nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Concepción Concepción, doce de julio de dos mil diecinueve.

Vistos:

En estos antecedentes, Rol Corte N° 12543-2019, sobre recurso de protección, compareció nombre reservado, constructor civil, domiciliado en domicilio reservado, de Los Ángeles, quien interpuso recurso de protección, en contra de la Tesorería Provincial de Los Ángeles, persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado, representada por su Tesorero Provincial, nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Fundó su recurso, señalando que es constructor civil de profesión. Desde el año 2016, junto con un colega, comenzaron a realizar distintos trabajos de forma independiente, pero nunca se formalizaron como empresa, por lo mismo se obligó siempre como persona natural, por cuanto sólo abrió un giro en el Servicio de Impuesto Internos.

Indicó que en un principio todo iba bien, hasta que en enero de 2017, la empresa Lechería Ancali, a quien le hacían trabajos comenzó a no cumplir con los pagos, lo que derivó que tuvieran que recurrir a empresas de factoring, para cumplir con sus acreedores, situación que “reventó” en julio de 2017, cuando les fue imposible seguir cumpliendo. Por lo relatado, comenzó a repactar sus deudas, e intentó llegar acuerdo, tanto con el Servicio de Impuestos Internos, como con la Tesorería.

Relató que desde hace varios años trabaja en una empresa constructora, que tiene faenas y obras fuera de la ciudad de Los Ángeles, ciudad en a que se encuentra su domicilio, por lo que regresa a su hogar una vez cada 3 o 4 semanas. El 17 de mayo en curso al regresar a su casa, le entregan una serie de documentos, dentro de los que encontró escritos emitidos por la Tesorería Provincial de Los Ángeles, en los cuales se le indicaba que habían trabado embargo sobre su casa, vehículo además sobre sus remuneraciones en todo lo que exceda las cinco unidades tributarias mensuales (U.T.M).

Sostuvo que con lo anterior, se está amenazando e intenta violentar las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 24 y 26 de la Constitución Política de la República, en lo que atañe a su legítimo derecho de que no se trabe embargo a sus remuneraciones, por debajo de las cincuenta y seis unidades fomento, según lo establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo.

Explicó que el pago de las remuneraciones, constituye, respecto de los trabajadores, su medio de subsistencia, de ahí que tenga una naturaleza predominantemente alimentaria, por lo que el legislador ha establecido normas que aseguren su pago.

Agregó que las remuneraciones pueden ser objeto de descuentos, como embargos, pero que respecto de estos últimos, el Código del Trabajo, en el artículo 57, señala que son inembargables, añadiendo que no obstante podrán ser embargadas, las remuneraciones en la parte que excedan de cincuenta y seis unidades de fomento. Cita el inciso segundo de la misma norma, para en seguida señalar, que de la sola lectura de la norma, la embargabilidad de las remuneraciones es excepcional. Además, otra excepción a la inembargabilidad de las remuneraciones, la hace el artículo 170 inciso tercero del Código Tributario.

Así, más allá de todo lo mencionado y de cualquier juicio de valor que pueda hacerse, debe tenerse presente lo siguiente: la norma del artículo 170 del Código Tributario, tiene su origen en el DFL 2 del año 1968, este último fue dictado de conformidad al artículo 151 de la ley, hoy derogada, número 16.617 del año 1967. Cabe mencionar que bajo la Constitución de 1925 no existía la posibilidad de que el Congreso delegara facultades en el Presidente de la República, por lo que tal delegación es inconstitucional. Con posterioridad, y mediante el Decreto Ley N° 830, de 31 de diciembre de 1974, la Junta Militar aprobó el texto refundido del Código Tributario, sin hacer modificaciones al Título V del Libro Tercero del mismo cuerpo legal. En la práctica el embargo que sea decretado, se hará sin previa citación del ejecutado y no se le notificará, enterándose solo por la comunicación que le haga su empleador. Por lo tanto, no podrá oponerse en forma previa a la ejecución de la medida. Más aún, el ejecutado que sufra el embargo de remuneraciones, en un juicio ejecutivo tributario, quedará sin margen de acción para su defensa, esto porque, primero por una razón práctica y obvia, resulta más bien poco probable poder sostener un juicio a quien le han embargado su fuente de ingresos, y, segundo, porque atendido al diseño normativo de este procedimiento ejecutivo especial, no existe un Tribunal independiente e imparcial, que resuelva las alegaciones del ejecutado en caso de ilegalidad del embargo de remuneraciones, esto porque la Tesorería es juez y parte.

Estimó que, sin perjuicio de lo oscuro de este proceso tributario especial, el que, por lo demás, se aleja a los cimientos que forman el Debido Proceso, queda en pie una alegación más: la derogación tácita del artículo 170 inciso 3 del código Tributario. Así, la Dirección del Trabajo, ya en varios dictámenes, ha señalado que esta norma se encuentra tácitamente derogada por el artículo 57 del Código del Trabajo, constituyendo una garantía del trabajador frente a terceros, consistente en establecer un tramo de remuneraciones, sobre el que no resulta procedente ejercer tal apremio, fijándose en 56 Unidades de Fomento, monto sobre el cual cualquier acreedor, sin distinción, podrá iniciar acciones de cobro de conformidad al derecho general de prenda consagrado en el artículo 2.465 del Código Civil.

Aseguró que se dirá que es necesario atender a la especialidad de las normas en cuestión, pero de ser así, estarían olvidando de las normas de derogación de la Ley. Si se analiza la historia de promulgación de ambas normas, el monto embargable de las remuneraciones que se consigna en el artículo 170 del Código Tributario, fue fijado por el Decreto Ley N° 830 que aprobó el texto de dicho Código, publicado en el Diario Oficial, el 31 de diciembre de 1974, con vigencia a contar del 10 de enero de 1975. En tanto, el monto embargable de las remuneraciones que contempla el artículo 57 del Código del Trabajo, fue fijado por la ley número 18.018, publicada en el Diario Oficial, el 14 de agosto del año 1981, que modificó el texto primitivo del D.L. 2.200, rigiendo a partir de la fecha de publicación señalada, esto es, 14 de agosto de 1981. Atendiendo a esto último, no cabe más que concluir, que se ha producido una derogación tácita de la norma contenida en el artículo 170 del Código Tributario, todo esto de conformidad a lo previsto por los artículos 52 y 53 del Código Civil. Derogación tácita que ha de ser entendida, sólo en los aspectos contradictorios de las señaladas normas legales, es decir, en lo referente, exclusivamente, al monto embargable de las remuneraciones, esto atendiendo al tenor literal del artículo 53 del Código Civil. En síntesis, el embargo en el cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, contemplado en el artículo 170 inciso 3, sólo podrá recaer en la parte de las remuneraciones percibidas por el ejecutado, en todo lo que exceda a 56 unidades de fomento.

De esta forma, la Tesorería Provincial de Los Ángeles ha vulnerado las Garantías Constitucionales, al no respetar normas de derecho común, como lo son los artículos 52, 53, 6, 7 y 8 del Código Civil, al no entender los mecanismos de derogación de la ley, y al aplicar una norma que hoy se encuentra derogada, vulnerando, además, el artículo 7 de la Constitución Política de la República, toda vez que el Juez sustanciador se ha atribuido "otra autoridad o derechos", que no le han sido expresamente conferido por la Constitución y las Leyes, al no aplicar las normas del Código Civil, relativas a la derogación de las leyes, al no regularlo el Código Tributario, de manera que al coexistir e interactuar las normas de ese cuerpo normativo, con la dispuesta en el Código del Trabajo, no puede entenderse sino derogada la facultad de embargar las remuneraciones con los límites que contiene el Código Tributario.

Hizo presente que la Tesorería General de la República, como ente administrativo, tiene la obligación de someter su acción a las normas dictadas conforme a la Constitución, y en este caso específico, a la normativa laboral, en cuanto a la derogación tácita parcial de la norma que permite el embargo de remuneraciones.

Citó, al efecto, jurisprudencia y doctrina que apoyan su posición.

Indicó también, que la Carta fundamental protege el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre “toda clase de bienes corporales o incorporales", y las remuneraciones se encuentran dentro de ese segundo grupo de bienes. Añadiendo que, de igual forma, protege la seguridad de los preceptos legales por lo que la eventual retención ilegal y arbitraria de la que hoy se encuentra amenazado, perturba y menoscaba el derecho a la propiedad sobre sus remuneraciones.

Concluyó señalando, que su deseo no es que se le libere de su obligación de pagar, ni mucho menos evitar que se ejecuten bienes sobre los que haya recaído el embargo, sino que solicita se le cobre haciendo uso correcto de los mecanismos que nuestro Legislador ha dispuesto para ello, atendiendo a la normativa legal vigente, y entendiendo que nadie, ni aun un ente administrativo, está por sobre la Ley y la Constitución.

Solicitó, en definitiva, acoger el recurso de protección, dejando sin efecto la amenaza a los Derechos Constitucionales contemplados en el artículo 19 N° 24 y 26, declarando que no procede embargar su remuneración por debajo de las 56 unidades de fomento establecidas por el artículo 57 del Código del Trabajo, por cuanto de permitirse dicho embargo, sería arbitrario e ilegal, sin perjuicio de otras medidas que esta Corte estime pertinente adoptar, para evitar la vulneración del imperio del derecho que podría ser quebrantado, de concretarse la conducta ilegal y arbitrarla de la recurrida, con expresa condenación en costas.

Informó, a su turno, nombre reservado, Tesorero Provincial de Biobío, Los Ángeles, quien señaló que en expedientes administrativos Roles 11037-2017, y 10372-2019, ambos de la comuna de Los Ángeles, se inició procedimiento ejecutivo especial de cobro de impuestos fiscales, en contra del recurrente, que considerando los recargos legales al mes de junio del presente año, ascienden al valor de $ 21.298.164. En los referidos procesos de cobro, con el objeto de garantizar el pago de los impuestos adeudados, se trabó embargo sobre los siguientes bienes que figuraban inscritos o poseídos por el demandado: a) derechos que le corresponden al ejecutado en un inmueble inscrito a fojas 1205, N° 570, del Registro de Propiedades del Conservador de Bines Raíces de Los Ángeles, correspondiente al año 2013; b) vehículo placa patente BTDH24-4, que figura inscrito a nombre del recurrente, en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, c) dineros o activos bancarios que el ejecutado poseía o tenía a la fecha de la traba de embargo en la cuenta corriente del BancoEstado, y en la cuenta corriente del Banco Itau Coprbanca, y que al momento de la traba del embargo, no arrojaron resultados positivos, según informe de recaudador fiscal rolante en autos, y d) sueldos, salarios, remuneraciones, estados de pago y a cualquier otra prestación en dinero que percibiera el recurrente de Sociedad Constructora Nahen Limitada, Rut RUT reservado.

Aseveró que respecto del embargo de sueldos, salarios, remuneraciones, estados de pago y a cualquier otra prestación en dinero que perciba de Sociedad Constructora Nahen Limitada, motivó la interposición del recurso de protección deducido.

De esta manera, en relación a la referida actuación, señaló que, efectivamente, la Tesorería Provincial del Biobío, confeccionó y emitió una resolución de embargo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 170 inciso 3, y 4 del Código Tributario, por consiguiente, al dictar la Tesorería Provincial del Biobío la resolución referida o al realizar la diligencia de embargo de los bienes indicados, ningún acto ilegal y arbitrario, o contrario a la legislación, que regula el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias ha realizado. Afirmando que aplicó la legislación tributaria, de conformidad al artículo 1° del Código Tributario, y que la aplicación de la legislación común, se hará sólo en casos de lagunas o vacíos de aquella legislación.

Indicó que la resolución referida, no ha sido notificada al empleador, por lo que no se ha realizado descuento alguno de las remuneraciones, con motivo de la resolución de embargo de remuneraciones y sueldos, por tal motivo ningún acto ilegal y arbitrario que lesione efectivamente los derechos del recurrente se ha ejecutado.

Finalizó, indicando que, además, el recurso de protección es un recurso extraordinario y de excepción, que para su procedencia que se compruebe la existencia de la omisión (o acción) reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa omisión, y que, a su vez, no existen otros medios, instancias o recursos legales que el recurrente pueda hacer valer, y en el caso en comento el recurso se ha interpuesto en contra de actuaciones verificadas, válidamente, dentro de un procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, y si el recurrente consideraba excesiva la medida referida, debió reclamar en el procedimiento de cobro indicado, deduciendo la petición de reducción o exclusión de embargo ante la Tesorería Provincial del Biobío, en su carácter de juez sustanciador.

Solicitó, por último, el rechazo el recurso de protección deducido, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo, que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°) Que es requisito indispensable para la plausibilidad de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, un evento contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o bien un evento que sea arbitrario, es decir, producto del mero capricho o voluntad infundada de quien incurre en él, y que provoque algunas de las consecuencias que se han enunciado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, expresamente protegidas por la Constitución, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso.

Su objeto es que la respectiva Corte de Apelaciones, adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, y asegurar la debida protección al afectado, es decir, se requiere que esté en posición de decretar medidas oportunas y concretas que puedan remediar la vulneración que se denuncia.

3°) Que, según se ha expuesto, de lo planteado por el recurrente, el acto arbitrario o ilegal, que impugna mediante esta acción constitucional, corresponde a la orden de embargo, emanada de la Tesorería Provincial de Los Ángeles, respecto de sus remuneraciones, en todo aquello que exceda de cinco unidades tributarias mensuales, y de lo cual, según dijo, habría tomado conocimiento, el día 18 de mayo del año en curso, lo que no fue cuestionado por la recurrida.

4°) Que teniendo presente lo anterior, y de acuerdo a lo informado por la Tesorería Provincial del Biobío, no hay discusión en cuanto a que, ciertamente, se siguen en contra del recurrente, los expedientes administrativos, Roles 11037-2017 y 10372-2019, correspondientes a un procedimiento ejecutivo especial, por cobro de impuesto fiscales, motivado en una deuda que mantiene el contribuyente, y que asciende, al mes de junio del presente año, a la suma de $21.298.164; por lo que se dictó la resolución respectiva, y se trabó embargo respecto de bienes que figuraban inscritos y poseídos por el recurrente, y, así también, tratándose sueldos, salarios, remuneraciones, estados de pago y cualquiera otra prestación en dinero que percibiera el recurrente, de la Sociedad Constructora Nahen Limitada, RUT RUT reservado.

5°) Que lo antes señalado, consta, además, de la documental aportada por el recurrente, consistente, en primer término, en copia de la resolución dictada por el Tesorero Provincial de Los Ángeles, de fecha 4 de marzo de 2019, que da cuenta de la existencia del procedimiento de cobro seguido en contra del recurrente, y por la cual, se dispuso la traba de embargo en los expedientes administrativos, Roles 11037-2017 y 10372-2019, de la comuna de Los Ángeles, «sobre el sueldo, salario, remuneración, estados de pagos o cualquiera otra prestación presente o futura, que pudiese percibir nombre reservado por concepto de prestaciones de servicios o cualquier otro título, que se cobren a través de facturas otros documentos tributarios y/o mercantiles que sean necesario para estos efectos, respecto de los cuales dicho (a) deudor tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación correlativa al beneficiario o contraparte del contrato correspondiente, que deba pagarle SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAHEN LIMITADA Rut RUT reservado…[sic]». Igualmente, en la misma resolución, se hace mención al artículo 170 del Código Tributario, indicándose que «el embargo podrá recaer en la parte de las remuneraciones que perciba el ejecutado que excedan de cinco unidades tributarias mensuales... [sic]».

6°) Que, en segundo lugar, también se encuentra incorporado a esta causa, copia del acta de fecha 13 de marzo de 2019, por la que se cumplió lo ordenado por la Tesorería Provincial de Los Ángeles, notificándose al recurrente la traba del embargo, respecto de las prestaciones que pudiese recibir, de la Sociedad Constructora Nahen Limitada, entre las cuales, se encuentran sus remuneraciones, «que excedan de 5 Utm, que perciba o pudiese percibir [sic]».

7°) Que, dicho esto, si bien no consta que se haya notificado a la empleadora del ejecutado, quien es la que, a fin de cuentas, materializará el embargo de las remuneraciones, y de las demás prestaciones que deba entregar al recurrente, parece evidente que ya está en ciernes, la limitación que se produce con esta actuación; transformándose, a todas luces, en una amenaza cierta y efectiva a sus derechos, y que es, precisamente, una de las posibilidades que se contempla para el ejercicio de la acción constitucional, de acuerdo a lo previsto en forma expresa, en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

Por lo tanto, según lo señalado, no lleva la razón la recurrida, al estimar que es necesario para que exista un acto ilegal o arbitrario, que se produzca una lesión efectiva de un derecho, y bajo el entendido, que ello sólo se concretará, al momento de ser notificada la empleadora del embargo.

8°) Que, así las cosas, el tema en cuestión, surge por la discrepancia que habría, sobre los límites que tendría el embargo respecto de las remuneraciones, considerando lo dispuesto en el artículo 171 inciso tercero del Código de Tributario, que permite hacerlo por sobre las cinco unidades tributarias mensuales; en tanto que el Código del Trabajo, en el artículo 57, también admite el embargo, pero únicamente, en la medida que las remuneraciones, excedan de cincuenta y seis unidades de fomento.

9°) Que, de frente a esta situación, se estima que debe prevalecer la normativa laboral, concordando así con la posición que sobre el punto, ha adoptado nuestra Excma. Corte Suprema, en el Rol N° 185-2019, y la cual ha señalado, en el referido fallo, que “en atención a la naturaleza del problema, es necesario acudir a los principios que informan la legislación laboral y el ordenamiento tributario. Es así como uno de los principios que informa al Derecho del Trabajo es el denominado principio tuitivo o protector, que para el caso de marras supone que, en caso de existir contradicción entre dos normas legales de la misma jerarquía, debe preferirse aquella que favorezca al trabajador. En la especie, conviene recordar que el artículo 57 del Código del Trabajo está inserto en un capítulo que protege la remuneración del trabajador, no distinguiendo el agente respecto de quién pueda originarse dicha amenaza; y que si se le analiza más a fondo, esta disposición no impide el embargo de remuneraciones de manera absoluta, sino que el monto del embargo que permite es superior al indicado en el Código Tributario. Lo anterior es trascendente, pues tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, la remuneración del trabajador tiene carácter alimenticio y, por consiguiente, constituye de ordinario la fuente principal de subsistencia del trabajador y de su grupo familiar -en ocasiones, la única-, de modo que, en última instancia, la protección de las remuneraciones está encaminada a la tutela de las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, protegidas en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.”

Luego, siguiendo con este razonamiento, se señala que “si bien la regla general es la embargabilidad de todos los bienes materiales e inmateriales que siendo apreciables en dinero conforman el patrimonio de una persona (artículo 2498 del Código Civil), nuestro ordenamiento jurídico contempla excepciones a dicha regla, como la inembargabilidad consagrada en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, cuyo N° 2 menciona explícitamente a las remuneraciones de los trabajadores, lo cual guarda armonía con el precepto contenido en el artículo 57 del Código del Trabajo.

Asimismo, se indica en la sentencia en estudio, que “es preciso considerar que las obligaciones tributarias encuentran su causa, como regla general, en el incremento de patrimonio del deudor, y en el principio de que aquel que recibe más, debe pagar más y contribuir a la redistribución de la riqueza por medio del pago de los impuestos. A su turno, la obligación tributaria está destinada a satisfacer las necesidades financieras de toda la sociedad en aras del bien común, conforme al inciso 4° del artículo 1 de la Carta Fundamental. De lo dicho se desprende que se trata de una cuestión de conflicto entre principios, más que de reglas.”

Finalmente, se añade por nuestro Máximo Tribunal, como conclusión, que “a falta de una regla que resuelva la situación de manera explícita y efectuada la ponderación de los principios jurídicos involucrados, esta Corte estima que debe prevalecer el artículo 57 del Código del Trabajo, por estar directamente enlazado con el derecho a la vida e integridad física y psíquica del actor y su familia, los que constituyen los derechos más importantes garantizados por la Carta Fundamental; pues son un presupuesto necesario para el ejercicio de todos los demás.”

10°) Que, por lo argumentado con antelación, resulta innecesario efectuar el análisis de una eventual derogación tácita, de la normativa del artículo 170 inciso tercero del Código Tributario, conforme se propuso por el actor.

11°) Que, a su vez, en cuanto al planteamiento de la recurrida, de ser improcedente el recurso de protección, por estimar que existe la opción de pedir la “reducción o exclusión” del embargo, en el mismo procedimiento que sigue la Tesorería Provincial del Biobío; es lo cierto que nada impide que se ejerza la presente acción constitucional, y, es más, en la especie, se hace imprescindible, al haber actuado la recurrida, fuera de la normativa, siendo que es su deber, proceder en todos y cada uno de sus actos, con irrestricto apego al Principio de la Legalidad, que rige los órganos de la administración del Estado, y no cabiendo duda que una forma efectuar este control, es, precisamente, mediante la vía prevista en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

12°) Que, de la manera en que se viene razonando, se torna evidente que la actuación de la Tesorería Provincial del Biobío es ilegal, puesto que se ha decretado el embargo de las remuneraciones del recurrente, contraviniendo el límite establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo; y si bien ello aún no se ha materializado, al faltar todavía la notificación a la empleadora del actor, existe una potencial amenaza de que ello se concrete, poniendo en riesgo el derecho a la propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, y, por consiguiente, deberán adoptarse las medidas necesarias, para resguardar la integridad de la garantía del recurrente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de proteccióń interpuesto por nombre reservado y, en consecuencia, deberá la Tesorería Provincial de Los Ángeles, en los expedientes administrativos Roles 11037-2017 y 10372-2019, limitar el embargo sobre las remuneraciones percibidas por el recurrente, en los términos que indica el artículo 57 del Código del Trabajo, esto es, que sólo podrá efectuarse en la parte de sus remuneraciones, que exceda de cincuenta y seis unidades de fomento.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente, señor Cristián Daniel Gutiérrez Lecaros, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones como tal.

N° Protección-12543-2019.