nombre reservado con ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

C.A. de Concepción Concepción, catorce de junio de dos mil veinticuatro.

Visto:

Comparece el abogado Carlos Andrés Gutiérrez Muñoz, a favor de nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Asociación del Personal Docente y Administrativo de la Universidad de Concepción, representada por nombre reservado, por vulneración de las garantías constitucionales, en particular, sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 16 y N°24 de la Constitución Política de la República, a fin que se adopten las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y se asegure la debida protección de sus derechos fundamentales.

Señala que el recurrente fue docente del Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomática de la Universidad de Concepción, por más 15 años, en la sede de Los Ángeles, ya que el 4 de marzo del presente año, se le informó del término de su contrato de trabajo, y le pidieron sacar sus pertenencias de la oficina donde trabajaba, sin previo aviso y sin sueldo para cubrir sus responsabilidades comerciales. Así las cosas, afirma que la Asociación del Personal Docente y Administrativo, institución que forma parte de manera autónoma e independiente de la Universidad de Concepción, retuvo un fondo de indemnización y el recurrente ha solicitado la entrega de dicho fondo de dinero, que ninguna injerencia tiene en la relación laboral con la parte empleadora, sin embargo, dicha organización, con fecha 2 de abril de 2024, le informó al recurrente que requería su finiquito, para el cobro de dicho fondo de indemnización que tiene derecho don nombre reservado, lo que estima transgrede todo tipo de derecho adquirido sobre el pago de dicho fondo de indemnización del recurrente, el cual lo solicitó el 25 de marzo de 2024.

Sostiene que la parte recurrida coloca una exigencia que no se encuentra registrada en la forma de poder llevar a efecto este pago de fondo de indemnización y que dicha circunstancia es arbitraria e ilegal, totalmente apartada del derecho y sin ningún tipo de fundamento al respecto, infringiéndose derechos fundamentales del recurrente, consistentes en el derecho de libertad de trabajo y de propiedad.

Pide que se acoja este recurso y con ello se dicten todas las providencias inmediatas que permitan dar protección al recurrente y que se restablezca el imperio de su derecho, con costas.

Informó el abogado Carlos Álvarez Cid, en favor del recurrido, expresando que el recurrente fue trabajador de la Universidad de Concepción. Que en su calidad de tal, ingresó voluntariamente a la Asociación del Personal Docente y Administrativo de la Universidad de Concepción y, consecuencialmente, al Fondo de Indemnización de la Universidad de Concepción, lo que le permitió ser beneficiario de diversas prestaciones, entre otra la que da origen al presente proceso. Que al haber cesado su calidad de trabajador de la Universidad y de conformidad al Reglamento de Indemnización de la Universidad de Concepción, procede que se le enteré 1,2 rentas imponibles, por cada año completo de imposiciones al Fondo y la parte proporcional que corresponda a la fracción de año por los meses que no excedan de un año. Que para hacer efectiva tal prestación, es necesario que el interesado presente una solicitud en tal sentido dirigida al Fondo de Indemnización de la Universidad de Concepción, a través de la Asociación. Que en respuesta a correo remitido por el recurrente en el mes de marzo del presente año, con fecha 2 de abril de 2024, doña nombre reservado funcionaria administrativa de la Asociación, envió correo al señor nombre reservado adjuntándole "Solicitud de Indemnización" y “Solicitud de depósito en cuenta bancaria”, indicándosele, además, que debía solicitar certificado de la biblioteca central de no tener deuda de libros, y señalándole que debía llenar con sus datos y remitirla a la Asociación para gestionar el pago de su fondo dentro del plazo reglamentario de 60 días desde la presentación de tal solicitud. El propósito de la “Solicitud de Indemnización” es remitirla a la Universidad, a fin de que ésta informe sobre el monto base para la determinación de la prestación a pagar, la que es manejada exclusivamente por la ex empleadora del recurrente, siendo éste el procedimiento estándar que se aplica en esta materia, lo cual es sabido por el recurrente.

Adiciona que hasta el día de hoy el recurrente no ha remitido la solicitud de indemnización y ni siquiera acuso recibo del correo antes referido, habiendo trascurrido casi 2 meses desde su remisión. Tampoco se ha acercado a las oficinas de su representada para hacer efectivo su requerimiento, en consecuencia, el pago de la prestación exige una mínima conducta de su parte, a efectos de poder desarrollar el procedimiento administrativo que, a su vez, no depende directa y unívocamente de la Asociación, en cuanto ésta obra como receptora de las solicitudes y emite el documento de pago tras el cálculo correspondiente, pero para la determinación de la procedencia y base de cálculo indemnización, debe estarse a lo que informa la Universidad que, en conjunto con su mandante.

Asevera que lo anterior se encuentra regulado en el Reglamento del Fondo de Indemnización cuyo artículo 14 expresamente establece “La indemnización, previo descuento de la integridad de las obligaciones pecuniarias civiles o naturales que tenga el funcionario para con la Asociación, se pagará en el lapso de 60 días contados desde la solicitud del imponente”, reglamento que, a su vez, se encuentra disponible en la página web de la Universidad.

Considera que su representada ha actuado con diligencia, por lo que el reproche que se formula en el recurso no tiene asidero en lo que a la Asociación concierne, y, por lo tanto, el recurso de marras debe ser desestimando al no existir arbitrariedad o ilegalidad de parte de la recurrida. Pide el rechazo del recurso incoado, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales del recurrente, lo configura el hecho que la Asociación del Personal Docente y Administrativo, institución que forma parte de manera autónoma e independiente de la Universidad de Concepción, retuvo un fondo de indemnización respecto del cual el recurrente ha solicitado su entrega, aludiendo la recurrente que requería su finiquito, para el cobro de dicho fondo de indemnización.

Tercero: Que la recurrida ha confirmado que el recurrente ingresó a la Asociación del Personal Docente y Administrativo de la Universidad de Concepción y, consecuencialmente, al Fondo de Indemnización de la Universidad de Concepción, lo que le permitió ser beneficiario de diversas prestaciones, entre otra la que reclama en el presente proceso. Del mismo modo admite que al haber cesado su calidad de trabajador de la Universidad y de conformidad al Reglamento de Indemnización de la Universidad de Concepción, procede que se le enteré dicha indemnización conforme los porcentajes que determina el mismo Reglamento y que describe en su Informe. Sin embargo, alude que para hacer efectiva esa prestación, es necesario que el interesado presente una solicitud en tal sentido dirigida al Fondo de Indemnización de la Universidad de Concepción, a través de la Asociación, lo cual le fue informado al recurrente en respuesta a correo remitido por este en marzo del presente año, con fecha 2 de abril de 2024, adjuntándosele "Solicitud de Indemnización" y “Solicitud de depósito en cuenta bancaria”, indicándosele, además, que debía solicitar certificado de la biblioteca central de no tener deuda de libros, y remitirla a la Asociación para gestionar el pago de su fondo dentro del plazo reglamentario de 60 días desde la presentación de tal solicitud. En este sentido, indica que hasta la fecha del informe, el recurrente no ha remitido la solicitud de indemnización.

Cuarto: Debido a estas razones, estima que ha obrado en todo momento en cumplimiento de la normativa que rige el fondo de indemnización solicitada, en este caso el Reglamento de la Indemnización del Personal de la Universidad de Concepción, que en su artículo 13 dispone “El imponente que cumpla los requisitos para percibir indemnización, deberá solicitar su pago por escrito, acreditando la antigüedad en el Fondo de Indemnización, la permanencia en la o las jornadas, el grado en la escala de remuneraciones en los últimos 12 meses y el término de contrato, según el caso”; y articulo 14 que estipula “La indemnización, previo descuento de la integridad de las obligaciones pecuniarias civiles o naturales que tenga el funcionario para con la Asociación, se pagará en el lapso de 60 días contados desde la solicitud del imponente”.

Quinto: Que, de esta manera la acción de protección, surge de una eventual oposición por parte de la recurrida, en orden a que se materialice el pago de la indemnización a que tiene derecho, conforme el Reglamento de Indemnización del Personal de la Universidad de Concepción. Pero no aporta elementos objetivos que permitan a esta Corte, evaluar la posible ilegalidad o arbitrariedad del acto denunciado. Por otro lado, la recurrida da explicaciones plausibles para actuar de la manera que se denuncia, puesto que lo hace en cumplimiento de la normativa vigente que la obliga a someterse a las formalidades que estipula las disposiciones referidas al tema, las cuales, conforme los antecedentes incorporados a este procedimiento constitucional, fueron comunicados oportunamente al recurrente, junto con los formatos de solicitudes que debían ser completados para la materialización del pago de la indemnización en los plazos estipulados en el respectivo Reglamento, presentación que el actor no ha realizado, por lo cual niega todo acto arbitrario o ilegal, cuestión última que esta Corte no divisa, habida consideración que ha sido la reglamentación del propio Fondo de Indemnización, la que ha regulado el procedimiento en la materia de que se trata y el recurrido, en su caso, ha podido ejercer sus derechos en los términos y plazos que la misma normativa dispone.

Sexto: Que, las circunstancias referidas permiten concluir, que en la especie no concurren los presupuestos que permitan acoger la presente acción de cautela de derechos constitucionales, al no haberse constatado los supuestos exigidos para la procedencia del recurso, cuales son, precisamente la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, por lo que resulta innecesario referirse a las garantías constitucionales que han sido mencionadas como vulneradas y, por lo mismo, la acción cautelar intentada no está en condiciones de prosperar y será desestimada.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, el singularizado recurso de protección interpuesto Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro Mauricio Silva Pizarro, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso..

ROL N° 12534- 2024 Protección.