nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Concepción, treinta de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Que en abril pasado se presentó Chiler nombre reservado, de nacionalidad haitiana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el hecho de haber decretado una orden de abandono en su contra, vulnerando el artículo 19 número 7 letra a) de la Constitución Política de la República. Sostiene que ingresó al país en el mes de diciembre del año 2017 y obtuvo su correspondiente residencia temporaria en el año 2018, la que renovó con contrato de trabajo en diciembre de 2020; luego, indica, en febrero de 2022 requirió la residencia definitiva, en que un año después, le llega un correo - octubre de 2023 - que le indicaba que debía pagar los derechos y acompañar certificado de antecedentes de su país de origen. Añade que pagó los derechos, pero no pudo obtener su certificado debido a la crisis que atraviesa su país Haití, lo que genera que las instituciones no funcionen de la mejor manera; por lo que en reemplazo de dicho certificado, acompañó una constancia de la Embajada en la cual consta que está efectuando el trámite de obtención del certificado de antecedentes, al que acompañó una carta explicativa de los motivos por los cuales no podía presentar el referido certificado. No obstante ello, destaca, con fecha 4 de abril del presente año, se rechazó su residencia definitiva y se dispuso su abandono del país.

Afirma que esta situación es injusta porque lleva 7 años en Chile, ha hecho su vida acá y pretende traer a su hijo de 6 años a vivir con él, ofreciéndole mejores condiciones de vida.

Sostiene que la recurrida ha incumplido normas relativas a los derechos de los trabajadores migrantes y de los derechos humanitarios de la forma que explica.

Pide se tenga presente que su hogar está en Chile, por lo tanto se deje sin efecto la resolución que dispone su abandono del país y se le dé la posibilidad de continuar con su proceso de obtención de residencia definitiva que le permita estar regular dentro nuestro país, atendida la crisis humanitaria que vive el suyo; dándosele la posibilidad de regularizar su estadía, por lo menos con una residencia temporal que le permita trabajar; y que si es necesario adjuntar documentación se le dé un plazo prudente para hacerlo.

Informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando, en primer lugar, se declare inadmisible el recurso de protección entablado, porque a su juicio no se cumple con los requisitos básicos para su interposición, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de alguna garantía o derecho fundamental que se diga amagado; se refiere a la eficacia de la acción de protección deducida y a que, en el presente caso, no existe derecho indubitado alguno.

En segundo término, opone la excepción de falta de legitimidad pasiva, puesto que asegura que la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria, emana de terceros indeterminados.

En cuanto al fondo, refiere que Chiler nombre reservado ingresó al país en el año 2017 por paso fronterizo habilitado, por motivos de trabajo, y que en febrero de 2022 ingresó su solicitud de residencia definitiva, la que fue rechazada y está en estado de abandono del país; de modo que la solicitud de permiso de permanencia definitiva se encuentra resuelta.

Describe el trámite de solicitud de permanencia definitiva y concluye que el extranjero no cumple suficientemente con los requisitos que lo habilitan para residir en el país, al no remitir la sanción solicitada por la Autoridad y no ha acompañado toda la documentación requerida.

Así estima que no incurrió en ningún acto arbitrario o ilegal, sino que al contrario, se ha ceñido estrictamente a la Ley de Migraciones, por lo que pide se rechace el presente recurso de protección.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil - o arbitrario - o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías o derechos -preexistentes - protegidos, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, en el caso que nos ocupa, un ciudadano haitiano recurre en contra de la Resolución Exenta N°24154821 de 4 de abril de 2024 emanada del Servicio Nacional de Migraciones, por medio de la cual se rechaza su solicitud de permanencia definitiva, disponiéndose su abandono del país dentro del plazo de 10 días.

Tercero: Que, en tales circunstancias, resulta evidente que el legitimado pasivo de la acción entablada es precisamente el Servicio recurrido, por lo que la excepción interpuesta carece absolutamente de sustento tanto normativo como fáctico; puesto que la legitimación se vincula con la relación de las partes con la pretensión y, por ende, la legitimación pasiva se refiere a la persona contra quien se dirige la demanda; siguiendo a Chiovenda “la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)” supone la legitimación ad causam.

Además, ninguna duda cabe que, en su oportunidad, se invocó como amenazada la libertad ambulatoria del recurrente, y al haber sido reconducido el amparo interpuesto a protección, es este tribunal el llamado a determinar si existe garantía o derecho constitucional efectivamente amenazado, lo que se traduce en que la acción constitucional entablada, resulta del todo admisible.

Cuarto: Que la resolución recurrida se la fundamenta en el incumplimiento del artículo 88 N°1 de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, ya que no se acompañó certificado de antecedentes debidamente legalizado o apostillado y no remitir sanción solicitada.

Quinto: Que, de conformidad al artículo 1.7 de la Ley de Migraciones y Extranjería, se entiende por discriminación arbitraria “Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social”.

De acuerdo con el artículo 3 inciso 3° “Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria”; y según se expone en su último inciso “El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación”.

Por disponerlo así el artículo 7 de la Ley 21.325 “El Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.

El artículo 88 N°1 señala que se rechazaran las solicitudes de residencia de quienes “No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en conformidad con lo establecido en el artículo 70”.

A su turno, el artículo 91 inciso 5° “… el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada, podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida, según se determine en cada caso”.

Sexto: Que, el Decreto 296 Reglamento de la Ley 21.325 establece en su artículo 2 inciso 1° que “Es deber del Estado promover una migración regular y ordenada, orientada a que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.

Por su parte, el Decreto 84 que promulga la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, dispone que en su artículo 2 que se entiende por trabajador migratorio “toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional”; y conforme a su artículo 5 letra a) los trabajadores migratorios “Serán considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte”.

Séptimo: Que, entonces, el recurrente es un ciudadano extranjero que ingresó al país por paso habilitado, con el preciso objetivo de trabajar en el país, y a quien se le otorgó oportunamente y en dos oportunidades, residencia temporal, y a quien, no obstante, no haber salido del país desde su ingreso, se le rechaza la solicitud de permanencia definitiva porque no logra entregar un certificado de antecedentes cuya emisión debe ser otorgada por un país en crisis humanitaria según lo ha declarado la ONU, y cuyas instituciones distan de un funcionamiento expedito y, además, se le exige el pago de una multa que no se ha justificado haber cursado.

Octavo: Que, en tales condiciones, se incumple por la Administración la obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo, así como de promoción de la obtención de las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia, al disponer el rechazo de la solicitud de residencia definitiva y ordenar el abandono del territorio nacional de un ciudadano extranjero que ha pretendido cumplir con las normas del país que lo ha recibido, y al que se le impone una carga que no es de su decisión resolver con la inmediación que se le exige; no ponderando la Autoridad Administrativa para el caso en particular el otorgamiento de una residencia temporal en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 inciso 5° de la Ley 21.325, de manera sustitutiva al abandono y mientras se obtiene la documentación requerida, como quiera que está fuera de discusión que el extranjero recurrente cuenta con arraigo laboral en el país y que su país de origen sufre una crisis humanitaria. En este sentido sentencia de 8 de abril de 2024 emanada de la Excma. Corte Suprema en causa rol 11967-2024.

Noveno: Que por todo lo anterior, la actuación del Servicio recurrido resulta en definitiva discriminatoria y arbitraria, y atenta contra la igualdad ante la ley, ya que la situación particular del país de origen del recurrente hace poco probable que en un tiempo escaso y acotado pueda dar cumplimiento a la exigencia que se le impone, debiendo haber hecho uso de las herramientas que el ordenamiento jurídico le franquea atendida la condición de trabajador migrante del recurrente, a quien se le había otorgado residencia temporal y se encontraba regularmente en el país desde el año 2017.

Circunstancias todas que llevan al acogimiento del recurso de protección entablado.

Y visto, además, lo prevenido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que se rechaza la inadmisibilidad del recurso alegada por el Servicio recurrido, así como su excepción de falta de legitimidad pasiva.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, la presente acción constitucional de protección interpuesta por el ciudadano haitiano Chiler nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que se deja sin efecto la Resolución Exenta N°24154821 de 4 de abril de 2024 que rechazó la solicitud de residencia definitiva y dispuso el abandono del territorio nacional del recurrente, debiendo la Autoridad recurrida continuar con la substanciación del procedimiento administrativo, debiendo pronunciarse sobre el fondo de la petición, otorgando previamente al recurrente un nuevo plazo de noventa días hábiles administrativos para para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, y sin perjuicio de hacer uso de las herramientas temporales que le otorga el ordenamiento jurídico para casos migratorios particulares como el de la especie.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Margarita Sanhueza Núñez.

No firma la abogada integrante Ruth Lanata Fuenzalida, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol 12611-2024 Protección.