de protección en contra de AFP Modelo, por cuanto, como ya ha dicho, el 10 de noviembre de 2022 la recurrida respondió tardíamente a su requerimiento N°1976735, la cual consistió en una consulta dirigida mediante correo electrónico a una ejecutiva de la AFP, efectuada el 12 de octubre del 2022, bajo el tenor que reproduce en su recurso.

Expresa que en el año 2021 realizó su declaración de renta, generándose el respectivo Comprobante de Pago de Cotizaciones que emite el SII, en donde se extrae que tuvo una renta imponible de $ $632.874, determinándose el cálculo de la cotización en su AFP Modelo por la suma de $267.137. Explica que dicho monto no se pudo pagar con sus retenciones, porque no alcanzó a cubrir, generándose por tanto una deuda previsional de $267.137. Luego, esta misma deuda la AFP Modelo se la informa por correo electrónico con fecha 18 de mayo del año recién pasado, la cual tenía que pagar a través de PREVIRED.

Dice que cabe destacar que dicha deuda por cotizaciones del período enero-diciembre del año 2020 la pagó el 19 de mayo de 2022. Sin embargo, dichas cotizaciones que deben ser prorrateadas durante el año 2020, la recurrida AFP Modelo no la refleja en su certificado de cotizaciones previsionales, correspondiente al período comprendido “entre 12/2019 y 12/2022”.

Manifiesta que justamente ésta fue la consulta efectuada a la AFP Modelo, para saber qué pasó con la deuda de cotización del año 2020 que pagó, tal como ellos mismos le indicaron que lo hiciera, esto es, a través de PREVIRED, “pero burocráticamente me indican en correo electrónico del 10 de noviembre de 2022 que esto lo debo consultar al SII”.

Argumenta que, por último, habiéndose llamado a los call center del SII y PREVIRED, estas instituciones no supieron dar respuesta respecto del destino del pago de la deuda previsional del año 2020.

Señala que atendido a los antecedentes expuestos, es que recurre de protección, por cuanto considera arbitrario e ilegal que la AFP MODELO no sepa dar respuesta a qué pasó con los fondos de pensión del año 2020, que fueron debidamente pagados por la recurrente, según instrucciones impartidas por la misma recurrida.

Afirma que el acto es ilegal y arbitrario por cuanto el pago fue acreditado, pero la AFP no supo dar una respuesta fundada respecto de dónde está dicho dinero.

Indica, finalmente, que la AFP Modelo ha transgredido la garantía constitucional protegida en el N°24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales o derechos, pues la recurrida ha procedido a informar en correo electrónico de 10 de noviembre de 2022 que respecto de los fondos previsionales del año 2020 que pagó a través de PREVIRED, lo debe consultar al SII, lo cual es erróneo, porque es la AFP la entidad responsable de administrar dichos fondos de pensiones, que fueron debidamente pagados y que son de su propiedad.

Concluye solicitando que se acoja este recurso y se adopten todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio de sus derechos, ordenándose a la AFP que refleje el pago de dichos fondos de pensiones, en certificado de cotizaciones del año 2020, todo ello con expresa condenación en costas.

Informó Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, quien solicitó el rechazo del recurso por las razones que desarrolla en su recurso.

Señala, en síntesis, que es efectivo que Jessica Lorena Aguilera Tapia es trabajadora independiente y que cotiza en virtud de la Ley N°21.133.

Asimismo, dice que también es efectivo que la recurrente aparecía con dos deudas previsionales, una de $267.137.- correspondiente a una deuda del año 2021 y otra de $574.- correspondiente a una deuda del año 2022.

Respecto de la deuda de $267.137.- es efectivo que la recurrida pagó mediante PREVIRED, lo que queda demostrado con la planilla de pago que inserta en su informe. Agrega que respecto de la deuda de $574.- correspondiente al proceso Renta 2022, que comprende los periodos de enero 2021 a diciembre 2021, la recurrente fue informada por el SII de la deuda $574, correspondiente a dicho proceso. Muestra el formato de correo electrónico que habría recibido la recurrente, el cual inserta en su informe. Luego transcribe en este último diferentes disposiciones legales con el fin de demostrar el correcto proceder de la recurrida.

Afirma que por lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto, su representada ha actuado conforme a derecho, no existiendo ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de las garantías constitucionales de la recurrente, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Informó el Servicio de Impuestos Internos, señalando, en lo medular, que el régimen de cotizaciones previsionales de trabajadores independientes establecido en los artículos 89 y siguientes del D.L. N° 3.500 de 1980, dispone que el cálculo de cotizaciones se efectúa anualmente, junto con la Declaración de nombre reservado a la Renta (Formulario 22), en el periodo legal para presentar dicha declaración. Agrega que respecto al pago, cabe informar que éste los realiza la Tesorería General de la República a las instituciones de previsión, por concepto de salud, AFP y otras, y se puede acceder al detalle de estos mediante la obtención de un Certificado de Movimientos, el cual podrá obtener a través del sitio web de la Tesorería General de la República.

Asimismo, dice que consta en los sistemas de información del Servicio informante que Jessica Lorena Aguilera Tapia presentó su Formulario 22 del año tributario 2022 el 11 de abril de 2022, consignando información en el código 900 en la glosa “cargo cot. Prev. A89 y sgtes. DL 3500/80”.

Informó el Director Regional Tesorero Región del Biobío, señalando, en síntesis, que dando cumplimiento a lo solicitado, se adjunta Minuta N°1467 de la Jefa Sección Operaciones de Tesorería Regional Concepción, en que informa sobre lo solicitado por esta Corte, acompañando documentos de respaldo según se aprecia de correo enviado al efecto. Se revisó el sistema de materialización, el cual indica que con fecha 28 de mayo de 2020 se depositó un monto de $401.239.- a la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A. adjuntando el detalle que transcribe el informe.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°) Que los actos que el recurrente estima ilegales y arbitrarios consisten en que ésta es trabajadora independiente y que cotiza en virtud de la Ley N°21.133. Indica que el 12 de octubre de 2022 se contactó por correo electrónico con la recurrida, debido a una deuda previsional que aparecía en sus cotizaciones previsionales por un monto neto de $267.137, no obstante que, según la recurrente, el 20 de mayo de 2022 dejó “regularizada” esta situación, habiendo pagado a través de PREVIRED. Sin perjuicio de lo anterior, la actora indica que en su comprobante de cotizaciones correspondiente a la Operación Renta 2022 consta una deuda previsional de $574 por el año 2021, y en el comprobante de pago de cotizaciones Operación Renta 2021 consta la deuda previsional de $267.137 por el año 2020. Señaló la recurrente que se contactó con AFP Modelo a fin de consultar por qué aparecen dichas deudas, a lo que la recurrida la habría instruido a dirigirse al Servicio de Impuestos Internos, respuesta que considera arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, sin darse mayores razones en el recurso para este aserto;

3°) Que el abogado de la recurrida señaló, en lo que interesa a la decisión de este recurso, que es efectivo que la actora es trabajadora independiente y que cotiza en virtud de la Ley N°21.133, y que también es cierto que la recurrente aparecía con dos deudas previsionales, una de $267.137.- correspondiente a una deuda del año 2021 y otra de $574.- correspondiente a una deuda del año 2022.

Precisa la recurrida en su informe que respecto de la deuda de $267.137.- es efectivo que ella se pagó mediante PREVIRED, lo que queda demostrado con la planilla de pago que inserta en su informe.

En relación a la deuda de $574.- correspondiente al proceso Renta 2022, que comprende los periodos de enero 2021 a diciembre 2021, la recurrente fue informada por el SII de dicha deuda, correspondiente al proceso Renta año 2022, que comprende los periodos de enero de 2021 a diciembre 2021;

4°) Que informó, por orden de esta Corte, Tesorería General de la República señalando, en lo concreto, que se revisó el sistema de materialización, el cual indica que con fecha 28 de mayo de 2020 se depositó un monto de $401.239.- a la Administradora De Fondos De Pensiones Modelo S.A. Se adjuntó el siguiente detalle que transcribe en su informe: Monto Pagado Cotización 10% $202.953; Monto Pagado SIS $182.658; Monto Pagado Comisión $ 15.628; Monto total pagado $401.239.- El informante adjuntó Certificado de Pago de Cotizaciones Año Tributario 2020, y Comprobante de egreso;

5°) Que debe tenerse que, como ya se dijo, la recurrente solicitó en el petitorio de su recurso, que se acoja este recurso y se adopten todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio de sus derechos, “ordenándose a la AFP que refleje el pago de dichos fondos de pensiones, en certificado de cotizaciones del año 2020”.

Lo requerido por la recurrente fue cumplido por la recurrida, quien informó circunstanciadamente respecto de los pagos efectuados por la actora, lo que se ve reflejado también en los informes del Servicio de Impuestos Internos y de Tesorería General de la República;

6°) Que sabido es que para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que en la especie no concurre, por cuanto éste carece de objeto, ya que al desaparecer el supuesto agravio, por lo dicho en el fundamento precedente, perdió oportunidad o actualidad jurídica el presente recurso, no existiendo medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

Cabe dejar establecido que luego del informe de la recurrida, no existen presentaciones de parte de la recurrente en los que pudiera haber controvertido lo afirmado por la recurrida.

En consecuencia, el presente recurso de protección no puede prosperar, resultando innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se mencionan como conculcadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en su favor por la abogada Jessica Lorena Aguilera Tapia, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese en la forma que corresponda y archívese virtualmente en su oportunidad.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

No firma la ministra señora Vivian Toloza Fernández, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Rol N°126.510-2022. Protección.