nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Concepción Concepción, siete de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, por sí y a favor de doña nombre reservado, de profesión Licenciada en Enfermería, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región del Biobío, deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL S.A, representado por don nombre reservado, gerente general, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el Acto Ilegal y Arbitrario que rechaza Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero.

Refiere que nombre reservado, solicitó el 27 de marzo de 2024 ante la Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que Establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Posteriormente, mediante correo electrónico de 03 de abril de 2024 es informado por la administradora de fondos las razones del rechazo de su solicitud, indicando lo siguiente, lo siguiente:

“Para resolver la presente solicitud de fondos previsionales se deberá adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos, para lo cual, se deberá agregar contrato de trabajo suscrito entre la afiliada y el empleador respecto al cual está solicitando devolución de fondos.”

De este modo, la administradora que se recurre, desconociendo la relación de servicio de la recurrente, exigiendo contrato de trabajo cuando la recurrente cuenta con certificado de relación laboral que se acompaña al primer otrosí, quedando en evidencia la relación laboral que mantenía, actuando así la institución que se recurre de manera ilegal y arbitraria dando una mala interpretación de la ley que regula materia, precisando que la recurrente debido al área en el que presta sus servicios, no se rige por el código del trabajo.

Añade que se debe tener en consideración lo establecido por la Ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7:

“Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

- Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Expresa que la actora acompañó los siguientes documentos:

1. Certificado de relación Laboral.

2. Anexo laboral donde la recurrente manifiesta estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión social en el extranjero.

3. Certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente apostillado.

4. Título Profesional Agrega que con ello te ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP. Sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Arguye que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que a todo evento la prestación de servicio comprende la cobertura exigida, actuando de forma caprichosa al no reconocer la relación entre la empresa conformada por una persona natural y que acredita el vínculo laboral legalmente constituido.

Termina solicitando se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que la Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informando la abogada Camila Valeska Jorquera Pérez, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., en autos sobre Recurso de Protección, expresando que en virtud de los antecedentes acompañados por la afiliada recurrente, y considerados al momento de la revisión, en Carta, dirigida a la afiliada, y notificada mediante correo electrónico, AFP PLANVITAL S.A. informó del rechazo de la solicitud, por lo siguiente: “Para resolver la presente solicitud de devolución de fondos previsionales se deberá adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos, para lo cual, se deberá agregar contrato de trabajo suscrito entre la afiliada y el empleador respecto al cual está solicitando devolución de fondos”.

Añade que la Ley N°18.156 señala los requisitos para acceder al beneficio de Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten y de Devolución de fondos previsionales. Lo anterior, en conjunto con el Título XI del Libro II, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, titulado “Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales” y jurisprudencia administrativa de la propia Superintendencia de Pensiones, regulan esta materia.

Agrega que el ente regular es la Superintendencia de Pensiones a través de su Compendio de Normas establece un procedimiento claro sobre esta materia cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones que componen el actual Sistema de Pensiones y respecto del cual su representada no es la excepción.

Dicho procedimiento dispone que los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la Ley N°18.156 deberán suscribir en la correspondiente Administradora de Fondos de Pensiones, un formulario denominado “Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156” (en lo sucesivo “el formulario”). Cabe hacer presente que ese formulario se encuentra disponible en todas las sucursales a lo largo del país de AFP PLAN VITAL S.A. y el trámite puede realizarse a través del sitio web de su representada www.planvital.cl.

Asimismo, la normativa dispone que, para la suscripción de dicho formulario, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación que acredite que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio. Y, agrega que la documentación que presente el afiliado será analizada por la Fiscalía de la Administradora, la que deberá aprobar o rechazar, según corresponda.

Este tipo de solicitud va de la mano con un procedimiento en que participa tanto el afiliado y/o mandatario, según corresponda, suscribiendo la solicitud y aportando cada uno de los antecedentes exigidos por Ley, y por otra, mi representada, que tiene el deber de resolver esa solicitud ya sea aprobándola o rechazándola mediante resolución fundada que es comunicada al afiliado y/o su representante, según corresponda.

La exención establecida en la Ley N°18.156 citado precedentemente, altera la regla general del sistema previsional chileno, en cuanto a la obligatoriedad de efectuar cotizaciones de todos los trabajadores dependientes.

Cita y reproduce la normativa que estima aplicable al caso concreto y refiere que las disposiciones de la Ley Nº18.156, en su carácter excepcional, deben interpretarse restrictivamente y que le es solo aplicable a trabajadores extranjeros dependientes de empresas que, además, detenten la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan con los requisitos impuestos por la citada ley como también de las disposiciones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que regulan esta materia.

Atendidas las circunstancias particulares del caso objeto de esta Acción Constitucional. Esta Administradora, al no contar con los antecedentes suficientes, que le permitiera concluir que la afiliada recurrente reunía todos los requisitos exigidos en la ley 18.156 para acceder a la devolución de fondos, emitió un pronunciamiento en orden a rechazar la devolución de fondos solicitada, señalando que para poder resolver dicha solicitud se debía agregar a los documentos ya presentados el “Contrato de Trabajo suscrito con el empleador respecto del que estaba solicitando la devolución de Fondos”.

Consecuentemente, debido a que no fue posible validar la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la devolución de fondos, por lo tanto, la Fiscalía de esta Administradora procedió a emitir su pronunciamiento en orden a rechazar dicha solicitud, al igual que todas las solicitudes de fondos que se encontraban en esa misma circunstancia, de modo que no ha habido acto arbitrario e ilegal alguno por lo que pide el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

CUARTO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

QUINTO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

A su vez, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídico. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil. Privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

SEXTO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de las recurridas y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en la recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que la propia recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

SÉPTIMO: Que conforme al cúmulo de elementos aparejados por las partes, consta que la recurrente es de nacionalidad venezolana; que es Licenciada en Enfermería; que tiene contrato de trabajo en el Hospital Félix Bulnes Cerda, lo que se acredita con el Anexo de contrato de trabajo incorporado, documento en el que consta su voluntad de mantener sus aportes previsionales en su país de origen y contar con un régimen de previsión o seguridad social en Venezuela; que está afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales N° 002209; que mientras ha trabajado en Chile ha cotizado en la Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL S.A.; que con fecha 27 de marzo del año en curso solicitó de la recurrida, a través del portal web www.planvital.cl, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156; que con fecha 03 de abril del año en curso la recurrida le contestó negativamente por correo electrónico, basando su rechazo en que a su solicitud deberá agregar contrato de trabajo suscrito entre la afiliada y el empleador respecto al cual está solicitando devolución de fondos.

OCTAVO: Que, al respecto, es preciso tener presente que el artículo 7º de la ya individualizada Ley N° 18.156 establece que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

En conexión con dicha norma, su artículo 1º prescribe que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

NOVENO: Que, cabe consignar que, tal como lo ha señalado al Excma. Corte Suprema (Roles 30.015-2019;79.396-2019 y 28.881-2022), no debe constreñirse lo dispuesto en la Ley N° 18.156 únicamente a los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente, en circunstancias que dispone como única limitación la estipulada en el inciso final del artículo 1 de la Ley N° 18.156, sobre riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales previstos en la Ley N° 16.744.

Adicionalmente, se ha sostenido que una interpretación como la planteada por la recurrida, supondría una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo a su finalidad y a la intención del legislador. El aceptarla importaría, al menos para este caso particular, una retención injustificada de los fondos previsionales de la actora, quien debería esperar hasta cumplir los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3.500 para obtener alguna de las pensiones establecidas en dicho cuerpo normativo, lo que no parece razonable si existe una regulación especial que le permite disponer de sus ahorros previsionales, como es el caso de la Ley N° 18.156….”.

DÉCIMO: Que en consecuencia, con los documentos acompañados se puede acreditar que la recurrente cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, acreditando su voluntad de mantener sus aportes previsionales en su país de origen y contar con un régimen de previsión o seguridad social en Venezuela, de manera que para los efectos legales, son prueba suficiente y apta para acreditar los requisitos señalados en el artículo 1° de la Ley 18.156, por lo cual tiene fuerza vinculatoria para la Administradora de Fondos recurrida, en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la misma ley y a la petición del recurrente.

DECIMOPRIMERO: Que, en conclusión, la negativa de la recurrida de entregar a la actora los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales, reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que aquél cumple todas las exigencias que hacen procedente el derecho a obtener su restitución de tales dineros, previstas en los artículos 1 y 7° de la Ley N°18.156; por lo que el recurso debe ser acogido en la forma en que se dirá en la parte resolutiva de la sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección intentado por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL S.A., debiendo la recurrida pronunciarse derechamente, en el plazo de 15 días, sobre la petición de devolución de los fondos previsionales cotizados por la actora durante el tiempo que trabajó en Chile, considerando lo consignado en los fundamentos Décimo y Decimoprimero de este fallo.

Dese oportuno cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Para la dictación de este fallo se hizo uso de la facultad del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Jordán.

No firma la ministra suplente señora Margarita Sanhueza Núñez, no obstante haber concurrido a la vista de a causa y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicios.

N°Protección-12525-2024.