nombre reservado con FISCO TESORERIA

C.A. de Concepción Concepción, dos de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 12532-2019 comparece recurriendo de protección el abogado Daniel Ibarra Aguirre, con domicilio en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, arquitecto, domiciliado en domicilio reservado. Endereza la acción en contra de la Tesorería Regional del Biobío, representada legalmente por su Tesorero Regional doña nombre reservado, o por quien le reemplace o subrogue legalmente, todos domiciliados en domicilio reservado.

El fundamento del recurso es la compensación que hiciera el Servicio de Tesorerías al monto de $2.022.680 que debía pagarle como devolución en el marco de la “Operación Renta Año Tributario 2019” (y que autorizada y reajustada equivale a $2.038.861) a supuestas deudas tributarias que no son exigibles.

Refiere que a la fecha de la interposición de este recurso de protección, el Servicio de Tesorerías no ha notificado a nombre reservado algún acto administrativo donde disponga practicar la compensación predicha, no obstante lo cual suponen que dicho monto ha sido imputado al pago del giro folio 53666873, toda vez que él representa la única deuda registrada ante el organismo recaudador.

Explica que su representado dedujo demanda de nulidad de derecho público e indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado para estos efectos por la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería Regional del Biobío. Dichos autos, rol C-8423-2012 del Primer Juzgado Civil de Concepción, concluyeron por sentencia firme que desestimó la acción de nulidad de derecho público, pero condenó al Fisco (representado por el mencionado órgano auditor) al pago de una indemnización de perjuicios equivalente a $20.000.000.- por haber procedido con falta de servicio al efectuar un doble giro del impuesto global complementario correspondiente al año tributario 2003. En efecto, respecto al citado período tributario se emitieron los giros folios 100271088 (en marzo de 2007) y RUT reservado (en octubre de 2009) siendo ambos objeto de cobro en los autos roles 2003-2010 y 1013-2007, todos de la comuna de Concepción (ambos de ingreso de la Tesorería Regional del Biobío). En este último expediente, y no obstante la duplicidad de giros indicada, se procedió al remate de un bien inmueble de propiedad de nombre reservado, causándole daños materiales que la sentencia recaída obligó a indemnizar. Los sucesivos recursos deducidos por el Servicio fueron rechazados por los respectivos Tribunales Superiores, por lo que la sentencia en cuestión se encuentra firme. Además, la cobranza del giro folio RUT reservado fue declarada abandonada por esta Corte mediante sentencia interlocutoria firme de fecha 17 de octubre de 2017, recaída en autos rol 522-2017, sección civil.

Señala que la compensación efectuada por la recurrida no opera por el solo ministerio de la ley, sino que requiere pronunciamiento del Tesorero General, sea que ella se practique por solicitud previa del contribuyente (hipótesis prevista en el artículo 177 del Código Tributario), o bien que ella se decida unilateralmente por la Administración, pronunciamiento donde se acredite el cumplimiento de los requisitos para su procedencia, como ser que ambas obligaciones deben ser de dinero; las dos partes (contribuyente y Fisco) deben ser recíprocamente acreedoras y deudoras; ambas deudas deben ser líquidas y ambas actualmente exigibles, requisitos que no se cumplen, comoquiera que habiendo sido condenado el Fisco de Chile al pago efectivo de una indemnización de $20.000.000 reajustable, se incumple si el propio ente deudor procede a aplicar un modo de extinguir distinto, como es la compensación.

Añade que a la fecha carece su parte de antecedentes que lleven a concluir que la compensación se dispuso mediante un acto administrativo escrito, fundado y notificado, que contenga los hechos y fundamentos de derecho, como exigen los artículos 3, 11 y 45 de la Ley 19.880. La omisión de las formas prescritas por la ley para el actuar de la administración conllevan la ilegalidad de la medida de compensación, lo que se ve reafirmado si se toma en consideración que el desconocimiento del acto y sus fundamentos priva al recurrente de la posibilidad de defenderse frente al actuar de la autoridad.

Agrega también que la compensación deviene en ilegal y arbitraria toda vez que Tesorerías carecía de créditos susceptibles de compensación, habida cuenta que el procedimiento ejecutivo donde se cobraba el giro folio 53666873 fue declarado abandonado, razón por la cual dicha deuda está prescrita, por lo que ha perdido su carácter de exigible. En este sentido nombre reservado, cuando dice que “si la compensación es un doble pago abreviado, para que éste pueda pedirse es necesaria la exigibilidad. Se oponen a ella: 1° La obligación natural, ya que no puede pedirse su cumplimiento, la obligación natural no es exigible; y tampoco puede ser cumplida por la compensación. Por ello es que no pueden oponerse en compensación créditos prescritos, a menos que la contraparte no invoque la prescripción”. Añade que no debe perderse de vista que la sentencia judicial que declara la prescripción no es un requisito para que opere la misma, la cual sólo exige el transcurso del lapso de tiempo y el silencio de la relación jurídica. La respectiva resolución judicial solo constata el cumplimiento de dichas condiciones, no obstante la extinción de la deuda se produce al momento en que las mismas se han verificado, cuestión que ha sucedido mucho tiempo antes de haberse practicado la compensación señalada.

Agrega que faltándose a las formas requeridas por el ordenamiento jurídico para proceder a afectar un derecho del administrado e incumpliéndose las condiciones de fondo para que opere la compensación, deberá considerarse ilegal el actuar de la Tesorería, ordenándose en consecuencia el restablecimiento del imperio del derecho y el pago de la devolución ordenada por el Servicio de Impuestos Internos.

Denuncia vulnerada la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y pide que acogiéndose el recurso, con costas, se ordene el inmediato restablecimiento del derecho disponiendo que se deje sin efecto la compensación reseñada en el cuerpo de este escrito, y que ordene por tanto el pago de $2.038.861, debidamente reajustado desde la fecha de la compensación hasta la de su pago efectivo, todo ello con costas.

Informa el recurso la abogada Soledad Moreno Roa, Director Regional Tesorero – Juez Sustanciador de la Región, pidiendo su rechazo, con costas, primero por ser extemporáneo, y enseguida por carecer de fundamento jurídico y fáctico para ser acogido.

Es extemporáneo el recurso, dice, comoquiera que recién se dedujo el 12 de junio de 2019, en circunstancias que fue el 8 de mayo de 2019 que se procedió a compensar con el excedente de la renta del año 2019, imputándose al pago del folio 253666873, por lo que a todas luces, el recurso fue deducido extemporáneamente.

En cuanto al fondo, dice la informante que el recurso también debe ser rechazado por cuanto el Servicio de Tesorerías ha actuado conforme la normativa le autoriza, facultades contenidas en el artículo 6° del D.F.L. N°1 de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, y en este marco el señor Tesorero General de la República ha procedido a compensar deudas del recurrente con el crédito que éste ostentaba contra el Fisco, por concepto de devolución de impuesto a la renta.

Dicha compensación ha cumplido con todos los supuestos establecidos por el legislador para que ella opere, contenidas en el citado artículo 6° y en el artículo 165 y siguientes del Código Civil.

Es así que, una vez que por parte de los contribuyentes se ha solicitado la devolución de dinero por concepto de Renta, esto en el marco de la operación renta 2019, el Servicio de Tesorerías analiza la solicitud, y en la eventualidad que exista deuda con el Fisco, procede a efectuar la compensación hasta la concurrencia de la de menos valor. Esta compensación cumple con todos los supuestos establecidos en el artículo 1656 que dispone “La compensación opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las siguientes calidades: a) Que ambas sean de dinero o cosa fungible o indeterminadas de igual género o calidad; b) Que ambas deudas sean líquidas, c) Que ambas sean actualmente exigibles”. Respecto de este último requisito discuerda la informante con el recurrente, por cuanto el giro 53666873 sí es actualmente exigible, y no puede asimilarse el abandono de procedimiento con la prescripción, por cuanto son instituciones diferentes. La causa en la cual se perseguía el cobro del citado folio efectivamente fue declarada abandonada, esto es, “perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio”, como lo dispone el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, y éste es el efecto del abandono de procedimiento, no otro; no significa que la deuda no se pueda reclamar en otro juicio, no es sinónimo de prescripción, como lo pretende el recurrente. Para que la deuda no sea actualmente exigible, para en el caso que motiva el presente recurso, debería encontrarse prescrita, pero la prescripción debe ser declarada en un juicio ordinario, no pudiendo por la vía del recurso de protección pretenderse que se reconozca la prescripción del folio compensado, y no corresponde a esta instancia analizar el cumplimiento de los supuestos para que opere la prescripción de las acciones de cobro del giro compensado, sin un juicio previo.

Agrega que la compensación en materia tributaria es una compensación que opera de pleno derecho, y en este extremo también discrepa la informante con el recurrente en orden a exigir de parte del Servicio de Tesorerías que para que ella opere una resolución previa del Tesorero, notificada al contribuyente. Cita rol 30.850-213 Corte de Apelaciones de Santiago. Tan absurdo es la postura del recurrente, dice, que de aceptarse estaría dejando al arbitrio del Tesorero el recaudar los impuestos morosos, por cuanto, en caso de no dictaminar la respectiva resolución de compensación, existirían impuestos que no se pagan, pero que el Estado sí debe devolver dinero en contrapartida, y eso es inadmisible en la lógica que rige la misión esencial de la Tesorería General de la República, cual es cobrar los impuestos morosos ya sea coercitivamente o mediante los pagos voluntarios. Es por lo anterior que cumpliéndose los requisitos legales para la compensación, y siendo ella de las que operan de pleno derecho, Tesorería ha establecido un sistema de compensación automática, ampliamente difundido tanto en la prensa, redes sociales y en la página del Servicio de Tesorerías, que en definitiva nadie puede desconocer.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

La acción u omisión ilegal, esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitraria, producto del mero capricho de quien incurre en él, debe provocar algunas de las situaciones o efectos antes indicados, afectando aquellos derechos preexistentes y no discutidos protegidos por la Carta Fundamental de manera tal que la Corte pueda adoptar medidas en orden a restablecer el imperio del derecho de que se trata.

I.- En cuanto a la Extemporaneidad.

2°.- Que la recurrida sostiene que la acción de protección ha sido presentada extemporáneamente, por cuanto se acredita con el documento que acompaña, que la compensación, esto es, el acto supuestamente arbitrario e ilegal, fue realizado el 8 de mayo de 2019, y la presentación ante la Corte fue de fecha 12 de junio de 2019, habiendo transcurrido el plazo establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.

3°.- Que consta del documento acompañado por el recurrente, sobre “CONSULTA DE ESTADO DE DECLARACIÓN DE RENTA” del Servicio de Impuestos Internos, no objetada, que la Tesorería General de la República ha efectuado la compensación por la suma de $2.038.861., el 13 de mayo de 2019. En consecuencia, a la fecha de la presentación del recurso de protección, 12 de junio del mismo año, no había transcurrido el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, razón suficiente para desestimar la petición de extemporaneidad.

II.- En cuanto al fondo:

4°.- Que son hechos indubitados y no discutidos los siguientes:

a) Que con fecha 3 de mayo de 2019 se autorizó por el Servicio de Impuestos Internos, la devolución del impuesto a la renta solicitada por el recurrente ascendente a un crédito por la suma de $2.022.680.

b) Que la recurrida en el año 2019 compensó con los excedentes de la renta del año 2019, con la suma antes indicada, imputándoselo al pago del folio 53666873.

c) Que tanto la parte recurrente como la recurrida están de acuerdo que en el expediente administrativo en la cual se perseguía el cobro del folio 53666873, efectivamente fue declarado abandonado, lo que consta además de la sentencia dictada por esta Corte con fecha 18 de octubre de dos mil diecisiete, Rol N°522-2017.

d) Que, en la sentencia del Primer Juzgado Civil de Concepción dictada en los autos Rol N° 8423-2012, el Servicio de Impuestos Internos emitió el Giro Folio N° 100271088 que originó la cobranza judicial 5872-2009 (también el expediente administrativo Rol N° 1013-2007), donde se le embargan diversos bienes y se remata un inmueble.

e) se declaró la existencia de un doble cobro del mismo impuesto y se condenó al Fisco de Chile a pagar al recurrente una indemnización de perjuicios ascendente a $20.000.000 por concepto de daño moral, por haber incurrido en falta de servicio.

5°.- Que es un hecho reconocido por la recurrida al evacuar el informe que la compensación se realiza en una prerrogativa legal establecida en el artículo 6º de su Estatuto Orgánico de Tesorería y artículo 165 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

6°.- Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 1656 del Código Civil, para que opere la compensación legal se requiere que ambas partes sea recíprocamente acreedor y deudor, que las deudas sean de la misma naturaleza y, que éstas sean actualmente exigibles, requisito este último que la recurrida no ha acreditado que concurra, toda vez que el Servicio de Tesorería, justifica la compensación, en la ejecución en el procedimiento administrativo Rol N° 2003-2010, donde se ha declarado el abandono del procedimiento por sentencia judicial.

7°.- Que la recurrida cuya compensación pretende, no ha probado la deuda que alega y que le sirvieron de fundamento a dicha compensación, sea actualmente exigible, esto es, que pueda válidamente perseguir su cobro de forma inmediata, lo cual ameritaba en este caso que la recurrida fundamentara su decisión, en un acto administrativo, a fin de que el contribuyente le hubiera permitido conocer el fundamento de la decisión de la compensación adoptada.

8º.- Que, por consiguiente, es posible concluir que la conducta reclamada resulta arbitraria y carente de fundamento razonable, pues el ente recaudador pretende compensar su crédito con una deuda del actor, respecto de la cual no acreditó que sea actualmente exigible. Dicho obrar ilegítimo afecta el derecho de propiedad del recurrente, puesto que se le ha privado del pago de la suma que le ha sido compensada.

9º.- Que en este mismo sentido ha resuelto esta Corte en el Recurso de Protección Rol N°7918-2017, seguido entre las mismas partes, en sentencia de cinco de marzo de 2018, donde se dejó establecido, que el criterio expuesto ha sido manifestado por la Corte Suprema en los autos rol 266-2008, de 28 de septiembre de 2009, el cual en su motivo noveno, señala: "Que, de conformidad a lo dispuesto en el Nº 3 del precitado artículo 1656 del Código Civil, para que opere el modo de extinguir las obligaciones mediante la compensación se requiere que ellas sean actualmente exigibles, esto es, que el acreedor se encuentre condiciones de exigir inmediatamente su pago al deudor", razonamiento que resulta plenamente aplicable al caso de autos. En los mismos términos también resolvió el máximo tribunal en Rol N° 5756-2013.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 20 y 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la extemporaneidad del recurso deducida por la parte recurrida.

II.- Se ACOGE, con costas, la acción de protección interpuesto por don Daniel Ibarra Aguirre, Abogado, en representación de don nombre reservado y se ordena que la recurrida deberá dejar sin efecto la compensación imputado al giro folio 53666873, ordenando el pago al recurrente de la suma de $2.038.861, debidamente reajustado desde la fecha de la compensación hasta la de su pago efectivo.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Jaime Simón Solís Pino.

N°Protección-12532-2019.